Por Paula Camila Osorio Lema Foto: AP. Protesta de Las Madres de la Plaza de Mayo por los desaparecidos durante la dictadura militar en Argentina.
JUSTICIA. 22/5/09. Casi 20 años después de la caída de la última dictadura militar de América Latina, la impunidad de las atrocidades cometidas es la regla. Semana.com ofrece un breve inventario de la situación de la justicia transicional en la región.
Guatemala
Trece años después del acuerdo de paz que puso fin a la guerra civil, considerada la más violenta en la historia moderna del continente, el panorama de la justicia es desesperanzador. Durante 36 años de conflicto, las fuerzas del estado asesinaron y desaparecieron a más de 200 mil personas, la mayoría pertenecientes a la población maya.
Según un informe de 2008 de la organización Human Right Watch, de las 626 masacres documentadas por la comisión de la verdad, sólo tres casos han sido juzgados con éxito por los tribunales, y en el tercero cinco ex integrantes de una "patrulla civil" paramilitar fueron condenados por el asesinato de 26 personas en la masacre de Río Negro en 1982. Aunque más de 10 mil familiares de asesinados y desaparecidos han sido reparados económicamente, los aparatos clandestinos que operaron durante el conflicto con el apoyo del estado no han sido todavía desmantelados. El general retirado Efraín Ríos Montt, quien gobernó el país en uno de los años más sangrientos de la guerra, ganó una curul en el congreso en las elecciones parlamentarias de 2008, lo que le concede inmunidad parlamentaria hasta el 2014. En febrero de 2008 el presidente Álvaro Colom anunció que revelaría los archivos militares, y un fallo de la Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Defensa entregar cuatro informes, de los cuales ha presentado apenas dos y su veracidad ha sido desestimada por las víctimas. Según datos de la ONU, en el país se registran más de 6.000 asesinatos al año, y el porcentaje de impunidad es del 98 por ciento.
El Salvador
En 1992, los Acuerdos de Paz de Chapultepec pusieron fin a una guerra civil entre el Estado salvadoreño y la guerrilla que en 11 años dejó un saldo de cerca de 80.000 muertos y más de 7.000 desaparecidos. Luego de firmar la paz, los sectores políticos negociaron una ley de amnistía que dejó en la impunidad los crímenes del Estado y la guerrilla. Los pocos responsables que habían sido detenidos fueron liberados en poco tiempo, y resultaron bloqueadas las investigaciones de crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto. La amnistía aún está vigente y no ha sido atendida ninguna de las recomendaciones hechas por la Comisión de la Verdad creada en 1993. Roberto D’Abuisson, fundador del Partido Arena y responsable del asesinato del arzobispo Óscar Romero en 1980, es considerado héroe de la patria. El partido del cual es fundador gobernó el país durante 20 años consecutivos, hasta hace menos de un mes, cuando, en un hecho histórico, fue elegido presidente Mauricio Funes, candidato del ex guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. Desde el restablecimiento de la democracia todos los presidentes han negociado con las Fuerzas Armadas mantener la amnistía. Mauricio Funes no es la excepción: a cambio del apoyo de los militares durante su campaña, se comprometió a mantener la impunidad.
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