El instructor de la causa citará previsiblemente en los próximos días al juez Garzón para que declare en calidad de imputad
EUROPA PRESS / PÚBLICO.ES - Madrid - 22/06/2009
El Tribunal Supremo dictó este lunes un auto por el que exige al Sindicato Manos Limpias una fianza por valor de 6.000 euros para poder ejercer la acusación en la causa admitida a trámite contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por un presunto delito de prevaricación, que habría cometido al tramitar el caso de los desaparecidos durante el franqusmo.
Fuentes del alto tribunal señalaron que la imposición de esta fianza se realiza por la Sala de lo Penal de este órgano a petición de la defensa de Garzón. Tras esa decisión, el instructor de la causa, Luciano Varela, citará previsiblemente en los próximos días al juez Garzón para que declare en calidad de imputado.
La pasada semana, el Tribunal Supremo rechazó el recurso de Garzón contra la querella del sindicato ultraderechista.
Garzón negaba en su recurso de súplica haber prevaricado al declararse competente en este caso, mientras que la Fiscalía pidió al Supremo que no admitiera dicha querella.
Cumplimiento de los presupuestos
El auto recuerda que el ejercicio de la acusación popular se condiciona al cumplimiento de los presupuestos legalmente establecidos, entre ellos "la obligación impuesta al particular de prestar fianza para responder de las resultas del juicio".
Añade que de esta manera se asume la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional (TC).
"Ponderando pues las resultas del juicio constituidas, en principio, por las eventuales responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse para el querellante, y la previsible asequibilidad de su prestación por ésta, fijo en 6.000 euros la fianza que, en metálico, debidamente consignado, deberá ser prestada por la citada entidad querellante, como presupuesto para su intervención como parte en el presente procedimiento", concluye.
Ministro de Franco
La semana pasada el Alto Tribunal rechazó la personación como acusación en esta causa contra Garzón a un hijo de Pedro González-Bueno y Bocos, ministro del primer gobierno de Francisco Franco fallecido en 1985.
Garzón atribuyó varios delitos a González-Bueno y Bocos, quien fue dirigente de Falange, aunque posteriormente declaró extinguida por fallecimiento la responsabilidad penal de los altos cargos del régimen, a los que acusaba de crímenes contra la humanidad.
El Supremo también ha rechazado la personación de varias asociaciones de la Memoria Histórica y familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo, entre ellas la Asociación Memoria Histórica do 36 de Ponteareas (Pontevedra) y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).
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