Un senador del PP dice que "no hay demanda para exhumaciones ni más fosas de la Guerra civil que descubrir"

Verde – No Intervenida; Amarillo – Trasladada a Cuelgamuros; Blanco – Desaparecida; Roja – Exhumada (Total o parcial); Estrella Azul – Cuelgamuros

 Aplicación de mapa de fosas

Ministerio de Justicia 

El popular José Joaquín Peñarrubia acusa al PSOE de "dar la murga" al exigir partidas presupuestarias para buscar a los desaparecidos en la Guerra Civil y la dictadura. La Asociación de Recuperación para la Memoria Histórica califica estas palabras de "insulto" y recuerda que hay casi 115.000 casos documentados de desaparecidos y cientos de familias que siguen buscando a sus seres queridos sin ninguna ayuda del Gobierno

Aunque la búsqueda prosigue, hay más de 2.400 fosas comunes documentadas por instituciones públicas en España

Cadena SER  - Mar Ruiz - Madrid 08/10/2015

"Dejen de dar la murga con esta cuestión, es cansino. Ya no hay demanda de exhumaciones ni más fosas por descubrir salvo que se empeñen en buscar a Federico García Lorca, en los cuatro puntos cardinales de España". Con estas palabras, el senador del PP, José Joaquín Peñarrubia ha rechazado este jueves en la comision de Presupuestos del Senado las enmiendas del PSOE que exigían partidas económicas para la exhumación de desaparecidos de la Guerra Civil  y el franquismo y la transformación del Valle de los Caídos en un monumento a todas las víctimas.

Unas palabras que han provocado el rechazo del socialista Francesc Antich: "El PP justificó los recortes prometiendo más inversión con la recuperación, pero aun así, el PP ha decidido que en 2015 y 2016 no haya dinero para exhumaciones. Antich ha recordado que la pasada legislatura el Gobierno socialista destinó cerca de 26 millones en materia de Memoria Histórica, mientras que el PP redujo la partida a cero en 2013 hasta hacerla desaparecer en estos presupuestos".

"Un insulto a las víctimas"

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha mostrado su indignación por las palabras del senador del PP. "Son un insulto a las víctimas, revelan una terrible falta de humanidad, y además son radicalmente falsas", ha señalado a la Ser el presidente de la Asociación, Emilio Silva.

"No hay día en que no recibamos algún contacto de alguien en relación con este tema. No sé a qué se refiere este senador con "falta de demanda", nosotros tenemos una  lista de 114.226 casos documentados de desaparecidos con nombres, apellidos, lugares de nacimiento y lugares de asesinato", explica Silva. Una labor que realizan sin ninguna ayuda pública por parte del Gobierno. "Ahora seguimos exhumando gracias a un premio que nos dio una fundación de derechos humanos en EEUU y a la ayuda que nos presta un sindicato noruego, además de la labor de voluntarios de veinte países", remacha Silva.

Antich ha acusado al PP de “nula voluntad” de aplicar la Ley de Memoria Histórica, y ha recordado que el Gobierno “actúa en contra de la Ley y de los informes de la ONU que recomiendan a España mejorar su posición en materia de Memoria Histórica y poner dinero para aplicar la ley”.

Aunque la búsqueda prosigue, hay más de 2.400 fosas comunes documentadas por instituciones públicas en España. Según los datos de la Asociación para la Recuperación Histórica, en los últimos quince años se han realizado 6.200 exhumaciones en España, apenas un 5% de las víctimas que se estima, continúan desaparecidas.

Propuesta de Ley de Memoria Democrática

 

La Asociación Archivo Guerra y Exilio (AGE), en su Asamblea Anual de Socios de 20 de junio de 2015, ha aprobado dirigir un llamamiento a todas las instituciones de ámbito local, autonómico y estatal, a los partidos políticos, grupos parlamentarios, sindicatos y entidades sociales, a las entidades de memoria histórica democrática, y a quienes corresponda, para que insten al Gobierno español, como poder ejecutivo del Estado, a la aprobación de una Ley de Memoria Histórica Democrática en el Congreso de los Diputados, que cancele definitivamente con justicia, equidad y reparación las secuelas de la dictadura franquista.

 

Para ello aportamos las propuestas que a continuación se mencionan, utilizando los canales de información que quieran colaborar, organizando conferencias, charlas, coloquios para la difusión y debate de los contenidos, y promoviendo encuentros directos de nuestros socios y colaboradores con las instituciones, entidades partidos políticos y asociaciones democráticas.

Estas medidas harían viable la reconciliación genuina y verdadera de los españoles en un estado de derecho y de igualdad ante la ley.

 

Para ello sería imprescindible que la Ley de Memoria Histórica Democrática recogiera las siguientes propuestas:

 

1. Declarar por Ley la nulidad de todas las acciones legales del régimen franquista, haciendo mención expresa a las Resoluciones de las Naciones Unidas adoptadas por unanimidad por la Asamblea General de la ONU el 9 de febrero y el 12 de diciembre de 1946, y a su carácter criminal según las normas de derecho internacional. Condenar jurídicamente la dictadura franquista.

2. Reconocimiento político, jurídico y social de cuantos defendieron la legalidad Republicana desde 1931 a 1977. Reconocimiento jurídico de la condición de víctima del franquismo, de la condición de excombatientes por la libertad a los guerrilleros antifranquistas, a los combatientes republicanos en las filas de los aliados en la II GM, y a las víctimas republicanas de la persecución nazi.

3. Nulidad  de todos los juicios penales y militares sumarísimos y reconstrucción de los archivos penales y judiciales afectados.

4. Rehabilitación jurídica y política de los ciudadanos asesinados (considerados por algunos como “desaparecidos”).

5. Localización de todas las fosas comunes, garantizando jurídicamente las  exhumaciones por parte del Estado de acuerdo con sus familiares. Señalando los espacios del crimen (referente para la historia de España) como lugares de memoria, mediante monumentos, placas y paneles expositores que expliquen los hechos que tuvieron lugar.

6. Condena de los actos de exaltación franquista y de negacionismo histórico así como retirada de símbolos franquistas en los espacios públicos, aplicándose la legislación mediante la aplicación de procedimientos acordes con el derecho internacional de derechos humanos como norma de convivencia ciudadana.

7. Anulación de la Ley de Amnistía de 1977 que blinda la impunidad de los responsables de los crímenes franquistas y aplicación de la legislación internacional de derechos humanos sobre crímenes contra la humanidad.

8. Desclasificación y catalogación, de forma científica y democrática, de todos los archivos policiales, diplomáticos, militares, penales, judiciales, carcelarios, municipales, militares de inteligencia y de la represión en general, hasta la instauración del sistema democrático.

9. Comprobación y subsanación de contenidos en los libros de texto sobre historia, contemplándolos desde la objetividad y la transparencia, en pro de un plan pedagógico que ayude a conocer los hechos en beneficio de una armonía ciudadana  sin negacionismos ni revisionismos.

Esperanza Martinez, Presidenta de AGE  y Dolores Cabra, Secretaria General de AGE

Piden a la justicia que investigue el "asesinato" de las '17 rosas' de Guillena

Familiares de víctimas tras presentar denuncia en los juzgados de Sevilla



• La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) '19 Mujeres' de Guillena denuncia ante los juzgados de Sevilla para que investigue el fusilamiento masivo de mujeres de la localidad sevillana.
• Los cuerpos de las 17 mujeres fueron exhumados entre enero y febrero de 2012 de una fosa común en el camposanto del municipio sevillano de Gerena.

El diario.es - EUROPA PRESS - Guillena (Sevilla) 20/05/2015

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) '19 Mujeres' de Guillena ha informado este miércoles de la elevación de una denuncia ante los juzgados de Sevilla para que "se investigue el asesinato" de las 17 mujeres fusiladas durante la Guerra Civil española, conocidas como las '17 rosas' de Guillena, y cuyos cuerpos fueron exhumados de una fosa común en el camposanto del municipio sevillano de Gerena.

 

Esta iniciativa se toma tras "todo el trabajo que conlleva la búsqueda de justicia y la recogida de testimonios", y con ella se busca también que estas mujeres "se inscriban en el Registro Civil como asesinadas", ya que "actualmente siguen desaparecidas".

Entre enero y febrero de 2012 fueron exhumados los cuerpos de las '17 rosas' de la fosa común del cementerio de Gerena (Sevilla), donde estaban enterradas. De esta manera, y "tras años de muchísimo trabajo", sus familiares "llegaron hasta el final" y consiguieron "lo que antes era impensable".

 

Así, "con la ayuda de todo el tejido asociativo memorialista, consiguieron recuperar los cuerpos de sus familiares", según ha subrayado este miércoles la citada asociación, que también recuerda que el 15 de diciembre de 2012 los cadáveres de estas mujeres fueron llevados a Guillena, al cementerio municipal donde descansan sus cuerpos, tras la identificación del ADN en el laboratorio NBT de Bollullos de la Mitación, que les puso nombre y apellidos.

Angela entierra a Bonifacio. Y carta abierta al alcalde de Roa de Duero

 

Exhumación Valdenoceda.com 30 de abril de 2015.- 

Bonifacio García Alcalde, nacido en Roa de Duero (Burgos), murió en Valdenoceda hace 74 años. Con él estaba en la cárcel su hermano, que ‘heredó’ el pequeño colchón de Bonifacio. Muchos años después, tras la exhumación de sus restos, Bonifacio fue identificado gracias a una prótesis que tenía en la rodilla. La identificación osteológica era plena y coincidía con las demás características físicas de Bonifacio.

 

Pero la familia no aparecía. Quizás el apellido García….. Una Voluntaria, Ángela, nacida en Roa de Duero (Burgos) y residente en Estados Unidos, ha decidido comprar un nicho en el cementerio de Roa. Y la semana pasada viajó hasta su pueblo, desde estados Unidos, para llevar los restos de Bonifacio a Roa.

 

Esta tarde, 30 de abril de 2015, Bonifacio vuelve a su pueblo, enterrado en el cementerio de Roa, quién sabe si junto a sus padres o su hermano con el que compartió penurias en Valdenoceda.

 

Mientras tanto, el actual alcalde de Roa de Duero, David Colinas, está vertiendo calumnias contra el honor de Bonifacio. Por eso, nuestra Agrupación de Familias ha escrito esta carta abierta al alcalde de Roa, que ha dirigido hoy al propio alcalde y a los medios de comunicación y que publicamos aquí para conocimiento de todos:

 

CARTA ABIERTA AL ALCALDE DE ROA DE DUERO, DAVID COLINAS

 

Sr. alcalde de Roa, 

Hemos tenido conocimiento de sus dudas acerca de la pena y el supuesto delito cometido por Bonifacio García Alcalde (natural de Roa de Duero), delito que, como usted sabe, tras un Consejo de Guerra y un Juicio realizados los dos sin ninguna garantía legal, se utilizó para condenar a Bonifacio a penas de 12 y 14 años respectivamente. 

 

Como Agrupación de Familias de los Represaliados en Valdenoceda, queremos aclararle lo siguiente:

 

– las dos condenas contra Bonifacio García Alcalde se producen de forma simultánea, por un Consejo de Guerra, por una parte, y un Juzgado, por otra. Bonifacio ingresa en la prisión de Burgos por las dos condenas el 20 de agosto de 1938. Una de las condenas ascendía a 12 años de reclusión mayor por ‘excitación a la rebelión’. La otra, a 14 años, 8 meses y 1 día por homicidio. Las sentencias son firmes desde el 17 de enero de 1939 y Bonifacio ingresa finalmente en Valdenoceda el 17 de diciembre de ese año;

  

– el hecho de que las dos condenas se produzcan de forma simultánea y consten en un único expediente sin pruebas ni testimonios, deja a las claras que la condena se establece por un mismo delito. Era muy común, en aquella época, justificar una gran condena aumentando los supuestos delitos del condenado. A muchísimos les acusaron, falsamente, de homicidio, quema de iglesias,…. cuando lo único que había detrás era la defensa de un régimen democrático en el que los condenados habían creído y al que habían defendido; 

 

– la defensa de ese régimen democráticamente elegido por el pueblo se convirtió, al final de la guerra, en un delito de ‘excitación a la rebelión’. Qué enorme contradicción: los rebeldes (que dieron el golpe de Estado) acusaban a los leales al régimen democrático de ‘rebelión’. Con esto quiero decirle que, como usted puede comprobar, en aquella época todo fue manipulado y las acusaciones contra los más débiles fueron constantes;

 

– en el expediente de Bonifacio se ven contradicciones muy evidentes: en la página 6 se menciona la condena por ‘excitación a la rebelión’ y en la misma página se señala, en el apartado de antecedentes penales, que éstos “se ignoran”. Entiendo que esto no es compatible con un supuesto delito de homicidio, ya que no puede ‘ignorarse’ un delito así si éste fuese real.

 

– en el mismo expediente consta que Bonifacio fue ingresado en las celdas de castigo por “tirar la comida diciendo en voz alta que era poca y le mataban de hambre”. Parece evidente que Bonifacio no era de los que se callaba. Y quizás eso le costará, en el proceso de juicios y condenas, mayor saña contra él; 

– dar verosimilitud a estos documentos, que son documentos que sirven para condenar a una persona al final de la guerra, es muy poco inteligente. No se pueden dar por ciertos los contenidos de tres hojas (sin pruebas, sin testimonios,…. sin nada); 

– quiero recordarle que estos juicios están considerados, incluso por el Gobierno del PP y por la Ley de Memoria Histórica, como ilegítimos. Le recuerdo que el anterior y el actual ministro de Justicia, Sres. Ruiz Gallardón y Catalá, respectivamente, han firmado decenas de documentos de reparación a favor de represaliados en la posguerra, declarando esos juicios como ilegítimos;

– hemos querido entender que usted amenaza con desvelar la condena y el supuesto delito de homicidio de Bonifacio, cometido (supuestamente) hace 77 años. Déjeme decirle que alguien que amenaza con manchar el nombre de una persona así, de esta manera, a sabiendas de que es una acusación falsa (como tantas y tantas que se realizaron en aquella época) demuestra cuando menos muy poca capacidad de diálogo. ¿Le produce tanto odio este asunto que sólo se le ocurre esta salida?

Desde nuestro punto de vista, Bonifacio García Alcalde (y su hermano Lucio, que también estuvo en aquella cárcel de Valdenoceda) fueron represaliados políticos, condenados por motivos políticos, a los que sumaron otros supuestos delitos para justificar unas enormes condenas. A Bonifacio, esas condenas ya le costaron la vida. Y ni Bonifacio ni nadie merece ver manchado su nombre. Al contrario, Bonifacio y cualquier otro ser humano que haya sufrido injusticia debe ver recuperada su memoria y reparado su honor. 

En España, esta España a la que todos queremos tanto (Bonifacio la quería tanto que perdió la vida por defender el régimen en el que creía), se están cometiendo enormes injusticias. Por una parte, asesinos confesos como el burgalés general Yagüe (que confesó públicamente haber ordenado la matanza de 5.000 personas en Badajoz) tienen calles a su nombre como forma de honrar su memoria. A otros, sin embargo, como Bonifacio García Alcalde, nacido y residente en Roa de Duero, se les condenó y murieron en prisiones inmundas y, 77 años después, se amenaza a un particular con desvelar un supuesto homicidio (a todas luces falso) y no se le permite, ni siquiera, ver reparada su memoria. 

Desde esta Agrupación esperamos que no se viertan, por nadie, acusaciones falsas contra Bonifacio García Alcalde ni contra su memoria. No dudaremos en salir a defender el buen nombre de Bonifacio García Alcalde en cualquier instancia que sea necesaria. 

Sr. Alcalde, deje descansar tranquilamente a Bonifacio, que después de 77 años no merece ver manchado su honor. 

 

Atentamente, 

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Nota MJBarreiroLG:

Por mi parte añadir lo cobarde, deleznable y miserable  que demuestra ser alguien que tiene la osadía de meterse y atacar a una persona asesinada, alguien que ya no se encuentra entre nosotros, por el solo hecho de que su familia le da sepultura en su pueblo DESPUÉS DE HABER SIDO ASESINADO HACE 70 AÑOS Y ARROJADO A UNA FOSA COMÚN.

Toda mi solidaridad con la Familia de la Víctima que tiene que soportar este nuevo dolor y atropello.

Ya que el alcalde de Roa de Duero es alguien tan respetuoso con los que ya no están con nosotros sugiero que en especial su sepultura sea Lugar de Encuentro donde recordarle al estado español y en especial al alclade del PP, que desde una alcaldía no es de Derecho semejantes actuaciones impropias de cualquier país que tenga un mínimo de dignidad.

Por supuesto la dimisión de semejante individuo y exigir una explicación al PP

Recordar que todos estos atropellos que seguimos sufriendo las familias son debidos a un estado miserable, hipócrita que se ha negado siempre a la anulación de las condenas, la justicia a estos crímenes dependen de iniciativas privadas al igual que las exhumaciones de asociaciones de familiares.

¿Está engañando Baltasar Garzón a la familia Alcorisa?

Garzón en una cacería de ciervos
organizada por un concejal del Partido Popular de su pueblo en 2009
a la que acudió también el ex ministro de justicia del PSOE, Mariano Fernández Bermejo

noagarzon.org - Garzón en Argentina

El exjuez español ha apelado al Tribunal Constitucional español (equivalente a la Corte Suprema) para que ampare la exhumación de los restos de Teófilo Alcorisa, una víctima republicana enterrada en una fosa común. Pero, ¿tuvo él esa oportunidad cuando tramitaba la llamada "causa contra el franquismo"?

 Por Diego Herchhoren, abogado.

Tal y como han reproducido numerosos medios españoles, el exmagistrado ha presentado sendos escritos ante el mencionado tribunal y ante el Consejo de la Magistratura ibérico reclamando, además del amparo, el fin del abandono en el que se encuentran la mayoría de víctimas del franquismo en España.

En particular, el despacho dirigido por Garzón pide al Tribunal Constitucional que se haga lugar a las solicitudes de exhumación de la fosa común donde probablemente se encuentre el guerrillero antifranquista Teófilo Alcorisa, ya que el Juzgado de Instrucción valenciano que se hizo cargo del asunto, así como la Audiencia Provincial de esta demarcación archivaron la causa iniciada por sus familiares.

Alcorisa fue víctima de desaparición forzada el 16 de abril de 1947. Desde el año 2005 hasta el 2010, mediante sucesivas investigaciones, sus hijos consiguieron situar la localización de sus restos y a partir de ahí emprendieron acciones judiciales sin conseguir que la exhumación fuera autorizada.

Sin embargo, la indefensión alegada por Garzón, que es completamente cierta, olvida en cambio que ésta se produce como consecuencia inmediata y directamente conectada con la Resolución del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional de 18 de noviembre de 2008...firmada por el propio Baltasar Garzón. Dicha resolución ("Auto", en la terminología jurídica española) ponía un dramático fin a la denuncia realizada por dos abogadas mallorquinas que demandaban ante la Audiencia Nacional la localización del paradero y una investigación oficial sobre los crímenes del franquismo que determinara responsabilidades civiles y/o penales de la dictadura.

En el año 2008, Baltasar Garzón se declaró competente en la mal llamada "causa contra el franquismo", mediante una resolución que redujo los crímenes de la dictadura a los cometidos entre 1937 a 1951 (dejando impunes los 20 años restantes), y que terminaría dos meses después mediante una resolución inhibitoria en favor de los jueces territoriales, lo que en la práctica obligaba a los familiares de víctimas a recorrer de nuevo un tortuoso camino procesal que, por su complejidad y tras haber creído en la posibilidad de que Garzón llevara adelante un auténtico proceso penal contra el franquismo, desincentivó a decenas de miles de familiares a realizarlo. "Incredulidad", era la palabra que repetían los representantes de las entidades impulsoras de esta causa.

Si bien es cierto que la Audiencia Nacional no era competente para tramitar una denuncia de este tipo*, y que Garzón al admitirla a trámite debería haber sabido que ese camino procesal condenaría en la práctica a las víctimas del genocidio franquista a un nuevo golpe, el exjuez tuvo en sus manos la posibilidad de hacer que el Tribunal Supremo designara a un juez especial para la investigación de lo demandado por los familiares de víctimas, readecuando al camino correcto un procedimiento judicial que había nacido viciado y que de no haberse corregido a tiempo dejaría en manos de los sectores más conservadores del poder judicial la resolución del fondo del asunto.

Y es que el 20 de noviembre de 2008, diversas organizaciones memorialistas españolas de alta relevancia, conscientes de que el camino procesal adoptado por Garzón podría terminar reforzando la impunidad de los crímenes franquistas, recordaron al titular del entonces Juzgado Central de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional que debería haber aplicado lo dispuesto en el art. 304 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal española, que dispone la opción del Juez de elevar en casos de excepcional relevancia o gravedad al Tribunal Supremo las causas que por su interés y complejidad requieran la intervención del máximo órgano judicial español, nombrando para ello un juez especial encargado de la instrucción.

Para las organizaciones de víctimas del franquismo, "no existen abogados con formación suficiente en derecho internacional para hacer frente a una avalancha procesal como la dispuesta por el Juez titular del Juzgado de Instrucción Núm. 5 [Baltasar Garzón], ni jueces que tengan conocimientos de derecho penal internacional para substanciar los casos respetando el debido proceso y el derecho penal europeo e internacional."

El camino solicitado por las entidades memorialistas nunca fue estimado por Garzón ni tampoco por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, facilitando así la desmembración de una causa que terminaría en vía muerta y que establecería lo que éstas han denominado "el modelo español de impunidad". Es llamativo por tanto que Garzón solicite ahora lo que negó cuando él era juez a los familiares años atrás, utilizando el deseo de justicia, los recuerdos y la memoria de la familia Alcorisa como pantalla de una impunidad que él mismo contribuyó a reforzar y que probablemente, vuelva a repetirse de no cambiar radicalmente la estrategia judicial de esta familia de afectados y de muchos otros colectivos de víctimas.

 *-La Audiencia Nacional española sólo tiene competencia para conocer de los delitos contra la Corona, terrorismo, tráfico de drogas, delitos monetarios, delitos contra la seguridad del tráfico mercantil cuando afectan a más de una Provincia, y crímenes graves contra los derechos humanos cometidos fuera del territorio español si existe nexo con intereses españoles.

La ONU critica a España por no resarcir a las víctimas del franquismo

eitb.com10/09/2014

"Los mayores vacíos se evidencian en materia de verdad y justicia", ha dicho el relator especial de la ONU. Ha criticado que el Estado haya permitido "la privatización" de la búsqueda de víctimas.

Casi cuatro décadas después de que acabara la dictadura en España, el Estado no ha sido capaz de elaborar e implementar una ley global y transversal que resarza a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo.

Así lo ha asegurado hoy el relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, durante la presentación de su informe sobre España ante el Consejo de Derechos Humanos, reunido en su vigésimo séptima sesión.

"Los esfuerzos por responder a los legados de la Guerra Civil y de la dictadura en casi todos los pilares del mandato han sido caracterizados por la fragmentación. Las medidas adoptadas no han respondido a una política de Estado consistente, incluyente y global en favor de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición", ha afirmado el relator.

"Los mayores vacíos se evidencian en materia de verdad y justicia", ha agregado el relator, quien lamenta que "nunca" se haya establecido una política de Estado en la materia.

Privatización de la búsqueda

El relator ha criticado especialmente que el Estado haya permitido "la privatización" de la búsqueda de víctimas.

"El modelo vigente de privatización de las exhumaciones, que delega esta responsabilidad a las víctimas y asociaciones, alimenta la indiferencia de las instituciones estatales y conlleva dificultades metodológicas, de homologación y oficialización de la verdad", ha dicho.

Es por ello que el relator recomienda al Estado español que revise el modelo actual, asigne los recursos necesarios y asegure la actuación de las autoridades judiciales en todos los casos.

Justicia y símbolos franquistas

En el área de la justicia, De Greiff ha denunciado "un excesivo formalismo e interpretaciones restrictivas de la Ley de Amnistía y del principio de legalidad que no sólo niegan el acceso a la justicia, sino que también impiden cualquier tipo de investigación".

Asimismo, De Greiff ha solicitado al Estado español que colabore con procedimientos judiciales en el exterior y tome las medidas "contra el debilitamiento de la justicia universal por parte de los tribunales españoles".

El relator también ha hecho mención especial a los símbolos franquistas que aún persisten en lugares públicos del país, y recomendó que se remuevan o se reasignen. De Greiff ha citado especialmente el Valle de los Caídos y ha pedido que se aplique lo sugerido por la Comisión de Expertos que, precisamente, recomendó la "resignificación del monumento".

Más información:

El Gobierno ante la ONU: “Las víctimas de la dictadura han conseguido su objetivo, que es consolidar la democracia”

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica califica de lamentable la respuesta española en Ginebra        

  El Gobierno ´discrepa´ con la ONU sobre memoria histórica
Gallardón expresa el desacuerdo con las recomendaciones de la ONU sobre los crímenes del franquismo  

Jueces para la Democracia: "Un Estado no debe tolerar fosas con miles de víctimas junto a cunetas"

La asociación judicial progresista denuncia el incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y la actitud obstruccionista del Gobierno. Reclama que se destine dinero para la exhumación y la identificación de las víctimas

La ONU da la razón a Garzón y ve espacio legal para abrir causas contra el franquismo

El relator de Naciones Unidas, Pablo de Greiff, critica que España no haya resarcido aún a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura. Y pide  la remoción o "resignificación" de los monumentos franquistas, en especial del Valle de los Caídos

Intervención de la representante del Gobierno español en respuesta a la intervención del Relator para la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición Pablo de Greiff. 10.09.2014

Buscamos a 58 familias de toda España. Rogamos difusión

valdenoceda.exhumacion@gmail.com

LOCALIZADAS NUEVAS FAMILIAS.

Nuestra Agrupación busca voluntarios que quieran invertir un poco de tiempo (nada de dinero) en ayudarnos a localizar familias. Sin familias no habrá nunca identificaciones posibles. La localización de las familias posibilita la identificación de los restos de su familiar represaliado. Y no sólo eso: hace más fácil la aproximación a la identidad del resto que está enterrado junto a él.

Así que, si vives en las provincias de Madrid, Ciudad Real, Burgos, Cáceres, Málaga, Guadalajara, Granada, Tarragona, Castellón, Asturias, Soria, Jaén, Palencia, Albacete, Vizcaya, Almería, Barcelona o Córdoba y tienes un poco de tiempo que te permita consultar censos,…. puedes ayudarnos a buscar familias descendientes de los presos que buscamos.

La operativa es muy sencilla. Nosotros te facilitaremos todos los datos del preso a cuya familia buscarías (fecha de nacimiento, nombres y apellidos de sus familiares en aquel momento….) y tu cercanía al sitio puede ayudarnos. No lo dudes. Echa una mano.

Si quieres colaborar, mira en el enlace adjunto y envíanos un mail, diciéndonos por qué preso te interesa y qué búsqueda vas a realizar. Te contestaremos facilitándote información.

Ánimo….. Nosotros somos muy poquitos y no podemos abordar ya esta tarea. Pero con tu ayuda, quizás sí podamos.

Mil gracias

Tras la localización de más de dieciséis nuevas familias en las últimas semanas, gracias a los Voluntarios-Valdenoceda (las últimas, las de Marcelino Rodríguez del Prado, Adolfo Pérez López, Bonifacio Olmedo López, Anastasio del Barrio Herrero y Abilio Luis Jábega), mantenemos activa la lista de 59 presos a cuyas familias buscamos. Esta lista es la siguiente (información actualizada a 31 de julio de 2014)

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1.-  Abad Vara, Antonio, de Getafe (Madrid)
2.-  Alcalde López, Juan, de Dos Torres (Córdoba), vecino de Navacerrada (Ciudad Real)
3.-  Alcázar Tejados, Juan José, de Villahermosa, Ciudad Real
4.-  Arrojo García, Esteban, de Hervás (cáceres), vecino de Cáceres
5.-  Bailón Cuadrado, Antonio, de Manzanares, Ciudad Real
6.- Bravo Lucena, Joaquín, de Plasencia, Cáceres
7.- Calvente Carrasco, Domingo, de Benalauria, Málaga
8.- Carrasco Valiño, José, de Campillo de Llerena, Badajoz, vecino de Picón (Ciudad Real)
9.- Carricondo Pardo, Juan Miguel, de Orán (actual Argelia)
10.- Castillo Martín, Lorenzo, de Gargantiel, Ciudad Real
11.- Castro Hernández, Salvador, de Madrid, Madrid
12.- Contreras Parras, Antonio, de Almagro, Ciudad Real
13.- de Pedroviejo Viejo, Antonio, de Hita, Guadalajara
14.- Fernández Yut, José, de Villar de Puertollano, Ciudad Real
15.- Flores Jiménez, Modesto, de Daimiel, Ciudad Real
16.- García Alcalde, Bonifacio, de Roa de Duero, Burgos
17.- García Gómez, Ciriaco, de Anchuras, Ciudad Real
18.- García González, Francisco, de Motril, Granada
19.- García Quintana, Eugenio, de Valdepeñas, Ciudad Real
20.- García Sabaté, Juan, de Roquetes, Tarragona
21.- García Vinolfo, Francisco, de Granada, Granada
22.- Gari Simo, Vicente, de Burriana, Castellón
23.- González González, Julián, de Almagro, Ciudad Real
24.- González Secades, Rafael, de Cuyences (Asturias)
25.- Gonzalo Cisneros, Bernabé, de Jubera (Soria)
26.- Guillén Ezquerra, Antonio, de Alcolea de Cinca (Huesca)
27.- Navio Vera, Toribio, de Villarrodrigo, Jaén
28.- Legarda Orbe, Valentín, de Santurde (Álava)
29.- López Olmo, Andrés, de Bolaños, Ciudad Real
30.- Márquez Parejo, Lorenzo, de Garciaz, Cáceres
31.- Martín Iglesias, Isidoro, de S. Martín de Humada ( Burgos), vecino de Barruelo (Palencia)
32.- Martínez Pulido, Manuel, de Cazorla (Jaén)
33.- Martínez Rodríguez, Crescencio, de Celadilla – Sotobrin (Burgos), vecino de Cogollos (Burgos)
34.- Martínez Ruiz, Jesús, de Albacete
35.- Martínez Tomas, Sebastián,  Madrid, Madrid
36.- Molina Alba, Celedonio, de Navas de Ricomalillo (Toledo), vecino de Anchuras (Ciudad Real)
37.- Montalbán Menéndez, Andrés, de Madrid
38.- Montero Hernández, Anselmo, de Majadahonda (Madrid), vecino de Aravaca (Madrid)
39.- Muñoz Pulido, Pedro, de Alcalá la Real, Jaén
40.- Peña Ortiz, Miguel, de Cazorla, Jaén
41.- Pérez Esteban, Calixto, de Iriépal (Guadalajara), vecino de Alovera (Guadalajara)
42.- Pérez Martín, Teodoro, de Miraflores de la Sierra, Madrid
43.- Pérez Nieto, Juan , de Fiñana (Almería)
44.- Redondo Muñoz, Mamerto, de Fuencaliente, Ciudad Real
45- Robledo González, Esteban, de Velayos (Ávila), vecino de Madrid
46.- Rodríguez Márquez, Juan, de Montefrío (Granada)
47.- Romero Gallego, Andrés, de Terrinches (Ciudad Real)
48.- Rosa Sánchez, Mariano, de Puertollano, Ciudad Real
49.- Rubio Piernagorda, Antonio, de Baena, Córdoba
50.- Sánchez Caro, Teodoro, de Picón, Ciudad Real
51.- Sánchez Jara, Alejandro, de Villamayor de Calatrava, Ciudad Real
52.- Sánchez Martínez, Eloy, de Mesegoso (Albacete), vecino de Socuéllamos (Ciudad Real)
53.- Scheungrab, Joseph, de Munich, Alemania
54.- Tejero Domínguez, Máximo, de Zorita, Cáceres
55.- Torado Fernández, Felipe, de Atalaya (Badajoz)
56- Vara Garoz, Agustín, Torrejon de Velasco, Madrid
57.- Vilar Recuero, Mariano, de Madrid, Madrid
58.- Villalba Sánchez, Félix, de Morata de Tajuña, Madrid

Ayudadnos, por favor, en la difusión de toda la lista

Abrazos a todos

Barberá califica de “arqueología” la exhumación de un fusilado para que su familia pague 45.000 euros

El diputado socialista José Luis Ábalos denuncia que primero les hicieron perder la subvención y ahora pretenden que abonen 45.000 euros                   

 

El Plural - A. M. | 02/07/2014

El Ayuntamiento de Valencia que preside Rita Barberá impone a los hijos de elevada edad de Teófilo Alcorisa  un agricultor asesinado en 1947 por las fuerzas franquistas, la imposible condición de abonar 45.000 euros para rescatar los restos de su padre ya que ahora tras una Junta de Gobierno han decidido que la exhumación no es tal sino que tiene carácter de intervención arqueológica, lo que supone una inversión desorbitada para llevarla a cabo.

“Aquí no hay que andarse por las ramas ni por las cuestiones administrativas. Todo esto es una farsa -manifestó a ELPLURAL.COM el diputado del PSOE José Luis Ábalos- Lo que está ocurriendo es que Rita Barberá por prejuicios ideológicos, obstaculiza el normal deseo justificable de  una personas de recuperar los restos de su familiar”.

Rita con mantilla a Roma
Añadió Ábalos: “Que lo resuelva.  Es su obligación. ¿Cómo es eso de que no tienen derecho a darle sepultura? ¡Pues claro que la tienen! ¡Como todo cristiano! Y luego a esta alcaldesa no le duelen prendas de ponerse la mantilla e irse a Roma a canonizar mártires.  ¡A ver si nos cuenta cuánto costó aquello para que ahora venga pidiéndo dinero a unas personas mayores!

Cinco años de burocracia
Todo esto ocurre después de cinco años de burocracia, con la intervención del despacho de abogados de Baltasar Garzón ante el juzgado y  varias interpelaciones y preguntas parlamentarias en el Congreso de los Diputados por parte de José Luis Ábalos.

“Larga cambiada municipal”
A pesar de la afirmación en febrero pasado de que el Consistorio no se iba a oponer a la exhumación, el equipo de Barberá “ha dado ahora una larga cambiada y pretende cobrar a los dos ancianos una cantidad exorbitante para su modesta economía”, afirma Matías  Alonso, coordinador del Grupo de Recuperación de la Memoria Histórica de Valencia..

“Perdieron la subvención por culpa del Ayuntamiento”
Se da el caso de que la negativa municipal a proceder a la exhumación llevó a que los familiares de Alcorisa se vieran obligados a reintegrar la subvención concedida por el Ministerio.  “No es de recibo imponer los gastos de exhumación a los hijos de una víctima que tuvieron que devolver la única ayuda con que contaban al agotar los doce meses de plazo de la subvención otorgada por el Ministerio de Presidencia” manifestó este miércoles  José Luis Ábalos, quien es también secretario general del PSPV-PSOE de Valencia.

Un caso bloqueado
Ábalos realizó estas declaraciones en una rueda de prensa celebrada junto al coordinador para la RMHV, Matías Alonso, y a Pilar Alcorisa, hija de Teófilo Alcorisa, víctima de desaparición forzada,  cuyos restos pretende exhumar tras ser localizados en el antiguo Cementerio Civil de Valencia. El objeto de la reunión de prensa era el informar sobre las últimas decisiones del Ayuntamiento de Valencia en un caso bloqueado desde hace ya casi cinco años.

Imposible exhumar
Esa misma mañana la familia presentó una serie de alegaciones  junto a nueva  documentación que se les ha requerido tras el pleno de febrero en el que teóricamente Rita Barberá accedía por fin a la exhumación de Alcorisa, y tras conocer –explicaba Matías Alonso-  “que en una Junta de Gobierno Local, sin que se acordara con nadie, se han impuesto esas condiciones económicas que hacen casi imposible tal exhumación”.

De caso forense, a arqueológico
Matías Alonso añadió que el Partido Popular “en solitario y en una Junta de Gobierno impone unos condicionantes que transforman un acto médico-forense, con una vertiente jurídica al tratarse de una desaparición forzada, en un acto eminentemente arqueológico y con una normativa de obra que encarece innecesariamente el proceso”.

Echando balones fuera
“Queremos llamar a la conciencia de Rita Barberá para solucionar de la mejor manera posible una situación que ella ha generado”, prosiguió el coordinador de la ARMH. Por su parte, José Luis Ábalos informó de la falta de respuesta del Gobierno a las iniciativas parlamentarias planteadas“echando balones fuera y escudándose tras el Ayuntamiento de Valencia para no cumplir con los requerimientos de la ONU y solucionando el caso concreto de Teófilo Alcorisa”.

La derecha en lucha contra la Memoria
Para el diputado socialista “El PP ni siquiera cumple los compromisos internacionales de España, que es el fondo de dicha reclamación”. Dijo además que “la actitud de Rita Barberá deja en evidencia que la derecha española sigue en lucha frontal contra la Memoria democrática”.

“Una farsa”
Jose Luis Ábalos denunció  que con esta iniciativa, “la misma Rita deja en evidencia que el acuerdo político del pleno de febrero fue una farsa, una maniobra para dilatar el proceso y no dar satisfacción a las demandas de las víctimas”. El diputado se ofreció a llegar “hasta donde haga falta”.

Un jarro de agua fría
Pilar Alcorisa ha mostrado su desolación: “esta última acción de Rita Barberá ha sido para nosotros un jarro de agua fría. Hemos dejado de soñar. Otra vez, vuelta a empezar… pero vamos a continuar hasta donde haga falta porque se lo debemos a los dos, a mi padre y a mi madre, por mi hermano Pedro y los dos que ya fallecieron”.

El padre del guerrillero
La hija de Teófilo ha dedicado buena parte de sus 80 años  a buscar el paradero de su padre. La  pesadilla comenzó cuando era una niña de seis y la guardia civil llegó su casa buscando a su hermano Pedro  que tenía entonces 26 años, y ahora más de 90. Pedro se había echado al monte como guerrillero. Fue el 14 de abril de 1947.

Asfixiado con los cordones que no llevaba
Se llevaron a Teófilo,  agricultor, al cuartelillo. A que les contara el paradero del chico. Otros cinco hijos  quedaron en casa los más pequeños de 12, 9 y 6 años. Esa fue la última vez que Pilar le vio. Le bajaron a Valencia. Y les dijeron que se había asfixiado con los cordones de los zapatos, afirmación imposible dice Pilar porque llevaba albarcas sin cordón alguno.

Una vida terrible
La vida de la familia fue terrible, registros continuos de día y de noche buscando al hermano; interrogatorios a los niños en cualquier ocasión .La madre fue finalmente desterrada y tuvieron que salir del pueblo y sobrevivir como pudieron.

De persona,  a objeto enterrado
Ya en plena democracia, cuando al final se atrevieron a dar el paso para recuperar los restos del padre, el Ayuntamiento regido por el Partido Popular,  durante cinco años ha ido o bien omitiendo la respuesta o presentando obstáculos cada vez más sorprendentes.  Resalta Matías Alonso esta última traba que ha supuesto que Alcorisa desde la visión municipal ya no sea  un ser humano, sino “algo”, para lo que, consideran los ediles de Rita, se debe aplicar la normativa arqueológica de búsqueda de objetos enterrados.

Fosa La Pedraja. Identificación desaparecidos

Apoyar

La Agrupación de Familiares de las personas asesinadas en los Montes de La Pedraja ha realizado, a lo largo del año 2010, la localización y exhumación de los restos de la fosa de La Pedraja situada en una zona montañosa conocida con el mismo nombre. Para ello ha contando con el permiso del Ayuntamiento de Villafranca Montes de Oca (Burgos) y con el apoyo institucional del Ministerio de la Presidencia. El monte de la Pedraja está situado en la carretera nacional Burgos-Logroño a 25 km de Burgos. 

Los antecedentes históricos señalan que en este paraje, al que se accedía a través de una carretera estrecha y sinuosa, fueron inhumadas clandestinamente numerosas personas tras ser asesinadas en los primeros meses de la Guerra Civil (1936) cuya procedencia era de distintas localidades.

El número total de las víctimas no se ha podido establecer por el momento, si bien podrían llegar a las 300-400 de conformidad a las fuentes orales que señalan los montes de La Pedraja como un lugar de reiteración de los enterramientos. Según estas fuentes las personas se llevaban en lo que se conoce como sacas, grupos de 10, 12, 18 o 20 personas y sucesivamente eran asesinadas a pie de fosa.

Para hacer los trabajos de localización, exhumación, identificación, reinhumación y dignificación de los lugares de enterramiento, se constituyó la Agrupación de Familiares de las personas asesinadas en los montes de la Pedraja en diciembre de 2008. Los aspectos técnicos de la excavación fueron dirigidos por el Dr. Francisco Etxeberria y coordinados por Miguel Ángel Martinez Movilla (Representante legal de la Agrupación) y el apoyo de la ARMH Burgos. 

TESTIMONIO DE LA AGRUPACIÓN DE FAMILIARES SOBRE LAS FOSAS

La fosa nº 1 fue localizada y exhumada el verano de 2010. En ella había 104 cuerpos. La localización de la fosa fue muy complicada. Todos los familiares sabían que estaban allí, aunque el lugar exacto se había olvidado. La topografía del terreno había variado mucho a lo largo de los años, se había realizado un gran desmonte para el nuevo trazado de la carretera, se habían modificado los caminos, se había reforestado dos veces la zona debido a dos incendios. Hubo que hacer varios kilómetros de zanjas con 5 máquinas excavadoras en una superficie de 4 hectáreas. Por fin después de varios días  de trabajo aparecieron los primeros restos donde estaba la fosa.  

Aquellos 10 días del verano de 2010 que duró la exhumación fueron impresionantes, fuimos testigos de cómo fueron apareciendo entre la tierra los restos de nuestros familiares. Sus restos guardaban la misma posición en la que fueron asesinados aquellos días del año 1936, sus objetos personales, su ropa y las balas que los atravesaron y quedaron incrustadas en sus cuerpos y en el terreno.

La fosa nº 2 fue localizada y exhumada en el verano 2011. En ella había 31 cuerpos más otros 30 (según estimación del equipo que realizó la exhumación) que hicieron desaparecer las obras de ampliación del camino. También fue difícil su localización, justo en la última palada que dio la máquina excavadora antes de dejar los trabajos aparecieron unos restos que nos dieron la pista de que allí había otra fosa.

Las exhumaciones de las dos fosas fueron realizadas por el equipo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi dirigido por el prestigioso antropólogo y medico forense D. Francisco Etxeberria. Fueron 30 profesionales quienes con los métodos científicos mas modernos hicieron con todo cariño y humanidad la exhumación de nuestros familiares. 

Estoy convencido de que en esas 4 hectáreas que es la zona donde sabemos que se cometieron estos asesinatos hay más fosas, no sabemos si podremos localizarlas y exhumarlas.

En el verano de 2012 realizamos la dignificación de las fosas. Se ha reproducido en superficie la forma a tamaño real de las fosas, se ha vallado la zona y colocado una placa conmemorativa de las personas que allí fueron asesinadas y también se ha colocado un panel explicando lo que allí ocurrió.

Miguel Ángel Martínez Movilla

Representante de la Agrupación de familiares

Sobre la exposición del "América 66" 250 años; menos 3 años de guerra y 40 de represión"

Entrega de firmas, en la actualidad van por 25.000

 Firma la petición para frenar la exposición

Texto cedido por la autora
Maru Mangado* 17/5/14
Hay una serie de motivos por los que estamos totalmente en contra de ésta exposición, algunos de ellos son los que paso a relatar.

Vemos claramente que las leyes de la memoria histórica se las están saltando.

El nombre de dicha exposición no se adecua a una realidad sangrante que todavía tiene muchas heridas abiertas. Referirse a la historia del Regimiento America66 con la frase “HISTORIA DE 250 AÑOS DE SERVICIO A ESPAÑA”, supone  avalar una participación activa en el golpe de estado de 1936, un destacado papel durante la guerra civil española y un sostenimiento de una dictadura militar considerándolos como un “servicio a España”, cuando lo que ocurrió realmente fue un acto forzoso hacia una población empujada al enfrentamiento y produciendo más de 3.500 asesinados en Navarra, donde no hubo frente de guerra.

Creemos que tanto el nombre como el sitio y el contenido de la exposición están violando las diferentes leyes vigentes de memoria histórica y símbolos ya que éstas instan expresamente a las instituciones a retirar cualquier simbología franquista como insignias, placas, nombramientos, títulos, honores, etcétera...

No olvidemos que dicho regimiento luce en su escudo 2 cruces laureadas y 8 medallas militares colectivas obtenidas durante una guerra precisamente causada por las unidades militares sublevadas contra un régimen democrático que obtuvo el poder el 14 de abril de 1931 hasta su derrota el 1 de abril de 1939.

Se ha hablado mucho sobre los sucesos de Valdediós, sin embargo éste es sólo uno de los motivos por los que estamos en contra de esta exposición. Se ha escrito en la Gaceta que esos testimonios son de terceras personas, siendo un hijo de una de las trabajadoras el que cuenta la historia porque estuvo allí.

Se nos está acusando de mentirosas, entre otras cosas, cuando los sucesos de Valdediós están documentados y una de las fosas exhumada. Hay listas de los trabajadores, de los desaparecidos y de los identificados exhumados de la fosa que allí apareció.

Decir también que hay un testimonio de un sobrino nieto de un trabajador que estuvo en Valdediós el día de los asesinatos y que por llevar una medalla de la Virgen de la Cueva, que le había regalado su mujer para que le protegiese, al vérsela uno de los militares le “perdono” la vida. No murió aquella madrugada terrible del 27 de octubre de 1937 en Valdediós, pero presenció, con otros supervivientes, todo el horror de la masacre: la borrachera y la fiesta siniestra de la soldadesca bailando con las enfermeras, antes de violarlas y hacerles cavar su propia fosa, con sus compañeros de infortunio.

El hombre que se había librado de la muerte se convirtió en un muerto en vida. Era una persona aterrorizada... y así murió, mandando callar a los suyos si hablaban de Franco o de cualquier otra cosa comprometida y temiendo por su vida por si a última hora aún llegaba una contraorden que anulase la decisión del oficial que había condonado su pena en Valdediós.

Éste testimonio intentamos hacérselo llegar a José Javier Corpas Mauleón, porque es él quien ha iniciado una campaña en favor de la exposición, cosa que no sé si habrá llegado a leer.

También están los sucesos de la plaza de toros de Quintuelles, que encerraron allí a muchos civiles y militares, cuando les venía en gana entraban con palos a pegarles, todos estos sucesos después de que el ejército nacional venciese en Asturias.

Como se ve no solo pedimos la retirada de la exposición por los sucesos de Valdediós, que, insistimos, solo es uno de los motivos.

Decir que las que hemos iniciado esta campaña de firmas somos dos personas civiles y de a pie, que no pertenecemos a ningún partido político.

Sí que es verdad que hay partidos políticos, I.E, BILDU, PSNE, que nos están apoyando y se han hecho eco de nuestra campaña, al igual que asociaciones de memoria histórica de distintas provincias, actores, escritores, músicos y muchos personajes públicos.

Y que quede claro que esto es una campaña ciudadana que está demostrando como miles de personas se pueden unir para luchar contra lo que consideran una injusticia.

Por lo tanto, seguimos diciendo NO a la citada exposición.

Maru Mangado
*Una de las impulsoras de las firmas en contra de la exposicion del América 66

Servini pidió exhumar el cuerpo de una víctima del franquismo en España

 

Terra - 20 de febrero de 2014

La jueza federal María Servini de Cubría, a cargo de la investigación local por los crímenes del franquismo, pidió hoy a la justicia de España la exhumación del cadáver de un hombre fusilado por el régimen del dictador Francisco Franco.

 

Se trata de Timoteo Mendieta Alcalá, cuya hija declaró ante Servini en la causa promovida por familiares y víctimas de delitos de lesa humanidad en España en base al principio de justicia universal que Argentina acepta.

 

Fuente judiciales revelaron que la jueza envió a la Cancillería un exhorto para que la Justicia de España exhume el cadáver que estaría enterrado en una fosa común en el cementerio de la ciudad española de Guadalajara.

 

La denuncia fue hecha por la octogenaria Iluminda Asención Mendieta Ibarra, hija del fusilado, quien reclamó el cuerpo de su padre identificando el sitio de entierro, lo que motivó que la jueza argentina pida la extracción de muestras de ADN para confirmar su identidad.

 

El pedido de la justicia argentina se produce en momentos en que el gobierno de Mariano Rajoy avanza en la sanción de una norma que impida la aplicación de la justicia universal aduciendo los problemas diplomáticos que le produjo con China.

 

La justicia universal permitió, en su momento, la detención y juzgamiento en España de represores argentinos impunes en el pais, como el piloto naval Adolfo Scillingo, participante de los vuelos de la muerte.lam

La exposición de Yagüe llega a la Defensora del Pueblo

Foto de la represión en Badajoz obra de Yagüe,
El carnicero de Badajoz

Firmar la campaña para que la retiren

 

Diario de Burgo - C.M.-P.C.P. / Burgos - 29 de enero de 2014

La polémica por la celebración en el Monasterio de San Juan de Burgos de una exposición sobre el general Yagüe, organizada por la fundación que preside su hija María Eugenia, ha llegado ya a la Defensora del Pueblo. La queja presentada por la Coordinadora para la Recuperación de la Memoria Histórica de Burgos ha sido admitida a trámite, según confirmó ayer la historiadora María del Mar Ramírez, por la institución, que ahora le dará el curso correspondiente.  

Además de relatar los hechos,  reclama que se requiera al Ayuntamiento de Burgos para que no ceda ni ese ni ningún otro edificio público para la celebración de lo que consideran «un acto de exaltación y homenaje» a uno de los responsables de alguna de las «grandes matanzas» de la Guerra Civil que entienden incumple la Ley 52/2007 de la Memoria Histórica. «Como hija podemos entender que la organice, pero que lo haga en un recinto privado».

Ramírez sostiene que su celebración sería «un auténtico insulto para las personas que aún no han logrado dar sepultura» a los familiares fallecidos durante el conflicto bélico, ya que aún se cuentan por miles los cadáveres que aún permanecen en fosas comunes, en las que se realizan exhumaciones gracias únicamente a las aportaciones de los socios, puesto que «desde la llegada del Gobierno de Rajoy hemos perdido las subvenciones», apostilla la historiadora y concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos.

En la web change.org la Federación Estatal de Foros por la Memoria promueve una recogida de firmas para que se cancele el evento, con casi 6.000 adhesiones.

El Instituto Municipal de Cultura, que cedió el espacio, ha solicitado a la Fundación  Yagüe que presente los contenidos exactos de la exposición, prevista para el 22 de abril. «Nosotros ni organizamos el evento, que por lo que se nos ha transmitido no se plantea como un homenaje, ni opinamos, tenemos que atenernos al marco legal establecido. Si cumplen la ley, no tenemos nada que objetar, porque se trata de una entidad legalmente constituida», apuntó el concejal Fernando Gómez, que espera tener la documentación en 10 o 15 días.  

 

Fallo de Memoria en el PSOE

 

¿Qué credibilidad puede tener ahora el PSOE cuando habla de cualquier tema relacionado con la MH? La respuesta es que ninguna, por parte de nadie. Y es que cuando han estado en el Gobierno se han negado a afrontar el asunto y se han limitado a intervenir puntualmente en los temas más visibles, sin que en ningún momento hayan tomado las resoluciones necesarias para avanzar de una buena vez en un asunto que no va a desaparecer de la vida de nuestro país simplemente porque se le ignore.
 

17 de enero de 2014 Orosia Castán - Grupo Verdad y Justicia Valladolid

No creo ser la única persona que ha sentido enfado e indignación al leer la noticia de que el PSOE aboga ahora por la intervención en el Valle de los Caídos, sacando de allí al dictador y convirtiendo la megalómana obra franquista en un recordatorio de lo que verdaderamente fue: el lugar ignominioso donde los golpistas humillaron y mataron de hambre, frío y agotamiento a los que habían detenido y juzgado ilegalmente.

 

La idea de hacer un gran memorial que refleje, aunque sea pálidamente, la realidad de lo ocurrido en el Valle de los Caídos, es algo que todos aplaudimos y apoyamos, y por eso mismo la frustración fue enorme cuando las iniciativas en ese sentido fueron ninguneadas y arrojadas al cesto de los papeles por el gobierno del PSOE.

 

No fue el único tema que este partido aplastó cuando estaba en el gobierno. Muchísimas personas de toda edad y condición aguardaban esperanzadas el cumplimiento de las expectativas generadas acerca de la llamada Memoria Histórica, una deuda que el Estado, los gobiernos y la sociedad entera tienen para con la Historia más reciente y las víctimas del golpe franquista de 1936 y de la represión feroz que se desató a continuación, y que a día de hoy continúa sin satisfacerse.

 

Muchas personas, hijos, familiares, amigos y compañeros de las víctimas, han estado votando al PSOE desde las primeras elecciones de la democracia en la idea de que este partido, al que pertenecían sus padres o sus abuelos asesinados, era el mismo por cuyas ideas murieron los suyos.

 

Todos pensaban que la llegada al poder de un partido de izquierdas supondría la exposición de la verdad de lo ocurrido, la condena política, la investigación de todos los puntos oscuros del asunto, la dignificación de la memoria de las víctimas.

 

Cuando el PSOE llegó al poder, las buenas gentes de los pueblos saltaban de alegría y lloraban de emoción. “Han llegado los nuestros”, decían. “Qué pena que mi padre no pueda verlo…” y era así porque los padres, en muchas ocasiones, habían desaparecido a manos de los verdugos y sus cuerpos se encontraban en montes y cunetas, tal y como si fueran fieras. La represión y el miedo con el que todas estas personas convivieron durante toda la vida se daban por pasados. Todos confiaban en la posibilidad de pasar página, aquella página de horrores escrita con sangre.

 

El PSOE ha defraudado todas las expectativas de estas personas que confiaban en él, pero además, ha incumplido con su deber histórico, ético y político, ha hecho dejación de su responsabilidad y, lo que es peor, está utilizando el tema de la Memoria para lograr sus fines exclusivamente electoralistas.

 

Primero participaron alegremente en los pactos de la Transición, en los que cedieron los principios a cambio de poder. Estando en el gobierno, le contaban a la gente que había que proceder con cuidado, pues se corría peligro de involución; era muchas veces lamentable apreciar la coincidencia del argumentario de los que se definían como socialistas, con los amagos de la ultraderecha; todos ellos utilizando la posibilidad de “otro 36”, éstos como amenaza, aquellos como excusa vergonzante para no afrontar el tema del golpe y la represión franquistas.

 

¿Qué credibilidad puede tener ahora el PSOE cuando habla de cualquier tema relacionado con la MH? La respuesta es que ninguna, por parte de nadie. Y es que cuando han estado en el Gobierno se han negado a afrontar el asunto y se han limitado a intervenir puntualmente en los temas más visibles, sin que en ningún momento hayan tomado las resoluciones necesarias para avanzar de una buena vez en un asunto que no va a desaparecer de la vida de nuestro país simplemente porque se le ignore.

 

El PSOE elaboró una ley lamentable porque no afrontaba el problema de las fosas comunes, ni organizaba la investigación, ni dignificaba a las víctimas, ni declaraba la ilegalidad del golpe de estado y consecuentemente, de todos sus actos derivados, como por ejemplo, los juicios en los que se condenó a muerte injustamente a miles de ciudadanos. Hay que recordar que sólo en Valladolid, los fusilados a causa de estos simulacros de juicio fueron cerca de quinientos.

 

El PSOE en el gobierno no eliminó los símbolos fascistas y franquistas. No dictó una ley de archivos, no ordenó la contabilización de los desaparecidos, víctimas de sacas criminales, ni la localización y rescate de sus restos, ni creó los organismos pertinentes para la recuperación de la memoria de lo ocurrido mediante la localización y la toma de testimonios, ni el rescate, la autentificación y el archivo de los documentos existentes… la lamentable ley fue ampliamente contestada. Los últimos testigos y los familiares de las víctimas estaban extenuados tras los sucesivos fiascos con que les obsequiaba el partido en el que habían confiado.

 

Y la ley salió adelante. Para vergüenza de todos, salió casi por unanimidad, porque TODOS los grupos políticos del congreso la votaron, con la honrosísima excepción de Esquerra Republicana de Catalunya, hecho éste que ninguno de los involucrados en esta causa olvidaremos jamás. Los demás grupos votaron vergonzantemente, declarando que era mejor el bodrio que nada; que ya se mejoraría; que la declaración de “ilegitimidad” era válida frente a la ilegalidad del franquismo y sus juicios… en fin, de nuevo un gran fiasco, un disgusto al ver que entre todos ellos enterraban una nueva oportunidad para cerrar con dignidad y honradez ese capítulo pendiente.

 

Después de todas estas vicisitudes, el balance no puede ser peor. El gobierno socialista ideó subvencionar a organizaciones y particulares para que tomaran la iniciativa e intervinieran en su lugar, es decir, el gobierno cedía sus obligaciones a particulares y asociaciones para que realizaran una tarea que corresponde enteramente al estado. Otorga subvenciones y se desentiende por completo. No vela por que se sigan protocolos legales en las actuaciones de todo el territorio; se inhibe por completo, se coloca de perfil y se desentiende.

 

Y los particulares hacen lo que pueden, lo que les parece oportuno, lo que quieren, pues hay casos para todo. No hay un solo país en el que se haya dado un espectáculo tan repugnante como el que hemos podido ver aquí en los últimos años. Brigadas de personas, pala en mano, exhumando a las víctimas de un crimen contra la Humanidad sin demasiado orden ni concierto; los restos, custodiados en casas particulares, manipulados muchas veces por personas sin formación ni los mínimos conocimientos necesarios en estos menesteres; el ejército de Pancho Villa destrozando fosas e invalidando pruebas. Es desolador saber que la buena voluntad de muchos y la extrema necesidad de los familiares, han dado lugar a exhumaciones sin garantías, por falta sobre todo de recursos técnicos, pues dadas las circunstancias, muchas personas han ejercido como arqueólogos o forenses o simplemente han trabajado en las fosas sin ningún tipo de supervisión profesional y legal.

 

La situación ha sido aprovechada por arribistas y aprovechados que han utilizado las exhumaciones para su medro personal y profesional, dadas las cantidades otorgadas mediante subvención. En nuestra ciudad, una asociación muy poco operativa, recibió más de 150.000 euros en tres entregas, según acredita el BOE públicamente; y a cambio, no ha devuelto a la ciudadanía ni siquiera un listado mínimamente garantizado. Este problema se ha dado en muchísimas localidades y lo único que ha conseguido es la fragmentación del Movimiento Memorialista, el agotamiento de muchos voluntarios y la desilusión, una vez más, de los familiares, siempre pendientes de la resolución de una situación tan injusta como agraviante.

 

Y ahora que el PSOE, de nuevo en la oposición, pasa por malos momentos, no tiene reparo alguno en utilizar la memoria de los aplastados como reclamo para sus campañas de imagen. No tiene ningún problema en aparecer públicamente solicitando acciones sobre el Valle de los Caídos, cuando estando en posición de actuar, y habiéndolo prometido en sus campañas, no lo hicieron. Quizá no sean capaces de darse cuenta de que la manipulación de cualquier tema con fines electoralistas, y mucho más de un tema que nos hiere en lo más profundo a muchísimos electores, desencadena el efecto contrario al que buscan: enfado, indignación y voluntad de no votarles nunca más.

“Los jueces de la dictadura franquista continuaron en democracia”

El funcionario de la ONU estuvo en España para entrevistar a distintas autoridades por la causa sobre las desapariciones durante la dictadura franquista. “Hay fiscales y jueces que comparten lo actuado por Baltasar Garzón, pero están muy aislados”, afirma.

 

Página /12 - Adrián Pérez 9/12/13

–Durante la visita a España, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Naciones Unidas, integrado por usted y Jasminka Dzumhur, se reunió con un amplio abanico de funcionarios, desde representantes del Poder Judicial hasta secretarios de Estado del gobierno de Mariano Rajoy. ¿Qué impresión se llevó de esos encuentros?

–Lo más interesante fue observar cierta apertura al diálogo en el sentido de responder a todas nuestras preguntas con información. No percibí una intención de ocultar o tener que atacar lo que nosotros íbamos a hacer. Es importante si se compara con la reacción de autoridades de otros países que asumen un tono mucho más defensivo, donde no se da información o simplemente se cuestionan las preguntas de los miembros del grupo. Hubo menos apertura en los encuentros con autoridades del Poder Judicial. La posición de los magistrados con los que nos reunimos fue mucho más categórica que las autoridades del gobierno.


–Esa apertura al diálogo, sin embargo, no se traduce en políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

–Lo que percibimos en las reuniones y la actitud de las autoridades en relación con nosotros no necesariamente representa un compromiso con las desapariciones forzadas. Tenemos muy claro que una cosa es el diálogo que podamos trabar con las autoridades y otra la evaluación que podemos hacer de las políticas públicas y las omisiones del gobierno. No lo vemos como una contradicción, sino como una de las formas en que el gobierno se relaciona con un organismo de Naciones Unidas, como nuestro grupo de trabajo.


–El panorama que describe muestra una actitud corporativa del Poder Judicial...

–Evidentemente, es una de las áreas donde mayores problemas hay para avanzar en el tema de desapariciones forzadas: dificultades con decisiones que están tomando en muchos aspectos; también la pasividad con que reaccionan ante casos de desapariciones forzadas de la Guerra Civil. Por un lado, está la manera en la que actúan en esos casos y, por otra parte, las teorías jurídicas que utilizan en sus decisiones.


–Ambas reacciones son problemáticas. ¿A qué responden?

–Una de las explicaciones que nos dieron es que, a diferencia de otros países que pasaron de dictadura a democracia, en España no hubo un quiebre en la conformación del Poder Judicial. Los jueces que vinieron de la dictadura franquista continuaron en la época democrática. Muchos de los que hoy son magistrados en los tribunales más altos de España ingresaron en la carrera judicial en la época del franquismo. De modo que hay una suerte de continuidad en la composición del Poder Judicial. Hay un hecho que nosotros vemos con preocupación. A Baltasar Garzón, el único juez que se animó a realizar una investigación seria y demostrar de manera sistémica que hubo violaciones gravísimas a los derechos humanos durante la Guerra Civil y la dictadura, no sólo se le revocó la decisión judicial, que hubiera sido suficiente para corregir los eventuales errores, sino que se lo juzgó por prevaricato, el peor delito que un magistrado puede cometer como juez.


–Aun cuando fue absuelto, el proceso judicial contra Garzón sentó un precedente negativo para la investigación de los crímenes del franquismo.

–Los jueces del Tribunal Supremo utilizaron el juicio para decir “estos son los principios que se tienen que aplicar” y señalar que no se pueden abrir investigaciones judiciales por las personas desaparecidas en el franquismo. Porque esos crímenes están prescriptos y los responsables están muertos; porque aplicaría la Ley de Amnistía; porque la desaparición forzada no es un delito continuado; porque no hay crímenes internacionales en el momento en que ocurren estas desapariciones. Esto es básicamente lo que dice el Tribunal, en una decisión donde no está convocada a expedirse sobre la causa judicial sino sobre la conducta del juez. Pero sienta esta jurisprudencia. Los jueces españoles pueden tomar la resolución del Tribunal Supremo, copiarla y cerrar todas las causas judiciales abiertas.


–Entonces la decisión del Tribunal Supremo produjo un efecto intimidatorio hacia el resto de los jueces.

–Al juez Garzón el Tribunal le dice que actuó erróneamente y ahora todos los demás jueces saben cuál es el error que cometió. De modo que si otro magistrado hoy reabre una causa judicial con la misma teoría que aplica Garzón, no sería una equivocación, sino que estaría actuando dolosamente, porque ya le dijeron cómo tenía que hacerlo. Mientras Garzón tenía abierta la causa, varios fiscales habían empezado a tomar las mismas teorías para impulsar investigaciones paralelas. Cuando el Tribunal Supremo dice esto, todas las causas se cierran. Garzón se declaró incompetente y transfirió la causa a setenta juzgados en todo el país para que continúen las investigaciones individualizadas. Todas, salvo dos, fueron archivadas copiando los argumentos del Tribunal Supremo. Desde entonces, ningún fiscal se animó a impulsar una investigación. Hoy quedan dos causas abiertas, que están congeladas sin que haya avances. Lo que se hizo, a través de esta decisión del Tribunal Supremo, fue establecer un cerrojo judicial para que no haya nuevas investigaciones en materia de desapariciones forzadas.


–Su grupo de trabajo propuso revisar la resolución del Tribunal Supremo y actuar en consecuencia.

–Nuestra esperanza es que el Tribunal Supremo revise su jurisprudencia o que existan jueces dispuestos a abrir espacios. Creemos posible que los magistrados tomen nuestras teorías y encuentren respaldo en el derecho internacional. Ese fue parte del objetivo que utilizamos al hacer nuestro informe preliminar.


–¿Por qué algunos jueces españoles podrían ser receptivos a las sugerencias del grupo de trabajo de la ONU? ¿Dónde observó gestos de apertura?

–En encuentros que mantuvimos fuera de las reuniones oficiales. Nos vimos con jueces y fiscales, de manera individual, que nos han pedido reuniones. No damos los nombres de las personas con las que nos vimos, pero sabemos que existe cierta voluntad de algunos jueces y fiscales.


–¿Qué inquietudes le manifestaron?

–Es necesario crear algún espacio de resguardo. Jueces y fiscales dispuestos a avanzar en estas investigaciones, que no acuerdan con las decisiones del Tribunal Supremo y coinciden, en líneas generales, con lo hecho por Garzón, se sienten aislados y con temor al potencial futuro de su carrera en el Poder Judicial o en la Procuración de Justicia.


–Además de Madrid, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias visitó Andalucía, Cataluña y el País Vasco. ¿Cuáles fueron los principales reclamos de las asociaciones de memoria histórica y de las víctimas del franquismo en esas comunidades autónomas?

–Quieren saber qué pasó con sus padres, abuelos, tíos. En todas partes, el reclamo fundamental tiene que ver con la verdad. Luego viene el pedido de justicia. La familiar de un desaparecido nos dijo: “El único juez que se animó a investigar terminó siendo procesado. Y a nosotros, que pedíamos la investigación de las desapariciones forzadas, nos archivaron todos los expedientes”. El tercer reclamo se relaciona con la reivindicación de la memoria. Necesitan que las fosas comunes sean preservadas. Eso se ve claramente en la política pública que están realizando en Cataluña, donde el gobierno ha puesto mucho énfasis en el proceso de dignificación de la memoria. Verdad Memoria y Justicia son los principales reclamos. Diría que el principal es Verdad.


–La jueza María Servini de Cubría ordenó la detención internacional de cuatro ex policías de la dictadura franquista. En su última visita a la Argentina, el abogado Carlos Slepoy pidió que las órdenes de detención alcancen a tres ex ministros de Franco y dos ex jueces. ¿Es posible llevar a cabo esta medida judicial en el contexto político de España? ¿Cuáles son los pasos que debe cumplir el Estado español en ese sentido?

–Si se aplican las teorías que el Tribunal Supremo sentó en el juzgamiento de Garzón habrá dificultades judiciales. Y, al mismo tiempo, el proceso de extradición en España requiere que la decisión final sea del Poder Ejecutivo y no del Poder Judicial. De modo que primero tiene que dar el visto bueno el Poder Judicial español. Una vez que autoriza la extradición, el Consejo de Ministros del Gobierno da el visto bueno final. El proceso va a ser sumamente complejo.


–¿Qué pasa si España rechaza las extradiciones?

–Si eso sucede, desde el punto de vista del derecho internacional España tiene la obligación de juzgarlos. Si no hace lugar a las extradiciones pero reabre las causas judiciales y prosigue con las investigaciones causaría un efecto muy bienvenido.


–Soledad Luque Delgado también viajó a Buenos Aires, donde presentó una querella por el robo de bebés en España. ¿Cómo analiza esos crímenes?

–Hay un espacio de apertura donde estamos viendo qué va a suceder y tiene que ver con la investigación de lo que en España llaman niños robados. Este proceso empezó en el contexto de la Guerra Civil y la dictadura pero parece que se mantuvo hasta bien entrada la democracia, en los ’80 y ’90. De acuerdo con la Fiscalía General, ninguno de estos casos ha prescripto; todos estos crímenes de sustitución de identidad son delitos que continúan cometiéndose en el tiempo. Estas dos teorías, si siguen avanzando, permitiría utilizar los mismos argumentos para investigar desapariciones forzadas. Si estas causas por robo de bebés prosperan, podría abrirse una brecha en ese cerrojo judicial.


–¿Por qué es necesaria la creación de una institución estatal independiente sobre personas desaparecidas en España?

–Porque es primordial darle visibilidad al tema y demostrar que el Estado asume su compromiso. La sola existencia de esta institución sería importantísima. A nivel nacional, en el gobierno español no hay un organismo que hable de desaparición, memoria y víctimas. La única entidad que existía, la oficina de atención a las víctimas, fue cerrada y absorbida dentro de la División de Derechos de Gracias y Otros Derechos del Ministerio de Justicia. No sólo se le quitó visibilidad: en los últimos dos años no tuvo presupuesto.


–¿Y cuáles serían los objetivos de esta institución estatal?

–Debería ser el espacio donde se compile toda la información que existe en materia de desaparición forzada en España. Hay innumerables estudios pero ningún organismo estatal los está sistematizando para analizar los patrones de represión o víctimas. Otro rol importante es coordinar con todas las iniciativas que se dan a nivel de las comunidades autónomas. Hemos visto, durante nuestro viaje, que en muchísimas comunidades se está avanzando, pero de manera descoordinada. Y también asumir la responsabilidad en el desarrollo y ejecución de un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas.


–¿Cuáles son las líneas de acción que debe atender este plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas?

–A nivel estatal, deben crearse equipos multidisciplinarios de búsqueda con arqueólogos, antropólogos, psicólogos, historiadores y abogados para llevar adelante los procesos de exhumación. En segundo lugar, este programa nacional tendría que centralizar información de lugares donde potencialmente pueda haber desaparecidos. En España existe un mapa con unas tres mil fosas comunes identificadas. No todas las comunidades autónomas han elaborado ese mapa de fosas. En tercer lugar, tendría que generar un proceso de apertura de todos los archivos que pueda haber a nivel estatal, de las comunidades autónomas y en poder de la Iglesia Católica. En cuarto lugar, es necesario crear planes de trabajo en coordinación y con la participación de las víctimas y las asociaciones de memoria. En quinto lugar, habría que hacer una revisión muy seria de los archivos sobre el Valle de los Caídos. En ese lugar hay 35 mil personas enterradas, tanto del bando nacional franquista como republicano, de las cuales doce mil están sin identificar.


–¿Qué otras recomendaciones hizo el grupo de trabajo?

–Es fundamental elaborar dos bases de datos que no existen: una base de datos genéticos de todas las personas que buscan a sus seres queridos y otra de datos genéticos de las exhumaciones que se realizan, con restos que al día de hoy no han sido identificados. El plan nacional, además, debe contar con recursos suficientes. Hoy no hay asignado un solo centavo por parte del Estado español para las exhumaciones.


–El paso del tiempo conspira para que esta iniciativa prospere.

–Este plan tiene que realizarse de manera urgente. Los últimos testigos o familiares que vieron con vida a las personas desaparecidas entre 1936 y 1939, período en el que se produjo el mayor número de esos crímenes, hoy tienen ochenta o noventa años. En una etapa prioritaria, el plan nacional debe obtener un registro oral y escrito de todas estas personas que tendrían algún tipo de información.


–Según usted, hasta la fecha fueron identificadas tres mil fosas. Pero podría haber más. ¿Cuántas se calculan en todo el territorio español en total?

–Nadie nos dio ese dato.


–Una demanda relacionada con la memoria tiene que ver con el Valle de los Caídos, monumento cuya construcción fue ordenada por el dictador Francisco Franco.

–Muchas de las víctimas de la dictadura consideran que éste no es un memorial donde sus seres queridos estén debidamente representados y tratados. Y mucho menos, en el mismo lugar donde está enterrado Franco. Otro tema paralelo en memoria se vincula con la quita de todos los símbolos y apologías de la época franquista: desde el cambio en el nombre de calles hasta la remoción de monumentos y placas recordatorias. Esto último ya se comenzó a realizar.


–¿Cómo interviene el Poder Judicial ante la existencia de fosas comunes? ¿Qué sucede en los ayuntamientos y comunidades autónomas?

–Hoy, si se realizan exhumaciones, los jueces no participan. Si se abre una fosa donde supuestamente hay una persona desaparecida, el fiscal no se apersona para proteger la escena del crimen. Muchas veces ni la policía está presente. Hay una renuencia total a cualquier intención de investigar. Algunas veces, los ayuntamientos prohíben realizar las exhumaciones, dependiendo del signo político que gobierne. El plan nacional debe tener un establecimiento claro de las responsabilidades institucionales y obligaciones para permitir las exhumaciones y excavaciones.


–Son las asociaciones de memoria, junto a los familiares, quienes mayormente llevan adelante excavaciones y exhumaciones. Pero, sin un protocolo que surja del mismo Estado, estas prácticas pueden perjudicar la identificación de los desaparecidos.

–La información que hemos recibido es que hay una capacidad profesional importante que se ha desarrollado sin ningún tipo de apoyo sistémico del Estado y sin un marco jurídico claro. Gran parte de las exhumaciones se hicieron con distinto grado de profesionalismo.


–En los procesos de exhumación que se practican en España no interviene, como sucede en la Argentina, una entidad con la expertise del Equipo Argentino de Antropología Forense.

–Lo más parecido que hay es una entidad científica del País Vasco: (Sociedad de Ciencias) Aranzadi. No hay nada como el Equipo Argentino de Antropología Forense.


–La experiencia del Equipo Argentino de Antropología, que llevó su colaboración a Irak, Guatemala, Libia y México, entre otros países, podría ser un importante aporte en la búsqueda de desaparecidos en España.

–Cualquier apoyo internacional que haya para mejorar la forma en que se realizan las exhumaciones es bienvenido.


–No son pocas las dificultades que enfrentan quienes buscan justicia. El alcance de La Ley de Memoria Histórica es limitado, la vigencia de la Ley de Amnistía sigue siendo un freno, no está tipificada la desaparición forzada en el ordenamiento judicial, España carece de una ley de acceso a la información y no se desclasifican los archivos de la dictadura. ¿Cómo pueden vencerse esas barreras?

–Esos obstáculos individuales tendrían que superarse a través de las acciones del Poder Judicial. Resolverlos de manera integral, en cambio, requiere una conjunción de los tres poderes del Estado. La tipificación del delito de desaparición forzada, de manera autónoma, demanda una intervención del Congreso, que también debería establecerlo como un delito continuado e imprescriptible. El Consejo de Ministros debe autorizar la desclasificación de archivos. La gran mayoría de los obstáculos podría ser superada, en principio, con un Poder Judicial mucho más activo que utilice, de manera más consistente, las normas internacionales en materia de derechos humanos. En países como Chile hubo importantísimos procesos judiciales y se logró condenar a muchas personas por desapariciones forzadas, aun cuando se mantiene la vigencia de la Ley de Amnistía y no hay un delito autónomo de desapariciones forzadas. Es posible juzgar si hay voluntad del Poder Judicial, a pesar de las limitaciones que imponen los Estados. El punto fundamental es qué actitud asumen los jueces frente a estos obstáculos.