15 de enero de 2014

Estimada Mª José ... recuerda que aunque a veces hay malas experiencias, nunca debes retroceder ni rendirte, quien persevera alcanza.
Joan Busquets i Verges. Exmaqui libertario del Berguedá 28/12/2013
"Muero contento, porque equivocado o no, muero por una idea" Manuel Barreiro dos días antes de ser fusilado 12/3/1939


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sábado, 7 de noviembre de 2015

“Sin respeto por la Historia. Una biografía de Franco manipuladora”

HISPANIA NOVA, Nº 1 Extraordinario. Año 2015

Tabla de contenidos

La revista académica Hispania Nova publica un número extraordinario coordinado por Ángel Viñas con la colaboración de otros historiadores de prestigio, titulado “Sin respeto por la Historia. Una biografía de Franco manipuladora”.  Aprovechando la publicación de una de las biografías recientes más polémicas sobre su figura y el aniversario de su muerte, el número pretende revitalizar el debate sobre su legado y régimen. Los artículos diseccionan (y desmontan) los capítulos de esa biografía escrita por Stanley Payne y Jesús Palacios en temas como la represión, la economía, la política exterior, etc. 

Matilde Eiroa

sábado, 11 de julio de 2015

¿Faltan 500 años para que la iglesia católica pida perdón?

twitter oficial del papa de Roma: @Pontifex_es

Papa Francisco pide perdón por crímenes contra indígenas durante la conquista de América /Julio 2015

domingo, 5 de abril de 2015

Felipe González: la impudicia de un político indecente


TeleSUR - 28 marzo 2015
Por: Marcos Roitman Rosenmann       
   
Felipe González tiene en su debe político urdir parte del proceso desestabilizador que culminó en el fallido golpe de Estado del 23-F en España, para crear un gobierno cívico-militar. 
 
Para muchos, Felipe González es un ícono de la democracia española. Sin embargo, nada más alejado de la realidad. Su pasado es otro. Hoy se presenta al mundo como el abogado defensor de Leopoldo López, dirigente del partido Voluntad Popular, y del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, elegido por la Mesa de Unidad Democrática (MUD). Ambos políticos venezolanos, imputados por participar y urdir la trama de golpe de Estado para derrocar al gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro.
                                                                              
Felipe González tiene una cara oculta. Tiene en su debe político urdir parte del proceso desestabilizador que culminó en el fallido golpe de Estado del 23-F en España, para crear un gobierno cívico-militar. También gestar la guerra sucia contra la izquierda abertzale y ETA. Siendo presidente de gobierno, entre 1983 y 1985 dio luz verde a la actuación de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). El resultado: 27 personas asesinadas y cientos de damnificados colaterales.
                                                                    
La historia de Felipe González está ligada indisolublemente a la evolución del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) desde los años 70 del siglo XX. La modernización política había desplazado a los viejos camisas azules y una generación de nuevos políticos tecnócratas asaltaban el poder. En este contexto, Franco nombraría en 1969 a su sucesor. El régimen tendría continuidad bajo la restauración monárquica. El elegido no sería el hijo de Alfonso XIII, don Juan, sino su nieto, Juan Carlos, saltándose la cadena sucesoria. El 20 de noviembre de 1975, Franco, tras 40 años de dictadura, moría en la cama. Su régimen sobrevivía. El 22 de noviembre de 1975 Juan Carlos I es coronado rey. En noviembre de 1976 las cortes franquistas aprueban convocar un referendo para la reforma política, a celebrarse el 15 de diciembre. Los actores de la modernización están en el poder. Adolfo Suárez preside el gobierno y una oposición tolerada se legitima. En febrero de 1977 se legaliza al PSOE y en abril del mismo año el Partido Comunista. Los interlocutores se reconocían, pero el itinerario había sido diseñado con el caudillo en vida. El objetivo, encontrar una salida negociada, redactar una ley de amnistía y punto final para salvaguardar a los dirigentes del régimen.
                                                                    
Estados Unidos, Alemania y Gran Bretaña, valedores de Franco, agradecidos por su papel en la lucha anticomunista, requerían una organización opositora fiable, capaz de negociar una vez muerto el dictador. Sus ojos se ponen en el PSOE. Partido con poca actividad durante la dictadura y considerado pro occidental. En esta estrategia, el Departamento de Estado estadunidense entra en contacto con un hombre oscuro, abogado laboralista y militante del partido: Felipe González. En poco tiempo pasaría a transformarse en una figura destacada de la transición. La operación contó con fondos y aval de los países señalados y la socialdemocracia internacional. Previamente, Felipe González y su equipo debía tomar las riendas del PSOE, en manos de la vieja guardia desde 1944. El momento idóneo, el 26 congreso, a celebrarse en la localidad francesa de Suresnes, en 1974. En dicho evento, Felipe González será nombrado secretario general, desplazando a Rodolfo Llopis. Dos años más tarde, en diciembre de 1976, el PSOE celebrará, en la clandestinidad, su 27 congreso en Madrid; radiado y televisado nadie será detenido. En ese instante, Felipe González, aclamado por el partido, se convierte en el hombre de Estados Unidos en España y el interlocutor de la socialdemocracia europea para América Latina. En 1982 su partido obtendrá mayoría absoluta, siendo elegido presidente de gobierno. Allí se quita su careta. En medio de la guerra contrainsurgente en Centroamérica, declara: Habría que ayudar a Estados Unidos a encontrar la dimensión positiva de su liderazgo en América Latina. Y de paso no sorprender nunca a la administración Reagan en las decisiones que tomara el Ejecutivo.
                                                                    
Su periplo por América Latina no tiene desperdicio. En su currículum debemos destacar la relación con el entonces miembro de la Junta Militar Argentina, almirante Eduardo Massera, para crear el Partido Democracia Social, integrado a la Internacional Socialista. Maniobra que fracasó estrepitosamente, no sin antes González presentar a Massera como socialdemócrata. Dichos datos salieron a la luz en la causa instruida por el juez Garzón contra la dictadura Argentina. Publicitados por el equipo Nizkor y el periódico argentino La Nación. Durante la dictadura de Videla, Felipe González condecoró a varios militares. Entre otros, al almirante Rubén Franco, condenado posteriormente a 25 años de cárcel por participar en el secuestro y apropiación de hijos de desaparecidos, con la Gran Cruz de la orden del merito aeronáutico. Asimismo, no tuvo escrúpulos en convertirse en fiador para la venta de armas a las dictaduras latinoamericanas. Sólo en el Chile de Pinochet, entre morteros, lanzacohetes, ametralladoras, aviones de entrenamiento, helicópteros, en el año 1983, los beneficios superaron los 80 millones de dólares. No es de extrañar que pidiera la libertad de Pinochet con tanto ahínco tras su detención en Londres, sin olvidar que en los años 80 recomendó a Ricardo Lagos que fuese Pinochet el timonel de la transición. La visita de ministros de Pinochet a España para asesorar las privatizaciones, la reforma laboral y abrir las puertas a Telefónica, Iberdrola, Endesa, Repsol, Santander, BBVA, en Chile fue una constante. Financió la contra nicaragüense, apoyó el informe Kissinger y negó apoyo al FDR-FMLN en El Salvador. Tras su salida de la política se transformó en asesor de lobbys y empresas trasnacionales españolas, estadunidenses y europeas, entre otras de venta de armamento, obteniendo pingües beneficios. Además de asesorar empresarios latinoamericanos para esquilmar sus riquezas, entre los que destaca Carlos Slim.
                                                                    
Ahora se presenta como un demócrata comprometido con las libertades en América Latina. Nunca lo estuvo ni lo estará. Mientras cultiva su hobby, comprar y diseñar joyas, alienta la desestabilización de golpistas. No puede ser de otra forma. Siempre revoloteó en su nido. Estados Unidos se lo agradece. Su impudicia no tiene límite.     
    
Casos de Corrupción Financiera
Asesinatos políticos y terrorismo de Estado
 

sábado, 27 de diciembre de 2014

sábado, 20 de diciembre de 2014

Operación Ogro. Película completa

Ver película completa
Título original
Operación Ogro
Año
1979
Duración
100 min.
Director
Gillo Pontecorvo
Guión
Ugo Pirro & Giorgio Arlorio
Música
Ennio Morricone
Fotografía
Marcello Gatti
Reparto
Gian Maria Volonté, José Sacristán, Ángela Molina, Eusebio Poncela, Féodor Atkine, Fernando Chinarro, Nicole Garcia, Saverio Marconi, Georges Staquet, Ana Torrent
Productora
Coproducción España-Italia-Francia; Action Film / Sabre Films / Vides Cinematografica
Género
Thriller |  Basado en hechos reales
Sinopsis
En una casa del País Vasco, un hombre y una mujer recuerdan el pasado. En su juventud, él y otros tres hombres formaban un comando cuya misión era secuestrar al almirante Carrero Blanco para intercambiarlo por presos políticos. Sin embargo, cuando estaban a punto de cumplir su objetivo, Carrero fue nombrado Presidente del Gobierno y, entonces, los planes cambiaron. Aunque el hombre se está muriendo, sigue siendo partidario de la lucha armada. Mientras tanto, sus antiguos correligionarios creen que ha llegado la hora de seguir los cauces democráticos. (FILMAFFINITY)
Premios
1979: Premios David di Donatello: Mejor director

domingo, 26 de octubre de 2014

El ex senador del PSOE Fdez. Villa pasó información de anarquistas y comunistas a la policía franquista

José Ángel Fernandez Villa, rodeado de Cándido Méndez, Alfonso Guerra y
Armando Fernández Natal, 'Mandi'. / P. LORENZANA
Gómez Fouz asegura que el exlíder del SOMA fue confidente de los torturadores Claudio Ramos y Pascual Honrado de la Fuente
 
Asturias24 - Fernando Romero18/10/14
En los turbulentos años setenta, cuando por las cuencas mineras se movían como hormigas comunistas y anarquistas intentando reorganizar sus organizaciones ante la agonía del régimen, José Ángel Fernández Villa, era considerado un “compañero” por los militantes clandestinos de la CNT de La Felguera, bastión del anarquismo asturiano junto con Gijón.
 
Villa era un hombre trabajador y muy inquieto políticamente y participó en algunas de las reuniones clandestinas que había convocado el profesor e histórico anarquista José Luis García Rúa, junto a otros compañeros como José Manuel Fernández Cabricano o el propio Aquilino Moral, supervivientes de la Revolución del 34. “A mí me lo presentaron compañeros de la CNT y me dijeron que era de los nuestros”, explica Rúa, quien desconoce si era o no un “infiltrado” “porque tampoco le vi muchas veces”.
 
Rúa, catedrático emérito de la Universidad de Granada y activo anarcosindicalista gijonés en los años de la Transición, puso en marcha a principios de 1969 las Comunas Revolucionarias de Acción Socialista (CRAS). A varias de las reuniones clandestinas acudió Fernández Villa pero, como dice el investigador José Ramón Gómez Fouz, exboxeador, hijo de un policía armada y amigo de los dos personajes más destacados de la Brigada Político Social del Franquismo, Claudio Ramos y Pascual Honrado de la Fuentem, “lo que no sabían es que Villa iba a sacar información”.
 
Fouz escribió un libro en 1999 titulado Clandestinos en donde explica el papel de delator de Fernández Villa. Asegura que fue testigo de documentos y testimonios en los que se descubre al que fuera el hombre más poderoso del socialismo asturiano durante años facilitando información a la temida Brigada Político Social de Asturias. Su principal enlace era Pascual Honrado de la Fuente, uno de los presuntos torturadores contra el que hay abierto un proceso en la llamada Querella Argentina por los crímenes del franquismo.
 
“Que Villa tenía mucho poder lo demuestra que hasta sus rivales políticos de la derechona le temían. Yo me encontré un día con García Cañal y otros dirigentes del PP, con los que solía tener trato y se alejaron de mí disculpándose porque no querían que les viese alguien conmigo. Fue poco después de escribir las delaciones de Villa”
 
Las fuentes de Gómez Fouz no se han puesto nunca en duda, pues la información la encontró en los archivos policiales a los que tuvo acceso precisamente por ser “hijo del cuerpo” y por su buena relación con Claudio Ramos (ya fallecido) y con Pascual Honrado (aún vivo). Con este último aún conserva la amistad. Ni siquiera el propio Villa desmintió lo publicado ni acudió a los tribunales para defenderse. “Lo que si me llegaron fueron muchas amenazas, aunque se preocupaban más por mi integridad física mis amigos que yo mismo”, explica el exboxeador.
 
Según el resultado de su información y de las conversaciones que escuchó, Fernández Villa estaba infiltrado en reuniones de comunistas y anarquistas. Contribuyó a desmantelar el FRAP en Asturias (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota) y hasta llegó a chivarse a la brigada político social de los movimientos de los que luego serían sus compañeros, como Juan Luis Rodríguez-Vigil, Antón Saavedra y del sindicalista de CCOO Marino Artos.
 
Fouz es preciso hasta para recordar el periodo durante el cual Villa fue confidente: desde 1972 hasta octubre de 1976. Las primeras sospechas vinieron de sus propios compañeros: “Primero le echaron de Hunosa, luego de una mina y finalmente entra en Ensidesa en La Felguera y si te echaban de una empresa pública no te contrataban tan rápido en otra. Se empezó a correr el rumor de que era confidente”.
 

Cómo se hace confidente

Fouz dice que el propio Ramos le contó cómo consiguió que Villa fuera confidente: “era un hombre inquieto políticamente y andaba por todas partes. Claudio Ramos era muy fino para buscar gente. Se dio cuenta de que había quedado en el paro y le buscó un trabajo en la mina Colladona, entre Sama y Aller, que era de un señor que se llamaba Efrén y que conocí. El mismo me dijo que a Villa se lo habían impuesto desde la Policía. A cambio, Villa tenía que pasar información a Claudio Ramos.”
 
Según la investigación de Fouz, Villa se reunía algunas veces en Las Caldas, a las afueras de Oviedo, en un coche, con Pascual Honrado de la Fuente al que le facilitaba la información sobre sus reuniones con comunistas y anarquistas.
 
En la mina, Villa era un hombre muy trabajador y puntual, aunque su genio chocó pronto con su jefe y fue despedido. Villa no tenía preocupación, sabía que Claudio Ramos le buscaría un empleo. Un policía llamado Blázquez, que era amigo de algunos ingenieros de Hunosa, sirvió de enlace entre Ramos y los directivos y le buscaron un trabajo en Ensidesa, en La Felguera, aunque posteriormente regresaría a la mina.
 
Fouz asegura que en 1974 es cuando se acerca a las reuniones de CRAS, algo que confirma el propio García Rúa. Según Fouz su ingreso en el PSOE y en la UGT se produce por consejo del propio Ramos, que mantuvo sus cargos una vez muerto Franco. “Ramos apreciaba a Villa y veía que tenía inquietud política y le recomendó entrar en el PSOE porque era un partido más moderado”. A los socialistas los policías de la Brigada “no les tocaban porque no eran una preocupación para el Régimen”. Por su parte, Rúa califica de “muy extraño” el que Villa ingresase en el PSOE y en UGT “porque siempre había parecido más cercano a la CNT”.
 
Lo que vino después, a diferencia de su etapa más oscura, es de sobra conocido. Para Gómez Fouz fueron 36 años de miedo alrededor de Villa “y eso que tiene su mérito tener a toda la gente acojonada. Yo no le temía, pues lo único que podía hacerme era matarme y eso no lo iba a hacer. Mandaba en todo y fue en esa época en la que escribí sobre su etapa de confidente. Ahora no lo haría porque está enfermo y acabado y no me gusta ir contra los débiles”.

 

jueves, 5 de septiembre de 2013

Asociaciones judiciales creen que el CGPJ también debería pedir perdón por la Dictadura

Después de que los jueces chilenos hayan pedido perdón oficialmente por sus "acciones y omisiones" durante la dictadura de Augusto Pinochet 

SER- Alberto Pozas 05-09-2013
Asociaciones de jueces y fiscales de España acogen con optimismo la decisión de la judicatura chilena de pedir perdón por su actuación durante la Dictadura de Augusto Pinochet, y consideran que algo similar debería producirse en España. Los presidentes de Jueces para la Democracia y de la Asociación Progresista de Fiscales creen que en España también se produjeron "acciones y omisiones" por parte de la judicatura y creen que "nuestro país le debe una disculpa a sus ciudadanos".

La Asociación de Magistrados del Poder Judicial de Chile ha pedido perdón de forma oficial por sus "acciones y omisiones" durante la Dictadura de Augusto Pinochet, y en España varias asociaciones judiciales y fiscales creen que el Consejo General del Poder Judicial español debería hacer lo mismo con respecto al franquismo. Indican que el órgano de gobierno de los jueces españoles sería el más indicado para disculparse por la actuación de la judicatura durante la Dictadura franquista, pero matizan que en la actualidad son pocos los jueces de aquel periodo que sigan ejerciendo, y que los pocos que siguen en activo "lucharon activamente contra el franquismo". 

Es una opinión que comparten los presidentes de Jueces para la Democracia y la Asociación Progresista de Fiscales. Desde la primera, su portavoz y presidente Joaquim Bosch cree que en España tendría que ser el Consejo General del Poder Judicial quien, como máxima autoridad jurídica, debería pedir perdón por "las acciones y omisiones" de los magistrados durante la Dictadura franquista. Añade que: "En España se consintieron y convalidaron hechos y leyes que atacaban los derechos humanos, se permitió la tortura y otras circunstancias represivas censurables".

"Nuestro país le debe una disculpa a los ciudadanos"
En este mismo sentido, y con las mismas cautelas, se pronuncia Álvaro García, presidente de la Asociación Progresista de Fiscales. Indica que España "se lo debe a sus ciudadanos", tanto a nivel jurídico como a nivel general de las instituciones. Acoge esta iniciativa de los jueces chilenos como algo "muy positivo" y subraya que, en España, "está claro que algo habría que hacer".

"El Poder Judicial debió hacer mucho más"
La Asociación de Magistrados del Poder Judicial de Chile pidió perdón el pasado miércoles con motivo del 40º aniversario de la caída del Gobierno de Salvador Allende, señalando que "ha llegado la hora de pedir perdón a las víctimas de la dictadura militar, a sus deudos y a la sociedad chilena". El Poder Judicial chileno reconoce que "incurrió en acciones y omisiones impropias de su función al haberse negado a prestar protección a quienes lo reclamaron, salvo aisladas pero valiosas excepciones". "El Poder Judicial pudo y debió haber mucho más". Es un documento firmado, entre siete altos cargos, por su presidente Rodrigo Cerda y su vicepresidenta María Francisca Zapata.

sábado, 17 de agosto de 2013

Documental: Memoria Negra


Este documental aborda la colonización española en Guinea Ecuatorial durante la dictadura franquista, la herencia política, religiosa y cultural que aflora tras la independencia, desde los tiempos sangrientos de la dictadura de Francisco Macías hasta el actual régimen de Teodoro Obiang Nguema.

miércoles, 15 de mayo de 2013

"Las víctimas del franquismo deben tener el mismo estatuto jurídico que tienen las del terrorismo"

Carlos Castresana, fiscal del Tribunal Supremo y exdirector de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, analiza la sentencia de 80 años de cárcel para el dictador Ríos Montt y la confronta con el caso español de las víctimas del franquismo
 
Público - Patricia Campelo Madrid 13/05/2013
Hace 14 años, Rigoberta Menchú, premio Nobel de la paz en 1992, denunció ante la Audiencia Nacional a ocho personas -entre ellas a Efraín Ríos Montt- por delitos de genocidio, terrorismo y torturas cometidos durante las dictaduras militares en Guatemala. Fue una llamada de atención para que la comunidad internacional posara sus ojos en un conflicto ignorado. Ahora, el país centro americano está haciendo justicia desde sus propias instituciones y gracias a la ayuda que llegó del exterior. El pasado viernes, un tribunal penal guatemalteco condenó a 80 años de prisión al ex militar golpista cuyo nombre llevó Menchú a una instancia judicial española en 1999.  Ríos Montt ha sido juzgado y condenado por genocidio y crímenes de guerra cometidos por el ejército del que él era responsable contra población ixil entre 1982 y 1983. Bajo su mando, fueron asesinados 1.771 indígenas.

Para alcanzar la realidad que demandaban las víctimas, ha sido esencial el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dirigida por el fiscal del Tribunal Supremo español Carlos Castresana entre 2007 y 2010.  De su trabajo al frente de la CICG resultó la creación del Tribunal de Alto Impacto -la instancia que ha juzgado a Ríos Montt- y la detención de 150 altos cargos vinculados al dictador guatemalteco.

¿Cómo valora la sentencia que condena a 80 años de prisión al dictador Efraín Ríos Montt?
"La Comisión logró 150 capturas de personas de altísimos nivel en relación a Ríos Montt" 
Lo valoro positivamente porque aunque hay quien dice que pone en riesgo la estabilidad, y sí puede crear problemas, estaba previsto en los Acuerdos de Paz que los crímenes de carácter internacional, y el genocidio lo es, estaban excluidos de la amnistía, de modo que era una asignatura pendiente que las circunstancias de los años siguientes [a las dictaduras militares] no permitieron llevar adelante, pero que hoy en día sí que se puede y es necesario. El país tiene que hacer frente a su historia.

¿Por qué no se pudo procesar antes a los responsables del genocidio maya?
Porque la amenaza sigue presente, y las condiciones legales existen pero las políticas y sociales no lo permiten. Una cosa es la teoría de lo que se debe hacer y otra que se den las condiciones de hecho para poderlo hacer. El trabajo del equipo de 200 personas en los tres años que yo dirigí la CICIG fue imprescindible para que esta realidad haya sido posible. Primero, porque el Tribunal de Alto Impacto, el que ha juzgado a Ríos Montt, lo creamos nosotros, y a imagen y semejanza de la Audiencia Nacional española: un tribunal en la capital, con jurisdicción en todo el territorio, con jueces bien formados y con la debida protección para hacer frente a los casos más graves, peligrosos y complejos. Y segundo, porque nosotros conseguimos 150 capturas de personas de altísimos nivel en relación con Ríos Montt: su hijo -el general Enrique Ríos Sosa-, su antiguo yerno, Sergio Roberto López Villatoro -que era uno de los que tenía más influencia en cómo se seleccionaba ‘mal' el poder judicial- y el que fue presidente de su partido, Alfonso Portillo. La CICIG abrió el camino.

Los abogados de Ríos Montt anunciaron su intención de recurrir la sentencia, y el propio dictador calificó el juicio de ‘show político internacional'. ¿Qué posibilidades se le abren a partir de ahora?
"La inmensa mayoría de la población sigue discriminada"
Eso forma parte de la normalidad democrática en un estado de derecho; el que no esté conforme con una sentencia, que la recurra y que dejen a los tribunales trabajar. Esto último es la mayor dificultad. Más allá del caso concreto, lo importante para el futuro y para la viabilidad del país es que estos asuntos se puedan ventilar ante los tribunales, que es donde tienen que resolverse, y que dejen a los tribunales trabajar con independencia e imparcialidad.

Para las víctimas, ¿qué consecuencias directas conlleva la sentencia?
"Un cuarto de millón de personas fueron masacradas, la mayoría, mayas y civiles indefensos"
Muy importantes. Un cuarto de millón de personas fueron masacradas, la mayoría, mayas y civiles indefensos. En cualquier conflicto armado hay unas líneas rojas muy claras que no se pueden traspasar: los combatientes se pueden matar entre ellos pero no pueden matar civiles. Aquí estamos frente a uno de los genocidios a los que la comunidad internacional ignoró. Sí nos ocupamos del caso de Ruanda, del de Yugoslavia y otras situaciones análogas. Pero el genocidio de Guatemala no fue objeto de acción por parte de la comunidad internacional. Afortunadamente, desde fuera sí llegó un apoyo durante años al sistema de justicia guatemalteco, lográndose que, al final, las propias instituciones guatemaltecas hayan sido capaces de hacer el trabajo.

Y, ¿qué supone la condena a Ríos Montt para la sociedad guatemalteca en general?
Es un momento histórico. Hay un antes y un después. No hay manera de construir una sociedad desarrollada, libre, y un verdadero estado de derecho si no se hace frente a una realidad terrible que hasta ahora se estaba ignorando. La inmensa mayoría de la población sigue discriminada, sin tener igualdad de oportunidades ni acceso a los cargos públicos. Son víctimas de una cadena de crímenes terribles que la sociedad había preferido ignorar, pero están ahí. Las consecuencias para las víctimas son: reconocer la dignidad que les corresponde y la dignidad a la que tienen derecho.

Ríos Montt fue diputado en el Congreso de Guatemala hasta enero de 2012. Las víctimas denuncian que responsables del genocidio sigan ocupando puestos de poder. ¿Circunstancias de esta índole han podido dificultar el proceso judicial?
"Que el proceso contra Ríos Montt haya salido adelante no significa que el sistema esté saneado"
Mucho, ha habido un montón de entorpecimientos de tipo procesal, de presión política y de toda naturaleza. Que el proceso haya podido salir adelante no significa que el sistema esté saneado, esto va a seguir siendo extremadamente deficiente y no cumple con el deber de dar tutela a los ciudadanos, que es para lo que se supone que sirve un sistema judicial. El caso [de Ríos Montt] es una excepción esperanzadora; esperamos que se generalice, pero hay mucho trabajo que hacer. Es un buen punto de partida y ahora tienen que trabajar más en el medio y largo plazo con una política criminal que les permita tener un sistema eficiente donde la gente se sienta protegida, porque el triángulo norte de Centroamérica -Guatemala, El Salvador y Honduras´- sigue siendo el lugar más violento del mundo. Allí, la mayor parte de los conflictos de tipo familiares, de negocios o cualquier clase de controversia entre ciudadanos se resuelven muchas veces a balazos porque no hay una manera civilizada en la que un árbitro, que es un juez, se interponga y resuelva la controversia por métodos pacíficos.

Usted abandono la CICIG en 2010. ¿Se volvió insostenible el trabajo contra la impunidad?
La Comisión sigue, y no soy quien para valorar el trabajo que ha hecho después, pero yo, después de tres años, personalmente estaba exhausto, y había dejado de ser un interlocutor.  Cuando metes en la cárcel a una persona poderosa te enemistas con un cierto grupo. Y cuando has hecho eso 150 veces, pues prácticamente has dejado de ser interlocutor porque no hay ningún grupo con el que no tengas un contencioso.

¿Este proceso judicial puede servir de aviso a la corrupción existente en diferentes instituciones de Guatemala?
Debería serlo en el sentido de que, quienes estén realizando esas conductas a día de hoy, también están sujetos a responsabilidad. Ese es el desafío, lo que hoy es un caso excepcional, debería convertirse en rutina, pero eso es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo.

¿Sentencias condenatorias como la de Ríos Montt contribuyen a profundizar la democracia de un país?
Si, sin duda refuerzan el estado de derecho. Este caso tiene la desventaja de que es una excepción, pero ejemplarizante, que envía el mensaje correcto de que no hay nadie por encima de la ley.

En Argentina se sigue un querella contra el franquismo interpuesta por víctimas que vieron cerradas las puertas de la justicia en España. ¿Por qué aquí no es posible juzgar la dictadura militar?
"Guatemala, El Salvador y Honduras siguen siendo los lugares más violentos del mundo"
Porque en la transición se dejaron de hacer muchas cosas que se debían haber hecho: restablecer la verdad, la justicia, haber ofrecido reparaciones. Se llevó a cabo una transición política superficial, que alcanzó el sufragio -que es muy importante- pero una democracia no es sólo sufragio, también el estado de derecho. No se logró que el poder judicial fuera verdaderamente  independiente; se escribió una constitución que en muchos aspectos importantes no se aplica y los organismo de control no han funcionado como deberían. Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas tardó años en darse cuenta de que Jesús Gil saqueaba el ayuntamiento de Marbella, y ahora les reclama a sus herederos. Hicimos una transición ‘low cost' y lo que conseguimos es una democracia ‘de todo a cien'.

¿En España aún se podría configurar una comisión de la verdad como han hecho países que han superado las dictaduras militares de su pasado?
Es una tarea pendiente que en algún momento habrá que abordar. El precedente más remoto es el de Australia, donde tardaron 90 años en hacer una comisión de la verdad para investigar los crímenes de los que había sido víctima la población aborigen. En España, no sé cuándo habrá condiciones para ello, pero habrá que hacerlo porque hemos dejado en el tintero cosas muy importantes que hacen que este sistema funcione de manera tan deficiente como estamos viendo estos días. Si la nueva democracia española hubiera sido capaz de abordar con seriedad, con objetividad y contundencia los primeros casos  de corrupción que se presentaron en los años 80, pues no tendríamos la epidemia que estamos contemplando estos días.

Y, esa supuesta comisión, ¿debería fijar una verdad oficial de los hechos?
Absolutamente. Y las víctimas del franquismo tendrían que tener el mismo estatuto jurídico que tienen las víctimas del terrorismo, ni mejor ni peor, exactamente el mismo. Son víctimas de la violencia política, y si unas tienen derecho a la memoria y a la justicia y a la reparación, no veo por qué las otras no.

¿Hay víctimas de primera y de segunda clase en España?
"Cuando metes en la cárcel a una persona poderosa te enemistas con un cierto grupo"
Hay víctimas ignoradas y escondidas, lo mismo que estaba pasando en Guatemala hasta el viernes. Allí había una cantidad enorme de personas que habían sido violadas, asesinadas, saqueadas, y que no tenían un sitio en la sociedad. En España, afortunadamente la convivencia es más fácil porque los hechos son más antiguos, pero aun así sigue habiendo una enorme cantidad de personas que no han visto reconocidas en la democracia española los derechos que les reconoce el derecho internacional. Seguimos teniendo 130.000 desaparecidos.

 Salvando las diferencias, el caso de Guatemala y el español coinciden en la categoría de los delitos y en las demandas de las víctimas.
Claro, pero también en el mismo contexto de dificultad de hacer frente a esos procesos desde el mismo país donde los crímenes se han producido. Las condiciones son muy difíciles porque los responsables están todavía ahí y siguen teniendo capacidad de influir, de presionar y de amenaza. Es la comunidad internacional la que tiene que tender la mano para ayudar a esos países en conflicto a superarlo bien, no cerrando en falso las heridas, y construir un verdadero estado de derecho. En el caso de España, es evidente que las Naciones Unidas, el Consejo de Europa, el Tribunal europeo de Estrasburgo y la Unión Europea no han hecho lo que debían para que España se hubiera integrado como miembro de pleno derecho [en la UE] habiendo hecho sus deberes.

¿Cómo ha influido la sociedad civil en Guatemala a la hora de reparar su pasado?
"En España hicimos una transición ‘low cost’ y conseguimos una democracia de todo a cien"
Ha habido grupos e individualidades notables que han mantenido la lucha por la justicia durante todos estos años, en muchos casos con un coste personal terrible y con un riesgo permanente para su vida y seguridad. Y también, ha habido una ayuda generosa de la comunidad internacional que, aunque no ha hecho el trabajo desde fuera, sí ha permitido inyectar dinero, entrenamiento y capacitación en las instituciones guatemaltecas hasta que se ha producido el milagro de que esas propias instituciones han sido capaces de hacer un trabajo que, por ejemplo, en la ex Yugoslavia, hizo el tribunal internacional [específico] que se creó.

En Guatemala se han juzgado delitos cometidos en los años 80. En España, además de los impedimentos que dejó la transición, ¿es determinante la distancia temporal respecto a la comisión de los crímenes para que no se llegue al esclarecimiento de los mismos?
Nosotros tenemos que revisar nuestra historia, que tampoco es tan remota. Lo más lejano es la guerra civil y posguerra, y sus responsables están muertos, pero la dictadura llegó hasta 1975, se siguieron cometiendo delitos hasta entonces y muchos de esos responsables sí están vivos y las víctimas también.

¿Qué enseñanza extraemos del caso de la dictadura militar de Guatemala?
Que la lección para la sociedad de hacer frente a su pasado y de resolverlo, además, como dicta el derecho internacional, debe hacerse. Es una tarea pendiente.

domingo, 22 de abril de 2012

Nueve noches en San José

Mánfer de la Llera, escritor y activista de la cultura asturiana, ejerció en 1971 el liderazgo de los trescientos pensionistas encerrados en el templo para reivindicar una jubilación digna 
JESÚS MENÉNDEZ PELÁEZ Nunca hasta ahora escribí sobre uno de los episodios más impactantes que he tenido que vivir. Al hacerlo, después de casi cuarenta años, pretendo rendir mi modesto homenaje lleno de afecto y cariño a aquellos pensionistas y jubilados en la persona de Manuel d' Andrés Fernández (Mánfer de la Llera) a quien la Consejería de Cultura dedicó el «Día de les Lletres» del año pasado; lo escrito entonces lo cedo muy gustoso a LA NUEVA ESPAÑA para su publicación y así no se pierda la memoria histórica. Fueron nueve días de convivencia en las circunstancias que voy a relatar.
Lne.e » Gijón           
 
22 de abril de 2012  
l -1. El encierro en la iglesia de San José
Corría el año 1971, época en la que yo pertenecía al estamento eclesiástico como coadjutor de la iglesia de San José de Gijón. El 16 de septiembre, a las seis de la tarde, mientras atendía las visitas que llegaban al despacho parroquial, dos policías de la llamada Brigada Social vienen a verme para poner en mi conocimiento que un grupo muy numeroso de jubilados habían invadido la iglesia de la que yo, en aquel momento, era el único responsable al encontrase fuera de Asturias el Párroco, D. Carlos Díaz y Díaz. La visita de aquellos policías secretas venía a ser una admonición para que les expulsara invocando el lugar sagrado del recinto eclesial. Mi respuesta fue que las iglesias, desde tiempo inmemorial, tenían el derecho de asilo, y que, por tanto, como responsable de la iglesia de San José en aquellos momentos, no solo no les expulsaría sino que les atendería humanamente en lo que yo pudiere.
El contexto de esta actitud reivindicativa por parte de los jubilados y pensionistas hay que situarlo dentro de una larga historia que se remontaba al año 1965, fecha en la que se constituye la Comisión Provincial de Pensionistas de Asturias. Su objetivo era la mejora de la pensiones. Después de los fallidos y largos peregrinajes por despachos burocráticos de las entidades políticas, deciden encerrase en la iglesia de San José de Gijón como escenografía de sus reivindicaciones.
Continúo con el relato. Una vez que se ausentaron los miembros de la Brigada Social, bajo a la iglesia y me pongo en contacto con los representantes de los jubilados, entre los que se encontraba Manuel d' Andrés Fernández, este fue mi primer encuentro con Mánfer de la Llera. Me expusieron sus reivindicaciones, a la vez que me contaban el largo periplo que habían seguido hasta entonces para percibir unas jubilaciones dignas después de una vida laboral llena de sacrificios y expuestos a mil peligros como trabajadores de la mina. Una vez que me percaté de que era un problema sangrante el que les había obligado a tomar aquella decisión, me ratifiqué de nuevo en lo que había dicho a los policías: las iglesias tenían derecho de asilo y, por tanto, nadie les echaría mientras mantuvieran el decoro necesario para poder celebrar los cultos. Así me lo prometieron.
De esta manera se inauguraba el primero de los nueve días que conviví con aquellos jubilados a lo largo de un encierro que convulsionó no solo a las gentes de Gijón y de Asturias, sino de toda España. Debo decir que tanto mi persona como las dependencias parroquiales, escasas e insuficientes, estuvieron siempre a su disposición. Aquellas vivencias aún permanecen con toda su frescura en el disco duro de mi memoria: la imagen de tres centenares de ancianos, algunos de ellos mutilados, durmiendo, unos en los bancos, otros en el suelo, resultaba un espectáculo estremecedor. Así pasaron las nueve noches del encierro. El esquema de aquel vivir cotidiano se convirtió en algo reiterativo. Por la mañana, bien temprano, abrían las puertas de la iglesia, barrían el templo, lo ventilaban para que a las ocho, cuando yo tenía la misa, los fieles que acostumbraban asistir pudieran hacerlo sin mayor incomodidad. Durante el culto guardan total compostura y el mayor decoro. De esta manera se celebraron con normalidad funerales, aniversarios de difuntos y bodas.
Mánfer era mi interlocutor habitual. Él se preocupaba de que todo estuviera a punto para que nadie pudiera echar en falta nada de lo que era habitual en el devenir diario de una iglesia. Asimismo, era el intendente encargado de que todos los jubilados padeciesen las menores incomodidades derivadas de aquellas peculiares circunstancias. Sin pretenderlo él era su líder.
Así transcurrían los días, mientras en la calle la noticia del encierro en San José corría de boca en boca, a pesar de la escasa repercusión en los medios de comunicación ocupados en aquellos días en relatar las actividades de la asamblea de los obispos, reunida en Madrid. La adhesión a las reivindicaciones de los jubilados iba en aumento, de tal manera que aparecen dos nuevos grupos de protesta en las iglesias de San Juan en Mieres y La Milagrosa de Gijón. Recuerdo las visitas que recibían los jubilados de sus familiares y amigos procedentes de las cuencas mineras. La solidaridad con los jubilados era total.
l -2. El violento desalojo
Ante esta situación las autoridades están temerosas por las repercusiones imprevisibles que podrían derivarse de aquel acontecimiento. El delegado del Gobierno en Asturias recibe a una comisión, sin acuerdo alguno. El arzobispo, don Gabino Díaz Merchán, ausente de la Diócesis por la referida asamblea de obispos, una vez llegado a Oviedo, se desplaza también a Gijón para tomar contacto con una comisión encabezada por Mánfer de la Llera. Una visita que a mí, personalmente, me dejó perplejo. Llega don Gabino, me saluda, pregunta por los jubilados, conversa con ellos durante más de una hora, mientras yo estaba sentado en la sacristía esperando su regreso y algún consejo o apoyo, y terminada la reunión con la comisión de los jubilados, se despide de mí y se marcha como había llegado. Yo sólo tenía veinticinco años y me enfrentaba a un problema hasta entonces insólito en la iglesia española. El párroco, don Carlos, estaba ausente, de vacaciones en tierras leonesas, y el arzobispo, Don Gabino, con unos saludos cariñosos y afectuosos, pero sin mediar unas palabras de apoyo o de ayuda, si fuera necesaria. Con posterioridad se lo reproché. La respuesta fue: «Te vi tan tranquilo y dominando la situación que más bien era yo el que necesitaba ser reconfortado».
Pasan los días y se incrementa la solidaridad con los encerrados. La sorpresa se produce el sábado por la mañana, día 25. A las 7,30 horas de la mañana, cuando yo me preparaba para celebrar la misa de las ocho, me viene a buscar el sacristán. Esteban me anuncia que la fuerza pública estaba dentro de la iglesia. Me pongo el traje talar de clérigo y bajo al templo. Efectivamente, la fuerza pública con las pistolas desenfundadas tenía acordonados a los jubilados. Me presento ante la persona responsable que comandaba aquella unidad de asalto (desconozco su graduación por no haber hecho la mili). Con autoritarismo militar me dice que tiene orden de desalojar a los encerrados. Le pido serenidad invocando el lugar sagrado en el que nos encontrábamos, a la vez que le recuerdo el derecho de asilo de los templos y que la única autoridad que podía ejercer aquel derecho era el arzobispo. Le pido que posponga aquella orden, mientras yo intento hablar con el arzobispo. Se pone al teléfono su secretario, don José María Almoguera (q.e.p.d.), y le planteó el problema exigiendo que se me diga si hay o no hay autorización del arzobispo. Inicialmente la respuesta no fue clara y contundente. Yo hubiera deseado que el propio arzobispo se pusiera al teléfono y me aconsejara, pero no. Al final se me dice que el gobernador civil, Mateu de Ros, había comunicado al arzobispo la noche anterior que a la mañana siguiente procederían al desalojo. «¿Hay o no hay autorización del arzobispo?», pregunto yo. Para mí era transcendental la respuesta. «Dedúcela tú mismo», me dice el Secretario.
Con esta información bajo de nuevo al templo. «Sr. Badás, la iglesia no autoriza este desalojo por la fuerza», le reprocho. «Yo traigo la orden de desalojarlos por las buenas o por la fuerza, y así lo haré», me replica. Pido que se me permita dirigirme a los asistentes:
«Queridos hermanos, jubilados y policías: la situación ya la ven ustedes. Hay una orden por parte del gobernador civil de desalojo, incluso por la fuerza. Acabo de ponerme en contacto con el arzobispado, a cuyo titular el gobernador civil le comunicó esta determinación. La iglesia, por tanto, no autoriza un desalojo por la fuerza. Queridos jubilados, yo nos os echo de este templo; durante este tiempo que compartí con vosotros estas estancias me habéis respetado y habéis mantenido el decoro que este lugar sagrado exige y el culto aquí celebrado. Por tanto, yo no os echo de aquí. Queridos hermanos policías: Vuestro jefe trae orden de desalojo incluso por la fuerza; yo apelo a que se tenga en cuenta la situación física de nuestros jubilados, algunos de ellos privados de movilidad; apelo igualmente al lugar sagrado en el que no encontramos. Yo no puedo hacer otra cosa. Que sea lo que Dios quiera».
Terminada mi intervención, el militar que comandaba a la tropa se sube a un banco y dice: «Por tercera y última vez, desalojen la iglesia». Ante este ultimátum, los jubilados se abrazan unos a otros y a los propios bancos en actitud puramente pasiva. El silencio queda roto: «Tropa, ¡a la carga!»
Inmediatamente la policía, con las pistolas desenfundadas, coge los toletes y ¡a la carga!. Se pueden imaginar aquel espectáculo: cerca de trescientos ancianos, unos por los suelos, otros saliendo a trompicones, otros con los rostros ensangrentados. En una actitud puramente defensiva, uno de ellos, Florentino Menéndez, «Florín», cogió un reclinatorio o silla, que estaba al lado del banco, en un intento por cubrirse la cabeza, a modo de escudo, para evitar los golpes. Los policías que le ven, pensando que la podría utilizar para hacerles frente, se abalanzan sobre él. A los primeros golpes, Florín cae por los suelos, pierde el conocimiento y la policía le saca del templo a rastras hasta la plaza de la iglesia. El espectáculo era estremecedor. De ello fueron testigos también don Silverio Rodríguez Zapico, hoy párroco de la iglesia de la Resurrección en Gijón, Oscarín Rodríguez Uría, mi gran amigo seglar, y el sacerdote don José Manuel Gutiérrez Inclán; los dos últimos ya han fallecido. Tan pronto como supe que la fuerza pública estaba en la iglesia, les llamé para que presenciaran y fueran testigos de lo que presumía podía suceder. La conmoción en la calle se respiraba entre los transeúntes que presenciaron el espectáculo.
l -3. Huelga de misas
Conocida la noticia en las distintas parroquias de Gijón, el «grupo del Bibio» (grupo de sacerdotes que solía reunirse a cenar todos los lunes en la llamada Casa de Ejercicios) convoca una reunión de urgencia. Allí, ante los asistentes, relato lo acontecido a primeras horas de la mañana en la iglesia de San José. Este relato fue la base de la nota oficial que al día siguiente publicaría el Arzobispado. Una nota notoriamente diferente a la emitida por el gobernador civil. Las dos eran recogidas por la prensa del domingo, día 26. En esa reunión de El Bibio se toma también el acuerdo de suprimir todas las misas de Gijón, al día siguiente domingo, y hacer una misa concelebrada con todos los sacerdotes en San José. Una singular manera de protestar por la intervención policial y de solidarizarse con los jubilados que habían sido violentamente desalojados.
l -4. Consejo de guerra
Como consecuencia del desalojo, algunos jubilados, como Florín, hubieron de ser atendidos en el Hospital de Cabueñes. Según el protocolo hospitalario en la ficha de ingreso había de constar la causa de aquellas heridas que no era otra que la intervención policial. Y aquí me veo yo implicado por un argumento que se intentaba que pareciese lógico. Según la información de las fuerzas armadas, si la policía había tenido que intervenir, lo había hecho en legítima defensa para repeler la sublevación de los ancianos que habían sido soliviantados por la arenga que el joven sacerdote les había pronunciado. De esta manera yo era, en definitiva, el principal causante de aquel estremecedor desenlace. Y el argumento continuaba. Se había cometido un delito contra la fuerza pública, sometida a la jurisdicción militar; por tanto, era preceptivo un consejo de guerra para castigar a los culpables que no eran otros que los jubilados heridos. Implícitamente yo también estaba involucrado, si bien el concordato entre el Estado Español y el Vaticano me protegía.
Así se incoa el expediente. En principio se pensaba celebrar en Valladolid; sin embargo, con el asesoramiento del gabinete jurídico del arzobispado e invocando el concordato, se solicita que se haga en Gijón. El Cuartel de Simancas será el escenario; la puesta en escena de un consejo de guerra era algo espectacular. Una línea de soldados, con la metralleta en la mano, cercaba todo el edificio. Otra línea de soldados, también con metralleta, circundaba la parte superior del cuartel; desde la calle se abría un pasillo al interior de la sala flanqueado por dos filas de soldados uniformados con la misma indumentaria y arma. En la antesala dos grupos bien distintos y con distinto ánimo esperábamos la cita de un tribunal compuesto por miembros del estamento militar. De una parte los jubilados que habían sido apaleados, acusados de atacar a la fuerza pública; yo en medio de ellos; en frente los policías que, según la acusación, habían sido atacados, acompañados de miembros de la Brigada Social, que actuarían de testigos. El estado moral era bien diferente entre los dos grupos; los jubilados cabizbajos y asustados ante la prepotencia y altanería de los miembros de la brigada social; Mánfer de la Llera, Herrero Merediz, nuestro abogado defensor, y quien esto escribe intentábamos levantar los ánimos. No me avergüenza reconocer que me saltaron las lágrimas ante aquella humillación. Comienza el consejo de guerra. Cuando me toca el turno, la fiscalía trataba de presentar aquellos nueve días de encierro en la iglesia de San José como un desorden sacrílego; defendí a los jubilados con toda vehemencia en mi relato de los hechos a la vez que narré minuciosamente el violento desalojo, auténtico sacrilegio cometido por la policía en las personas de aquellos ancianos. El veredicto del tribunal fue exculpatorio para mí. Sin embargo, a los jubilados les cayó un tiempo de reclusión en hospitales del sur, ya que ni su edad ni su salud permitían un encarcelamiento común.
l -5. Consecuencias
La primera consecuencia de un hecho de aquellas características en 1971 era pasar a ser sospechoso y formar parte de los archivos policiales; mis frecuentes salidas en aquella época al extranjero tropezaban siempre con la petición del pasaporte. Cada vez que lo solicitaba el comisario me sometía en su despacho, delante de un cónclave de policías secretas, a un extenso cuestionario de los motivos que me impulsaban a trabajar en parroquias o universidades de Francia o Alemania.
Pero aquella vivencia me granjeó la amistad de muchos de aquellos jubilados. Mientras permanecí en la parroquia de San José con frecuencia me venían a ver con Mánfer de la Llera a la cabeza. Si me los encontraba en la calle me paraban y, si iban acompañados de sus nietos, me presentaban como un héroe que los había defendido. Ellos consiguieron mejorar sus retribuciones. Al día de hoy creo que ya ha fallecido la mayoría o quizá la totalidad de aquellos casi trescientos jubilados con quienes conviví durante nueve días en la iglesia de San José.
Nunca escribí nada sobre este hecho; nunca lo presenté como un aval para colocarme una medalla; lo hice por un compromiso cristiano con la justicia y por mi condición entonces de sacerdote. Hoy, más de cuarenta años después, aquellas vivencias permanecen con toda su frescura en el disco duro de mi conciencia. Mi recuerdo tiene que ver con Mánfer de la Llera con quien, hasta su muerte, me unió una excelente relación dentro del mayor respeto a las diferencias que cada uno de nosotros teníamos sobre el hecho religioso. También lo hago por su hijo Ramón d' Andrés, primero, alumno, y ahora compañero del Departamento de Filología Española. De no ser por ello jamás habría escrito nada sobre uno de los episodios más impactantes que he tenido que vivir.

lunes, 14 de noviembre de 2011

CAUM - Jornadas de Memoria Histórica y exposición

CONFERENCIA-COLOQUIO:

Noviembre: martes 22, jueves 24, martes 29 - diciembre: jueves 1

Todas a las 19:30 h. - Pl. Tirso de Molina, 8 - 1º

EXPOSICIÓN "LA DICTADURA DE FRANCO"

Del 20 de noviembre al 15 de diciembre

jueves, 30 de junio de 2011

Debate de la Nación. ERC, IU e ICV piden un censo de obras realizadas mediante trabajos forzosos durante la dictadura



Periodista Digital - Servimedia, 29 de junio de 2011
El grupo parlamentario formado por ERC, IU e ICV suscribe una propuesta de resolución en el Debate sobre el Estado de la Nación en la insta al Gobierno a elaborar en el plazo de seis meses "un censo de edificaciones y obras realizadas mediante trabajos forzosos por miembros de batallones disciplinarios de soldados trabajadores, prisioneros de campos de concentración, batallones de trabajadores y prisioneros en Colonias Penitenciarias Militarizadas".

Esta es una de las 15 resoluciones que han presentado los tres partidos como conclusión del Debate sobre el Estado de la Nación, que finaliza con la votación de las propuestas de los grupos este jueves.

Concretamente, la resolución insta al Gobierno a promover la modificación de la Ley de Memoria Histórica para que "se declaren nulas de pleno derecho" las sentencias dictadas por tribunales durante la dictadura por "motivos políticos, ideológicos o de creencia" y que afectaran a personas que "intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución".

De igual modo, reclaman "reconocer y honorar a los guerrilleros y maquis que lucharon contra la dictadura franquista con las armas" y a establecer las "indemnizaciones que les correspondan".

La pretensión de estos tres grupos es que el Ejecutivo interprete o modifique las normas precisas para que puedan ser beneficiarias de las indemnizaciones las víctimas de la dictadura, los familiares directos de todos cuantos fueron condenados a muerte en consejo de guerra y ejecutados entre el 1 de enero de 1968 y la ley de Amnistía de 6 de octubre de 1977 por actividades de oposición al régimen.

También piden un informe sobre víctimas de violencia política en los años de la transición para que puedan ser indemnizadas con arreglo a lo establecido en la futura ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo.

ERC-IU-ICV solicita al Gobierno que fomente la conservación y fomento de la memoria democrática y, en ese sentido, pide que se garantice "la responsabilidad pública e institucional en las labores de localización, exhumación e identificación de las fosas o enterramientos de víctimas del franquismo".

De igual modo, en esta resolución se insta al Gobierno a retirar en los próximos seis meses todos los escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura que aún no se hayan retirado.

martes, 15 de febrero de 2011

Balada triste de trompeta: España frente a los espejos cóncavos

Público.es-Pablo Iglesias Turrión 14/02/2011
"Un payaso con un machete, vas a acojonar esos cabrones", le dice un capitán (Fernando Guillén Cuervo) de la XI División de Enrique Lister a un Santiago Segura que se reinterpreta a sí mismo combatiendo a machetazos al ejército franquista. Como dice el personaje de Guillén-Cuervo: "con dos cojones".

¿Puede tener valor político una estética cinematográfica que ignora toda verosimilitud histórica?

Pensamos que sí, y si hay alguien que, en este país, ha sabido estetizar lo peor de la identidad española, ese es el cesante director de la Academia. Su apuesta por un tipo de comedia negra que combina el ritmo de Hollywood con esperpentismo, sainete y landismo es precisamente lo que hace de Álex de la Iglesia, un director políticamente interesante. Su habilidad para representar el feísmo español, provinciano, sociológicamente franquista y grotesco quedó demostrada en filmes imprescindibles como El día de la bestia y La comunidad.
Balada triste de trompeta, para nuestra desgracia, no está al nivel de las citadas. Las incoherencias del guión y los, perfectamente prescindibles, homenajes a sí mismo y al cine español no quedan compensados por los efectos especiales, la violencia filotarantiniana o los volúmenes exuberantes (con censura del pezón, eso sí) de Carolina Bang.
Por otra parte, su manido mensaje pesimista de las dos Españas abocadas a la desgracia de enfrentarse y autodestruirse ("la culpa no es nuestra, es de este país", dice uno de los personajes) la sitúa en la misma línea de películas como La vaquilla o Soldados de Salamina, en las que la nación aparece bien como vaca muerta en medio del campo de batalla, bien como mujer invisible con la que el soldado baila Suspiros de España. En Balada triste de Trompeta, España es la deseada trapecista cuya muerte sella la desgracia de los dos payasos, el triste y el malvado. Otra vez las dos Españas.
Sin embargo, si dejamos a un lado la trama y la pobre visión reconciliadora y nos permitimos disfrutar de ciertos pedazos del filme, nos encontramos con detalles políticamente muy valiosos, más allá de la sugerente sucesión de fotografías de los títulos de crédito, que terminan con el Guernica de Picasso.
Los primeros minutos tienen mucho encanto. La llegada de los soldados del ejército popular republicano al circo ("No bastan cojones para ganar la guerra, hace falta disciplina" le dice el capitán a un payaso) aporta, desde lo grotesco, más inteligencia sobre los debates en el bando antifascista durante la Guerra Civil que el maniqueísmo orwelliano de Ken Loach en Tierra y Libertad o que cualquier otra película sobre nuestra guerra. Si Loach se valía (como hizo Wajda después en Katyn) del falso documental para dar verosimilitud a su visión de la revolución española, de la Iglesia se atreve con el documento audiovisual real y vemos imágenes del Nodo que contribuyen con gran eficacia al retrato esperpéntico de España. Los noticieros franquistas, vistos por el espectador actual, son la mejor manera de esperpentizar el fascismo (católico y castrense) español.
Además, Álex de la Iglesia se atreve a enseñarnos a los perdedores de la guerra construyendo la cruz de los caídos en una ambiente camboyano de calaveras y horror. Si en algo hay que criticarle es en que no nos haya dado el placer de verla caer (como en El día de la bestia) sobre curas, caciques y policías franquistas. Quizá pudiéramos prescindir de los pezones de su Carolina Bang, pero la voladura de la Cruz de los caídos es una deuda que tiene el cine (los socialistas renunciaron a ella) con todos los demócratas antifascistas.
Al que sí que vemos volar en la película es al almirante Carrero. En un flash back que nos lleva al clásico de Pontecorvo Operación ogro vemos al payaso triste (Carlos Areces) cruzarse con el comando de ETA V asamblea ("Y vosotros ¿de que circo sois?") que acabó con el más fiel de los servidores de Franco.
Por último, no se puede dejar de elogiar la recuperación que hace de la Iglesia de un mito de la cultura franquista, reconvertido a la democracia como el que cambia de hígado: Raphael.
Aunque se trate de un filme de guión deficiente, muy lejano de lo mejor de su director, hay que reconocerle algunos buenos momentos que contribuyen a consolidar un lenguaje estético, entre el esperpento buñuelesco y el sainete a ritmo de road movie, más que valioso para representar lo peor de nuestra historia reciente: "Balada triste de trompeta por un pasado que murió, y que llora y que gime como yo...llorando recordando mi pasado", como canta Raphael.

jueves, 3 de febrero de 2011

Detenido el equipo de Amnistía Internacional en Egipto

Dos miembros del equipo de investigación de Amnistía Internacional han sido detenidos por la policía en El Cairo, después de que el edificio donde se encontraban fuera tomado por la policía militar esta mañana.

Nuestros compañeros han sido conducidos, junto con otros activistas de derechos humanos, a un lugar desconocido en El Cairo y aún no sabemos su paradero. Ya son miles las personas detenidas desde el comienzo de los disturbios, que se han cobrado centenares de muertos y heridos.

Las autoridades egipcias deberían concentrarse en garantizar el derecho de la población a manifestarse pacíficamente sin miedo a la violencia, en lugar de acosar y detener a activistas pro derechos humanos.

Ayer, el equipo de investigación de Amnistía Internacional en la zona dijo que la violencia desatada parecía en parte orquestada por las autoridades para sofocar las protestas multitudinarias que piden una reforma política profunda en Egipto tras 30 años de represión.

Por favor, firma aquí para que el Gobierno egipcio ponga fin a los ataques contra manifestantes pacíficos y garantice su protección. Y si tienes otros dos minutos, comparte este mensaje con todos tus conocidos.

En Amnistía Internacional seguiremos trabajando contrarreloj para que las autoridades egipcias pongan en libertad a nuestros compañeros y a todas las demás personas detenidas injustamente.

De todo corazón, gracias.

Esteban Beltrán
Director Amnistía Internacional – Sección Española

PD. Por favor, no olvides reenviarlo a todos tus contactos para que todo el mundo sepa lo que está pasando en Egipto

martes, 1 de febrero de 2011

España no fue Túnez


2011/02/02  Pedro A. García Bilbao [sobre un texto de Sadri Khiari]
Hemos tomado un artículo sobre Túnez escrito por Sadri Khiari —«La revolución de la dignidad», publicado en rebelion.org, el 21/01/2011— y hemos hecho un juego sencillo: sustituir «Ben Ali» por «Franco» y «tunecino» por «español». El resultado es estremecedor. La miseria de la transición española queda al descubierto: la impunidad del franquismo, la pervivencia en el poder de las clases sociales que se beneficiaron de la dictadura y la monarquía impuesta son el resultado. Los tunecinos —y tampoco los egipcios— no desean el modelo español de transición, supondría un fraude, una derrota de la democracia y las esperanzas de libertad. El artículo de Khiari expone la realidad de una dictadura miserable que fue derrotada por la valentía de un pueblo que salió a la calle y un día dijo basta. El artículo que presentamos ahora es el mismo que hubiera podido ser escrito en el verano de 1977 si el gobierno Suárez se hubiera visto obligado a dimitir si la oposición se hubiera negado a participar en la mascarada de las elecciones de aquel año y las movilizaciones en la calle hubieran continuado. No fue así, el PSOE y el PCE de Santiago Carrillo pactaron con los herederos del régimen y apoyaron la monarquía impuesta. Esa fue la historia verdadera. ¿Hubiera podido ser distinto? Para que lo hubiese sido habría que haber sabido decir no a Suárez y al Rey y haber mantenido la presión en la calle. Quizás las cosas hubieran sido distintas. Hoy nuestros hermanos árabes, y me siento feliz al escribir esto, nos están dando una lección maravillosa de lucha por la libertad y la dignidad. Sadri Khiari empleó estas palabras para hablar de Túnez, permitidme que las tome para hablar de la España que pudo ser y no fue.

Hoy, como todos los días desde la muerte de Franco, me he hecho veinte veces la misma pregunta: ¿Cómo explicar una sacudida tan profunda en España –famosa por la «estabilidad» de su dictadura- y la caída repentina del régimen de quien llevó las riendas con mano de hierro apenas un año y medio después de su muerte?
Hay miles de explicaciones posibles. Pero me quedo con una. La más importante desde mi punto de vista: el poder de la camarilla mafiosa que rodeaba al extinto dictador no se basaba en ningún mecanismo de consenso o de consentimiento. En otras palabras, carecía de cualquier autoridad moral sobre la población. Y ningún sistema político puede resistir a una ausencia absoluta de autoridad moral. Incluso entre los sectores privilegiados de la población, incluidos los que se beneficiaban directamente del régimen de Franco, él mismo, su esposa o sus allegados sólo suscitaban el temor y el desprecio más absoluto.
Desde su llegada al poder en 1936, Franco se dedicó a construir una gigantesca maquinaria de represión, de divisiones, de control y de clientelismo de la población. Tras el final de la guerra a veces se hablaba en los periódicos extranjeros de la detención de militantes políticos o de dirigentes sindicales, de la tortura practicada a los opositores, de las intimidaciones brutales cuyo objetivo eran los defensores de los derechos humanos. Pero lo más importante de la actuación policial estaba en otra parte: afectaba a la mayoría de la población sometida a una presión policial constante, la de los servicios del Ministerio de la Gobernación, por supuesto, pero además la de las múltiples milicias [Falange, guardia de Franco, Guardia Civil, Somatenes, Policía Armada] y cuerpos represivos del Movimiento Nacional, del que Adolfo Suárez fue secretario General, que no fue un partido como los demás, sino un anexo del Estado encargado de dividir, vigilar, castigar, sobornar, corromper o chantajear a cualquier persona de cualquier ámbito social. A esas instituciones represivas que su versión policial hoy aun no se han depurado, hemos de añadir las estructuras de la administración, la cual se supone que está al servicio de los ciudadanos y sin embargo sólo servía, hasta ahora, como transmisora del poder y de las directrices de las cumbres del Estado. En otras palabras, dichas estructuras han desempeñado el papel de órganos de represión, división vigilancia y sometimiento. El funcionamiento del ministerio de Justicia es ejemplar en este sentido. El aparato del estado sigue siendo el mismo y no parece que deseen cambiarlo.
No se trata de acusar a todos los funcionarios, la mayoría del tiempo buenos ciudadanos mal remunerados que trabajan en condiciones desastrosas y están sometidos ellos mismos a la omnipotencia de sus superiores. Se trata de señalar la capacidad del sistema policial para convertir a todos y cada uno en cómplices y en la voz de su amo.
Que nadie se confunda: la mecánica policial y burocrática establecida por Franco no tenía como único objetivo suscitar el miedo y la obediencia. Tenía la finalidad, mucho más perniciosa y mucho más eficaz que el miedo, de asesinar en cada individuo aquello que le hace humano. Franco construyó un inmenso aparato destinado a romper la dignidad de los españoles; desarrolló una formidable tecnología de la indignidad. El compromiso o incluso la complicidad, la corrupción, los miles de chanchullos vergonzosos a menudo imprescindibles para sobrevivir o simplemente para vivir en paz, fueron, entre otros, los mecanismos de la construcción sistemática de la indignidad. El absoluto desprecio del poder hacia el pueblo necesitaba que toda la sociedad lo sufriese en primera persona y todas las personas lo sintiesen por sus semejantes y por sí mismos.
Repito: la represión y el miedo nunca habrían bastado para preservar un poder que no disponía de ninguna autoridad moral. A falta de una legitimidad de esa naturaleza, Franco y su banda de delincuentes hicieron otra elección: destruir la moral, romper la solidaridad, abolir el respeto, generalizar el desprecio, humillar, humillar y seguir humillando. No sois nada, nunca seréis nada, hombrecillos, ése es el mensaje social y moral del régimen de Franco. Fraga, aceptablemente elitista, consideraba que los españoles no eran más que «partículas de individuos» que él se encargaría de convertir en una nación. Franco hizo la apuesta contraria, convertir la nación en partículas de individuos. Esa apuesta ha fracasado porque la nación rechazó convertirse en partículas. El lodo del palacio de El Pardo nunca consiguió sumergir al conjunto de España.
Desde mi punto de vista hablar de la miseria, las dificultades sociales, la necesidad abstracta de libertades democráticas o incluso de la represión como simple fábrica del miedo o de la sumisión, sólo permite comprender una pequeña dimensión de los acontecimientos que se desarrollan desde este invierno de 1977 en España. Joseba Elosegui, el veterano gudari que vivió el bombardeo de Guernica y se arrojó envuelto en llamas a los pies de Franco en Anoeta, no intentó suicidarse de forma tan horrible por una locura transitoria ante las humillaciones diarias que la dictadura infligía al pueblo vasco y al español. Se prendió fuego porque, resonaban en su alma de resistente el escupitajo de José María de Areilza años atrás —acordémonos de aquello de «Euskadi ha muerto porque lo hemos matado»— y que resumía muy bien lo que el régimen de Franco nos decía todos los días: la República fue aplastada para siempre y haremos de vosotros lo que queramos. Elosegui, cuyo ejemplo hoy nos sirve de inspiración a todos, muy ciertamente, estaba harto del victimismo nacido de la derrota de 1939. No podía soportar haber dejado de ser un ser humano. Su ejemplo nos acompaña; todos pensamos en él; todos nos identificamos con él, incluso cuando la mayoría de nosotros nacimos después de la guerra. La fuerza motriz de la revolución española no tiene otro objetivo, al derrocar la monarquía impuesta por el dictador, que devolver a nuestro país la dignidad que el fascismo triunfador de 1939 le arrebató.
Las movilizaciones y protestas masivas que han causado la caída de Suárez ¿qué buscaban? ¿Los españoles han reivindicado sólo aumentos salariales? ¿La libertad de prensa? ¿Nuevas leyes? No, en primer lugar han expresado su dignidad; han afirmado que su dignidad exigía el fin de la impunidad del franquismo y sus continuadores. Y lo han conseguido. Si Suárez y el Rey Juan Carlos lo hubiesen entendido no habrían perdido su tiempo haciendo concesiones que sólo eran concesiones desde su punto de vista: la amnistía a cambio de reconocer que el franquismo fue legal, la figura del Rey intocable, el acceso a la televisión y la prensa pero sin un sólo periódico o radio en manos de la oposición, unas elecciones generales con los ayuntamientos todavía en manos fascistas y sin que los republicanos se pudieran presentar y mil propuestas grotescas más. ¡Dos años más con los ayuntamientos en manos de los partidarios del Régimen y con la monarquía cómplice en el poder! Grotesca transición la que nos proponían. Lo que está en juego es la pervivencia del franquismo con su impunidad, lo que representaría una democracia trucada ¡Es imprescindible un gobierno de unidad de toda la oposición y elecciones libres ya, además de la destitución inmediata de todos los ayuntamientos del régimen!
¿Ya ha acabado todo? Por supuesto que no. La efervescencia revolucionaria no se ha extinguido. Por todas partes la dignidad sigue luchando contra la indignidad. El pueblo español ya no está compuesto por individuos que resisten, mal que bien, para preservar su cualidad de seres humanos; es un cuerpo colectivo al que horroriza la idea de que los antiguos hombres del régimen de Franco reconvertidos ahora en juancarlistas y algunos políticos, impacientes por repartir la tarta del poder, le priven de su victoria. El pueblo español sólo confía en sí mismo y tiene razón. El segundo acto de la revolución tiene como desafío la disolución de las instituciones establecidas por el antiguo secretario general del Movimiento, Suárez, –en primer lugar la UCD- y la elección democrática de una asamblea constituyente que devolverá al pueblo la soberanía política de la que está privado desde hace decenios. Después, ya veremos.

Nota: la hipótesis del artículo se basa en que los intentos de Suárez de pactar con la oposición la impunidad de los franquistas y la monarquía fracasaron por la negativa de los partidos y organizaciones populares. Al no poder convocar las elecciones de 1977, el proyecto de reforma e impunidad fracasó y tras varios meses de movilizaciones populares masivas, la presión extranjera —estadounidense sobre todo— temerosa de una desestabilización a la portuguesa, forzó un gobierno de transición que convocó elecciones realmente libres.

España no fue Túnez. Pedro A. García Bilbao [sobre un texto de Sadri Khiari]


lunes, 7 de junio de 2010

Los grandes grupos empresariales y financieros durante la dictadura

Vicenç Navarro 7 de junio de 2010
Este artículo muestra un ejemplo de la complicidad que la dictadura (y los medios de información conservadores) tuvo con las grandes empresas industriales y financieras que consiguieron grandes beneficios a costa de la salud y calidad de vida de sus trabajadores. La democracia permitió corregir algo estos abusos pero la complicidad del estado continúa existiendo, lo cual debería denunciarse en los mayores medios de información, lo cual raramente se hace.
La juventud no conoce lo que fue la dictadura y hay que explicárselo. Un aspecto de la dictadura que ha estado poco estudiado ha sido la relación privilegiada que el mundo de las grandes empresas financieras (la Banca) e industriales tuvo con el estado dictatorial. La evidencia acumulada señala claramente que tal estado favoreció sistemáticamente a tales grupos económicos, promoviendo y defendiendo sus intereses a costa de los intereses de los trabajadores. Un ejemplo, entre miles, es el caso Uralita (propiedad de la familia March, la banca más importante de España en los años treinta, que financió el golpe militar fascista del 1936). Uralita fue durante muchos años el mayor productor de productos de amianto en España. El amianto es enormemente tóxico y mata a un porcentaje elevado de los obreros que lo trabajan, consumiendo su tejido pulmonar, que queda inmovilizado por las fibras del amianto, situación que es conocida en la literatura científica desde 1930. En Cataluña Uralita tiene su base en Cerdanyola del Vallés. Durante todos los años de la dictadura, Uralita negó que hubiera ningún trabajador en su fábrica enfermo como consecuencia de trabajar con el amianto. Y las autoridades franquistas, dirigidas entonces por el jefe-delegado del gobierno en Cataluña, el recientemente fallecido Sr. Antonio Samaranch, aceptaron tales declaraciones dando por ciertas tales afirmaciones. La Vanguardia (llamada entonces La Vanguardia Española), de la familia Godó, que colaboró activamente con la dictadura, nunca escribió, informó, y, todavía menos, denunció lo que estaba ocurriendo en aquella fábrica.
Los sindicatos clandestinos (Comisiones Obreras) pidieron ayuda a los médicos que trabajaban en el Hospital Clínico, uno de los centros sanitarios más importantes de Cataluña. Dos médicos de tal institución (jugándose su cargo) decidieron mirar si había sustancia o no en las quejas de los trabajadores. Y las había. Encontraron nada menos que 300 casos. Sus nombres eran Doctores César Picado y Roberto Rodríguez Roisin. En realidad, nada menos que el 25% de los trabajadores padecía alguna enfermedad relacionada con el amianto. Una persona clave, que ayudó a los trabajadores de Uralita a encontrar médicos que les ayudaran, fue el Dr. Josep Tarrés, que trabajaba en la atención primaria de Cerdanyola, donde se comenzaron a detectar los primeros casos de patologías respiratorias entre trabajadores de tal fábrica.
La resistencia de la empresa Uralita a reconocer estos casos fue radical. Tenía toda una batería de médicos de empresa que negaban lo que todos los neumólogos (expertos en el aparato respiratorio) en el mundo saben, es decir, que era imposible que se trabajara con amianto sin desarrollar asbestosis, la enfermedad pulmonar que se desarrolla como resultado de estar expuesto al amianto. Uralita negaba que hubiera casos de asbestosis en su fábrica. Es más, atemorizaban con dejar Cerdanyola si continuaban las quejas de los trabajadores, acusándoles de ser “agitadores comunistas”, acusación enormemente perjudicial para los supuestos agitadores, pues era causa de detención y tortura durante la dictadura.
Al llegar la democracia se pudo ya iniciar un estudio más extenso, dirigido por el mismo Dr. Josep Tarrés, detectándose casi mil enfermos de asbestosis. Lo que es sorprendente es que, a pesar de esta evidencia, no se prohibió la producción y utilización del amianto durante el periodo del gobierno conservador, CIU, y no fue hasta mucho más tarde, en 2002, que se prohibió.
El problema, sin embargo, es incluso más amplio que el de los trabajadores del amianto, por muy grave que éste sea, pues el amianto se desplazó a los barrios obreros cerca de la fábrica donde se trabaja con amianto, trasmitiendo sus fibras por el aire. Según estudios recientes, el 30% de los casos de asbestosis no son trabajadores del amianto, y al no haberse adquirido en su puesto de trabajo, no se les considera enfermos de patología laboral, aún cuando, frecuentemente, el que trasladó el amianto con su ropa haya sido un trabajador del amianto.
Una última observación. Nunca, ningún empresario de Uralita ha ido a la cárcel, y el Sr. Samaranch fue honrado recientemente con el honor máximo que se puede dar a una persona en Cataluña. Mientras, los trabajadores todavía están intentando que los tribunales fuercen a Uralita a pagar indemnizaciones a los afectados por asbestosis, y sólo hace unos días consiguieron algunas de ellas, en cantidades que eran claramente insuficientes. Varias conclusiones se derivan de este hecho. Una es que la dictadura era una dictadura de una clase (la clase de las grandes empresas financieras e industriales) en contra de otra clase, la clase trabajadora. Otra conclusión es que los enormes beneficios de la primera clase se consiguieron a costa de los intereses (salud y calidad de vida) de los segundos. La tercera conclusión es que los grandes medios de información de la derecha colaboraron con la dictadura, silenciando esta enorme explotación de clase, sacando pingües beneficios de tal colaboración. Y la cuarta conclusión es que tales grandes grupos empresariales y las derechas políticas continúan teniendo una gran influencia sobre los medios y sobre el estado, cuestionando la mal llamada transición “modélica” de la dictadura a la democracia, pues treinta y dos años después de que ocurriera la transición, todavía se celebra y homenajea a los responsables de aquella situación, y no se honra a los que lucharon para cambiarla.

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