La Asociación Archivo Guerra y Exilio (AGE), en su Asamblea Anual de Socios de 20 de junio de 2015, ha aprobado dirigir un llamamiento a todas las instituciones de ámbito local, autonómico y estatal, a los partidos políticos, grupos parlamentarios, sindicatos y entidades sociales, a las entidades de memoria histórica democrática, y a quienes corresponda, para que insten al Gobierno español, como poder ejecutivo del Estado, a la aprobación de una Ley de Memoria Histórica Democrática en el Congreso de los Diputados, que cancele definitivamente con justicia, equidad y reparación las secuelas de la dictadura franquista.
Para ello aportamos las propuestas que a continuación se mencionan, utilizando los canales de información que quieran colaborar, organizando conferencias, charlas, coloquios para la difusión y debate de los contenidos, y promoviendo encuentros directos de nuestros socios y colaboradores con las instituciones, entidades partidos políticos y asociaciones democráticas.
Estas medidas harían viable la reconciliación genuina y verdadera de los españoles en un estado de derecho y de igualdad ante la ley.
Para ello sería imprescindible que la Ley de Memoria Histórica Democrática recogiera las siguientes propuestas:
1.
Declarar por Ley la nulidad de todas las acciones legales del régimen franquista, haciendo mención expresa a las Resoluciones de las Naciones Unidas adoptadas por unanimidad por la Asamblea General de la ONU el 9 de febrero y el 12 de diciembre de 1946, y a su carácter criminal según las normas de derecho internacional. Condenar jurídicamente la dictadura franquista.
2. Reconocimiento político, jurídico y social de cuantos defendieron la legalidad Republicana desde 1931 a 1977. Reconocimiento jurídico de la condición de víctima del franquismo, de la condición de excombatientes por la libertad a los guerrilleros antifranquistas, a los combatientes republicanos en las filas de los aliados en la II GM, y a las víctimas republicanas de la persecución nazi.
3. Nulidad de todos los juicios penales y militares sumarísimos y reconstrucción de los archivos penales y judiciales afectados.
4. Rehabilitación jurídica y política de los ciudadanos asesinados (considerados por algunos como “desaparecidos”).
5. Localización de todas las fosas comunes, garantizando jurídicamente las exhumaciones por parte del Estado de acuerdo con sus familiares. Señalando los espacios del crimen (referente para la historia de España) como lugares de memoria, mediante monumentos, placas y paneles expositores que expliquen los hechos que tuvieron lugar.
6. Condena de los actos de exaltación franquista y de negacionismo histórico así como retirada de símbolos franquistas en los espacios públicos, aplicándose la legislación mediante la aplicación de procedimientos acordes con el derecho internacional de derechos humanos como norma de convivencia ciudadana.
7. Anulación de la Ley de Amnistía de 1977 que blinda la impunidad de los responsables de los crímenes franquistas y aplicación de la legislación internacional de derechos humanos sobre crímenes contra la humanidad.
8. Desclasificación y catalogación, de forma científica y democrática, de todos los archivos policiales, diplomáticos, militares, penales, judiciales, carcelarios, municipales, militares de inteligencia y de la represión en general, hasta la instauración del sistema democrático.
9. Comprobación y subsanación de contenidos en los libros de texto sobre historia, contemplándolos desde la objetividad y la transparencia, en pro de un plan pedagógico que ayude a conocer los hechos en beneficio de una armonía ciudadana sin negacionismos ni revisionismos.
Esperanza Martinez, Presidenta de AGE y Dolores Cabra, Secretaria General de AGE
