La familia de Luis Dorado, diputado socialista asesinado en 1936 por los franquistas, denuncia al Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por su "falta de asistencia"ÁNGEL MUNÁRRIZ - SEVILLA - 19/06/2009
La familia de Luis Dorado, diputado del PSOE por Málaga en la II República asesinado en Córdoba por los franquistas en 1936, ha demandado al Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Los demandantes, que han agotado sin éxito las vías judiciales en España primera y segunda instancia en Córdoba, Audiencia Nacional y Tribunal Constitucional, alegan que "la pasividad del Estado español al no esclarecer el paradero del desaparecido o las circunstancias de su muerte, la falta de asistencia a la familia y la ausencia de investigación exhaustiva representan violaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos", ratificado por España en 1979, según Antonio Gutiérrez, nieto de Dorado y portavoz de la familia.
La familia de Luis Dorado, diputado del PSOE por Málaga en la II República asesinado en Córdoba por los franquistas en 1936, ha demandado al Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Los demandantes, que han agotado sin éxito las vías judiciales en España primera y segunda instancia en Córdoba, Audiencia Nacional y Tribunal Constitucional, alegan que "la pasividad del Estado español al no esclarecer el paradero del desaparecido o las circunstancias de su muerte, la falta de asistencia a la familia y la ausencia de investigación exhaustiva representan violaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos", ratificado por España en 1979, según Antonio Gutiérrez, nieto de Dorado y portavoz de la familia.
La familia de Dorado es la primera de descendientes de desaparecidos o ejecutados por los franquistas que toma esta medida, al menos que se conozca. Diversas fuentes judiciales y otras relacionadas con el movimiento memorialista aseguran que no les consta otra denuncia contra España en Estrasburgo por este tema y apuntan a la importancia de la misma por hacer referencia a "crímenes cometidos por fuerzas armadas del régimen anterior ante los que el Estado debe dar una respuesta".
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