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sábado, 14 de noviembre de 2015
domingo, 14 de septiembre de 2014
La ONU critica a España por no resarcir a las víctimas del franquismo
eitb.com10/09/2014
"Los mayores vacíos se evidencian en materia de verdad y
justicia", ha dicho el relator especial de la ONU. Ha criticado que el Estado
haya permitido "la privatización" de la búsqueda de víctimas.
Casi cuatro décadas después de que acabara la dictadura en España, el Estado
no ha sido capaz de elaborar e implementar una ley global y transversal que
resarza a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante la
Guerra Civil y el franquismo.
Así lo ha asegurado hoy el relator especial de Naciones Unidas sobre la
promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no
repetición, Pablo de Greiff, durante la presentación de su informe sobre España
ante el Consejo de Derechos Humanos, reunido en su vigésimo séptima sesión.
"Los esfuerzos por responder a los legados de la Guerra Civil y de la
dictadura en casi todos los pilares del mandato han sido caracterizados por la
fragmentación. Las medidas adoptadas no han respondido a una política de Estado
consistente, incluyente y global en favor de la verdad, la justicia, la
reparación y las garantías de no repetición", ha afirmado el relator.
"Los mayores vacíos se evidencian en materia de verdad y
justicia", ha agregado el relator, quien lamenta que "nunca" se haya
establecido una política de Estado en la materia.
Privatización de la
búsqueda
El relator ha criticado especialmente que el Estado haya permitido "la
privatización" de la búsqueda de víctimas.
"El modelo vigente de privatización de las exhumaciones, que delega esta
responsabilidad a las víctimas y asociaciones, alimenta la indiferencia de las
instituciones estatales y conlleva dificultades metodológicas, de homologación y
oficialización de la verdad", ha dicho.
Es por ello que el relator recomienda al Estado español que revise el modelo
actual, asigne los recursos necesarios y asegure la actuación de las autoridades
judiciales en todos los casos.
Justicia y símbolos
franquistas
En el área de la justicia, De Greiff ha denunciado "un excesivo formalismo e
interpretaciones restrictivas de la Ley de Amnistía y del principio de legalidad
que no sólo niegan el acceso a la justicia, sino que también impiden cualquier
tipo de investigación".
Asimismo, De Greiff ha solicitado al Estado español que colabore con
procedimientos judiciales en el exterior y tome las medidas "contra el
debilitamiento de la justicia universal por parte de los tribunales
españoles".
El relator también ha hecho mención especial a los símbolos franquistas que
aún persisten en lugares públicos del país, y recomendó que se remuevan o se
reasignen. De Greiff ha citado especialmente el Valle de los
Caídos y ha pedido que se aplique lo sugerido por la Comisión de
Expertos que, precisamente, recomendó la "resignificación del monumento".
Más información:
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica califica de lamentable la respuesta española en Ginebra
El Gobierno ´discrepa´ con la ONU sobre memoria histórica
Gallardón expresa el desacuerdo con las recomendaciones de la ONU sobre los crímenes del franquismo
El Gobierno ´discrepa´ con la ONU sobre memoria histórica
Gallardón expresa el desacuerdo con las recomendaciones de la ONU sobre los crímenes del franquismo
La asociación judicial progresista denuncia el incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y la actitud obstruccionista del Gobierno. Reclama que se destine dinero para la exhumación y la identificación de las víctimas
El relator de Naciones Unidas, Pablo de Greiff, critica que España no haya resarcido aún a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura. Y pide la remoción o "resignificación" de los monumentos franquistas, en especial del Valle de los Caídos
Intervención de la representante del Gobierno español en respuesta a la intervención del Relator para la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición Pablo de Greiff. 10.09.2014
domingo, 17 de agosto de 2014
In memoriam Antonio Martín Bellido
Juan Busquets 17/8/14
Texto cedido por el autor
Texto cedido por el autor
El 17 de agosto falleció Antonio Martín Bellido a los 75 años, de un cáncer en el páncreas. Me contó unos meses antes de morir, con un cierto humor, que se dedicaba en la sala de espera del hospital animar a otros que sufrían su misma enfermedad. No me chocó en absoluto conociendo su forma de ser, de querer ayudar a otros enfermos menos animosos, en una situación tan delicada y difícil para él.
Antonio Martín nació en Canilejas (Madrid) el 11 de febrero 1938. Su padre Félix Martín en 1939 después de la batalla del Ebro se refugió en Francia, internado en el campo de concentración de Saint Cyprien, de allí las autoridades francesas lo enviaron al Norte de Francia para fortificar la linea Maginot.
Diez años más tarde Antonio Martín, acompañado de su madre llegó a Estrasburgo en 1949, donde conoció a su padre.
Martín, después de terminar, a los 19 años, sus estudios de perito electricista, fue a trabajar a Paris donde se unió a las Juventudes Libertarias. En 1962 hizo una marcha antinuclear en Londres. Meses después fue nombrado Secretario de la Federación Local de Paris de la JJLL. Partidario de la acción directa contra el franquismo y militante de la organización clandestina “Defensa Interior”, fue autor de una serie de ataques contra los intereses franquistas, tanto en España como en Italia. El más importante, y que tuvo más resonancia por el simbolismo que representaba, fue la bombita de cien gramos que puso en agosto de 1962 en el Valle de los Caídos (conjuntamente con Paul Desnais, compañero también fallecido recientemente) sin la intención de herir ni matar ni destruir nada, era un petardo alegórico de protesta contra aquel monumento franquista que fue construido por prisioneros republicanos.
Como consecuencia del sabotaje fue detenido Francisco Sánchez Ruano, acusado de ser él quien colocó la bomba en el Valle de los Caídos, por ello fue condenado a 25 años por un hecho que no había hecho.
Los verdaderos responsables del petardo del Valle de los Caídos pidieron audiencia, en tanto que notario, al cónsul de España en Paris, auto inculpándose de ser los responsables, con el fin de demandar la revisión del proceso.
Para los tribunales franquistas el hecho de ser culpable o inocente no influía nada en su resolución condenatoria, que de antemano estaba decidida mucho antes de empezar el juicio. El régimen por delitos Contra la Seguridad del estado, aplicaba de forma despiadada <<La
Ley de Talión>> El terror era la única justicia que concebía Franco para mantenerse en el poder.
Antonio Martín, siempre dio la cara con valentía por los hechos que había realizado, fue su regla de conducta de siempre, y sin tapujos.
Antonio Martín, siempre dio la cara con valentía por los hechos que había realizado, fue su regla de conducta de siempre, y sin tapujos.
Martín siempre fue solidario con los combatientes antifranquistas, y predispuesto a combatir la amnesia de nuestra propia historia a la que España está sometida desde 1977. Ha colaborado en varias demandas con el fin de demostrar, ante las jóvenes generaciones, la criminalidad del franquismo y de sus esbirros y ha escrito un sin fin de artículos sobre temas sociales, científicos y técnicos en múltiples periódicos y revistas de tendencia libertaria.
Deseo resaltar mi respeto al militante libertario, el amigo que estuvo siempre presente en los momentos más difíciles.
Mi más sincera condolencia a su compañera Amelia y su hijo Rolando.
Juan Busquets
lunes, 28 de abril de 2014
¿Qué empresas usaron a esclavos del franquismo?
- La explotación económica de los vencidos llevó a la dictadura franquista al extremo de emplear a más de 400.000 presos políticos como trabajadores forzados.
- Compañías públicas y privadas –algunas cotizan en el IBEX 35– resultaron beneficiarias de mano de obra gratuita en la mayoría de sectores productivos.
- El trabajo esclavo forma parte de la querella argentina contra los crímenes del franquismo y la Ley de Memoria Democrática prevé hacer "copartícipes" de la "reparación" de los reclusos a las "organizaciones" implicadas.
eldiario.es - Juan Miguel Baquero
26/04/2014
El franquismo llegó al extremo de usar presos políticos como esclavos. Fiel a la explotación económica de los vencidos como "botín de guerra". Había que "reconstruir" el país y... ¿qué empresas emplearon mano de obra gratuita durante la dictadura? La iglesia, el ejército sublevado e instituciones públicas. Pero no sólo. Entidades privadas de casi cualquier sector se beneficiaron del empleo de más de 400.000 reclusos en régimen limítrofe a la esclavitud. Algunas cotizan hoy en el IBEX 35, herederas de aquellas actividades primigenias o extirpadas de su germen económico.
Para sortear la muerte por hambre o enfermedad, plato diario en las cárceles franquistas, incluso había detenidos que solicitaban su traslado a batallones de trabajadores forzados. Banús Hermanos, San Román, Huarte, Agromán o Dragados y Construcciones. Estas compañías, y otras muchas, aprovecharon la oportunidad que ofrecía el entramado diseñado a lomos de presidiarios "para alzar sus imperios económicos durante la dictadura franquista". Unos redimían condena, otros obtenían réditos de otro modo impensables. Así reza en el marco de la querella argentina que María Servini de Cubría instruye desde el Federal 1 de Buenos Aires, a denuncia del grupo de trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (RMHSA) de CGT. Y en la ley andaluza de memoria, que plantea hacer a estas y otras muchas empresas "copartícipes" de la "reparación" de esas víctimas.
"Ferroviarias como Norte, MZA, Renfe, constructoras como Entrecanales, San Román, Huarte o Banús, mineras como Duro, Babero, transformadoras de metales como Babor Wilckok, Astilleros de Cádiz, La Maquinista Terrestre". Una relación que el director científico del proyecto Todos (…) los nombres, José Luis Gutiérrez Molina, completa con "órdenes religiosas, ayuntamientos, confederaciones hidrográficas y diversas administraciones de Justicia o gubernativas". "¿Números? Más de 400.000 presos susceptibles de ser utilizados, en Andalucía más de 100.000", enumera. Los derrotados, "botín de guerra" para las fuerzas golpistas.
Eran "trabajadores, jornaleros y campesinos", en gran parte, y debían cargar con el "esfuerzo de la reconstrucción" del país. Una tarea abierta hasta 1956 que el coautor del libro El Canal de los Presos. Trabajos forzados: de la represión política a la explotación económica cuantifica en "al menos 800 millones de euros". "Desde el pequeño taller a la gran industria vasca, catalana o andaluza –cuenta Gutiérrez Molina–, no hubo sector industrial, comercial, agrario o de servicios que no contara, en mayor o menor número, con trabajadores esclavos".
El anteproyecto de Ley de Memoria Democrática de Andalucía señala (artículo 19): "Reparación por trabajos forzados. La Administración de la Junta de Andalucía impulsará actuaciones para hacer copartícipes de las medidas de reconocimiento y resarcimiento a las organizaciones que pudieron utilizar los trabajos forzados en su beneficio". El Gobierno autonómico, con el nuevo marco legal que reconoce la mano de obra esclava en trámite, no desvela aún cómo motivará la participación de las empresas implicadas.
¿Quién debe responder por esos delitos? "En el caso de Alemania las empresas pagaron, pusieron la mitad del fondo de indemnizaciones y la otra la puso el Estado", compara el coordinador de RMHSA, Cecilio Gordillo, que declaró por videoconferencia en febrero ante la justicia argentina y sugiere "candidatos a ser convocados por la juez Servini". Caso de "Florentino Pérez, de Dragados y Construcciones (ACS), José Manuel Entrecanales, de Entrecanales y Távora (Acciona), Gonzalo Ferre, de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Julio Gómez-Pomar, de Renfe y Juan Miguel Villar Mir, de Huarte (OHL)". Actuales responsables de empresas, "o sus antecesoras", señala, que nunca reconocieron el "abuso". Como publicó Financial Times Magazine en el año 2003.
eldiario.es/andalucia se ha puesto en contacto con estas empresas, que han declinado hacer declaraciones al respecto. "No haremos ningún comentario sobre ese tema", una respuesta repetida que se extendió en la mayoría de los casos al momento en que, en teoría, la ley andaluza de memoria les conmine a participar en el reconocimiento a los trabajadores forzados. En ningún caso se negó la participación de las "antecesoras" de estas compañías e, incluso, hubo solicitud de información a este periódico "para conocer un poco más en qué consiste todo eso".
En sectores como la minería y la construcción, los presos fueron "imprescindibles". "El número de pantanos inaugurados por Franco, sin la mano de obra esclava, hubieran sido muchos menos, lo mismo que las líneas férreas, carreteras o aeropuertos", relata Gordillo. Obras, también, como el Valle de los Caídos. Para administrar los campos de concentración convertidos en "empresas de trabajo temporal", el régimen creó –el 11 de octubre de 1938– el Patronato Central de Redención de Penas por el Trabajo (PCRPT).
En su organigrama cabían, describe Gutiérrez Molina, "funcionarios de prisiones, de prensa y propaganda, un eclesiástico, un contable, varios ingenieros, auditores generales de los tres ejércitos y de los organismos públicos que más trabajadores empleaban". Como el Servicio Nacional de Regiones Devastadas, empresas ferroviarias intervenidas, el Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas y la Compañía de Caminos de Hierros del Norte. Por cada día de trabajo, un preso redimía dos de pena. El Estado, que cobraba una cantidad a la empresa beneficiaria, pagaba un jornal –"aunque no siempre cumplía"– del que descontaba la comida y la ropa del recluso.
Empresas que solicitaron trabajadores forzados
En Franquismo y trabajo esclavo, una deuda pendiente, el investigador José Luis Gutiérrez Molina expone una relación de 90 empresas que solicitaron y les fueron concedidos penados como mano de obra forzada. Una treintena corresponden a organismos oficiales, once a la iglesia católica, ocho al Ministerio del Ejército y el resto a compañías privadas y una institución benéfica (Fundación Elorz).Instituciones públicas que usaron presos: Secretaría General del Consejo de Estado, Astilleros de Cádiz, Consejo Superior de Protección de Menores, Sindicato Nacional del Espectáculo, Regiones Devastadas de varias provincias, gobiernos civiles, direcciones generales, ayuntamientos… además, entre otras, de la Fundación Generalísimo Franco y la Jefatura de FET de las JONS en Lérida.
La iglesia reclamó trabajadores esclavos para obras en parroquias, conventos y otros edificios de Madrid, Barcelona, Cuenca, Murcia o Valladolid. Como empresas privadas, aparecen relacionadas con la metalurgia (Múgica, Arellano y Cía., Babock Wilcok, La Maquinista Terrestre y Marítima, Talleres Mercier o Industrias Egaña), la minería (Carbones Asturianos, Minera Estaño Silleda, Duro Felguera, Minería Industrial Pirenaica o Minas de Sillada), la construcción (Sociedad Constructora Ferroviaria o Ibérica de Construcciones y Obras Públicas), agricultura, mecánica, zapatería, espartería y fábricas de muebles, cristal, guantes o alpargatas.
El propio autor, junto a Dolores Martínez, en El trabajo esclavo de los presos políticos del franquismo en Andalucía, repasan los campos de concentración y trabajo instalados en la región, con el número de reclusos que acogieron y las fechas en que estuvieron activos. Además, establecen un listado con la relación de obras en que intervinieron prisioneros, presos y penados en Andalucía entre 1936 y 1956. Una lista casi interminable "que no se ha estudiado a fondo".
lunes, 3 de febrero de 2014
El relator de la ONU insiste: España debe juzgar los crímenes del franquismo
- Pablo de Greiff insta al Estado a dejar sin efecto la ley de amnistía de 1977
- Tras ver el Valle de los Caídos propone convertirlo en un museo: "Las víctimas lo merecen"
- El experto de Naciones Unidas ha visitado también Paracuellos
- Naciones Unidas reclama a España juzgar las desapariciones del franquismo
El País - Natalia Junquera - Madrid 3 FEB 2014
Pablo de Greiff, relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, pidió visitar en primer lugar España para comprobar qué grado de todas las cosas que componen el largo nombre de su cargo tienen aquí las víctimas del franquismo. Y a juicio de sus conclusiones preliminares, que ha presentado esta mañana antes de regresar a Nueva York, no es, ni de lejos, suficiente. El Estado, afirma, debe dejar sin efecto la ley de amnistía, que en la práctica, en España "cumple las funciones de una ley de punto final en tanto que se ha utilizado para archivar prácticamente la totalidad de los casos que llegan ante los jueces".
De Greiff ha recordado que en países donde no se han derogado leyes de amnistía, los tribunales han encontrado interpretaciones de esas normas "que no han impedido el procesamiento de los presuntos responsables". Aquí, sin embargo, se invoca constantemente para impedir el acceso de las víctimas de la justicia. El relator ha confesado su "preocupación" por la posición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional al denegar la solicitud de extradición a Argentina de los dos presuntos torturadores franquistas José Antonio González Pacheco, Billy el Niño, y Jesús Muñecas Aguilar.
El relator, como hace unos meses hicieron sus compañeros del Grupo de trabajo y el Comité de Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas, ha insistido en la necesidad de que el Gobierno haga una "política de Estado" para reparar a las víctimas de franquismo, y que lo haga, además, "con urgencia", debido a la avanzada edad de muchas de ellas. En este sentido, recordó que el mapa de fosas - "que no hubiera sido posible sin los esfuerzos de historiadores y asociaciones memorialistas"- recoge hasta 2.382 enterramientos clandestinos que "contendrían los restos de 45.000 personas". El relator ha criticado en estos términos que el Estado hubiera dejado en manos de los familiares la responsabilidad de la localización y apertura de fosas de la Guerra Civil: "El modelo de privatización de las exhumaciones facilita la indiferencia de las instituciones del Estado".
El experto ha comentado que durante los diez días que había pasado en España entrevistándose con miembros del Gobierno, como el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, jueces, defensores del pueblo y víctimas, le había llamado especialmente la atención la "inmesa distancia" entre las instituciones del Estado y las víctimas, en este caso, de los crímenes del franquismo. Nunca en sus 20 años de experiencia, ha destacado, se había encontrado algo parecido.
De Greiff también ha comentado que durante su visita había querido ver el Valle de los Caídos, un asunto al que se referirá ampliamente, ha avanzado, en su informe definitivo, que presentará en septiembre. "Las víctimas exigen, y considero que merecen, la reconsideración de este tema", ha dicho, refiriéndose al cambio de significado del monumento que Franco ideó para inmortalizar su victoria. "A día de hoy", lamentó el relator, "no hay nada en el sitio que proporcione algún tipo de información o señalización acerca de la forma en que fue construido (por presos) ni sobre las condiciones bajo las cuales muchos de los cuerpos que ahí descansan fueron trasladados".
El relator también ha instado al Gobierno a anular todas las sentencias de los consejos sumarísimos, una vieja reivindicación de las víctimas que se descartó durante el debate sobre de la ley de memoria histórica entre otras cosas por el temor a que los afectados reclamaran indemnizaciones.
Finalmente, de Greiff también ha manifestado su "preocupación" ante la proposición de ley del PP sobre la justicia universal que "limitaría significativamente" la aplicación de este principio en los tribunales españoles.
En septiembre, presentará su informe de recomendaciones definitivas para España. Preguntado por hasta qué punto creía que el Gobierno haría caso a Naciones Unidas, ha contestado que él no es ni un "cínico" ni un "romántico". Que se ha cuidado mucho de no cometer "la crueldad" de prometer a las víctimas cosas que no puede prometer o generar expectativas que no vaya a poder satisfacer. "Pero si ellos no se rinden, yo tampoco. La única promesa que he hecho es mi compromiso a seguir velando por el ejercicio de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación"
martes, 28 de enero de 2014
Fallo de Memoria en el PSOE
¿Qué credibilidad puede tener ahora el PSOE cuando habla de cualquier tema relacionado con la MH? La respuesta es que ninguna, por parte de nadie. Y es que cuando han estado en el Gobierno se han negado a afrontar el asunto y se han limitado a intervenir puntualmente en los temas más visibles, sin que en ningún momento hayan tomado las resoluciones necesarias para avanzar de una buena vez en un asunto que no va a desaparecer de la vida de nuestro país simplemente porque se le ignore.
17 de enero de 2014
miércoles, 11 de diciembre de 2013
“Los jueces de la dictadura franquista continuaron en democracia”
El funcionario de la ONU estuvo en España para
entrevistar a distintas autoridades por la causa sobre las
desapariciones durante la dictadura franquista. “Hay fiscales y jueces
que comparten lo actuado por Baltasar Garzón, pero están muy aislados”,
afirma.
Página /12 - Adrián Pérez 9/12/13
–Durante
la visita a España, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e
Involuntarias de Naciones Unidas, integrado por usted y Jasminka
Dzumhur, se reunió con un amplio abanico de funcionarios, desde
representantes del Poder Judicial hasta secretarios de Estado del
gobierno de Mariano Rajoy. ¿Qué impresión se llevó de esos encuentros?
–Lo más interesante fue observar cierta apertura al diálogo en el sentido de responder a todas nuestras preguntas con información. No percibí una intención de ocultar o tener que atacar lo que nosotros íbamos a hacer. Es importante si se compara con la reacción de autoridades de otros países que asumen un tono mucho más defensivo, donde no se da información o simplemente se cuestionan las preguntas de los miembros del grupo. Hubo menos apertura en los encuentros con autoridades del Poder Judicial. La posición de los magistrados con los que nos reunimos fue mucho más categórica que las autoridades del gobierno.
–Esa apertura al diálogo, sin embargo, no se traduce en políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
–Lo que percibimos en las reuniones y la actitud de las autoridades en relación con nosotros no necesariamente representa un compromiso con las desapariciones forzadas. Tenemos muy claro que una cosa es el diálogo que podamos trabar con las autoridades y otra la evaluación que podemos hacer de las políticas públicas y las omisiones del gobierno. No lo vemos como una contradicción, sino como una de las formas en que el gobierno se relaciona con un organismo de Naciones Unidas, como nuestro grupo de trabajo.
–El panorama que describe muestra una actitud corporativa del Poder Judicial...
–Evidentemente, es una de las áreas donde mayores problemas hay para avanzar en el tema de desapariciones forzadas: dificultades con decisiones que están tomando en muchos aspectos; también la pasividad con que reaccionan ante casos de desapariciones forzadas de la Guerra Civil. Por un lado, está la manera en la que actúan en esos casos y, por otra parte, las teorías jurídicas que utilizan en sus decisiones.
–Ambas reacciones son problemáticas. ¿A qué responden?
–Una de las explicaciones que nos dieron es que, a diferencia de otros países que pasaron de dictadura a democracia, en España no hubo un quiebre en la conformación del Poder Judicial. Los jueces que vinieron de la dictadura franquista continuaron en la época democrática. Muchos de los que hoy son magistrados en los tribunales más altos de España ingresaron en la carrera judicial en la época del franquismo. De modo que hay una suerte de continuidad en la composición del Poder Judicial. Hay un hecho que nosotros vemos con preocupación. A Baltasar Garzón, el único juez que se animó a realizar una investigación seria y demostrar de manera sistémica que hubo violaciones gravísimas a los derechos humanos durante la Guerra Civil y la dictadura, no sólo se le revocó la decisión judicial, que hubiera sido suficiente para corregir los eventuales errores, sino que se lo juzgó por prevaricato, el peor delito que un magistrado puede cometer como juez.
–Aun cuando fue absuelto, el proceso judicial contra Garzón sentó un precedente negativo para la investigación de los crímenes del franquismo.
–Los jueces del Tribunal Supremo utilizaron el juicio para decir “estos son los principios que se tienen que aplicar” y señalar que no se pueden abrir investigaciones judiciales por las personas desaparecidas en el franquismo. Porque esos crímenes están prescriptos y los responsables están muertos; porque aplicaría la Ley de Amnistía; porque la desaparición forzada no es un delito continuado; porque no hay crímenes internacionales en el momento en que ocurren estas desapariciones. Esto es básicamente lo que dice el Tribunal, en una decisión donde no está convocada a expedirse sobre la causa judicial sino sobre la conducta del juez. Pero sienta esta jurisprudencia. Los jueces españoles pueden tomar la resolución del Tribunal Supremo, copiarla y cerrar todas las causas judiciales abiertas.
–Entonces la decisión del Tribunal Supremo produjo un efecto intimidatorio hacia el resto de los jueces.
–Al juez Garzón el Tribunal le dice que actuó erróneamente y ahora todos los demás jueces saben cuál es el error que cometió. De modo que si otro magistrado hoy reabre una causa judicial con la misma teoría que aplica Garzón, no sería una equivocación, sino que estaría actuando dolosamente, porque ya le dijeron cómo tenía que hacerlo. Mientras Garzón tenía abierta la causa, varios fiscales habían empezado a tomar las mismas teorías para impulsar investigaciones paralelas. Cuando el Tribunal Supremo dice esto, todas las causas se cierran. Garzón se declaró incompetente y transfirió la causa a setenta juzgados en todo el país para que continúen las investigaciones individualizadas. Todas, salvo dos, fueron archivadas copiando los argumentos del Tribunal Supremo. Desde entonces, ningún fiscal se animó a impulsar una investigación. Hoy quedan dos causas abiertas, que están congeladas sin que haya avances. Lo que se hizo, a través de esta decisión del Tribunal Supremo, fue establecer un cerrojo judicial para que no haya nuevas investigaciones en materia de desapariciones forzadas.
–Su grupo de trabajo propuso revisar la resolución del Tribunal Supremo y actuar en consecuencia.
–Nuestra esperanza es que el Tribunal Supremo revise su jurisprudencia o que existan jueces dispuestos a abrir espacios. Creemos posible que los magistrados tomen nuestras teorías y encuentren respaldo en el derecho internacional. Ese fue parte del objetivo que utilizamos al hacer nuestro informe preliminar.
–¿Por qué algunos jueces españoles podrían ser receptivos a las sugerencias del grupo de trabajo de la ONU? ¿Dónde observó gestos de apertura?
–En encuentros que mantuvimos fuera de las reuniones oficiales. Nos vimos con jueces y fiscales, de manera individual, que nos han pedido reuniones. No damos los nombres de las personas con las que nos vimos, pero sabemos que existe cierta voluntad de algunos jueces y fiscales.
–¿Qué inquietudes le manifestaron?
–Es necesario crear algún espacio de resguardo. Jueces y fiscales dispuestos a avanzar en estas investigaciones, que no acuerdan con las decisiones del Tribunal Supremo y coinciden, en líneas generales, con lo hecho por Garzón, se sienten aislados y con temor al potencial futuro de su carrera en el Poder Judicial o en la Procuración de Justicia.
–Además de Madrid, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias visitó Andalucía, Cataluña y el País Vasco. ¿Cuáles fueron los principales reclamos de las asociaciones de memoria histórica y de las víctimas del franquismo en esas comunidades autónomas?
–Quieren saber qué pasó con sus padres, abuelos, tíos. En todas partes, el reclamo fundamental tiene que ver con la verdad. Luego viene el pedido de justicia. La familiar de un desaparecido nos dijo: “El único juez que se animó a investigar terminó siendo procesado. Y a nosotros, que pedíamos la investigación de las desapariciones forzadas, nos archivaron todos los expedientes”. El tercer reclamo se relaciona con la reivindicación de la memoria. Necesitan que las fosas comunes sean preservadas. Eso se ve claramente en la política pública que están realizando en Cataluña, donde el gobierno ha puesto mucho énfasis en el proceso de dignificación de la memoria. Verdad Memoria y Justicia son los principales reclamos. Diría que el principal es Verdad.
–La jueza María Servini de Cubría ordenó la detención internacional de cuatro ex policías de la dictadura franquista. En su última visita a la Argentina, el abogado Carlos Slepoy pidió que las órdenes de detención alcancen a tres ex ministros de Franco y dos ex jueces. ¿Es posible llevar a cabo esta medida judicial en el contexto político de España? ¿Cuáles son los pasos que debe cumplir el Estado español en ese sentido?
–Si se aplican las teorías que el Tribunal Supremo sentó en el juzgamiento de Garzón habrá dificultades judiciales. Y, al mismo tiempo, el proceso de extradición en España requiere que la decisión final sea del Poder Ejecutivo y no del Poder Judicial. De modo que primero tiene que dar el visto bueno el Poder Judicial español. Una vez que autoriza la extradición, el Consejo de Ministros del Gobierno da el visto bueno final. El proceso va a ser sumamente complejo.
–¿Qué pasa si España rechaza las extradiciones?
–Si eso sucede, desde el punto de vista del derecho internacional España tiene la obligación de juzgarlos. Si no hace lugar a las extradiciones pero reabre las causas judiciales y prosigue con las investigaciones causaría un efecto muy bienvenido.
–Soledad Luque Delgado también viajó a Buenos Aires, donde presentó una querella por el robo de bebés en España. ¿Cómo analiza esos crímenes?
–Hay un espacio de apertura donde estamos viendo qué va a suceder y tiene que ver con la investigación de lo que en España llaman niños robados. Este proceso empezó en el contexto de la Guerra Civil y la dictadura pero parece que se mantuvo hasta bien entrada la democracia, en los ’80 y ’90. De acuerdo con la Fiscalía General, ninguno de estos casos ha prescripto; todos estos crímenes de sustitución de identidad son delitos que continúan cometiéndose en el tiempo. Estas dos teorías, si siguen avanzando, permitiría utilizar los mismos argumentos para investigar desapariciones forzadas. Si estas causas por robo de bebés prosperan, podría abrirse una brecha en ese cerrojo judicial.
–¿Por qué es necesaria la creación de una institución estatal independiente sobre personas desaparecidas en España?
–Porque es primordial darle visibilidad al tema y demostrar que el Estado asume su compromiso. La sola existencia de esta institución sería importantísima. A nivel nacional, en el gobierno español no hay un organismo que hable de desaparición, memoria y víctimas. La única entidad que existía, la oficina de atención a las víctimas, fue cerrada y absorbida dentro de la División de Derechos de Gracias y Otros Derechos del Ministerio de Justicia. No sólo se le quitó visibilidad: en los últimos dos años no tuvo presupuesto.
–¿Y cuáles serían los objetivos de esta institución estatal?
–Debería ser el espacio donde se compile toda la información que existe en materia de desaparición forzada en España. Hay innumerables estudios pero ningún organismo estatal los está sistematizando para analizar los patrones de represión o víctimas. Otro rol importante es coordinar con todas las iniciativas que se dan a nivel de las comunidades autónomas. Hemos visto, durante nuestro viaje, que en muchísimas comunidades se está avanzando, pero de manera descoordinada. Y también asumir la responsabilidad en el desarrollo y ejecución de un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas.
–¿Cuáles son las líneas de acción que debe atender este plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas?
–A nivel estatal, deben crearse equipos multidisciplinarios de búsqueda con arqueólogos, antropólogos, psicólogos, historiadores y abogados para llevar adelante los procesos de exhumación. En segundo lugar, este programa nacional tendría que centralizar información de lugares donde potencialmente pueda haber desaparecidos. En España existe un mapa con unas tres mil fosas comunes identificadas. No todas las comunidades autónomas han elaborado ese mapa de fosas. En tercer lugar, tendría que generar un proceso de apertura de todos los archivos que pueda haber a nivel estatal, de las comunidades autónomas y en poder de la Iglesia Católica. En cuarto lugar, es necesario crear planes de trabajo en coordinación y con la participación de las víctimas y las asociaciones de memoria. En quinto lugar, habría que hacer una revisión muy seria de los archivos sobre el Valle de los Caídos. En ese lugar hay 35 mil personas enterradas, tanto del bando nacional franquista como republicano, de las cuales doce mil están sin identificar.
–¿Qué otras recomendaciones hizo el grupo de trabajo?
–Es fundamental elaborar dos bases de datos que no existen: una base de datos genéticos de todas las personas que buscan a sus seres queridos y otra de datos genéticos de las exhumaciones que se realizan, con restos que al día de hoy no han sido identificados. El plan nacional, además, debe contar con recursos suficientes. Hoy no hay asignado un solo centavo por parte del Estado español para las exhumaciones.
–El paso del tiempo conspira para que esta iniciativa prospere.
–Este plan tiene que realizarse de manera urgente. Los últimos testigos o familiares que vieron con vida a las personas desaparecidas entre 1936 y 1939, período en el que se produjo el mayor número de esos crímenes, hoy tienen ochenta o noventa años. En una etapa prioritaria, el plan nacional debe obtener un registro oral y escrito de todas estas personas que tendrían algún tipo de información.
–Según usted, hasta la fecha fueron identificadas tres mil fosas. Pero podría haber más. ¿Cuántas se calculan en todo el territorio español en total?
–Nadie nos dio ese dato.
–Una demanda relacionada con la memoria tiene que ver con el Valle de los Caídos, monumento cuya construcción fue ordenada por el dictador Francisco Franco.
–Muchas de las víctimas de la dictadura consideran que éste no es un memorial donde sus seres queridos estén debidamente representados y tratados. Y mucho menos, en el mismo lugar donde está enterrado Franco. Otro tema paralelo en memoria se vincula con la quita de todos los símbolos y apologías de la época franquista: desde el cambio en el nombre de calles hasta la remoción de monumentos y placas recordatorias. Esto último ya se comenzó a realizar.
–¿Cómo interviene el Poder Judicial ante la existencia de fosas comunes? ¿Qué sucede en los ayuntamientos y comunidades autónomas?
–Hoy, si se realizan exhumaciones, los jueces no participan. Si se abre una fosa donde supuestamente hay una persona desaparecida, el fiscal no se apersona para proteger la escena del crimen. Muchas veces ni la policía está presente. Hay una renuencia total a cualquier intención de investigar. Algunas veces, los ayuntamientos prohíben realizar las exhumaciones, dependiendo del signo político que gobierne. El plan nacional debe tener un establecimiento claro de las responsabilidades institucionales y obligaciones para permitir las exhumaciones y excavaciones.
–Son las asociaciones de memoria, junto a los familiares, quienes mayormente llevan adelante excavaciones y exhumaciones. Pero, sin un protocolo que surja del mismo Estado, estas prácticas pueden perjudicar la identificación de los desaparecidos.
–La información que hemos recibido es que hay una capacidad profesional importante que se ha desarrollado sin ningún tipo de apoyo sistémico del Estado y sin un marco jurídico claro. Gran parte de las exhumaciones se hicieron con distinto grado de profesionalismo.
–En los procesos de exhumación que se practican en España no interviene, como sucede en la Argentina, una entidad con la expertise del Equipo Argentino de Antropología Forense.
–Lo más parecido que hay es una entidad científica del País Vasco: (Sociedad de Ciencias) Aranzadi. No hay nada como el Equipo Argentino de Antropología Forense.
–La experiencia del Equipo Argentino de Antropología, que llevó su colaboración a Irak, Guatemala, Libia y México, entre otros países, podría ser un importante aporte en la búsqueda de desaparecidos en España.
–Cualquier apoyo internacional que haya para mejorar la forma en que se realizan las exhumaciones es bienvenido.
–No son pocas las dificultades que enfrentan quienes buscan justicia. El alcance de La Ley de Memoria Histórica es limitado, la vigencia de la Ley de Amnistía sigue siendo un freno, no está tipificada la desaparición forzada en el ordenamiento judicial, España carece de una ley de acceso a la información y no se desclasifican los archivos de la dictadura. ¿Cómo pueden vencerse esas barreras?
–Esos obstáculos individuales tendrían que superarse a través de las acciones del Poder Judicial. Resolverlos de manera integral, en cambio, requiere una conjunción de los tres poderes del Estado. La tipificación del delito de desaparición forzada, de manera autónoma, demanda una intervención del Congreso, que también debería establecerlo como un delito continuado e imprescriptible. El Consejo de Ministros debe autorizar la desclasificación de archivos. La gran mayoría de los obstáculos podría ser superada, en principio, con un Poder Judicial mucho más activo que utilice, de manera más consistente, las normas internacionales en materia de derechos humanos. En países como Chile hubo importantísimos procesos judiciales y se logró condenar a muchas personas por desapariciones forzadas, aun cuando se mantiene la vigencia de la Ley de Amnistía y no hay un delito autónomo de desapariciones forzadas. Es posible juzgar si hay voluntad del Poder Judicial, a pesar de las limitaciones que imponen los Estados. El punto fundamental es qué actitud asumen los jueces frente a estos obstáculos.
lunes, 25 de noviembre de 2013
Protestas para convertir el Valle de los Caídos en un memorial y contra el fascismo en Madrid
- Una concentración convocada por organizaciones de izquierdas y antifascistas ha exigido transformar el espacio en un sitio dedicado a las víctimas franquistas.
- “Ni uno solo de los gobiernos de la democracia ha tenido la voluntad para cumplir con su obligación con respecto a las víctimas del franquismo”, aseguran.
- El centro de Madrid acogió horas después una protesta convocada por la Coordinadora Antifascista de Madrid en contra del capitalismo.
- Recordaron al cantante griego asesinado por ultras y a un activista francés que murió a manos de cabezas rapadas en París.
EFE. 23.11.2013 – Alrededor de 300 personas se han concentrado este
sábado frente al Valle de los Caídos para exigir al Estado “que ponga
fin a ese lugar de culto fascista, símbolo de la impunidad del
franquismo”, y reclamar que se transforme en un memorial para las
víctimas de la dictadura.
La concentración, que ha tenido lugar en la
mañana de este sábado y ha transcurrido con total normalidad bajo el
lema “Verdad, Justicia, Reparación y Antifascismo”, estaba convocada por
el Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid, el Foro Social de la
Sierra y el CSO La Fabrika, y apoyada por la Coordinadora Contrala
Impunidad del Franquismo y Coordinadora Antifascista.
Durante el acto se
ha leído un manifiesto en el que se ha criticado al Estado porque, a
juicio de los convocantes, sigue protegiendo a los “criminales
franquistas”.
También se ha comparado la situación en España con otros países de su
entorno, en los que “los vestigios que rememoraban los fascismos del
siglo XX han sido destruidos o reutilizados” para recordar a las
víctimas.
Por ello, han reivindicado, entre otras cosas, transformar el
Valle de los Caídos en un espacio dedicado a la memoria de las víctimas
de la dictadura, así como exhumar los restos del dictador Francisco
Franco y de José Antonio Primo de Rivera.
Asimismo, han reclamado que se
investigue el número y el origen de las miles de personas que están
sepultadas allí, además de pedir que este lugar se retire de la
propaganda turística de la Comunidad de Madrid.
Protesta en el centro
Alrededor de medio millar de personas se manifestaron el sábado por la
tarde en el centro de Madrid contra el fascismo y el capitalismo en una
concentración con el lema “Frente al fascismo y la represión,
organización en los barrios”, convocada por la Coordinadora Antifascista
de Madrid.
La protesta comenzó a las 18.00 horas en la calle de Atocha y
durante el recorrido los asistentes gritaron consignas como “fuera los
fascistas de nuestros barrios”, “que viva la lucha la clase obrera” y
“contra el fascismo y su violencia, ahora y siempre acción directa”.
Los
asistentes también portaron fotografías del cantante y activista de
izquierdas Pavlos Fyssas, asesinado el pasado mes de septiembre en
Grecia, y de Clément Méric, un militante antifascista que falleció en
enfrentamientos con cabezas rapadas en París.
Los convocados, que
avanzaron lentamente vigilados por un amplio dispositivo policial y sin
incidentes, concluyeron la marcha en la madrileña Puerta del Sol.
EFE. 23.11.2013 -
20:41h
Alrededor de 300 personas se han concentrado este sábado frente al Valle
de los Caídos para exigir al Estado "que ponga fin a ese lugar de culto
fascista, símbolo de la impunidad del franquismo", y reclamar que se
transforme en un memorial para las víctimas de la dictadura.
La concentración, que ha tenido lugar en la mañana de este sábado y ha
transcurrido con total normalidad bajo el lema "Verdad, Justicia,
Reparación y Antifascismo", estaba convocada por el Foro por la Memoria
de la Comunidad de Madrid, el Foro Social de la Sierra y el CSO La
Fabrika, y apoyada por la Coordinadora Contra la Impunidad del
Franquismo y Coordinadora Antifascista.
Durante el acto se ha leído un manifiesto en el que se ha criticado al
Estado porque, a juicio de los convocantes, sigue protegiendo a los
"criminales franquistas".
El Valle de los Caídos es la muestra más palpable de esa indignidad "Ni
uno solo de los gobiernos de la democracia ha tenido la voluntad, ni la
dignidad política, para cumplir con su obligación con respecto a las
víctimas del franquismo. Y el Valle de los Caídos es la muestra más
palpable de esa indignidad", se ha recriminado.
También se ha comparado la situación en España con otros países de su
entorno, en los que "los vestigios que rememoraban los fascismos del
siglo XX han sido destruidos o reutilizados" para recordar a las
víctimas.
Por ello, han reivindicado, entre otras cosas, transformar el Valle de
los Caídos en un espacio dedicado a la memoria de las víctimas de la
dictadura, así como exhumar los restos del dictador Francisco Franco y
de José Antonio Primo de Rivera.
Asimismo, han reclamado que se investigue el número y el origen de las
miles de personas que están sepultadas allí, además de pedir que este
lugar se retire de la propaganda turística de la Comunidad de Madrid.
Protesta en el centro
Alrededor de medio millar de personas se manifestaron el sábado por la
tarde en el centro de Madrid contra el fascismo y el capitalismo en una
concentración con el lema "Frente al fascismo y la represión,
organización en los barrios", convocada por la Coordinadora Antifascista
de Madrid.
La protesta comenzó a las 18.00 horas en la calle de Atocha y durante el
recorrido los asistentes gritaron consignas como "fuera los fascistas
de nuestros barrios", "que viva la lucha la clase obrera" y "contra el
fascismo y su violencia, ahora y siempre acción directa".
Los asistentes también portaron fotografías del cantante y activista de
izquierdas Pavlos Fyssas, asesinado el pasado mes de septiembre en
Grecia, y de Clément Méric, un militante antifascista que falleció en
enfrentamientos con cabezas rapadas en París.
Los convocados, que avanzaron lentamente vigilados por un amplio
dispositivo policial y sin incidentes, concluyeron la marcha en la
madrileña Puerta del Sol.
Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/1986284/0/concentracion-reclama-transformar/valle-caidos-memorial/protesta-antifascista-madrid/#xtor=AD-15&xts=467263
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Una concentración
convocada por organizaciones de izquierdas y antifascistas ha exigido
transformar el espacio en un sitio dedicado a las víctimas franquistas.
"Ni uno solo de los gobiernos de la democracia ha tenido la voluntad
para cumplir con su obligación con respecto a las víctimas del
franquismo", aseguran.
El centro de Madrid acogió horas después una protesta convocada por la
Coordinadora Antifascista de Madrid en contra del capitalismo.
Recordaron al cantante griego asesinado por ultras y a un activista
francés que murió a manos de cabezas rapadas en París.
Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/1986284/0/concentracion-reclama-transformar/valle-caidos-memorial/protesta-antifascista-madrid/#xtor=AD-15&xts=467263
Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/1986284/0/concentracion-reclama-transformar/valle-caidos-memorial/protesta-antifascista-madrid/#xtor=AD-15&xts=467263
Una concentración
convocada por organizaciones de izquierdas y antifascistas ha exigido
transformar el espacio en un sitio dedicado a las víctimas franquistas.
"Ni uno solo de los gobiernos de la democracia ha tenido la voluntad
para cumplir con su obligación con respecto a las víctimas del
franquismo", aseguran.
El centro de Madrid acogió horas después una protesta convocada por la
Coordinadora Antifascista de Madrid en contra del capitalismo.
Recordaron al cantante griego asesinado por ultras y a un activista
francés que murió a manos de cabezas rapadas en París.
Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/1986284/0/concentracion-reclama-transformar/valle-caidos-memorial/protesta-antifascista-madrid/#xtor=AD-15&xts=467263
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miércoles, 30 de octubre de 2013
Humillar a las víctimas
Eldiario.es. Ignacio Escolar 29/7/13
Imaginen, es un suponer, que ETA hubiese ganado la
guerra contra la democracia y para celebrarlo ordenase amontonar todos
los cadáveres de su sangriento legado en un enorme y siniestro mausoleo,
construido a latigazos por los derrotados. Imaginen que esa enorme fosa
común se consagrase después a honrar la memoria del líder de los
asesinos y su principal ideólogo, enterrados ambos en la cúspide de esa
pirámide de huesos. Imaginen que estos crímenes nunca fuesen juzgados;
que sus familiares jamás fuesen indemnizados; que las cunetas siguiesen
llenas de cadáveres; que los torturadores se paseasen por las calles,
impunes ante una justicia que mira hacia otro lado; que incluso años
después, cuando aquel régimen siniestro hubiese terminado, las víctimas
tuviesen que aguantar el homenaje al asesino de su padre, o de su
hermano, cada vez que quisieran visitar las tumbas de sus familiares.
Eso sí que sería humillar a las víctimas. Eso es lo que pasa en el Valle de los Caídos.
La propuesta del PSOE de
retirar los restos del dictador Franco de ese símbolo de la tiranía que
pagamos con los fondos del Estado solo tiene un pero: a buenas horas.
Por lo demás es intachable. En el Valle de los Caídos están enterradas
miles de víctimas de la represión franquista; miles de cadáveres cuyas
familias tienen que aguantar los vivas a Franco si quieren recordar la
memoria de los suyos. Hay solo dos soluciones: o se identifican uno a
uno los restos de cada una de estas víctimas del franquismo enterradas
allí contra la voluntad de sus familias (y se devuelven a sus familiares
para que los entierren donde quieran), o se retiran de allí los huesos
del dictador y se convierte ese engendro fascista en un centro para la
memoria sobre la Guerra Civil y la dictadura. Es obvio cuál de las dos
opciones es la más fácil.
Pero ya se sabe que no todas las víctimas son iguales.
No son iguales las víctimas del Yak 42. No pasa nada porque uno de los
principales responsables de que las familias enterrasen y llorasen a los
cadáveres equivocados esté buscando mayordomo para su embajada en Londres.
No son iguales las víctimas de Billy el Niño. Y quienes pretenden que responda ante un tribunal por sus crímenes son tachados de rencorosos que pretenden reabrir las heridas.
No son iguales las víctimas del terrorismo de Estado. Por eso el
condecorado general Galindo salió de la cárcel después de cumplir solo cuatro años de los 74 a los que fue condenado.
No son iguales todas las víctimas del 11M. No todas reciben ni las mismas ayudas públicas ni las mismas subvenciones y
aquellas –como Pilar Manjón– que se negaron a aceptar esa miserable
teoría de la conspiración han tenido que vivir bajo constantes insultos y
amenazas. "Métete tus muertos por el culo", le han llegado a gritar algunos.
No son iguales las víctimas de las palizas policiales. Los mossos que mataron a golpes a una persona hoy siguen patrullando las calles de Barcelona. Como suele ser costumbre, probablemente acabarán indultados.
No son iguales todas las víctimas de ETA. Las hay, como Eduardo Madina, que tienen que aguantar que les tachen de proetarras.
Ni siquiera todas las víctimas que se manifiestan contra la doctrina
Parot son iguales. Aquellas a las que se les ocurre criticar al Gobierno
de Rajoy –aplicando esa misma vara de medir que Rajoy usó contra
Zapatero– ahora son “injustas” e “ignorantes”.
¿Humillar a las víctimas? De eso en España sabemos un rato.
viernes, 16 de noviembre de 2012
Concentración “Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del franquismo”, en el Valle de Los Caídos
Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid, - 8
noviembre 2012
Sábado 17 de Noviembre, 13:00 horas. Frente a la entada principal del Valle de
Cuelgamuros
Convocan:
Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid; Foro Social de la
Sierra de Guadarrama; CSOA La Fábrika Resiste
Concentración autorizada
El Valle de Cuelgamuros, como se llama realmente el mal llamado Valle de los
Caídos, es sin duda un lugar excepcional. Pero no tanto por su singularidad
arquitectónica como por el trato que ha recibido de los sucesivos gobiernos del
régimen nacido de la falsa transición.
Casi 37 años después de la muerte del dictador Francisco Franco, sus restos
mortales, junto a los del fundador de Falange José Antonio Primo de Rivera,
siguen enterrados con todos los honores en este lugar. Es el único caso en
Europa en el que los restos de un golpista criminal descansan, junto a los de
sus víctimas, en un monumento de titularidad pública que fue construido para
celebrar y rememorar la victoria del fascismo sobre el Pueblo.
El Valle de Cuelgamuros es también excepcional por ser el mayor monumento de
exaltación del fascismo en Europa, y el único de esas características. Mientras
que los gobiernos en países de nuestro entorno democrático transformaron campos
de concentración nazis en lugares dedicados a la memoria de las víctimas, el
Valle de Cuelgamuros es, desde hace años, un lugar de peregrinación del fascismo
internacional y de homenaje a los verdugos.
Pero la excepcionalidad del Valle de Cuelgamuros ha adquirido otro cariz este
último año. En un momento de recortes en servicios públicos y de contra reformas
que implican graves retrocesos en derechos como la Educación, la Sanidad o la
Justicia, el Gobierno del Partido Popular ha ido más allá al señalar como una de
sus prioridades el invertir en restaurar este espacio de la vergüenza para
“favorecer la afluencia de turistas”.
Por el contrario, ha suprimido las partidas presupuestarias dedicadas a la
apertura de fosas y a actividades para la recuperación de una memoria
democrática. Una vez más, el Estado español apuntala la impunidad y trata con
desprecio a las y los reprealiados del franquismo, todavía hoy condenados al
olvido.
Ante esto, las asociaciones firmantes de este manifiesto, queremos denunciar
la absoluta falta de espíritu democrático que demuestran las instituciones del
Régimen al planificar una inversión que redundará en perpetuar el Valle de
Cuelgamuros como lugar de culto al fascismo, mientras entierran las iniciativas
destinadas a recuperar la memoria colectiva, ocultando nuestro pasado para poder
seguir negándonos un futuro de justicia y libertad.
Y lo hacen en un momento en el que asistimos con preocupación al
resurgimiento de formaciones de extrema derecha en países vecinos, mientras
seguimos a la espera de un claro y contundente desmarque del régimen franquista
por parte del PP, como gobierno que se dice democrático.
Frente al fascismo, y frente a la política de recortes en derechos humanos,
las asociaciones firmantes de este manifiesto reivindicamos una sociedad que se
asiente sobre las bases de valores fundamentales como el antifascismo, la
igualdad y la justicia social. Valores que compartimos con aquellos hombres y
mujeres que defendieron con su vida el espíritu de progreso e igualdad encarnado
en la Segunda República.
Por ellos, porque compartimos sus sueños, reivindicamos que todo el espacio
del Valle de Cuelgamuros sea reconvertido en un Memorial dedicado a las víctimas
del fascismo, incluidos los presos políticos que fueron obligados a construir el
mausoleo de Franco.
Igualmente, exigimos que se investigue a las empresas y grandes fortunas que,
gracias al trabajo esclavo, se lucraron con la construcción del Valle. Están
también entre las grandes fortunas de hoy, formando parte del 1% que se esta
beneficiando de la crisis, y pedimos que se publiquen los nombres y se paguen
indemnizaciones que sirvan para homenajear a las víctimas, como ha ocurrido en
otros países.
Otras reivindicaciones para el futuro Valle de Cuelgamuros son:
La desacralización de la basílica, el traslado de la orden religiosa custodia
del Valle, y la exhumación de los restos de Francisco Franco y José Antonio
Primo de Rivera para que sean entregados a sus familias.
El desmantelamiento de la cruz en cuanto que no es un símbolo del
cristianismo sino del la bochornosa complicidad de la Iglesia con el franquismo.
Una cruz de Espartaco que sirviera como advertencia a quienes se atrevieran a
cuestionar el Régimen. Proponemos su desmantelamiento por voladura (controlada)
para culminar un gran acto público de desagravio a las personas represaliadas
por el franquismo.
La cuantificación e investigación del número y el origen de las miles de
personas allí sepultadas. Esos restos constituyen la prueba de crímenes contra
la humanidad perpetrados por la dictadura. Pero además, los restos de los
republicanos que fueron trasladados al Valle clandestinamente en los años 50
deben ser entregados a sus familias. Ni por un día más pueden seguir sirviendo
como trofeo a su verdugo.
El Valle de Cuelgamuros debe ser retirado de la propaganda turística de la
Comunidad de Madrid que actualmente, de forma indecente, lo sitúa como una parte
de la llamada Ruta Imperial que une enclaves históricos.
En las puertas del Valle de Cuelgamuros, ciudadanas y ciudadanos venidos de todas partes exigimos coherencia democrática para poner fin de una vez a este vergonzoso homenaje a la dictadura.
Y lo hacemos por higiene democrática y por respeto a la dignidad de todos los
represaliados y represaliadas del franquismo, hombres y mujeres a quienes todo
les fue arrebatado por querer defender un sueño que seguimos compartiendo.
Porque fueron valientes y supieron con su lucha darle esperanza a todo un
pueblo, pedimos su reconocimiento y seguimos su ejemplo para librar la batalla
del presente por nuestro futuro.
jueves, 11 de octubre de 2012
Anasagasti: El PP se niega a sacar a Franco del Valle de los Caídos
11 de octubre del 2012 elPeriódico.com
Era previsible. Como les dijo Joan Saura en el debate, la derecha alemana y la derecha española se diferencian en que la primera acepta un Estado federal y en su memoria histórica no está Hitler, no así en la española, donde lo federal es romper España y en la memoria sigue instalado Franco. El miércoles se discutió nuestra moción en el Senado donde pedíamos que sacaran a Franco del Valle de los Caídos. En mi intervención, en euskera y en castellano, quise ser lo más aséptico posible para no herir la delicada piel de los herederos políticos del dictador. No me sirvió de nada. Es más, para quitarle calorías a la moción, el senador por Asturias de IU dijo que no estaba de acuerdo con que se consultase con la familia del dictador a la hora de sacarlo del Valle de los Caídos y votó en contra. Y Amaiur, porque aceptamos la enmienda socialista de crear una comisión para que en tres meses dictaminara lo que fuera, se abstuvo. Un pan como unas tortas.
De todas formas, el debate fue muy interesante. Quedó clara la fotografía de situación de la España actual en un tema como este, en el que la derecha te pide que te ocupes de la crisis, el PSOE te pide consensos que no alcanzaron cuando gobernaron y la Agrupación de Familiares proexhumación de los Republicanos del Valle salieron horrorizados del debate, ya que lo siguieron desde la tribuna.
Como creo que la historia es interesante, voy a publicar día a día todas las intervenciones. Empiezo con nuestro planteamiento, hecho en euskera y en castellano. Fue así:
El próximo 20 de noviembre se cumple el primer aniversario de las elecciones legislativas que dieron origen a la actual y décima legislatura. Pero también se cumplen 37 años del fallecimiento del general Franco. No utilizo ningún adjetivo para describir sus casi 40 años de poder, salvo su graduación militar.
Nuestro interés no es calificar un período de la historia reciente sino buscar una salida discreta, democrática y necesaria a una situación que consideramos anómala.
De ahí que en nuestra moción hayamos cuidado las palabras, para que nadie se ampare en ellas para no votar sobre algo que en cualquier país del mundo sería lo normal. Y por eso paso a leer la moción. Dice así:
"Abordar el cumplimiento de los acuerdos de la comisión de expertos y, con el debido respeto y de acuerdo con sus familiares, así como con la debida discreción, sean retirados los restos mortales de Francisco Franco del Valle de los Caídos y sean éstos reubicados donde su familia lo estime oportuno.
Mi grupo solo desea lo que pone en este texto. Y que todo se haga con discreción, de acuerdo con la familia y con la voluntad de ir poniendo en práctica el acuerdo de los expertos. De hecho la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la pregunta de control al Gobierno que le hicimos en julio de este año se mostraba partidaria del acuerdo. Bueno, pues aquí están sus bases".
Hasta aquí la intervención. Tras la misma lo hizo el representante socialista, que nos presentó una enmienda con objeto de que se creara una comisión que en tres meses hiciera el dictamen oportuno. La admitimos diciendo que sabíamos que un camello es un caballo hecho por una comisión, pero por la paz un ave maría. Esta enmienda no gustó a los senadores de Amaiur, que nos dijeron que se abstendrían.
Intervino el representante de Iniciativa por Catalunya, el de CiU, el del PSOE y Alejandro Muñoz Alonso en nombre del PP, donde se metió de muy mala manera conmigo a cuenta de intervenciones anteriores. Quiso concitar los aplausos de su grupo e hizo valer que él había sido un demócrata desde siempre. Lamentable. Y se produjo la votación. El PP nos aplastó con sus 152 votos en contra. Los de 'sí' a la moción con la enmienda socialista obtuvimos 77 y hubo cinco abstenciones.
Como he dicho, publicaré todo el debate, que no tiene desperdicio. Nada menos que 37 años después, el único no caído del Valle de los Caídos, sigue durmiendo tranquilamente un sueño que impidió a los demás. Por culpa del PP. Y de Basagoiti.
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