El padre de Caín. Otra vergonzosa serie en Tele-5

“El cuartel de Intxaurrondo fue el mayor centro de torturas de Europa occidental”

Redacción. LQSomos. Noviembre 2016

La miniserie que va a estrenar Telecinco, El padre de Caín, no será ficción. Será propaganda fascista de la más dura que hayamos visto, un lavado de cara a Intxaurrondo.

Después de la vergonzosa hagiografía del filonazi Serrano Suñer, Tele 5 lleva a las pantallas El Padre de Caín, una miniserie sobre las vicisitudes de un guardia civil en Intxaurrondo en los años 80, basada en la novela homónima de Rafael Vera, un delincuente que justifica a otros delincuentes y sus “patanegra”.

Rafael Vera fue acusado por el secuestro de Segundo Marey y por malversación de fondos públicos para financiar los GAL, y esta afirmación no es que lo diga ningún extremista-radical-antisistema. Fue condenado a diez años de cárcel por el Tribunal Supremo por el secuestro de Segundo Marey, de

 los que apenas cumplió tres meses y volvió a ser condenado por malversación de fondos (ROBAR 3,8 millones de euros) a otros siete años de prisión, que también se quedaron en nada, como corresponde a un fiel colaborador y protegido del Estado, a pesar de estar ligado al siniestro y terrorista GAL.

Para quienes han (hemos) sufrido terribles torturas en el cuartel de Intxaurrondo y siguen esperando la verdad y la justicia, como la espera la familia de Mikel Zabalza, un joven muerto en sospechosas circunstancias a manos de los mismos guardias civiles que dos años antes habían enterrado en cal viva a Lasa y Zabala, nos parece una tomadura de pelo, pero de muy mal gusto.

El poder de la televisión para manipular sigue siendo tristemente sorprendente, después de la serie sobre el criminal asesino nazi-fascista Serrano Suñer, preparan la revisión (interesada) de una época criminal de asesinatos, “maletines” y tráfico de drogas para dulcificar lo que fue la cruda realidad.

 

Para saber más de Intxaurrondo y “alrededores”:
– La versión oficial en el caso Zabalza
– “Terrorismo” de estado
– El ‘informe Navajas’ sobre supuesta corrupción de guardias civiles de Intxaurrondo, nunca fue investigado por los jueces
– Cronología del ‘caso Marey’, la historia de un secuestro
– Lasa y Zabala treinta años después
– Entrevista a Ion Arretxe “Intxaurrondo, la sombra del nogal”

La embajada de Italia en Madrid acoge un homenaje a los fascistas italianos aliados de Franco

Juan Carlos Gentile (vestido de azul), secretario de l'ANCIS, y Francisco José Rodríguez Velasco (con medalla en el cuello)

El evento se celebrará este 4 de noviembre dentro del edificio consolar con la presencia de representantes de la Falange. Asociaciones de italianos residentes en el estado exigen que no se autorice el acto.

Por laRepublica.es - nov 3, 2015

Este miércoles 4 de noviembre, miembros de la Falange y de la Associazione Nazionale Combattenti in Spagna (l’ANCIS), se reencontrarán en la embajada italiana en Madrid para celebrar un acto de apología del fascismo. La sede diplomática de Roma en España esponsoriza este acto de una gira que l’ANCIS, la asociación nacional de los caídos, está haciendo estos días por la península coincidiendo con el 4 de noviembre, día de las fuerzas armadas italianas.

l’ANCIS es una asociación compuesta por nostálgicos mussolinianos, el secretario nacional de la que es Juan Carlos Gentile. La asociación también pertenece a la Unión Nacional de los Cuerpos de la República Social Italiana (UNCRSI). Hablamos de un momento muy oscuro de la historia de Italia, cuando después del armisticio del 8 de septiembre, los fascistas más duros, fundaron una república para seguir la guerra al lado de Hitler. En un comunicado fechado en 2012, l’ANCIS recordaba que “el fascismo realizaba junto a los deseos sociales y patrióticos de Italia, a pesar de no ser colocado en la parcialidad de la derecha o de la izquierda con las que ahora se separan los postizos parlamentos plutocráticos”.

Según fuentes de los coorganizadores del acto, la Falange con la Fundación Hispano Latina tomarán parte del mismo con la intención de homenajear a los militares italianos que Mussolini envió para ayudar Franco y combatir la República en 1937. Según los datos que ha podido recopilar la Directa provenientes de las mismas asociaciones fascistas, el viaje ha consistido en acompañar el Cuerpo de Tropas Voluntarias (CTV) en los lugares más representativos del Franquismo por toda la geografía española: el Valle de los Caídos, la Cripta de San Antonio en Zaragoza y el Alcazar de Toledo, para homenajear el “heroico defensor General Moscardó”. Sin embargo, es probable que no sean sólo ellos quienes participan de estos actos. El año pasado también hubo una representación del Movimiento Católico Español (MCE) y de Acción Juvenil Española (AJE), con su jefe nacional, José Luis Corral, a la cabeza.

Será este miércoles cuando se vivirá el momento más controvertido. El acto final de esta ruta se celebrará en la embajada de Italia en Madrid, situada en la calle Agustín de Betancourt número 3, para escenificar “la celebración de las fuerzas armadas italianas y el 97º aniversario de la victoria de la Primera Guerra mundial “. Desde hace años que los dos grupos se reencuentran en estos días, para reforzar “lazos de hermandad”. Ya se hizo la misma ruta en 2013, año en que se nombró Pietro Sebastiani como embajador del país transalpino. Sebastiani dejó claro sus posicionamientos sobre temáticas relacionadas con la memoria histórica. El mismo año de su nombramiento como máximo representante diplomático, diferentes asociaciones quisieron conmemorar los voluntarios italianos, antifascistas, con un acto en Madrid. Aunque invitar al cuerpo diplomático italiano en el estado, estos declinaron la invitación para que, tal como comunicó la secretaría del embajador, la celebración era “excesivamente política”.

Actualmente, asociaciones de italianos residentes en España han comenzado una campaña en la plataforma Change.org, pidiendo al embajador italiano que respete la legislación italiana, que prohíbe organizar manifestaciones fascistas en todo el territorio italiano, incluidas sus sedes diplomáticas.

La aviación italiana en Cataluña
La Guerra Civil española fue el primer conflicto armado que incorporó la aviación en las tácticas militares napoleónicas y donde se llevaron a cabo bombardeos sistemáticos contra población civil. La Legión Cóndor hitleriana y la Regia Aeronautica mussoliana fueron las encargadas de ejecutar las misiones aéreas y los bombardeos por toda España con el objetivo de aterrorizar y atemorizar a la población civil, causar el mayor número de bajas y desmoralizar el bando republicano. En 1938, la situación en el bando republicano era dramática debido a los desastres militares, los problemas de subsistencia y para la reproducción de los conflictos políticos internos. Tras la Batalla de Teruel las líneas del frente se acercaron hasta llegar al Principado. La actividad de la fuerza aérea nacionalcatólica se intensificó y la aviación italiana, con sede en Mallorca, aumentó el número de aviones Savoia-Marchetti 79 -conocidos como Esparvers- destinados a atacar la retaguardia catalana. A partir de este momento se sucedió un incremento progresivo de los bombardeos -en particular sobre Barcelona y Granollers a partir de marzo de 1938- con los precedentes de Durango, Guernica, Jaén y Figueras.

Fuente: La Directa

Txema Fernández Casado… hace 30 años, y ahora

 

vivirdebuenagana 6/3/15

 

Escribe Txema Fernández Casado en Facebook: “Los tiempos cambian una barbaridad. Hace 30 años me concedieron el Fotopres por esta imagen y hoy gracias a la “ley mordaza” seria premiada con una multa de hasta 30.000 euros…lo que es la inflación.”

 

Un sarcasmo, el de Fernández Casado, que esconde una verdad temible. No veo mejor manera de ilustrar la que se nos viene encima con la ley Mordaza.

Estoy seguro de que hay quien ni siente ni padece ante la realidad de unos recortes severos en la libertad de información y expresión, porque esa fotografía de una actitud criminal y canalla de hace treinta años no le dice nada.

Él estaba con quien empuñaba la pistola. Tampoco ahora, porque está en el mismo bando. El ministro Fernández persigue que esa escena pueda reproducirse y tener consecuencias que queden impunes por falta de pruebas.

Es una actitud dolosa a origen sobre la que no se ha puesto suficiente atención. Persiguen la impunidad de las actuaciones criminales y no otra cosa.

Persiguen que no quede rastro de atropellos criminales como los de Vitoria y Sanfermines 78, y tantos otros, ahora mismo. Todo lo que se escriba será poco, mientras se pueda.

Operación Ogro. Película completa

Ver película completa

Título original

Operación Ogro

Año

1979

Duración

100 min.

Director

Gillo Pontecorvo

Guión

Ugo Pirro & Giorgio Arlorio

Música

Ennio Morricone

Fotografía

Marcello Gatti

Reparto

Gian Maria Volonté, José Sacristán, Ángela Molina, Eusebio Poncela, Féodor Atkine, Fernando Chinarro, Nicole Garcia, Saverio Marconi, Georges Staquet, Ana Torrent

Productora

Coproducción España-Italia-Francia; Action Film / Sabre Films / Vides Cinematografica

Género

Thriller |  Basado en hechos reales

Sinopsis

En una casa del País Vasco, un hombre y una mujer recuerdan el pasado. En su juventud, él y otros tres hombres formaban un comando cuya misión era secuestrar al almirante Carrero Blanco para intercambiarlo por presos políticos. Sin embargo, cuando estaban a punto de cumplir su objetivo, Carrero fue nombrado Presidente del Gobierno y, entonces, los planes cambiaron. Aunque el hombre se está muriendo, sigue siendo partidario de la lucha armada. Mientras tanto, sus antiguos correligionarios creen que ha llegado la hora de seguir los cauces democráticos. (FILMAFFINITY)

Premios

1979: Premios David di Donatello: Mejor director

Tortura en España, la represión silenciada

El Ayuntamiento de Vitoria pide la extradición a Argentina del exministro franquista Martín Villa

 

Todos los grupos municipales menos el PP aprueban una moción pidiendo la extradición de los "responsables" de los sucesos del 3 de marzo de 1976 en los que murieron cinco trabajadores durante el desalojo de la iglesia de San Francisco del barrio de Zaramaga.

 

nuevatribuna.es | 24 Noviembre 2014 -                                                      

El Ayuntamiento de Vitoria ha pedido al Gobierno central que acceda a las órdenes de detención preventiva y posterior extradición a Argentina para la toma de declaración indagatoria dictada por la jueza María Servini, de las 19 personas imputadas vivas por crímenes cometidos durante la dictadura franquista, entre los que se encuentra el exministro Rodolfo Martín Villa.

 

Todos los grupos municipales han aprobado esta moción firmada por PNV, PSE-EE y EH Bildu, salvo el PP, formación que gobierna en el Consistorio y que se ha abstenido.

 

La magistrada ordenó a principios de mes la detención preventiva de los exministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, además de otros 18 acusados en la causa en la que investiga crímenes y desapariciones ocurridas durante el franquismo.

 

En este sentido, el Ayuntamiento de la capital alavesa ha pedido la extradición de los "responsables" de los sucesos del 3 de marzo de 1976 en los que murieron cinco trabajadores por disparos de la Policía y resultaron heridos un centenar, durante el desalojo de la iglesia de San Francisco del barrio de Zaramaga (Vitoria) en la que estaban celebrando una asamblea de trabajadores.

 

Entre estos "responsables" identifica al entonces ministro de Relaciones Sindicales, Rodolfo Martín Villa, el vicepresidente del Gobierno español, Alfonso Osorio, y el excapitán de la Policía Armada, Jesús Quintana. Además, reprueba "todas aquellas declaraciones que justifiquen y avalen la actuación criminal" cometida el 3 de marzo de 1976 en Vitoria.

 

La moción se aprueba unas semanas después de las declaraciones realizadas por el secretario de Justicia, Derechos y Libertades del PP, Iñaki Oyarzabal, en una revista en las que afirmaba que la magistrada argentina María Servini busca "convertir en un juicio sumarísimo" los sucesos del 3 de marzo de 1976, cuando, en su opinión, se trata de un "exceso en una carga policial" en el que los policías utilizaron armas de fuego "para defenderse en un momento en que se vieron acorralados por la multitud".

Justicia Universal: quince colaboradores del régimen franquista ¡a declarar!

El Fiscal Federal Ramiro González

Redacción/Agencias. LQSomos. Octubre 2014

La “Querella Argentina” avanza día a día, el fiscal Ramiro González pide que se cite a indagatoria a 15 ex funcionarios de la dictadura franquista, entre ellos figuran cinco ex ministros del dictador.

 

El fiscal federal Ramiro González pidió citar a declaración indagatoria a 15 ex funcionarios del gobierno del dictador y genocida Francisco Franco, en la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en el estado español y que lleva adelante la juez federal María Servini de Cubría en base al principio de “justicia universal”. González sugirió también a la jueza evaluar “la viabilidad” de abrir una investigación para que se aplique el protocolo con que se investiga la apropiación de niños durante el terrorismo de Estado en la Argentina para los casos que eventualmente existieran en España.

 

El fiscal también impulsa que se pidan medidas de prueba referidas al rol de la Iglesia española en el franquismo. Además, pidió librar orden de detención y extradición para tomar declaración indagatoria a Abelardo García Balaguer, por el caso de una de las víctimas, María Flor de Lis Díaz Carrasco.

 

La jueza deberá decidir si hace lugar a las medidas pedidas por la fiscalía. González solicitó a la magistrada librar un exhorto a España para que se remita “copia autenticada de toda la documentación, tanto los archivos oficiales como los reservados, existentes respecto de la detención, tortura y fusilamiento” del ex Presidente del gobierno catalán Lluís Companys i Jover, entre otras medidas de prueba sobre lo ocurrido con la víctima.

 

Las medidas fueron sugeridas en un extenso dictamen elaborado tras una visita a España junto con la jueza, donde se tomaron declaraciones testimoniales y se recopiló información. “Los acontecimientos materia de investigación consisten en hechos atroces de lesa humanidad/genocidio entre los que se encuentran torturas, homicidios, desapariciones forzadas de personas y sustracción de menores, privación ilegal de la libertad calificada por la imposición de torturas y demás ilícitos que se desprenden de las presentaciones efectuadas habrían tenido ocasión, de manera aproximada, durante el período comprendido entre el 17 de julio de 1936 y 15 de junio de 1977″, sostuvo González.

 

El 15 de junio de 1977 fueron las primeras elecciones parlamentarias libres y pluralistas en España desde el 16 de febrero de 1936, recordó el fiscal. González pidió la declaración indagatoria por existir “estado de sospecha” del ex ministro de la Presidencia del franquismo Antonio Carro Martínez, del ex vicepresidente Licinio de la Fuente, del ex ministro de Hacienda Antonio Barrera de Irimo y del ex de Justicia José María Sánchez-Ventura Pascual. También del ex ministro de la Presidencia Alfonso Osorio García, del ex integrante del Consejo de Guerra Carlos Rey González, del capitán de Policía Jesús Quintana Saracíbar, del ex juez Antonio Troncoso de Castro y de siete policías más: Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Pascual Honroado de la Fuente, Jesús Martínez Torres, Benjamín Solsona Cortés y Atilano del Valle Oter.

 

Además, estimó que “se debería determinar la existencia de procesos en el Reino de España donde se investiguen los hechos por sustracción, retención y ocultación de menores” denunciados en la causa.

 

“Habría que solicitar al Vaticano que remita toda la información que obre en sus registros respecto de la participación de la Iglesia Española en la creación de la cárcel de Zamora”, consideró el fiscal entre otras medidas de prueba pedidas.

 

Pidió además que se ordenen exhumaciones en fosas comunes de cementerios españoles en busca de familiares de querellantes en la causa. Y concurrir en persona junto a la jueza al Castillo de Montjuic, en Barcelona, para “conocer el lugar donde se llevaron a cabo parte de los hechos de los que fuera víctima” el ex presidente catalán Lluis Companys I Jover “junto a miles de personas” y obtener “información al respecto”.

 

Algunas “perlas” de estos nuevos imputados:

 

Antonio Carro Martínez (Lugo, 1923)

Firmó la sentencia de muerte que ejecutó por garrote vil al anarquista Salvador Puig Antich el 2 de marzo de 1974. Doctor en derecho, fue el último ministro de la Presidencia que tuvo el Gobierno de la dictadura (cargo que mantuvo de enero de 1974 a diciembre de 1976). Como tal, firmó también las últimas condenas de muerte que ordenó el régimen, y que ejecutaron por fusilamiento, el 27 de septiembre de 1975 en Madrid, Barcelona y Burgos, a José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui Etxebarria.

 

También ha sido profesor en la Universidad de Madrid y letrado en el Consejo de Estado. Se mantuvo en política como diputado en la Legislatura Constituyente de España (1977-1979) y a lo largo de cuatro legislaturas más como diputado electo del PP en la provincia de Lugo. Algunas de las víctimas del franquismo que se han querellado contra él son Merçona Puig Antich; María Vitoria Sánchez Bravo Xolla; Flor Baena Alonso, Manuel Blanco Chivite, Vladimiro Fernández Tovar, Pablo Mayoral Rueda y Fernando Sierra Marco.

 

- Licinio de la Fuente ( Noez, Toledo, 1923)

Al igual que Carro Martínez, firmó la sentencia de muerte de Puig Antich mientras era vicepresidente del Gobierno de Carlos Arias Navarro, puesto que tuvo entre 1974 y 1975. De 1969 a 1975 fue también ministro de Trabajo. Después se convertiría en uno de los fundadores de Alianza Popular y del Partido Popular (PP), antes de desembarcar en el ámbito privado y convertirse en consejero de hasta siete empresas (Dragados y Construcciones, Banco Central Hispano Hipotecario, Banco Gallego, Banco de Granada, Banco Internacional del Comercio, Española del Zinc, Ibermutua). Merçona Puig Antich se querella contra él.

 

- Antonio Barrera de Irimo (Ribadeo, Lugo, 1929)

Antes de dimitir como vicepresidente segundo del Gobierno franquista en 1974, firmó la sentencia a muerte de Salvador Puig Antich. Un año antes se desempeñó como ministro de Hacienda, siempre con Carlos Arias Navarro como presidente. Se licenció en Derecho y Economía. Su trabajo en la esfera privada comenzó a desarrollarse antes de llegar al Gobierno. Fue presidente de Telefónica de 1964 a 1973. En la actualidad, es vicepresidente de Unión Fenosa, consejero de Bull S.A, y presidente de Autogrill España. Su nombre figura en la querella presentada por Merçona Puig Antich.

 

- José María Sánchez-Ventura Pascual (Zaragoza, 1922)

A los cuatro meses de ser nombrado ministro de Justicia, en marzo de 1975, firmó la sentencia de muerte de los últimos cinco fusilados del franquismo, ejecutados el 27 de septiembre de 1975 (mencionados arriba). Licenciado en Derecho, ocupó varios puestos de relevancia antes de llegar al Ejecutivo franquista. De 1958 a 1961 dirigió el Colegio Mayor Universitario San Pablo, de Madrid. Entre 1966 y 1970 fue Delegado del Gobierno en el Canal de Isabel II de Madrid. En 1967, además, estuvo al frente del Consejo de Administración del periódico Informaciones. Está inculpado en los testimonios de Flor Baena Alonso. María Victoria Sánchez Bravo, Manuel Blanco Chivite, Pablo Mayoral Rueda, entre otros.

 

- Alfonso Osorio García (Santander, 1923)

Fundador de la UDE y diputado de la UCD, fue Ministro de la Presidencia durante el primer Gobierno de la monarquía, (diciembre de 1975-julio de 1976, con Arias Navarro). Licenciado en Derecho, y tras ser Subsecretario de comercio en 1965 y presidente de RENFE en 1968, fue vicepresidente de la petrolera British Petroleum en España. Los años que no estuvo en el Gobierno, entre 1965 y 1990, fue presidente de PETROMED. Se lo considera responsable, junto con otros, de la matanza de Vitoria del 3 de septiembre de 1976, que terminó con la vida de cinco personas. Está imputado en las querellas de Andoni Txasco y José Luis Martínez Ocio.

 

- Antonio Troncoso de Castro (Vitoria, 1941)

Diplomado en Derecho Penal Militar, fue Coronel Auditor del Cuerpo Jurídico Militar, Ex fiscal del Tribunal Supremo, Ex vocal del Tribunal Marítimo Central y abogado del Ilustre Colegio de Madrid. Durante la dictadura, fue vocal ponente del Consejo de Guerra Sumarísimo 31/69 que se aplicó contra 16 miembros de ETA acusados del asesinato de tres personas, en lo que se conoció como el Proceso de Burgos, en diciembre de 1970. Además participó en varios consejos de guerra y causas militares que enjuiciaron a opositores antifranquistas entre 1963 hasta el fin del régimen.

 

Como vocal ponente de los consejos de guerra, estaba encargado de asesorar jurídicamente al Tribunal y de redactar la sentencia. Ante el Proceso de Burgos, sentenció con dos condenas de muerte a Eduardo Uriarte Romero, Jokin Gorostidi Artola y Xabier Izko de la Iglesia; Mario Onaindia Natxiondo, Xabier Larena Martínez y Unai Dorronsoro Ceberio fueron sentenciados a una pena de muerte; y Jon Etxabe Garitacelaya y Enrique Guesalaga Larreta, a 50 años cada uno. Estos dos últimos son los que contra él se querellan.

 

También figura en las querellas de Ignacio García Arramberri y Jon Arrizabalaga Basterretxea, que fueron juzgados en el proceso 28/69 que sentenció a muerte al hermano de este último, Andoni, y de Alberto Gabikagogeaskoa Mentxaka, Josu Naberan Naberan y Javier Amuriza Zarraonoindia, enjuiciados a su vez en el proceso 66/69 (el llamado proceso a los curas vascos).

 

- Carlos Rey González

Como vocal del Consejo de Guerra que juzgó a Puig Antich, fue el único redactor de la sentencia a muerte por garrote vil que sentenció al antifranquista. Hoy es abogado en Barcelona, y ha representado a la presidenta del PP en Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, en el caso de espionaje político de la agencia Método 3, ya archivado. Contra él ha testimoniado Merçona Puig Antich.

 

@LQSomos

* TELAM

-Nota de “La Comuna”

– Nota del diario Página12

Homenaje franquista a quienes bombardearon Gernika

Este mismo sábado 23 de agosto, una localidad castellana será el escenario de un homenaje franquista a la Legión Cóndor, protagonistas del bombardeo de Gernika en 1937, una de las mayores masacres fascistas en tierras vascas. Varios usuarios en las redes sociales han pedido que se prohíba este acto. Sin embargo, no ha trascendido ninguna actuación institucional o judicial para evitarlo.

NAIZ 2014/08/22

Aguilar de Campoo es una localidad de algo más de 8.000 habitantes situada en la provincia castellana de Palencia. Para este sábado un grupo denominado ‘Tercios de Aguilar’ ha organizado un acto de homenaje a los que denominan «valientes voluntarios alemanes de la Legión Cóndor». Este destacamento tuvo gran repercusión en la deriva del golpe fascista de 1936 y en Euskal Herria es especialmente recordado por ser quien bombardeó Gernika el 26 de abril de 1937.

El bombardeo de Gernika supuso la destrucción del 99% de los edificios de la localidad vizcaina y la muerte de decenas de personas.

La convocatoria del acto ha sido reprendido en las redes sociales, donde algunos usuarios han solicitado la prohibición del mismo. Sin embargo, no ha trascendido ninguna actuación en ese sentido ni por parte del Ayuntamiento de la lodalidad castellana, compuesto por 8 conejales del PP, 4 del PSOE y 1 independiente; ni desde otras instancias judiciales o policiales.

La interpelación sí llegará al Parlamento Europeo. Un usuario alertó a través de Twitter a la europarlamentaria Izaskun Bilbao sobre el acto. Esta ha anunciado que presentará una pregunta en la Eurocámara basada en tres cuestiones: si la Comisión Europea considera este homenaje compatible con los programas de recuperación de la memoria histórica, si va a solicitar alguna información al respecto a las autoridades españolas y si alertará a los estados miembros de la «gravedad que tiene la permisividad ante este tipo de homenajes».

Ayuntamiento de Pamplona: paralicen la exposición dedicada al regimiento América 66

Personal del Hospital de Valdediós

Firma la petición para frenar esta exposición

Petición creada por

Maru Mangado Hedy Herrero

Pamplona, España

El pasado 12 de abril se homenajeó en la Ciudadela de Pamplona/Iruñea a los 3.500 navarros y navarras asesinados tras el golpe de estado de 1936 en una tierra en la que no hubo frente de guerra y cuya memoria, dignidad e incluso hasta la condición de víctimas tanto les cuesta reconocer a los representantes de la derecha navarra, herederos políticos de los asesinos que sumieron al país en un pozo de oscurantismo del que aún no hemos salido.

Allí, ante esa placa frente a los muros donde se asesinó a cientos de pamploneses -en un espectáculo público al que parte de la ciudadanía acudía como quien va al circo, y en el que no faltaba ni el chocolate con churros- se volvió a exigir a las administraciones públicas que sean capaces de reconocer adecuadamente que todas esas miles de personas fueron asesinadas por sus ideas políticas y que merecen ser tratadas como lo que son: víctimas de un golpe de estado y de un régimen terrorista y criminal que les arrebató la vida con una impunidad aún vigente.

El próximo 23 de mayo, a escasos metros de ese infausto paredón, se prevé inaugurar en la Sala de Armas y en el Polvorín de la Ciudadela, de propiedad municipal, la exposición "Regimiento de cazadores de montaña América 66. ‘1764-2014. Historia de 250 años de servicio a España". Parece ser que este cuerpo militar comenzó combatiendo en Veracruz (México) para hacerlo más tarde en el "Sitio de Gibraltar", en la defensa de Cádiz, en la "guerra de la independencia", en las tres guerras carlistas (tras las que queda definitivamente radicado en Navarra), en la campaña de Cuba y en la guerra de África.

Pero lo que nos interesa es que el entonces llamado "Regimiento de Infantería América nº 23 " fue una de las principales fuerzas con las que el general golpista Emilio Mola se levantó en armas en Pamplona contra la II República, encuadrándose en las llamadas "Brigadas Navarras" con las que llevó la muerte y el terror a Guipúzcoa, Santander, Asturias, Guadalajara, Toledo, Teruel, Lleida, etc….

Fueron miles las personas asesinadas desde el 19 de julio de 1936 por los integrantes de las "Brigadas Navarras" en las que se integraba el "Regimiento América", entre las que se encuentran las víctimas de episodios tan horrendos como el acontecido en el Hospital Psiquiátrico de La Calellada, en el Monasterio de Valdediós (Asturias), el 26 de octubre de 1937.

Ese día, soldados de las "Brigadas Navarras" que llegaron al hospital durante su avance hacia Oviedo, obligaron al personal del centro a organizar una fiesta con baile a la que tenían que asistir obligatoriamente las enfermeras. Después de cenar y beber abundantemente, comenzaron a violarlas indiscriminadamente. Al oír sus gritos, apareció un capellán castrense, que se limitó a darles la absolución y animó a los soldados a que hiciesen "lo que tienen que hacer". Tras ello, las obligaron a cavar su propia fosa y las asesinaron junto a cuatro celadores, al pinche de cocina y a una niña de 15 años. Sus restos los exhumó en julio de 2003 un equipo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi.

Estas fueron las "Brigadas Navarras" y ese su legado de terror y de asesinatos cometidos en la más absoluta impunidad. El actual escudo de armas del "Regimiento América 66" contiene 2 mundos separados bajo una corona real, entre dos columnas liadas de cintas con las palabras "Plus" y "Ultra". Venera como patrona a la "Purísima Concepción" y aún muestra las condecoraciones que le fueron otorgadas entre 1936 y 1939 por asesinar a miles de personas: 2 cruces laureadas de San Fernando y 8 medallas militares colectivas, violando flagrantemente el sentido común y las leyes de símbolos y de memoria histórica.

Ahora, el Ayuntamiento pretende celebrar esta exposición que es una auténtica humillación a las víctimas a bombo y platillo. Será que entiende que la apología del terrorismo forma parte de ese "servicio a España" del que alardea la exposición.

Ni nos lo merecemos ni podemos consentirlo. Firma la petición para pedirle al Ayuntamiento de Pamplona que paralice la exposición.

Para:
Teresa Lasheras Balduz (directora del area de cultura del Ayuntamiento de Pamplona), Directora del area de cultura del Ayuntamiento de Pamplona

Fermín Alonso Ibarra, Concejal Delegado de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Pamplona

Queremos, pedimos y exigimos que se paralice la exposicion del dia 23 de mayo en la Ciudadela, "Regimiento de cazadores de montaña ´America 66", el motivo es la actuacion de ese regimiento o como tambien se las conoce, Brigadas Navarras, durante la Guerra Civil.

Nos parece una falta de respeto hacia todas sus victimas y de hecho creemos que no se deberia realizar dicha exposición.

Atentamente,
[Tu nombre]

¿Qué empresas usaron a esclavos del franquismo?

• La explotación económica de los vencidos llevó a la dictadura franquista al extremo de emplear a más de 400.000 presos políticos como trabajadores forzados.
• Compañías públicas y privadas –algunas cotizan en el IBEX 35– resultaron beneficiarias de mano de obra gratuita en la mayoría de sectores productivos.
• El trabajo esclavo forma parte de la querella argentina contra los crímenes del franquismo y la Ley de Memoria Democrática prevé hacer "copartícipes" de la "reparación" de los reclusos a las "organizaciones" implicadas.

eldiario.es - Juan Miguel Baquero 26/04/2014 

El franquismo llegó al extremo de usar presos políticos como esclavos. Fiel a la explotación económica de los vencidos como "botín de guerra". Había que "reconstruir" el país y... ¿qué empresas emplearon mano de obra gratuita durante la dictadura? La iglesia, el ejército sublevado e instituciones públicas. Pero no sólo. Entidades privadas de casi cualquier sector se beneficiaron del empleo de más de 400.000 reclusos en régimen limítrofe a la esclavitud. Algunas cotizan hoy en el IBEX 35, herederas de aquellas actividades primigenias o extirpadas de su germen económico.

Para sortear la muerte por hambre o enfermedad, plato diario en las cárceles franquistas, incluso había detenidos que solicitaban su traslado a batallones de trabajadores forzados. Banús Hermanos, San Román, Huarte, Agromán o Dragados y Construcciones. Estas compañías, y otras muchas, aprovecharon la oportunidad que ofrecía el entramado diseñado a lomos de presidiarios "para alzar sus imperios económicos durante la dictadura franquista". Unos redimían condena, otros obtenían réditos de otro modo impensables. Así reza en el marco de la querella argentina que María Servini de Cubría instruye desde el Federal 1 de Buenos Aires, a denuncia del grupo de trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (RMHSA) de CGT. Y en la ley andaluza de memoria, que plantea hacer a estas y otras muchas empresas "copartícipes" de la "reparación" de esas víctimas.

"Botín de guerra" para los golpistas

"Ferroviarias como Norte, MZA, Renfe, constructoras como Entrecanales, San Román, Huarte o Banús, mineras como Duro, Babero, transformadoras de metales como Babor Wilckok, Astilleros de Cádiz, La Maquinista Terrestre". Una relación que el director científico del proyecto Todos (…) los nombres, José Luis Gutiérrez Molina, completa con "órdenes religiosas, ayuntamientos, confederaciones hidrográficas y diversas administraciones de Justicia o gubernativas". "¿Números? Más de 400.000 presos susceptibles de ser utilizados, en Andalucía más de 100.000", enumera. Los derrotados, "botín de guerra" para las fuerzas golpistas.

Eran "trabajadores, jornaleros y campesinos", en gran parte, y debían cargar con el "esfuerzo de la reconstrucción" del país. Una tarea abierta hasta 1956 que el coautor del libro El Canal de los Presos. Trabajos forzados: de la represión política a la explotación económica cuantifica en "al menos 800 millones de euros". "Desde el pequeño taller a la gran industria vasca, catalana o andaluza –cuenta Gutiérrez Molina–, no hubo sector industrial, comercial, agrario o de servicios que no contara, en mayor o menor número, con trabajadores esclavos".

El anteproyecto de Ley de Memoria Democrática de Andalucía señala (artículo 19): "Reparación por trabajos forzados. La Administración de la Junta de Andalucía impulsará actuaciones para hacer copartícipes de las medidas de reconocimiento y resarcimiento a las organizaciones que pudieron utilizar los trabajos forzados en su beneficio". El Gobierno autonómico, con el nuevo marco legal que reconoce la mano de obra esclava en trámite, no desvela aún cómo motivará la participación de las empresas implicadas.

Empresas implicadas que no reconocen el "abuso"

¿Quién debe responder por esos delitos? "En el caso de Alemania las empresas pagaron, pusieron la mitad del fondo de indemnizaciones y la otra la puso el Estado", compara el coordinador de RMHSA, Cecilio Gordillo, que declaró por videoconferencia en febrero ante la justicia argentina y sugiere "candidatos a ser convocados por la juez Servini". Caso de "Florentino Pérez, de Dragados y Construcciones (ACS), José Manuel Entrecanales, de Entrecanales y Távora (Acciona), Gonzalo Ferre, de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Julio Gómez-Pomar, de Renfe y Juan Miguel Villar Mir, de Huarte (OHL)". Actuales responsables de empresas, "o sus antecesoras", señala, que nunca reconocieron el "abuso". Como publicó Financial Times Magazine en el año 2003.

eldiario.es/andalucia se ha puesto en contacto con estas empresas, que han declinado hacer declaraciones al respecto. "No haremos ningún comentario sobre ese tema", una respuesta repetida que se extendió en la mayoría de los casos al momento en que, en teoría, la ley andaluza de memoria les conmine a participar en el reconocimiento a los trabajadores forzados. En ningún caso se negó la participación de las "antecesoras" de estas compañías e, incluso, hubo solicitud de información a este periódico "para conocer un poco más en qué consiste todo eso".

En sectores como la minería y la construcción, los presos fueron "imprescindibles". "El número de pantanos inaugurados por Franco, sin la mano de obra esclava, hubieran sido muchos menos, lo mismo que las líneas férreas, carreteras o aeropuertos", relata Gordillo. Obras, también, como el Valle de los Caídos. Para administrar los campos de concentración convertidos en "empresas de trabajo temporal", el régimen creó –el 11 de octubre de 1938– el Patronato Central de Redención de Penas por el Trabajo (PCRPT).

En su organigrama cabían, describe Gutiérrez Molina, "funcionarios de prisiones, de prensa y propaganda, un eclesiástico, un contable, varios ingenieros, auditores generales de los tres ejércitos y de los organismos públicos que más trabajadores empleaban". Como el Servicio Nacional de Regiones Devastadas, empresas ferroviarias intervenidas, el Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas y la Compañía de Caminos de Hierros del Norte. Por cada día de trabajo, un preso redimía dos de pena. El Estado, que cobraba una cantidad a la empresa beneficiaria, pagaba un jornal –"aunque no siempre cumplía"– del que descontaba la comida y la ropa del recluso.

Empresas que solicitaron trabajadores forzados

En Franquismo y trabajo esclavo, una deuda pendiente, el investigador José Luis Gutiérrez Molina expone una relación de 90 empresas que solicitaron y les fueron concedidos penados como mano de obra forzada. Una treintena corresponden a organismos oficiales, once a la iglesia católica, ocho al Ministerio del Ejército y el resto a compañías privadas y una institución benéfica (Fundación Elorz).

Instituciones públicas que usaron presos: Secretaría General del Consejo de Estado, Astilleros de Cádiz, Consejo Superior de Protección de Menores, Sindicato Nacional del Espectáculo, Regiones Devastadas de varias provincias, gobiernos civiles, direcciones generales, ayuntamientos… además, entre otras, de la Fundación Generalísimo Franco y la Jefatura de FET de las JONS en Lérida.

La iglesia reclamó trabajadores esclavos para obras en parroquias, conventos y otros edificios de Madrid, Barcelona, Cuenca, Murcia o Valladolid. Como empresas privadas, aparecen relacionadas con la metalurgia (Múgica, Arellano y Cía., Babock Wilcok, La Maquinista Terrestre y Marítima, Talleres Mercier o Industrias Egaña), la minería (Carbones Asturianos, Minera Estaño Silleda, Duro Felguera, Minería Industrial Pirenaica o Minas de Sillada), la construcción (Sociedad Constructora Ferroviaria o Ibérica de Construcciones y Obras Públicas), agricultura, mecánica, zapatería, espartería y fábricas de muebles, cristal, guantes o alpargatas.

El propio autor, junto a Dolores Martínez, en El trabajo esclavo de los presos políticos del franquismo en Andalucía, repasan los campos de concentración y trabajo instalados en la región, con el número de reclusos que acogieron y las fechas en que estuvieron activos. Además, establecen un listado con la relación de obras en que intervinieron prisioneros, presos y penados en Andalucía entre 1936 y 1956. Una lista casi interminable "que no se ha estudiado a fondo".

Y España votó la república

Francisco Arias Solis 13/4/14
Eibar, Sahagún y Jaca fueron las tres primeras ciudades que, el 13 de abril de 1931, un día antes de la fecha oficial, proclamaron la República.
 

A las diez y media de la mañana del lunes 13 de abril de 1931 el Presidente del Consejo de Ministros Juan Bautista Aznar-Cabañas entraba en el Palacio de Oriente de Madrid para celebrar el Consejo de Ministros. Preguntado por los periodistas sobre si habría crisis de gobierno, Aznar-Cabañas contestó: “¿Que si habrá crisis? ¿Qué más crisis desean ustedes que la de un país que se acuesta monárquico y se despierta republicano?

Los resultados de las elecciones municipales del domingo 12 de abril de 1931 suponían a la Corona una amplia derrota en los núcleos urbanos: la corriente republicana había triunfado en 41 capitales de provincia. En Madrid, los concejales republicanos triplicaban a los monárquicos, y en Barcelona los cuadruplicaban.

En la reunión del Gobierno el ministro de Fomento Juan de la Cierva y Peñafiel defiende la resistencia: "Hay que constituir un gobierno de fuerza, implantar la censura y resistir". Le apoyan otros dos ministros, Gabino Bugallal, conde de Bugallal, y Manuel García Prieto, marqués de Alhucemas. El resto de ministros, encabezados por el conde de Romanones, piensan que está todo perdido, sobre todo cuando se van recibiendo las respuestas titubeantes de los capitanes generales al telegrama que les ha enviado horas antes el ministro de la guerra, el general Dámaso Berenguer, y en el que les ha aconsejado seguir "el curso que les imponga la suprema voluntad nacional".

Las ciudades de Sahagún (León), Éibar (Guipúzcoa) y Jaca (Huesca) fueron las tres únicas ciudades que proclamaron la República un día antes de la fecha oficial, el 13 de abril de 1931. El Gobierno de la II República española les concedería posteriormente el título de Ilustrísimas Ciudades.

38 años del 3 de Marzo de 1976. 5 trabajadores asesinados

IU - 3/3/14
38 años del 3 de Marzo de 1976. 5 trabajadores asesinados y más de 100 heridos por la policía:

• Bienvenido Pereda
• Francisco Aznar
• Romualdo Barroso
• Pedro M. Martínez Ocio
• José García

Qué su nombre no se borre de la historia!

Paco Etxeberria ...

 

 

14/02/2014

Paco Etxeberria es uno de los forenses más reputados del mundo.

Violan a una mujer brasileña en una comisaría de Bilbao y nadie es condenado. Pese a que la mujer consiguió identificar en 13 ruedas de reconocimiento en las que comparecieron 65 policías al acusado de la violación y ahora absuelto, Valentín González González, algunas de las imprecisiones en sus declaraciones no permiten una sentencia condenatoria.

http://elpais.com/diario/1998/06/17/paisvasco/898112412_850215.html

La terrible historia del brigadista Nicola Jolic, 'El croata'

Campo de concentración de Nanclares

Llegó a España para defender la República y acabó de prisionero en Nanclares e ingresado en Las Nieves. En más de 60 años en Álava jamás pronunció una sola palabra

El Correo.com  - Francisco Góngora 09.12.13

Las enfermedades mentales pueden llegar a producir situaciones inimaginables para cualquier ser humano. La biografía de Nicola Jolic, un croata nacido en Triluka, en la actual Bosnia-Herzegovina, en 1912, es una de esas historias que dan vértigo a los propios profesionales de la salud mental alavesa. Llegó a España como voluntario de las Brigadas Internacionales durante la Guerra Civil. Fue hecho prisionero por los nacionales y en ese momento comenzaron sus desgracias. Debió pasar algunos años en los campos de concentración españoles antes de recalar finalmente en el de Nanclares de la Oca.

Nicola Jolic se sumergió en el silencio desde entonces. De vez en cuando aparecían algunos supuestos familiares que se preocupaban de su situación. Pero no había respuesta por parte del croata. En 1959 se recibió la carta de un fraile yugoslavo afincado en Madrid, que aseguraba que su esposa se interesaba por su estado. Tres años después era la Cruz Roja la que intermedió con la presunta familia de Jolic en Yugoslavia, al tiempo que le informaban de la existencia de una hermana suya en Toronto, Canadá. Los escritos de la Cruz Roja se repitieron. Pero las respuestas a estas cartas se realizaban a través de la asistente social ya que el hombre no abandonaba su mutismo. En 1971 era el arzobispo de Banja Luka, población de Bosnia, el que volvía a interesarse por su compatriota sin obtener respuesta. También el año 1975 la asistente social recibe una misiva de la sobrina en la que le agradece haber sabido algo sobre Nicola que según los datos que obran en los archivos de Las Nieves reflejan “una alegría manifiesta por estas circunstancias”.

Durante 10 años no ocurrió nada nuevo hasta que apareció otro nuevo sobrino, éste en Alemania, que coincide con un escrito de la embajada yugoslava, a la que se le propone una repatriación de Jolic a un psiquiátrico local. Pero no se termina el asunto y la antigua Yugoslavia comienza una guerra civil que impide la solución apropiada.

A comienzos de los años 90, la reforma del código civil español cambia la situación de todos los internos de Las Nieves y se regulariza su estatus. Se pretendía comprobar si existían personas ingresadas en contra de su voluntad, además de conseguir la tutela por parte de las familias y la desinstitucionalización de los pacientes. Pero Nicola ya se hallaba imposibilitado para vivir fuera del centro.

Murió nonagenario

Con el transcurso de los años, tal y como sucede en las fases más tardías de la enfermedad que padecía Nicola se fue tranquilizando. Pasó décadas de pie, callado –nunca llegó a pronunciar una frase en castellano- pero al envejecer se sentó, permaneció igual de silencioso, y perdió la vista sin que nadie lo notara hasta que necesitó ayuda para deambular. Pasó sus últimos años encamado, silencioso, como siempre y murió tranquilo, ya nonagenario, después de que sus tutores acordaran con el médico internista evitar maniobras intervencionistas dejando que las cosas discurrieran por el camino más natural posible.

Jolic pertenecía, según la bibliografía psicogeriátrica británica, a la categoría de los ‘graduados’, pacientes resistentes y excéntricos que necesitan muy poca asistencia hasta que enferman físicamente con el paso de los años y que se caracterizan por una excelente adaptación a la vida hospitalaria. Pacientes a los que ha sido imposible externalizar adecuadamente en las sucesivas oleadas de programas de desinstitucionalización. A ellos se debe en parte el avance de las terapias y rehabilitaciones de la psiquiatría, porque con ellos se ha experimentado de todo. Un pequeño texto del psiquiatra Juan Medrano y del médico y presidente de la Fundación Tutelar para Personas con Enfermedad Mental de Álava , Ramón Díaz de Otazu, titulado ‘confieso que han vivido’ trata de dignificar la vida de personas como Jolic. A eso contribuye la fundación Beroa que tutela a estas personas y las acompaña a lo largo de su vida.

Medrano y Díaz de Otazu reflejan y llaman la atención sobre la soledad y el aislamiento de las vidas de personas como Jolic o C., otro enfermo esquizofrénico que había estado en Las Nieves más tiempo aún que Nicola. “Fueron muy pocas personas a los funerales de Nicola Jolic y C. Casi todas eran feligreses habituales de la parroquia a esa hora de la tarde, y nunca habían oído hablar de ellos. Sin deudos que los echen en falta y sin más historia que su institucionalización en realidad fallecieron por segunda vez. La enfermedad y el internamiento les llevaron a su primera muerte, la del olvido de los olvidados por la sociedad. Hoy sus cuerpos descansan en dos tumbas contiguas. Pronto unas lápidas reivindicarán su recuerdo y confesarán que existieron dos personas con su nombre”.

Cuadra: "Pasados ya 77 años de aquel golpe criminal, el franquismo sigue dando coletazos"

“Los jueces de la dictadura franquista continuaron en democracia”

El funcionario de la ONU estuvo en España para entrevistar a distintas autoridades por la causa sobre las desapariciones durante la dictadura franquista. “Hay fiscales y jueces que comparten lo actuado por Baltasar Garzón, pero están muy aislados”, afirma.

 

Página /12 - Adrián Pérez 9/12/13

–Durante la visita a España, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Naciones Unidas, integrado por usted y Jasminka Dzumhur, se reunió con un amplio abanico de funcionarios, desde representantes del Poder Judicial hasta secretarios de Estado del gobierno de Mariano Rajoy. ¿Qué impresión se llevó de esos encuentros?

–Lo más interesante fue observar cierta apertura al diálogo en el sentido de responder a todas nuestras preguntas con información. No percibí una intención de ocultar o tener que atacar lo que nosotros íbamos a hacer. Es importante si se compara con la reacción de autoridades de otros países que asumen un tono mucho más defensivo, donde no se da información o simplemente se cuestionan las preguntas de los miembros del grupo. Hubo menos apertura en los encuentros con autoridades del Poder Judicial. La posición de los magistrados con los que nos reunimos fue mucho más categórica que las autoridades del gobierno.


–Esa apertura al diálogo, sin embargo, no se traduce en políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

–Lo que percibimos en las reuniones y la actitud de las autoridades en relación con nosotros no necesariamente representa un compromiso con las desapariciones forzadas. Tenemos muy claro que una cosa es el diálogo que podamos trabar con las autoridades y otra la evaluación que podemos hacer de las políticas públicas y las omisiones del gobierno. No lo vemos como una contradicción, sino como una de las formas en que el gobierno se relaciona con un organismo de Naciones Unidas, como nuestro grupo de trabajo.


–El panorama que describe muestra una actitud corporativa del Poder Judicial...

–Evidentemente, es una de las áreas donde mayores problemas hay para avanzar en el tema de desapariciones forzadas: dificultades con decisiones que están tomando en muchos aspectos; también la pasividad con que reaccionan ante casos de desapariciones forzadas de la Guerra Civil. Por un lado, está la manera en la que actúan en esos casos y, por otra parte, las teorías jurídicas que utilizan en sus decisiones.


–Ambas reacciones son problemáticas. ¿A qué responden?

–Una de las explicaciones que nos dieron es que, a diferencia de otros países que pasaron de dictadura a democracia, en España no hubo un quiebre en la conformación del Poder Judicial. Los jueces que vinieron de la dictadura franquista continuaron en la época democrática. Muchos de los que hoy son magistrados en los tribunales más altos de España ingresaron en la carrera judicial en la época del franquismo. De modo que hay una suerte de continuidad en la composición del Poder Judicial. Hay un hecho que nosotros vemos con preocupación. A Baltasar Garzón, el único juez que se animó a realizar una investigación seria y demostrar de manera sistémica que hubo violaciones gravísimas a los derechos humanos durante la Guerra Civil y la dictadura, no sólo se le revocó la decisión judicial, que hubiera sido suficiente para corregir los eventuales errores, sino que se lo juzgó por prevaricato, el peor delito que un magistrado puede cometer como juez.


–Aun cuando fue absuelto, el proceso judicial contra Garzón sentó un precedente negativo para la investigación de los crímenes del franquismo.

–Los jueces del Tribunal Supremo utilizaron el juicio para decir “estos son los principios que se tienen que aplicar” y señalar que no se pueden abrir investigaciones judiciales por las personas desaparecidas en el franquismo. Porque esos crímenes están prescriptos y los responsables están muertos; porque aplicaría la Ley de Amnistía; porque la desaparición forzada no es un delito continuado; porque no hay crímenes internacionales en el momento en que ocurren estas desapariciones. Esto es básicamente lo que dice el Tribunal, en una decisión donde no está convocada a expedirse sobre la causa judicial sino sobre la conducta del juez. Pero sienta esta jurisprudencia. Los jueces españoles pueden tomar la resolución del Tribunal Supremo, copiarla y cerrar todas las causas judiciales abiertas.


–Entonces la decisión del Tribunal Supremo produjo un efecto intimidatorio hacia el resto de los jueces.

–Al juez Garzón el Tribunal le dice que actuó erróneamente y ahora todos los demás jueces saben cuál es el error que cometió. De modo que si otro magistrado hoy reabre una causa judicial con la misma teoría que aplica Garzón, no sería una equivocación, sino que estaría actuando dolosamente, porque ya le dijeron cómo tenía que hacerlo. Mientras Garzón tenía abierta la causa, varios fiscales habían empezado a tomar las mismas teorías para impulsar investigaciones paralelas. Cuando el Tribunal Supremo dice esto, todas las causas se cierran. Garzón se declaró incompetente y transfirió la causa a setenta juzgados en todo el país para que continúen las investigaciones individualizadas. Todas, salvo dos, fueron archivadas copiando los argumentos del Tribunal Supremo. Desde entonces, ningún fiscal se animó a impulsar una investigación. Hoy quedan dos causas abiertas, que están congeladas sin que haya avances. Lo que se hizo, a través de esta decisión del Tribunal Supremo, fue establecer un cerrojo judicial para que no haya nuevas investigaciones en materia de desapariciones forzadas.


–Su grupo de trabajo propuso revisar la resolución del Tribunal Supremo y actuar en consecuencia.

–Nuestra esperanza es que el Tribunal Supremo revise su jurisprudencia o que existan jueces dispuestos a abrir espacios. Creemos posible que los magistrados tomen nuestras teorías y encuentren respaldo en el derecho internacional. Ese fue parte del objetivo que utilizamos al hacer nuestro informe preliminar.


–¿Por qué algunos jueces españoles podrían ser receptivos a las sugerencias del grupo de trabajo de la ONU? ¿Dónde observó gestos de apertura?

–En encuentros que mantuvimos fuera de las reuniones oficiales. Nos vimos con jueces y fiscales, de manera individual, que nos han pedido reuniones. No damos los nombres de las personas con las que nos vimos, pero sabemos que existe cierta voluntad de algunos jueces y fiscales.


–¿Qué inquietudes le manifestaron?

–Es necesario crear algún espacio de resguardo. Jueces y fiscales dispuestos a avanzar en estas investigaciones, que no acuerdan con las decisiones del Tribunal Supremo y coinciden, en líneas generales, con lo hecho por Garzón, se sienten aislados y con temor al potencial futuro de su carrera en el Poder Judicial o en la Procuración de Justicia.


–Además de Madrid, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias visitó Andalucía, Cataluña y el País Vasco. ¿Cuáles fueron los principales reclamos de las asociaciones de memoria histórica y de las víctimas del franquismo en esas comunidades autónomas?

–Quieren saber qué pasó con sus padres, abuelos, tíos. En todas partes, el reclamo fundamental tiene que ver con la verdad. Luego viene el pedido de justicia. La familiar de un desaparecido nos dijo: “El único juez que se animó a investigar terminó siendo procesado. Y a nosotros, que pedíamos la investigación de las desapariciones forzadas, nos archivaron todos los expedientes”. El tercer reclamo se relaciona con la reivindicación de la memoria. Necesitan que las fosas comunes sean preservadas. Eso se ve claramente en la política pública que están realizando en Cataluña, donde el gobierno ha puesto mucho énfasis en el proceso de dignificación de la memoria. Verdad Memoria y Justicia son los principales reclamos. Diría que el principal es Verdad.


–La jueza María Servini de Cubría ordenó la detención internacional de cuatro ex policías de la dictadura franquista. En su última visita a la Argentina, el abogado Carlos Slepoy pidió que las órdenes de detención alcancen a tres ex ministros de Franco y dos ex jueces. ¿Es posible llevar a cabo esta medida judicial en el contexto político de España? ¿Cuáles son los pasos que debe cumplir el Estado español en ese sentido?

–Si se aplican las teorías que el Tribunal Supremo sentó en el juzgamiento de Garzón habrá dificultades judiciales. Y, al mismo tiempo, el proceso de extradición en España requiere que la decisión final sea del Poder Ejecutivo y no del Poder Judicial. De modo que primero tiene que dar el visto bueno el Poder Judicial español. Una vez que autoriza la extradición, el Consejo de Ministros del Gobierno da el visto bueno final. El proceso va a ser sumamente complejo.


–¿Qué pasa si España rechaza las extradiciones?

–Si eso sucede, desde el punto de vista del derecho internacional España tiene la obligación de juzgarlos. Si no hace lugar a las extradiciones pero reabre las causas judiciales y prosigue con las investigaciones causaría un efecto muy bienvenido.


–Soledad Luque Delgado también viajó a Buenos Aires, donde presentó una querella por el robo de bebés en España. ¿Cómo analiza esos crímenes?

–Hay un espacio de apertura donde estamos viendo qué va a suceder y tiene que ver con la investigación de lo que en España llaman niños robados. Este proceso empezó en el contexto de la Guerra Civil y la dictadura pero parece que se mantuvo hasta bien entrada la democracia, en los ’80 y ’90. De acuerdo con la Fiscalía General, ninguno de estos casos ha prescripto; todos estos crímenes de sustitución de identidad son delitos que continúan cometiéndose en el tiempo. Estas dos teorías, si siguen avanzando, permitiría utilizar los mismos argumentos para investigar desapariciones forzadas. Si estas causas por robo de bebés prosperan, podría abrirse una brecha en ese cerrojo judicial.


–¿Por qué es necesaria la creación de una institución estatal independiente sobre personas desaparecidas en España?

–Porque es primordial darle visibilidad al tema y demostrar que el Estado asume su compromiso. La sola existencia de esta institución sería importantísima. A nivel nacional, en el gobierno español no hay un organismo que hable de desaparición, memoria y víctimas. La única entidad que existía, la oficina de atención a las víctimas, fue cerrada y absorbida dentro de la División de Derechos de Gracias y Otros Derechos del Ministerio de Justicia. No sólo se le quitó visibilidad: en los últimos dos años no tuvo presupuesto.


–¿Y cuáles serían los objetivos de esta institución estatal?

–Debería ser el espacio donde se compile toda la información que existe en materia de desaparición forzada en España. Hay innumerables estudios pero ningún organismo estatal los está sistematizando para analizar los patrones de represión o víctimas. Otro rol importante es coordinar con todas las iniciativas que se dan a nivel de las comunidades autónomas. Hemos visto, durante nuestro viaje, que en muchísimas comunidades se está avanzando, pero de manera descoordinada. Y también asumir la responsabilidad en el desarrollo y ejecución de un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas.


–¿Cuáles son las líneas de acción que debe atender este plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas?

–A nivel estatal, deben crearse equipos multidisciplinarios de búsqueda con arqueólogos, antropólogos, psicólogos, historiadores y abogados para llevar adelante los procesos de exhumación. En segundo lugar, este programa nacional tendría que centralizar información de lugares donde potencialmente pueda haber desaparecidos. En España existe un mapa con unas tres mil fosas comunes identificadas. No todas las comunidades autónomas han elaborado ese mapa de fosas. En tercer lugar, tendría que generar un proceso de apertura de todos los archivos que pueda haber a nivel estatal, de las comunidades autónomas y en poder de la Iglesia Católica. En cuarto lugar, es necesario crear planes de trabajo en coordinación y con la participación de las víctimas y las asociaciones de memoria. En quinto lugar, habría que hacer una revisión muy seria de los archivos sobre el Valle de los Caídos. En ese lugar hay 35 mil personas enterradas, tanto del bando nacional franquista como republicano, de las cuales doce mil están sin identificar.


–¿Qué otras recomendaciones hizo el grupo de trabajo?

–Es fundamental elaborar dos bases de datos que no existen: una base de datos genéticos de todas las personas que buscan a sus seres queridos y otra de datos genéticos de las exhumaciones que se realizan, con restos que al día de hoy no han sido identificados. El plan nacional, además, debe contar con recursos suficientes. Hoy no hay asignado un solo centavo por parte del Estado español para las exhumaciones.


–El paso del tiempo conspira para que esta iniciativa prospere.

–Este plan tiene que realizarse de manera urgente. Los últimos testigos o familiares que vieron con vida a las personas desaparecidas entre 1936 y 1939, período en el que se produjo el mayor número de esos crímenes, hoy tienen ochenta o noventa años. En una etapa prioritaria, el plan nacional debe obtener un registro oral y escrito de todas estas personas que tendrían algún tipo de información.


–Según usted, hasta la fecha fueron identificadas tres mil fosas. Pero podría haber más. ¿Cuántas se calculan en todo el territorio español en total?

–Nadie nos dio ese dato.


–Una demanda relacionada con la memoria tiene que ver con el Valle de los Caídos, monumento cuya construcción fue ordenada por el dictador Francisco Franco.

–Muchas de las víctimas de la dictadura consideran que éste no es un memorial donde sus seres queridos estén debidamente representados y tratados. Y mucho menos, en el mismo lugar donde está enterrado Franco. Otro tema paralelo en memoria se vincula con la quita de todos los símbolos y apologías de la época franquista: desde el cambio en el nombre de calles hasta la remoción de monumentos y placas recordatorias. Esto último ya se comenzó a realizar.


–¿Cómo interviene el Poder Judicial ante la existencia de fosas comunes? ¿Qué sucede en los ayuntamientos y comunidades autónomas?

–Hoy, si se realizan exhumaciones, los jueces no participan. Si se abre una fosa donde supuestamente hay una persona desaparecida, el fiscal no se apersona para proteger la escena del crimen. Muchas veces ni la policía está presente. Hay una renuencia total a cualquier intención de investigar. Algunas veces, los ayuntamientos prohíben realizar las exhumaciones, dependiendo del signo político que gobierne. El plan nacional debe tener un establecimiento claro de las responsabilidades institucionales y obligaciones para permitir las exhumaciones y excavaciones.


–Son las asociaciones de memoria, junto a los familiares, quienes mayormente llevan adelante excavaciones y exhumaciones. Pero, sin un protocolo que surja del mismo Estado, estas prácticas pueden perjudicar la identificación de los desaparecidos.

–La información que hemos recibido es que hay una capacidad profesional importante que se ha desarrollado sin ningún tipo de apoyo sistémico del Estado y sin un marco jurídico claro. Gran parte de las exhumaciones se hicieron con distinto grado de profesionalismo.


–En los procesos de exhumación que se practican en España no interviene, como sucede en la Argentina, una entidad con la expertise del Equipo Argentino de Antropología Forense.

–Lo más parecido que hay es una entidad científica del País Vasco: (Sociedad de Ciencias) Aranzadi. No hay nada como el Equipo Argentino de Antropología Forense.


–La experiencia del Equipo Argentino de Antropología, que llevó su colaboración a Irak, Guatemala, Libia y México, entre otros países, podría ser un importante aporte en la búsqueda de desaparecidos en España.

–Cualquier apoyo internacional que haya para mejorar la forma en que se realizan las exhumaciones es bienvenido.


–No son pocas las dificultades que enfrentan quienes buscan justicia. El alcance de La Ley de Memoria Histórica es limitado, la vigencia de la Ley de Amnistía sigue siendo un freno, no está tipificada la desaparición forzada en el ordenamiento judicial, España carece de una ley de acceso a la información y no se desclasifican los archivos de la dictadura. ¿Cómo pueden vencerse esas barreras?

–Esos obstáculos individuales tendrían que superarse a través de las acciones del Poder Judicial. Resolverlos de manera integral, en cambio, requiere una conjunción de los tres poderes del Estado. La tipificación del delito de desaparición forzada, de manera autónoma, demanda una intervención del Congreso, que también debería establecerlo como un delito continuado e imprescriptible. El Consejo de Ministros debe autorizar la desclasificación de archivos. La gran mayoría de los obstáculos podría ser superada, en principio, con un Poder Judicial mucho más activo que utilice, de manera más consistente, las normas internacionales en materia de derechos humanos. En países como Chile hubo importantísimos procesos judiciales y se logró condenar a muchas personas por desapariciones forzadas, aun cuando se mantiene la vigencia de la Ley de Amnistía y no hay un delito autónomo de desapariciones forzadas. Es posible juzgar si hay voluntad del Poder Judicial, a pesar de las limitaciones que imponen los Estados. El punto fundamental es qué actitud asumen los jueces frente a estos obstáculos.

El mando 3325 del «caso Cabacas» fue quien ordenó cargar en el entierro de Lasa y Zabala en Tolosa

El mando 3325 del «caso Cabacas» 

La primera la ordenó el mando 3325 que también dirigió el dispositivo en el que mataron a Iñigo Cabacas. Al frente de la segunda estuvo Jorge Aldekoa.

Gara - Iñaki Iriondo - Gasteiz 2013/12/05

El 21 de junio de 1995, cuando familiares y allegados de Joxi Zabala y Josean Lasa trataban de enterrar sus restos, la Ertzaintza cargó dentro del cementerio de Tolosa, causando varios heridos. ETB ofreció imágenes que conmocionaron a buena parte de la ciudadanía vasca.

El hermano de Josean Lasa describió así los hechos: «Nos disponíamos a poner unas flores encima de los féretros y, a la voz de `cargar, cargar', el mando de la Ertzaintza creó una situación que no tiene ninguna explicación. Describir lo que pasó en aquel momento... se me pone un nudo en la garganta. Ver las coronas por los aires, los familiares por los suelos, la gente llorando, los golpes... la verdad es que describir todo ese dolor es muy difícil».

Ese mando que en 1995 grita «cargar, cargar» en el cementerio de Tolosa, que viste de paisano con un jersey negro y gafas de sol, ha sido ahora reconocido, -a raíz de las informaciones ofrecidas por este diario sobre el operativo en el que mataron a Iñigo Cabacas- como el ertzaina con número profesional 3325, y que era uno de los dos máximos responsables del dispositivo del 5 de abril de 2012 en la zona del callejón María Díaz de Haro.

Se trata del mando que el entonces jefe de la Ertzaintza, Antonio Varela, señala en su comparecencia en el Parlamento como el número dos de Jorge Aldekoa en la comisaría de Bilbo. Según relató Varela a los parlamentarios, «el segundo suyo, que estaba allí también y que se desplazó inmediatamente al lugar de los incidentes, es una persona que ha sido subjefe de la Brigada Móvil, precisamente, un profesional con muchos años de experiencia».

En las declaraciones judiciales de varios de los ertzainas que participaron en la carga que hirió mortalmente de un pelotazo en la cabeza a Iñigo Cabacas, se da cuenta de la presencia en la zona, vestido de paisano, de un mando al que todos atribuyen mucho poder.

Actuación «adecuada»

La carga de la Ertzaintza en el cementerio de Tolosa está grabada en la memoria de muchos de quienes en aquella época tenían uso de razón. Sin embargo, nunca tuvo ningún reproche ni penal ni disciplinario.

La Audiencia Provincial de Gipuzkoa acabó archivando la denuncia presentada por los familiares de Lasa y Zabala. Según la juez, la carga fue «desde todo punto de vista justificada». Y dictó que comenzó cuando una persona trató de arrebatar el arma a uno de los ertzainas.

Esta era la versión que el Departamento de Interior, que entonces dirigía Juan María Atutxa, puso en circulación al día siguiente de que se produjeran los hechos. Sin embargo, en la comparecencia parlamentaria del 28 de junio de 1995, el viceconsejero de Seguridad, José Manuel Martiarena, señala que los golpes comienzan antes, cuando el mando, el agente 3325, se ve rodeado de familiares que intentan sacar los féretros de los coches fúnebres sin su consentimiento.

El abogado de la familia, Iñigo Iruin, rebatió también esa secuencia. El mando llegó corriendo cuando ya se estaban sacando los féretros, ordenando cerrar los coches. La familia no se lo podía creer. Fue en ese momento de tensión cuando gritó por tres veces, «carguen, carguen, carguen», según Iruin.

De la investigación interna que prometió el consejero Juan María Atutxa, tampoco se supo nada con posterioridad.

Aldekoa también esquivó responsabilidades en 2002

El recién nombrado máximo jefe de la Ertzaintza, Jorge Aldekoa, «nagusi» de la Comisaría de Bilbo cuando mataron a Iñigo Cabacas, también tuvo un papel protagonista en otra de las cargas de la Ertzaintza que será largamente recordada. Se trata de la intervención policial contra la multitudinaria manifestación convocada el 14 de setiembre de 2002 en Bilbo, en la que la Ertzaintza intervino causando diversos heridos y en la que la multitud respondió sentándose en el suelo para evitar ser dispersada. Ni el uso de tanquetas con cañones de agua la movió.

Aldekoa era entonces el jefe territorial de la Ertzaintza de Bizkaia, y aquel 14 de setiembre formó, en calidad de «responsable policial más alto», una «mesa de crisis» junto a los «responsables políticos con mando directo», que eran el viceconsejero de Seguridad, Mikel Legarda, y el director de Seguridad Ciudadana, Jon Uriarte. Según consta, las funciones de esa «mesa de crisis» eran «ir tomando decisiones, planificar dispositivos `in situ' y supervisar su ejecución».

Sin embargo, en una cadena de hechos que recuerda mucho a las exculpaciones que ahora se están realizando desde el Gobierno sobre el papel de Jorge Aldekoa en el dispositivo que acabó con la vida de Cabacas, los tres integrantes de la «mesa de crisis» declararon en su día ante el juez que ni se les pidió permiso ni dieron la orden de cargar contra la multitud. Tampoco saben con certeza lo que ocurrió, porque habían perdido la visión del lugar que les proporcionaba el helicóptero, que justo en el momento más determinante de la tarde tuvo que ir a repostar. La responsabilidad la dirigieron hacia los mandos que estaban frente a la manifestación.

Algunos de los heridos interpusieron denuncia por las lesiones padecidas. Aunque la vía penal fue archivada hasta en tres ocasiones, en la última de ellas se reconoció la responsabilidad de la Ertzaintza, aunque no se pudo identificar a los agentes. Por vía administrativa, el TSJPV ordenó indemnizar a dos personas que perdieron un ojo y un testículo por sendos pelotazos. I.I.