Tortura en España, la represión silenciada

Interpol reclama la detención de 20 dirigentes franquistas

Los exministros españoles José Utrera Molina, Rodolfo Martín Villa y Fernando Suárez
 en imágenes de archivo. EFE

En la orden enviada a Madrid figuran, entre otros, los exministros Rodolfo Martín Villa, Licinio de la Fuente, Alfonso Osorio, y José Utrera Molina, el suegro de Ruiz-Gallardón

 

Público Ana Delicado - Buenos Aires 12/11/2014

La sección argentina de la Interpol ha comunicado a su homóloga en Madrid la detención preventiva con fines de extradición de 20 franquistas imputados en la resolución de la jueza argentina María Servini de Cubría , instructora de la causa que investiga en este país los crímenes del franquismo. Con fecha del 4 de noviembre, la oficina de la Interpol argentina confirmó al juzgado de Servini de Cubría que ya había cursado "una comunicación muy urgente" a Madrid para avisarles de la orden de detención que pesa sobre siete ex ministros, dos antiguos jueces, ocho policías, un ginecólogo y un abogado.

 

La Interpol de Argentina también le pide al juzgado argentino que le facilite todos los datos de identificación que conozca de los imputados, para "evitar confusiones de homonimia", según se lee en la notificación. "No obstante a lo indicado precedentemente, y dentro del marco de la cooperación policial internacional existente con los colegas españoles, se ha solicitado nos proporcionen la totalidad de los registros filiatorios que posean de los nombrados", añade el texto.

 

La orden de la Interpol procede al auto de la jueza que el pasado 31 de octubre ordenó la detención internacional y consiguiente extradición de 20 funcionarios de la dictadura, entre los que se encuentran los ex ministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, suegro del ex ministro de Justicia Ruiz-Gallardón. En concreto, son siete ex ministros, dos antiguos jueces, ocho policías, un ginecólogo y un abogado. El ex ministro Antonio Barrera de Irimo, uno de los imputados en la resolución de la magistrada, también estaba incluido en la orden de la Interpol, pero ha fallecido  recientemente, con lo que la acción penal contra él se extingue.

 

En aquella resolución de 286 hojas, Servini de Cubría adjudicó a los franquistas un abanico de crímenes entre los que destacan los delitos de homicidio, secuestro, tortura y hasta la sustracción de un recién nacido. La jueza federal confirmó que los delitos atribuidos a los imputados "constituyen crímenes de lesa humanidad por lo que, en uno u otro caso la acción y la pena son imprescriptibles y sus responsables están sujetos a persecución a través de la aplicación del principio de jurisdicción universal".

 

El septiembre de 2013, la magistrada ya había encomendado a la Interpol el arresto preventivo con fines de extradición, a efectos de recibirles declaración indagatoria, de los primeros cuatro franquistas imputados en la causa. Dos de ellos, el exescolta Celso Galván Abascal y el excomisario José Ignacio Giralte González habían fallecido para cuando se emitió la orden, por lo que la imputación se centró en el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar y en el exinspector Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, ambos acusados de torturas.

 

En la eterna espera

"Ahora es de esperar que se proceda a la detención de los imputados lo más rápido posible, porque hay riesgo de fuga y esto podría entorpecer el proceso", comentó a Público el abogado de las víctimas del franquismo, Máximo Castex. "Estamos a día 12, hace más de una semana que la Interpol notificó la detención preventiva de los acusados". El abogado reconoce que habrá que aguardar a que las autoridades españolas tomen la iniciativa. "Primero tiene que pronunciarse el Consejo de Ministros español para ver si da vía libre a que el pedido argentino sea resuelto por el poder judicial español", reflexiona. "Después se sorteará un juzgado central de instrucción que posiblemente citará a los imputados y tomará medidas cautelares, como sucedió con el caso de González Pacheco y Muñecas Aguilar".

 

Lo más probable que al ser policía internacional, la Interpol sólo actúe contra los imputados en caso de que traten de salir de España. "Por algo la Interpol está solicitando públicamente a las autoridades españolas que faciliten todos los registros filiatorios que posean sobre estas personas", añade Castex. "Por ahora, han procedido como conminaba la jueza en su resolución, cursando las órdenes de detención preventiva". El abogado representante de la querella en Argentina confía en que tenga un final feliz alguno de los 19 procesos que ahora hay en curso. "Lo que ocurre es que no se cumplen los plazos", lamenta.
 

Procesos estirados en el tiempo

Esto no es ninguna sorpresa, pues no hay más que observar la tranquilidad que se tomó España para contestar a los primeros pedidos de extradición de la Justicia argentina que llegaron en 2013.

La jueza emitió el pedido de detención internacional contra González Pacheco y Muñecas Aguilar el 18 de septiembre. Rápida fue la Fiscalía española, que en menos de una semana dictaminaba que las detenciones no eran necesarias "habida cuenta la antigüedad de los hechos" y cuestionó la orden de detención que había librado la Interpol al asegurar que no se sustentaba en un "relato de hechos y circunstancias precisas de tiempo y lugar de comisión".

 

Dos meses después, el 18 de noviembre de 2013, llegaba el pedido de Servini al Ministerio de Justicia. El Consejo de Ministros de Mariano Rajoy se tomó once días más para autorizar que el proceso de extradición de Muñecas Aguilar y Billy el Niño fuera dirimido por la Justicia española. A los pocos días, el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional citó a los franquistas, les retiró el pasaporte, y los obligó a comparecer semanalmente en el juzgado. Finalmente, en abril de este año, la Audiencia Nacional rechazaba en el curso de cuatro días la extradición de González Pacheco y de Muñecas Aguilar con el argumento de que sus delitos habían prescrito.

 

Hoy, no son dos, sino 19 imputados sobre los que de nuevo se tiene que pronunciar la Justicia española, con el agravante de cada vez es mayor la atención que se brinda a la única causa abierta en el mundo que juzga a los represores del franquismo. 

Orden Interpol

Justicia Universal: quince colaboradores del régimen franquista ¡a declarar!

El Fiscal Federal Ramiro González

Redacción/Agencias. LQSomos. Octubre 2014

La “Querella Argentina” avanza día a día, el fiscal Ramiro González pide que se cite a indagatoria a 15 ex funcionarios de la dictadura franquista, entre ellos figuran cinco ex ministros del dictador.

 

El fiscal federal Ramiro González pidió citar a declaración indagatoria a 15 ex funcionarios del gobierno del dictador y genocida Francisco Franco, en la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en el estado español y que lleva adelante la juez federal María Servini de Cubría en base al principio de “justicia universal”. González sugirió también a la jueza evaluar “la viabilidad” de abrir una investigación para que se aplique el protocolo con que se investiga la apropiación de niños durante el terrorismo de Estado en la Argentina para los casos que eventualmente existieran en España.

 

El fiscal también impulsa que se pidan medidas de prueba referidas al rol de la Iglesia española en el franquismo. Además, pidió librar orden de detención y extradición para tomar declaración indagatoria a Abelardo García Balaguer, por el caso de una de las víctimas, María Flor de Lis Díaz Carrasco.

 

La jueza deberá decidir si hace lugar a las medidas pedidas por la fiscalía. González solicitó a la magistrada librar un exhorto a España para que se remita “copia autenticada de toda la documentación, tanto los archivos oficiales como los reservados, existentes respecto de la detención, tortura y fusilamiento” del ex Presidente del gobierno catalán Lluís Companys i Jover, entre otras medidas de prueba sobre lo ocurrido con la víctima.

 

Las medidas fueron sugeridas en un extenso dictamen elaborado tras una visita a España junto con la jueza, donde se tomaron declaraciones testimoniales y se recopiló información. “Los acontecimientos materia de investigación consisten en hechos atroces de lesa humanidad/genocidio entre los que se encuentran torturas, homicidios, desapariciones forzadas de personas y sustracción de menores, privación ilegal de la libertad calificada por la imposición de torturas y demás ilícitos que se desprenden de las presentaciones efectuadas habrían tenido ocasión, de manera aproximada, durante el período comprendido entre el 17 de julio de 1936 y 15 de junio de 1977″, sostuvo González.

 

El 15 de junio de 1977 fueron las primeras elecciones parlamentarias libres y pluralistas en España desde el 16 de febrero de 1936, recordó el fiscal. González pidió la declaración indagatoria por existir “estado de sospecha” del ex ministro de la Presidencia del franquismo Antonio Carro Martínez, del ex vicepresidente Licinio de la Fuente, del ex ministro de Hacienda Antonio Barrera de Irimo y del ex de Justicia José María Sánchez-Ventura Pascual. También del ex ministro de la Presidencia Alfonso Osorio García, del ex integrante del Consejo de Guerra Carlos Rey González, del capitán de Policía Jesús Quintana Saracíbar, del ex juez Antonio Troncoso de Castro y de siete policías más: Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Pascual Honroado de la Fuente, Jesús Martínez Torres, Benjamín Solsona Cortés y Atilano del Valle Oter.

 

Además, estimó que “se debería determinar la existencia de procesos en el Reino de España donde se investiguen los hechos por sustracción, retención y ocultación de menores” denunciados en la causa.

 

“Habría que solicitar al Vaticano que remita toda la información que obre en sus registros respecto de la participación de la Iglesia Española en la creación de la cárcel de Zamora”, consideró el fiscal entre otras medidas de prueba pedidas.

 

Pidió además que se ordenen exhumaciones en fosas comunes de cementerios españoles en busca de familiares de querellantes en la causa. Y concurrir en persona junto a la jueza al Castillo de Montjuic, en Barcelona, para “conocer el lugar donde se llevaron a cabo parte de los hechos de los que fuera víctima” el ex presidente catalán Lluis Companys I Jover “junto a miles de personas” y obtener “información al respecto”.

 

Algunas “perlas” de estos nuevos imputados:

 

Antonio Carro Martínez (Lugo, 1923)

Firmó la sentencia de muerte que ejecutó por garrote vil al anarquista Salvador Puig Antich el 2 de marzo de 1974. Doctor en derecho, fue el último ministro de la Presidencia que tuvo el Gobierno de la dictadura (cargo que mantuvo de enero de 1974 a diciembre de 1976). Como tal, firmó también las últimas condenas de muerte que ordenó el régimen, y que ejecutaron por fusilamiento, el 27 de septiembre de 1975 en Madrid, Barcelona y Burgos, a José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui Etxebarria.

 

También ha sido profesor en la Universidad de Madrid y letrado en el Consejo de Estado. Se mantuvo en política como diputado en la Legislatura Constituyente de España (1977-1979) y a lo largo de cuatro legislaturas más como diputado electo del PP en la provincia de Lugo. Algunas de las víctimas del franquismo que se han querellado contra él son Merçona Puig Antich; María Vitoria Sánchez Bravo Xolla; Flor Baena Alonso, Manuel Blanco Chivite, Vladimiro Fernández Tovar, Pablo Mayoral Rueda y Fernando Sierra Marco.

 

- Licinio de la Fuente ( Noez, Toledo, 1923)

Al igual que Carro Martínez, firmó la sentencia de muerte de Puig Antich mientras era vicepresidente del Gobierno de Carlos Arias Navarro, puesto que tuvo entre 1974 y 1975. De 1969 a 1975 fue también ministro de Trabajo. Después se convertiría en uno de los fundadores de Alianza Popular y del Partido Popular (PP), antes de desembarcar en el ámbito privado y convertirse en consejero de hasta siete empresas (Dragados y Construcciones, Banco Central Hispano Hipotecario, Banco Gallego, Banco de Granada, Banco Internacional del Comercio, Española del Zinc, Ibermutua). Merçona Puig Antich se querella contra él.

 

- Antonio Barrera de Irimo (Ribadeo, Lugo, 1929)

Antes de dimitir como vicepresidente segundo del Gobierno franquista en 1974, firmó la sentencia a muerte de Salvador Puig Antich. Un año antes se desempeñó como ministro de Hacienda, siempre con Carlos Arias Navarro como presidente. Se licenció en Derecho y Economía. Su trabajo en la esfera privada comenzó a desarrollarse antes de llegar al Gobierno. Fue presidente de Telefónica de 1964 a 1973. En la actualidad, es vicepresidente de Unión Fenosa, consejero de Bull S.A, y presidente de Autogrill España. Su nombre figura en la querella presentada por Merçona Puig Antich.

 

- José María Sánchez-Ventura Pascual (Zaragoza, 1922)

A los cuatro meses de ser nombrado ministro de Justicia, en marzo de 1975, firmó la sentencia de muerte de los últimos cinco fusilados del franquismo, ejecutados el 27 de septiembre de 1975 (mencionados arriba). Licenciado en Derecho, ocupó varios puestos de relevancia antes de llegar al Ejecutivo franquista. De 1958 a 1961 dirigió el Colegio Mayor Universitario San Pablo, de Madrid. Entre 1966 y 1970 fue Delegado del Gobierno en el Canal de Isabel II de Madrid. En 1967, además, estuvo al frente del Consejo de Administración del periódico Informaciones. Está inculpado en los testimonios de Flor Baena Alonso. María Victoria Sánchez Bravo, Manuel Blanco Chivite, Pablo Mayoral Rueda, entre otros.

 

- Alfonso Osorio García (Santander, 1923)

Fundador de la UDE y diputado de la UCD, fue Ministro de la Presidencia durante el primer Gobierno de la monarquía, (diciembre de 1975-julio de 1976, con Arias Navarro). Licenciado en Derecho, y tras ser Subsecretario de comercio en 1965 y presidente de RENFE en 1968, fue vicepresidente de la petrolera British Petroleum en España. Los años que no estuvo en el Gobierno, entre 1965 y 1990, fue presidente de PETROMED. Se lo considera responsable, junto con otros, de la matanza de Vitoria del 3 de septiembre de 1976, que terminó con la vida de cinco personas. Está imputado en las querellas de Andoni Txasco y José Luis Martínez Ocio.

 

- Antonio Troncoso de Castro (Vitoria, 1941)

Diplomado en Derecho Penal Militar, fue Coronel Auditor del Cuerpo Jurídico Militar, Ex fiscal del Tribunal Supremo, Ex vocal del Tribunal Marítimo Central y abogado del Ilustre Colegio de Madrid. Durante la dictadura, fue vocal ponente del Consejo de Guerra Sumarísimo 31/69 que se aplicó contra 16 miembros de ETA acusados del asesinato de tres personas, en lo que se conoció como el Proceso de Burgos, en diciembre de 1970. Además participó en varios consejos de guerra y causas militares que enjuiciaron a opositores antifranquistas entre 1963 hasta el fin del régimen.

 

Como vocal ponente de los consejos de guerra, estaba encargado de asesorar jurídicamente al Tribunal y de redactar la sentencia. Ante el Proceso de Burgos, sentenció con dos condenas de muerte a Eduardo Uriarte Romero, Jokin Gorostidi Artola y Xabier Izko de la Iglesia; Mario Onaindia Natxiondo, Xabier Larena Martínez y Unai Dorronsoro Ceberio fueron sentenciados a una pena de muerte; y Jon Etxabe Garitacelaya y Enrique Guesalaga Larreta, a 50 años cada uno. Estos dos últimos son los que contra él se querellan.

 

También figura en las querellas de Ignacio García Arramberri y Jon Arrizabalaga Basterretxea, que fueron juzgados en el proceso 28/69 que sentenció a muerte al hermano de este último, Andoni, y de Alberto Gabikagogeaskoa Mentxaka, Josu Naberan Naberan y Javier Amuriza Zarraonoindia, enjuiciados a su vez en el proceso 66/69 (el llamado proceso a los curas vascos).

 

- Carlos Rey González

Como vocal del Consejo de Guerra que juzgó a Puig Antich, fue el único redactor de la sentencia a muerte por garrote vil que sentenció al antifranquista. Hoy es abogado en Barcelona, y ha representado a la presidenta del PP en Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, en el caso de espionaje político de la agencia Método 3, ya archivado. Contra él ha testimoniado Merçona Puig Antich.

 

@LQSomos

* TELAM

-Nota de “La Comuna”

– Nota del diario Página12

El ex senador del PSOE Fdez. Villa pasó información de anarquistas y comunistas a la policía franquista

José Ángel Fernandez Villa, rodeado de Cándido Méndez, Alfonso Guerra y
Armando Fernández Natal, 'Mandi'. / P. LORENZANA

Gómez Fouz asegura que el exlíder del SOMA fue confidente de los torturadores Claudio Ramos y Pascual Honrado de la Fuente

 

Asturias24 - Fernando Romero18/10/14

En los turbulentos años setenta, cuando por las cuencas mineras se movían como hormigas comunistas y anarquistas intentando reorganizar sus organizaciones ante la agonía del régimen, José Ángel Fernández Villa, era considerado un “compañero” por los militantes clandestinos de la CNT de La Felguera, bastión del anarquismo asturiano junto con Gijón.

 

Villa era un hombre trabajador y muy inquieto políticamente y participó en algunas de las reuniones clandestinas que había convocado el profesor e histórico anarquista José Luis García Rúa, junto a otros compañeros como José Manuel Fernández Cabricano o el propio Aquilino Moral, supervivientes de la Revolución del 34. “A mí me lo presentaron compañeros de la CNT y me dijeron que era de los nuestros”, explica Rúa, quien desconoce si era o no un “infiltrado” “porque tampoco le vi muchas veces”.

 

Rúa, catedrático emérito de la Universidad de Granada y activo anarcosindicalista gijonés en los años de la Transición, puso en marcha a principios de 1969 las Comunas Revolucionarias de Acción Socialista (CRAS). A varias de las reuniones clandestinas acudió Fernández Villa pero, como dice el investigador José Ramón Gómez Fouz, exboxeador, hijo de un policía armada y amigo de los dos personajes más destacados de la Brigada Político Social del Franquismo, Claudio Ramos y Pascual Honrado de la Fuentem, “lo que no sabían es que Villa iba a sacar información”.

 

Fouz escribió un libro en 1999 titulado Clandestinos en donde explica el papel de delator de Fernández Villa. Asegura que fue testigo de documentos y testimonios en los que se descubre al que fuera el hombre más poderoso del socialismo asturiano durante años facilitando información a la temida Brigada Político Social de Asturias. Su principal enlace era Pascual Honrado de la Fuente, uno de los presuntos torturadores contra el que hay abierto un proceso en la llamada Querella Argentina por los crímenes del franquismo.

 

“Que Villa tenía mucho poder lo demuestra que hasta sus rivales políticos de la derechona le temían. Yo me encontré un día con García Cañal y otros dirigentes del PP, con los que solía tener trato y se alejaron de mí disculpándose porque no querían que les viese alguien conmigo. Fue poco después de escribir las delaciones de Villa”

 

Las fuentes de Gómez Fouz no se han puesto nunca en duda, pues la información la encontró en los archivos policiales a los que tuvo acceso precisamente por ser “hijo del cuerpo” y por su buena relación con Claudio Ramos (ya fallecido) y con Pascual Honrado (aún vivo). Con este último aún conserva la amistad. Ni siquiera el propio Villa desmintió lo publicado ni acudió a los tribunales para defenderse. “Lo que si me llegaron fueron muchas amenazas, aunque se preocupaban más por mi integridad física mis amigos que yo mismo”, explica el exboxeador.

 

Según el resultado de su información y de las conversaciones que escuchó, Fernández Villa estaba infiltrado en reuniones de comunistas y anarquistas. Contribuyó a desmantelar el FRAP en Asturias (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota) y hasta llegó a chivarse a la brigada político social de los movimientos de los que luego serían sus compañeros, como Juan Luis Rodríguez-Vigil, Antón Saavedra y del sindicalista de CCOO Marino Artos.

 

Fouz es preciso hasta para recordar el periodo durante el cual Villa fue confidente: desde 1972 hasta octubre de 1976. Las primeras sospechas vinieron de sus propios compañeros: “Primero le echaron de Hunosa, luego de una mina y finalmente entra en Ensidesa en La Felguera y si te echaban de una empresa pública no te contrataban tan rápido en otra. Se empezó a correr el rumor de que era confidente”.
 

Cómo se hace confidente

Fouz dice que el propio Ramos le contó cómo consiguió que Villa fuera confidente: “era un hombre inquieto políticamente y andaba por todas partes. Claudio Ramos era muy fino para buscar gente. Se dio cuenta de que había quedado en el paro y le buscó un trabajo en la mina Colladona, entre Sama y Aller, que era de un señor que se llamaba Efrén y que conocí. El mismo me dijo que a Villa se lo habían impuesto desde la Policía. A cambio, Villa tenía que pasar información a Claudio Ramos.”

 

Según la investigación de Fouz, Villa se reunía algunas veces en Las Caldas, a las afueras de Oviedo, en un coche, con Pascual Honrado de la Fuente al que le facilitaba la información sobre sus reuniones con comunistas y anarquistas.

 

En la mina, Villa era un hombre muy trabajador y puntual, aunque su genio chocó pronto con su jefe y fue despedido. Villa no tenía preocupación, sabía que Claudio Ramos le buscaría un empleo. Un policía llamado Blázquez, que era amigo de algunos ingenieros de Hunosa, sirvió de enlace entre Ramos y los directivos y le buscaron un trabajo en Ensidesa, en La Felguera, aunque posteriormente regresaría a la mina.

 

Fouz asegura que en 1974 es cuando se acerca a las reuniones de CRAS, algo que confirma el propio García Rúa. Según Fouz su ingreso en el PSOE y en la UGT se produce por consejo del propio Ramos, que mantuvo sus cargos una vez muerto Franco. “Ramos apreciaba a Villa y veía que tenía inquietud política y le recomendó entrar en el PSOE porque era un partido más moderado”. A los socialistas los policías de la Brigada “no les tocaban porque no eran una preocupación para el Régimen”. Por su parte, Rúa califica de “muy extraño” el que Villa ingresase en el PSOE y en UGT “porque siempre había parecido más cercano a la CNT”.

 

Lo que vino después, a diferencia de su etapa más oscura, es de sobra conocido. Para Gómez Fouz fueron 36 años de miedo alrededor de Villa “y eso que tiene su mérito tener a toda la gente acojonada. Yo no le temía, pues lo único que podía hacerme era matarme y eso no lo iba a hacer. Mandaba en todo y fue en esa época en la que escribí sobre su etapa de confidente. Ahora no lo haría porque está enfermo y acabado y no me gusta ir contra los débiles”.

 

Horror en Roquetas - 9 de Mayo de 1981

Juan Mañas Morales (24 a.), Luis Montero García (33) y Luis Manuel Cobo Mier (29)

 

No a la criminalización de la protesta social 1/5/14

Tres jóvenes trabajadores santanderinos se trasladan en coche hasta Andalucía para asistir a la primera comunión del hermano de uno de ellos.

Durante el trayecto son confundidos con tres militantes de ETA (que había atentado contra militares ese día, desatándose la cacería antiterrorista) por una persona que acababa de ver las noticias. La cacareada "colaboración ciudadana".

Apuntó la matrícula del coche donde iban los tres jóvenes, que ignoraban que acababan de dictarse sus sentencias de muerte, y avisó a la Guardia Civil. 

El resultado no se hizo esperar: el 9 de mayo varios picoletos detuvieron a los tres jóvenes en Roquetas de Mar (Almería) y, tras llevarlos a una casa abandonada, los torturaron con tal saña y crueldad que en pocas horas eran los tres cadáveres atrozmente mutilados.

Dándose cuenta del error, procedieron a camuflar el crimen, para lo cual metieron los cadáveres en el coche para, a continuación, prenderle fuego.

El procedimiento judicial estuvo repleto de irregularidades, y sólo gracias a la entrega y coraje del abogado que representaba a las familias de las víctimas, Darío Fernández, quien recibió múltiples amenazas de muerte y tuvo incluso que vivir oculto en una cueva, se logró que tres de los once guardias civiles implicados fuesen condenados por torturas y homicidio, que no asesinato. 

El principal encausado, el entonces teniente-coronel Carlos Castillo Quero, recibió una sentencia de 25 años de prisión; el teniente Manuel Gómez Torres otra de 14 años, y finalmente el guardia Manuel Fernández Llamas fue condenado a 12 años. 

Ninguno pasó en prisión ni un año y, por supuesto, con enormes privilegios y prebendas. Entre otras, nunca dejaron de percibir suculentas sumas de dinero procedentes de los fondos reservados.

¡Pena de jueces con escrúpulos!

EL PAÍS SEMANAL -  Juan José Millás 16/2/14

Observen cómo da la cara Juan Antonio González Pacheco, Billy el Niño, tras declarar ante el juez. Parece que viene de atracar una gasolinera, una tienda de ultramarinos, un estanco, y podría hacerlo, pues todavía tiene su pistola. Pero atracar no es lo suyo, no le pone, a menos que pudiera torturar después al dependiente, un chico joven al que le mandaría bajarse los pantalones y los calzoncillos para meterle una picana en los testículos. Significa que Juan Antonio González Pacheco, Billy el Niño, sería un mal atracador. Perdería el tiempo metiendo la cabeza en el retrete de la dueña de la mercería.

 

Los atracadores de verdad lo considerarían una peste, porque los atracadores distinguen el trabajo de la diversión, saben dónde se gana la pasta y dónde se ejercita el sexo. Lo cierto es que cada uno disfruta con lo que puede, y el tipo de la foto solo gozaba moliendo a palos a jóvenes indefensos. Le ponías delante a un crío con esposas y se le hacía la boca agua. La ley es el refugio de las psicopatías más repugnantes. Cuando se dan las condiciones objetivas, salen de sus grietas, como ratas enloquecidas, violadores, ladrones, asesinos, verdugos… Unos vienen de la judicatura; otros, de los ejércitos; algunos, como en el caso del tipo de la foto, de la poli. Cuando la dictadura cae, regresan a sus madrigueras, como las cucarachas al encenderse la luz, y viven de las leyes de punto final, de las prescripciones, de las complicidades explícitas o implícitas de los Estados. La alimaña de la foto, ya se ve, ha vuelto a su rendija. ¡Pena de jueces con escrúpulos!

El relator de la ONU insiste: España debe juzgar los crímenes del franquismo

• Pablo de Greiff insta al Estado a dejar sin efecto la ley de amnistía de 1977
• Tras ver el Valle de los Caídos propone convertirlo en un museo: "Las víctimas lo merecen"
• El experto de Naciones Unidas ha visitado también Paracuellos
• Naciones Unidas reclama a España juzgar las desapariciones del franquismo

El País - Natalia Junquera -  Madrid 3 FEB 2014

Pablo de Greiff, relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, pidió visitar en primer lugar España para comprobar qué grado de todas las cosas que componen el largo nombre de su cargo tienen aquí las víctimas del franquismo. Y a juicio de sus conclusiones preliminares, que ha presentado esta mañana antes de regresar a Nueva York, no es, ni de lejos, suficiente. El Estado, afirma, debe dejar sin efecto la ley de amnistía, que en la práctica, en España "cumple las funciones de una ley de punto final en tanto que se ha utilizado para archivar prácticamente la totalidad de los casos que llegan ante los jueces".

 

De Greiff ha recordado que en países donde no se han derogado leyes de amnistía, los tribunales han encontrado interpretaciones de esas normas "que no han impedido el procesamiento de los presuntos responsables". Aquí, sin embargo, se invoca constantemente para impedir el acceso de las víctimas de la justicia. El relator ha confesado su "preocupación" por la posición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional al denegar la solicitud de extradición a Argentina de los dos presuntos torturadores franquistas José Antonio González Pacheco, Billy el Niño, y Jesús Muñecas Aguilar.

 

El relator, como hace unos meses hicieron sus compañeros del Grupo de trabajo y el Comité de Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas, ha insistido en la necesidad de que el Gobierno haga una "política de Estado" para reparar a las víctimas de franquismo, y que lo haga, además, "con urgencia", debido a la avanzada edad de muchas de ellas. En este sentido, recordó que el mapa de fosas - "que no hubiera sido posible sin los esfuerzos de historiadores y asociaciones memorialistas"- recoge hasta 2.382 enterramientos clandestinos que "contendrían los restos de 45.000 personas". El relator ha criticado en estos términos que el Estado hubiera dejado en manos de los familiares la responsabilidad de la localización y apertura de fosas de la Guerra Civil:  "El modelo de privatización de las exhumaciones facilita la indiferencia de las instituciones del Estado".

 

El experto ha comentado que durante los diez días que había pasado en España entrevistándose con miembros del Gobierno, como el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, jueces, defensores del pueblo y víctimas, le había llamado especialmente la atención la "inmesa distancia" entre las instituciones del Estado y las víctimas, en este caso, de los crímenes del franquismo. Nunca en sus 20 años de experiencia, ha destacado, se había encontrado algo parecido.

 

De Greiff también ha comentado que durante su visita había querido ver el Valle de los Caídos, un asunto al que se referirá ampliamente, ha avanzado, en su informe definitivo, que presentará en septiembre. "Las víctimas exigen, y considero que merecen, la reconsideración de este tema", ha dicho, refiriéndose al cambio de significado del monumento que Franco ideó para inmortalizar su victoria. "A día de hoy", lamentó el relator, "no hay nada en el sitio que proporcione algún tipo de información o señalización acerca de la forma en que fue construido (por presos) ni sobre las condiciones bajo las cuales muchos de los cuerpos que ahí descansan fueron trasladados". 

 

El relator también ha instado al Gobierno a anular todas las sentencias de los consejos sumarísimos, una vieja reivindicación de las víctimas que se descartó durante el debate sobre de la ley de memoria histórica entre otras cosas por el temor a que los afectados reclamaran indemnizaciones.

 

Finalmente, de Greiff también ha manifestado su "preocupación" ante la proposición de ley del PP sobre la justicia universal que "limitaría significativamente" la aplicación de este principio en los tribunales españoles.

 

En septiembre, presentará su informe de recomendaciones definitivas para España. Preguntado por hasta qué punto creía que el Gobierno haría caso a Naciones Unidas, ha contestado que él no es ni un "cínico" ni un "romántico". Que se ha cuidado mucho de no cometer "la crueldad" de prometer a las víctimas cosas que no puede prometer o generar expectativas que no vaya a poder satisfacer. "Pero si ellos no se rinden, yo tampoco. La única promesa que he hecho es mi compromiso a seguir velando por el ejercicio de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación"

 

 

La Fiscalía rechaza extraditar a Argentina a 'Billy el Niño' porque según él sus delitos "han prescrito"

El torturador  Antonio González Pacheco
alias 'Billy el Niño'

Título corregido por MJBarreiroLG, original: La Fiscalía rechaza extraditar a Argentina a 'Billy el Niño' porque sus delitos han prescrito

 

EL HUFFINGTON POST / EP   31/01/2014

La Fiscalía española rechaza extraditar a Argentina al exinspector franquista Antonio González Pacheco, alias 'Billy en Niño', acusado de torturas entre 1968 y 1975, con el argumento de que estos delitos han prescrito.

 

En su escrito, el Ministerio Público se basa en el Código Penal franquista de 1973 y argumenta que "el plazo de transcripción, de 10 años" que fijaba este código, ha "transcurrido con creces".

 

Además, la Fiscalía considera que González Pacheco disfruta de arraigo en España, "donde convive con su pareja sentimental y su hija" y "no tiene vinculación alguna, que se conozca, con el Estado que plantea la extradición".

 

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz citó a declarar el pasado mes de diciembre al exinspector y ordenó la retirada de su pasaporte y la prohibición de salir de España mientras se tramitaba su extradición a Argentina, que les investiga por las torturas que habrían cometido durante los últimos años del franquismo.

 

González, que se negó a ser entregado a las autoridades argentinas, tiene, además, la obligación de realizar comparecer semanalmente en su juzgado o en el más cercano a su domicilio.

Billy El Niño ya es Marca España

El periodista Fernando Berlín hace un recorrido por la prensa internacional para ver qué cuentan de nosotros. En esta ocasión, el expolicía franquista acusado de torturas ha cruzado las fronteras.

Ruz cita para este jueves a los dos presuntos torturadores franquistas reclamados por Argentina

El torturador Juan Antonio González Pacheco “Billy el Niño” en la actualidad

Son los exagentes 'Billy el Niño' y Jesus Muñecas. El mismo día decidirá si les encarcela mientras se decide sobre la entrega reclamada por la jueza María Servini

 

Público - Andrés Muñíz - Madrid 02/12/2013 

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado para este jueves al exinspector de Policía Juan Antonio González Pacheco, alias "Billy el Niño", y al excapitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas Aguilar, cuya extradición reclama Argentina como presuntos autores de delitos de torturas cometidos en España durante la dictadura franquista.

Fuentes de la Audiencia Nacional destacaron que el motivo de la comparecencia es comunicarles la petición de extradición cursada contra ellos por la jueza argentina María Servini, y preguntarles, de acuerdo a la Ley de Extradición Pasiva vigente,  si acceden a ser entregados a Argentina o no.

Además, el juez Ruz resolverá el jueves sobre la situación personal de ambos, es decir, si les manda a prisión preventiva mientras se decide sobre la extradición, o toma contra ellos alguna otra medida cautelar --presentación periódica en juzgado o comisaría, fianza, u otro medio de localización--. Por ello, estará presente en la diligencia la Fiscalía. Los dos reclamados tendrán que acudir acompañados de abogado, y si no lo hacen se les asignará uno de oficio.

La jueza Servini reclamó a España la detención de González Pacheco y Muñecas (este último condenado por en su día por participación en la intentona golpista del 23-F) el pasado 18 de septiembre, aunque la Fiscalía de la Audiencia Nacional se opuso alegando cuatro motivos: la antigüedad de los hechos, la prescripción de los delitos, lo dispuesto en la Ley de Amnistía española de 1977, y la falta de un relato pormenorizado de los hechos atribuidos a cada uno de los reclamados, con concreción de fechas y lugar de comisión. 

El juez Ruz comunicó entonces que citaría a los dos acusados de torturas cuando recibiera la petición formal de extradición. Además, constató que los otros dos reclamados por la jueza Servini, Celso Galván Abascal y José Ignacio Giralte González, habían fallecido.

El pasado viernes, el Consejo de Ministros, una vez recibida la petición de extradición que formula Argentina, acordó continuar los trámites de la misma, por lo que la pelota volvió al juez Ruz, que ha decidido citar a González Pacheco y Muñecas para este mismo jueves.

Si no sufre modificaciones, la posición de la Fiscalía se mantendrá en defender la prescripción de los delitos por los que dos exagentes son reclamados, así como el amparo que supone para ellos la Ley de Amnistía de 1977.

En caso de que, como es previsible, ninguno de los dos acepte su extradición de forma voluntaria, el proceso continuará hasta una decisión final de la Audiencia Nacional favorable o contraria a la extradición. Una negativa del órgano judicial sería vinculante para el Gobierno, que tiene la última palabra, pero en cambio, una positiva (es decir, la aprobación de la extradición) podría ser aceptada o no por el Ejecutivo, que tendría la posibilidad de negar la extradición.

Humillar a las víctimas

Eldiario.es. Ignacio Escolar 29/7/13 

Imaginen, es un suponer, que ETA hubiese ganado la guerra contra la democracia y para celebrarlo ordenase amontonar todos los cadáveres de su sangriento legado en un enorme y siniestro mausoleo, construido a latigazos por los derrotados. Imaginen que esa enorme fosa común se consagrase después a honrar la memoria del líder de los asesinos y su principal ideólogo, enterrados ambos en la cúspide de esa pirámide de huesos. Imaginen que estos crímenes nunca fuesen juzgados; que sus familiares jamás fuesen indemnizados; que las cunetas siguiesen llenas de cadáveres; que los torturadores se paseasen por las calles, impunes ante una justicia que mira hacia otro lado; que incluso años después, cuando aquel régimen siniestro hubiese terminado, las víctimas tuviesen que aguantar el homenaje al asesino de su padre, o de su hermano, cada vez que quisieran visitar las tumbas de sus familiares. 

Eso sí que sería humillar a las víctimas. Eso es lo que pasa en el Valle de los Caídos.

La propuesta del PSOE de retirar los restos del dictador Franco de ese símbolo de la tiranía que pagamos con los fondos del Estado solo tiene un pero: a buenas horas. Por lo demás es intachable. En el Valle de los Caídos están enterradas miles de víctimas de la represión franquista; miles de cadáveres cuyas familias tienen que aguantar los vivas a Franco si quieren recordar la memoria de los suyos. Hay solo dos soluciones: o se identifican uno a uno los restos de cada una de estas víctimas del franquismo enterradas allí contra la voluntad de sus familias (y se devuelven a sus familiares para que los entierren donde quieran), o se retiran de allí los huesos del dictador y se convierte ese engendro fascista en un centro para la memoria sobre la Guerra Civil y la dictadura. Es obvio cuál de las dos opciones es la más fácil.

Pero ya se sabe que no todas las víctimas son iguales. 

No son iguales las víctimas del Yak 42. No pasa nada porque uno de los principales responsables de que las familias enterrasen y llorasen a los cadáveres equivocados esté  buscando mayordomo para su embajada en Londres.

No son iguales las víctimas de Billy el Niño. Y quienes pretenden que responda ante un tribunal por  sus crímenes son tachados de rencorosos que pretenden reabrir las heridas.

No son iguales las víctimas del terrorismo de Estado. Por eso el condecorado general Galindo salió de la cárcel después de cumplir  solo cuatro años de los 74 a los que fue condenado.

No son iguales todas las víctimas del 11M. No todas reciben  ni las mismas ayudas públicas ni las mismas subvenciones y aquellas –como Pilar Manjón– que se negaron a aceptar esa miserable teoría de la conspiración han tenido que vivir bajo constantes insultos y amenazas. "Métete tus muertos por el culo", le han llegado a gritar algunos.

No son iguales las víctimas de las palizas policiales. Los mossos que  mataron a golpes a una persona hoy siguen patrullando las calles de Barcelona. Como suele ser costumbre, probablemente acabarán indultados.

No son iguales todas las víctimas de ETA. Las hay, como Eduardo Madina, que tienen que aguantar que les  tachen de proetarras.

Ni siquiera todas las víctimas que se manifiestan contra la doctrina Parot son iguales. Aquellas a las que se les ocurre criticar al Gobierno de Rajoy –aplicando esa misma vara de medir que Rajoy usó contra Zapatero– ahora  son “injustas” e “ignorantes”.

¿Humillar a las víctimas? De eso en España sabemos un rato.

La decisión de no detener a los acusados de torturas no sorprende a la jueza: "Nunca han colaborado"

• En el juzgado de María Servini de Cubría se esperaban la decisión de la Fiscalía de no ordenar la detención de los  torturadores franquistas. "No han colaborado con la investigación en ningún momento".

• El auto de la jueza describe cómo la Fiscalía tardó más de siete meses en responder a los pedidos de información de Argentina y que al hacerlo enviaron algunos documentos con errores o sin validez judicial.

Eldiario.es Natalia Chientaroli   25/09/201

El escrito presentado por la Fiscalía ante la Audiencia Nacional en el que rechaza la detención de los cuatro imputados por torturas cometidas durante el franquismo no ha causado sorpresa. "Es lo que esperábamos", reconocen en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº1 de Buenos Aires. "No han colaborado con la investigación en ningún momento", explican . 

 

Pero el equipo de la jueza argentina María Servini de Cubría no cree, ni mucho menos, que esta decisión paralice el proceso. "Estamos acostumbrados a trabajar contracorriente en esta causa", explica a eldiario.es el secretario de la jueza, Alfredo Mangano. La querella no lo ha tenido fácil en España -acabó con la imputación del juez Baltasar Garzón por prevaricación por considerarse competente para juzgar esos delitos- y ha debido superar varios escollos también en Argentina. 

Entre ellos la suspensión de las videoconferencias que se habían organizado en el consulado argentino en Madrid para que prestaran declaración ante la jueza varios querellantes. El ministerio de Exteriores había mandado una carta al embajador argentino presionando para que no se realizaran.

La Fiscalía española respondió al exhorto en mayo de 2011, y en muchos casos los documentos que enviaban como respuesta a esa solicitud de octubre de 2010 no tenían ni siquiera una firma, por lo que carecían de validez judicial. Estas incidencias están recogidas en el auto de la jueza, que también describe las supuestas inexactitudes que encontraban en la información remitida por España de acuerdo con organismos como Amnistía Internacional. 

Independientemente de lo que decida la Audiencia Nacional -España, como país soberano, puede decidir no detenerlos-, la petición de detención internacional ya está cursada, de modo que los imputados ya no pueden salir del país sin que les aprese Interpol.

El inconveniente para la causa es que si España no colabora con la extradición y los acusados no pueden declarar ante la jueza, no pueden ser juzgados. "La declaración indagatoria es una medida de prueba. Según la legislación argentina, nadie puede ser juzgado en ausencia", explica el secretario judicial Alfredo Mangano.

El siguiente paso será resolver las posibles imputaciones del ex ministro de Interior Rodolfo Martín Villa; el exministro franquista y suegro del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, José Utrera Molina; el exministro de Trabajo Fernando Suárez; y los exjueces Jesús Cejas Mohedano y Rafael Gómez Chaparro.

Rajoy tendrá que decidir si tramita la petición de extradición argentina

José Antonio González Pacheco  Billy El Niño

• El consejo de ministros tendrá que decidir si autoriza que la Audiencia Nacional estudie la posible extradición de cuatro presuntos torturadores de la dictadura de Franco
• Fuentes del Ministerio español de Justicia recuerdan que la legislación no permite extradición de españoles, salvo si existe un tratado. Con Argentina lo hay

eldiario.es Gonzalo Cortizo 18/9/13

Una jueza argentina ha puesto una difícil decisión sobre la mesa del Consejo de Ministros de Rajoy. María Servini de Cubría instruye en Argentina la causa contra los crímenes del franquismo y acaba de conseguir que Interpol dicte una orden de detención internacional contra cuatro presuntos torturadores durante la dictadura. La legislación española impide, en principio, la extradición de ciudadanos españoles pero en el caso de Argentina media un tratado entre ambos países que podría permitir la entrega. Las decisiones más importantes para que eso suceda o no deberá tomarlas el consejo de ministros que preside Mariano Rajoy.

Según fuentes del Ministerio de Justicia, el Consejo de Ministros deberá estudiar la extradición, si previamente se procede a la detención de las personas señalas por Interpol. Si el Gobierno decide facilitar su tramitación, deberá pasarle el caso a la Audiencia Nacional para que delibere sobre las razones a favor y en contra de la entrega. Si la Audiencia Nacional dice no, el caso se cierra. En caso de que la Audiencia vea razones para autorizar la entrega, el Gobierno tendrá la útima palabra y todavía margen para denegar la extradición. 

"La Audiencia Nacional viene aplicando cierto principio de reciprocidad", según fuentes jurídicas. Se da la circunstancia de que España sí ha juzgado a militares de la dictadura argentina y dos de ellos han ingresado en prisión para cumplir sus condenas en cárceles españolas. 

Como complicación jurídica añadida figuran las leyes de amnistía que Argentina derogó pero España no. Dicho de otro modo: Argentina considera que es competente para juzgar a quien España no puede, por la protección legal que rodea a los crímenes previos a la dictadura. 

Además, el tratado de extradición con Argentina deberá enfrentarse de pleno con la ley 4/1985 de extradición pasiva. Ese texto, redactado por el primer Gobierno de Felipe Gonzaléz, señala que "no se concederá la extradición de españoles". Según ese texto, cuando los delitos han sido cometidos en suelo español, solo la justicia española es competente para juzgarlos. El debate se inicia y Rajoy deberá decidir cuánto lo prolonga.

Ante la orden de detención de cuatro criminales franquistas por la jueza argentina

ANTE LA ORDEN DE DETENCIÓN DE CUATRO CRIMINALES FRANQUISTAS DICTADA POR LA JUEZA ARGENTINA SERVINI DE CUBRIA

19/9/13
Desde Ahaztuak 1936-1977 ya hemo expresado en varias ocasiones que la llamada “Querella Argentina”, al igual que en su momento lo hizo el conocido como “Informe Garzón” pone en evidencia el lamentable papel que desde la Transición está jugando el Estado Español en la defensa de los Derechos de las Víctimas del Franquismo, toda vez que lejos de actuar como garante de estos derechos, sus instituciones políticas y judiciales son la principal losa que han de enfrentar dichas Víctimas. El Estado Español sistemáticamente incumple las obligaciones internacionales que le incumben en orden a investigar los Crímenes del Franquismo, utilizando todos los aparatos del estado a favor de la Impunidad. Si en la Argentina hay un proceso abierto es porque en España se le han cerrado todas las puertas de la Justicia y la Reparación a las Víctimas del Franquismo. La Querella Argentina representa otra clara denuncia de la existencia del modelo de impunidad español para los crímenes y criminales franquistas, algo que se ve reforzado por la emisión de una orden de detención contra cuatro miembros de las fuerzas policiales de la dictadura con el objetivo de extraditarles y poder interrogarles.

Sin embargo desde Ahaztuak 1936-1977 hemos mostrado desde la puesta en marcha de esta Querella ciertas preocupaciones y precauciones en relación a este procedimiento judicial, las cuales siguen estando vigentes más allá de la evidente repercusión mediática de la orden dictada ayer por la jueza argentina. Dichas preocupaciones y precauciones existen porque somos conscientes del recorrido que desde la muerte del dictador Francisco Franco y hasta la actualidad ha tenido el “modelo de impunidad español” para los crímenes cometidos bajo su régimen y para los criminales que los cometieron. Y hay que decir que a dicho “modelo de impunidad” y a sus difrentes instrumentos y expresiones hasta la fecha -Ley de Amnistia de 1977, Transición Política, Ley de Memoria Histórica, y en otra medida el “Informe Garzón”- no son ajenas muchas de las personas, organizaciones e instituciones que ahora aparecen impulsando o apoyando la “Querella Argentina” sin haber hecho ningún tipo de análisis y autocritica respecto a sus posiciones y actuaciones anteriores y al evidente sustento que ellas han sido para el “modelo español de impunidad” el cual dificilmente podría haberse mantenido operativo sin su concurso.

Desde Ahaztuak 1936-1977 y desde la perspectiva que nos da nuestro recorrido de años de trabajo entendemos que debemos tener claro que el principal problema con el que nos enfrentamos no es jurídico sino político. Evidentemente sobran los argumentos jurídicos que nos permiten poner fin a las trabas legales del modelo español de impunidad pero hasta la fecha,los principales garantes de la Impunidad del Franquismo han sido el Parlamento Español y los distintos gobiernos independientemente de cual fuera el partido mayoritario, que este ha sustentado. Si el franquismo es legal es porque el Parlamento Español así lo ha votado, si la Falange nunca ha sido ilegal es porque nadie ha encarado su ilegalización como partido fascista que es, si la simbologia franquista sigue puesta es porque nadie la ha retirado, si las víctimas seguimos sin tener acceso a la Justicia es porque la Ley de Amnistía así lo establece y si las victimas seguimos sin obtener Reparación es porque los sucesivos Gobiernos del estado español así lo han dispuesto. No nos confundamos, el debate de la memoria sigue estando fuera de la agenda política más allá de puntuales momentos de marketing, incluso entre aquellas fuerzas políticas que se autoproclaman progresistas o de izquierdas. Por eso, para revertir la situación actual, con Querella Argentina o sin ella, entendemos que la única garantia real para socavar realmente ese muro de impunidad que no nos permite hacer justicia es la organización aquí y la lucha sin desmayo aquí, convertir la continuidad de la impunidad en un problema político aquí y ahora para las instituciones y los gobernantes, no caer en la trampa de delegar esa lucha y esa organización hacia las instituciones sean estas judiciales o politicas, sino asumir que la unica garantia somos las propias victimas, tal y como nos demostraron en su momento en Argentina las Madres de Plaza de Mayo, las Abuelas y otros sectores que lucharon sin desmayo contra la impunidad de los crimenes de la dictadura.

Asimismo no debemos olvidar que un proceso como el abierto por la “Querella Argentina” que investiga todos los crímenes cometidos por la Dictadura Franquista desde el golpe de estado del 36 hasta el año 1977 nos enfrentaremos a un largo proceso judicial no exento de dificultades, empezando por el propio Estado Español quien pondrá todas las trabas legales y diplomáticas a su alcance, como prueba el hecho de que las declaraciones testimoniales de víctimas previstas ante la Jueza argentina Servini por video- conferencia en el Consulado Argentino para el mes de Mayo, tuvieron que ser suspendidas tras presiones del Gobierno Español. Asimismo desde Ahaztuak 1936-1977 entendemos que de ser planteada en la profundidad que merece la lucha contra el “modelo de impunidad” español y sus valedores y responsables, las imputaciones no pueden olvidar a Juan Carlos I de Borbón, actual Jefe del Estado puesto por el golpista y dictador Francisco Franco tras jurar los Principios Fundamentales del Movimiento, ni pueden olvidar a tantos cargos politicos de “la democracia” como cómplices y encubridores de dicho modelo de impunidad que con su colaboración han hecho posible que responsables franquistas del calado de Ramón Serrano Suñer o Manuel Fraga Iribarne, por nombrar a dos de ellos, se hayan muerto sin dar cuenta de sus responsabilidades en diversos crímenes cometidos por el reǵimen franquista.

Mucho antes de ponerse en marcha la “Querella Argentina” desde Ahaztuak 1936-1977 ya dijimos que si algun día se pusiera en marcha un proceso que juzgara realmente los crimenes y a los criminales del franquismo en el banquillo de los acusados tambien habrían de estar, por cómplices en su impunidad de décadas, muchos de los responsables políticos del actual régimen que se autodenomina democrático.

Y algo de tal calado sólo puede sustentarse de forma central en la lucha aquí aunque tenga apoyos exteriores de todo tipo y los utilicemos todos. No miremos hacia afuera, miremos hacia adentro.

No nos equivoquemos.

AHAZTUAK 1936-1977

La jueza argentina dicta orden de detención internacional contra cuatro torturadores del franquismo

En una decisión sin precedentes, la jueza María Servini de Cubría pide, a través de la Interpol, la extradición de altos funcionario policiales y de la Guardia Civil, en la causa abierta en ese país para juzgar los crímenes del franquismo

Público - Ana Delicado - Buenos Aires 18/09/2013 19:27

En un día histórico para las víctimas del franquismo, la magistrada María Servini de Cubría ha dictado una resolución por la que dicta orden internacional de detención preventiva, con fines de extradición, para cuatro ex funcionarios de seguridad acusados de torturas: el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, el ex escolta de Francisco Franco y de la Casa Real Celso Galván Abascal, el ex comisario José Ignacio Giralte González; y ex inspector José Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño.

Es decir, que en la causa abierta en Argentina para juzgar los crímenes del franquismo, han pasado a ser imputados estos cuatro ex funcionarios, que deben ser extraditados "a efectos de recibir declaración indagatoria". "Se procede que esta magistratura curse específicamente a las autoridades españolas esta orden de detención", dice textual la resolución de la magistrada. El texto especifica que se debe comunicar "el arresto preventivo de los nombrados con fines de extradición a efectos de recibir declaración indagatoria a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL)".

La resolución, entonces, será enviada tanto a INTERPOL como a las autoridades españolas para proceder a la detención de los primeros cuatro procesados de la causa, abierta en abril de 2010, tal y como acaba de confirmar a Público uno de los abogados que ha recibido en mano la resolución de la jueza, el argentino Carlos Slepoy.

Los abogados solicitaron por escrito a la jueza, en marzo de este año, que emitiera órdenes de captura internacional contra nueve responsables del régimen franquista: tres ex ministros, José Utrera Molina (suegro del ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón), Rodolfo Martín Villa y Fernando Suárez; y dos ex jueces, además de los cuatro exfuncionarios de seguridad que ahora han pasado a estar procesados en la causa. La magistrada ha decidido proceder, por ahora, contra estos últimos.

La ley procesal argentina prevé que, si existen indicios de criminalidad en una persona, se la llame para que preste declaración indagatoria, cuyo efecto es la orden internacional de detención si el acusado se encuentra fuera del país. Ésta es la victoria más importante que consiguen las víctimas del franquismo en el marco de una causa que comenzó hace más de tres años. El proceso ha sufrido varios escollos que ahora comienzan a disiparse.

Siguientes pasos 

La jueza recibirá el próximo 20 de noviembre, aniversario de la muerte de Francisco Franco, a víctimas de la dictadura y a funcionarios españoles para que presten su testimonio en el marco de la causa. Se espera la llegada de parlamentarios de BNG, IU, Amaiur, y quizás alguno del PSOE. Es probable que se adelante el diputado de ERC Joan Tardà, para interponer en octubre una querella por el asesinato durante la dictadura de Lluis Companys, presidente de la Generalitat durante la II República, y que también lo acompañen  varios concejales y alcaldes de su partido.

A ello se le suma el creciente apoyo institucional que en Argentina otorga cada vez más relevancia a la causa. Además de la resolución de apoyo del Congreso Nacional a la causa judicial, el alcalde de de la ciudad de La Plata ha declarado de interés municipal la querella argentina contra los crímenes del franquismo, y lo mismo está estudiando la legislatura provincial de Buenos Aires. La última en mostrar su respaldo ha sido la legislatura porteña (el Parlamento de la ciudad de Buenos Aires), que acaba de aprobar por unanimidad una declaración de apoyo a la querella y de condena al franquismo. Hace unos días, se constituyó la Plataforma Argentina de Apoyo a la Querella contra los Crímenes del Franquismo, a la que se adhirieron casi 100 organizaciones, y uno de sus objetivos es el de sumar el apoyo de más instituciones a la qerella, en sintonía con lo que está sucediendo en España con la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA).

"Este apoyo es fundamental", resalta Slepoy.  Los abogados se han reunido con prácticamente todas las fuerzas del Congreso, y con el director de Derechos Humanos de la Cancillería, Federico Villegas Beltrán, para garantizar que las próximas videoconferencias que realice la jueza con víctimas del franquismo no vuelvan suspenderse, como ya sucedió en tres ocasiones. Los querellantes también estuvieron con Mario Fera, presidente de Consejo de la Magistratura, órgano encargado de la tramitación técnica de las querellas, para dejar asegurado nuevos problemas.

Estado de la causa

Hasta ahora, la jueza había enviado a España dos comisiones rogatorias. En la primera, solicitaba que le informaran sobre si había investigaciones en curso sobre el franquismo, en qué juzgado estaban, en qué estado se encontraban. También pedía información sobre el plan sistemático de exterminio de la dictadura, y en específico, sobre el plan deliberado, planificado y legalizado del secuestro de niños. Varios meses después, contestó la Fiscalía General de Estado que encabezaba Cándido Conde-Pumpido, cuando por entonces el PSOE estaba en el Gobierno. La Fiscalía alegó que en España estaba investigando el franquismo, y advertía que el principio de jurisdicción universal es subsidiario, es decir, que podía aplicarse cuando no había investigaciones en el país donde se cometió el crimen, por lo se entendía que Argentina no tenía competencia para investigar.

Los abogados de la querella replicaron con un escrito, aclarando que todos los procesos abiertos en distintos juzgados del país a raíz de los testimonios que había enviado el juez Baltasar Garzón, habían sido archivados en su inmensa mayoría, y que sólo quedaban tres abiertos, pero relacionados con la existencia de fosas comunes y exhumación de cuerpos, sin que hubiera una investigación penal. La jueza reaccionó inmediatamente y mandó una segunda comisión rogatoria a España, pidiendo la identificación de muchos responsables. La Fiscalía General volvió a contestar cuando ya estaba el PP en el Gobierno,  con Eduardo Torres-Dulce como nuevo fiscal general, en donde reiteraban que Servini de Cubría no tenía competencia para juzgar los crímenes franquistas. Para entonces, Garzón ya había sido condenado en febrero de 2012 por el Tribunal Supremo.

La magistrada decidió entonces viajar a España, pero el viaje fue cancelado porque la Corte limitó el número de funcionarios con los que podía viajar. Para su llegada se había creado un movimiento con una lista de 100 declarantes. La suspensión de su viaje generó una enorme frustración.

Pero con la actual resolución de la jueza, con la que dicta la primera orden internacional de detención contra los primeros representantes del franquismo, la magistrada ha dado un paso que puede marcar un hito en la historia española.

La única causa judicial que hay abierta en el mundo en relación a los crímenes del franquismo es la que se impulsa desde Argentina. La Constitución argentina reconoce desde 1853 el principio de justicia universal, por el que este país tiene jurisdicción para perseguir los crímenes franquistas al haberse negado España a investigar por sí misma los crímenes cometidos entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977. Según los autos de Garzón, la represión franquista dejó al menos113.000 desaparecidos y unos 30.000 niños apropiados por el régimen que fueron sustraídos a las familias republicanas. 

La vida oculta del asesino de Yolanda Gonzalez (Emilio Hellín/ Luis Enrique Hellín)

Torturada antes de asesinarla de tres tiros en la cabeza

El País- José María Irujo 24 FEB 2013

En la foto: Emilio Hellín Moro, de 63 años, la pasada semana caminando por una calle del madrileño barrio de San Isidro. Se ha cambiado su nombre por el de Luis Enrique. / Carlos Rosillo

El ‘ultra' Emilio Hellín Moro fue condenado en 1982 a 43 años por asesinar a Yolanda González

Trabaja para la Guardia Civil y la policía en terrorismo y crimen organizado

Un excriminal de la ultraderecha condenado a 43 años por asesinato trabaja para los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado en casos judicializados y forma a sus agentes en técnicas forenses de espionaje y rastreo informático.

—¿Emilio Hellín Moro?

—Yo soy Luis Enrique Hellín…

—Perdone, pero ¿no es usted Emilio Hellín, el autor del asesinato de Yolanda González, la joven de 19 años que murió en 1980?

—No… Emilio Hellín murió hace tres o cuatro años… Somos familia.

—No sabía que tuviera un hermano llamado Luis Enrique.

—Es una historia complicada porque somos hijos de la misma madre, pero de distinto padre. Luego juntamos los apellidos… ¿Sabe? Líos de familia que prefiero no comentar.

—¡Se parecen ustedes muchísimo! ¡Y los dos eran informáticos! Usted se ha cambiado el apellido y aparece su currículo en Linkedin [web de contactos profesionales] como Luis Enrique Helling. Se ha añadido una g al apellido.

—Es que nuestro abuelo era de origen inglés.

—¿Sabe de qué murió Emilio? ¿Dónde puedo localizar a su familia?

—No lo sé.

—¿De qué pueblo son ustedes? ¿Puede enseñarme su DNI para demostrar que no es usted Emilio Hellín?

—La conversación ha terminado…

Luis Enrique Hellín Moro, de 63 años, es un tipo alto y corpulento, tiene una frente despejada y pelo blanco en las sienes. No rehúye la mirada y habla con aparente calma y frialdad. Viste una camisa de lana clásica de cuadros, pantalón de pana beige y zapatos marrones. De su cuello cuelgan unas pequeñas gafas graduadas. El encuentro con el periodista tiene lugar en la oficina de su empresa, New Technology Forensics, especializada en peritaje criminal, en una tranquila calle en el barrio madrileño de San Isidro, frente a un colegio público. El local, de tres alturas, es una desordenada oficina de 30 metros cuadrados repleta de ordenadores y teléfonos móviles, la especialidad de este técnico superior de sistemas de telecomunicaciones e informáticos. Junto a la puerta blindada de hierro, siempre cerrada, un cartel exhibe su nombre y el de dos de sus colaboradores, uno de ellos apellidado Hellín Asensio. Emilio Hellín estaba casado con María del Carmen Asensio.

Ana Messutti: Un sistema jurídico que deja graves crímenes sin enjuiciar está viciado

Jueves, 02 de Agosto de 2012

Revista R@mbla Entrevista 30/7/12 en Barcelona

Texto: Juan Manuel Zuruta. Fotos: Francesc Sans

Tribunales argentinos acogen denuncias contra los crímenes del franquismo.

La abogada Ana Messuti es un de la profesionales que hoy trabaja en las querellas que se están presentando contra los crímenes del franquismo en un tribunal argentino. En ese marco estuvo de visita en Barcelona para trasmitir información y contactar a algunas de las víctimas que se harán parte del proceso. 

Cuenta que gran parte de la motivación para comenzar con esta campaña vino luego de lo sucedido al juez Baltazar Garzón, sin olvidar que hechos como la detención de Augusto Pinochet en Londres, o la condena al represor argentino Adolfo Scilingo por parte del Tribunal Supremo de España, fueron un incentivo para intentar poner fin a la impunidad de los crímenes de lesa humanidad.

Hoy los procesos están a la espera que en septiembre la jueza María Servini de Cubría se instale en la embajada argentina en Madrid y, dependiendo de la cantidad de denunciantes que existan en Catalunya, se traslade luego a Barcelona.

¿Cuál es la motivación central para este proceso?

Los temas están abiertos y por lo mismo existe la necesidad de aclararlos. Hace poco tuve una discusión en ese contexto con un colega en Salamanca, un chileno que me decía, a propósito del homenaje que se le hizo en Chile a Pinochet, que en el marco de la libertad de expresión teníamos que dejar que se hiciera. Yo le respondía que ese homenaje es un delito, pues se trata de una forma de apología a los crímenes. El homenajeado ha sido declarado judicialmente genocida y autor de crímenes contra la humanidad, por lo tanto es un homenaje a un asesino.

Por ello es importante que la impunidad no gane gracias al tiempo trascurrido, pues un sistema jurídico que no es capaz de hacerse caso de enjuiciar tan graves crímenes, es un sistema viciado y pierde credibilidad.

Ahí Ana hace hincapié en la importancia del derecho y del principio de proporcionalidad de las penas “si no castigamos a quien atenta contra la vida de alguien o a quien roba un niño a su madre, el sistema esta viciado, y por lo tanto, tampoco podemos juzgar a quien roba un auto, que es un delito bastante menor.

Por eso, no es sólo memoria histórica, es una memoria activa.

Yo justamente hice un trabajo que decía ¿qué le pide la memoria al derecho? Y lo que le pide es que haga algo concreto; que haga justicia”.

¿Cómo se ve el panorama hacia el futuro?, ¿es posible el “nunca más” al constatar la percepción que va teniendo el resto de la población en torno a estos delitos y sus juicios?

Esa reflexión es muy importante y no se hace mucho. Hoy mismo y frente a la crisis que esta viviendo España, una parte de la población no tiene una opinión muy favorable de estar removiendo estas cosas.

En cambio, hay muchos otros que tienen el tema muy arraigado, que han sufrido mucho y que desde hace tiempo están luchando para que se reconozca que fueron víctimas de crímenes.

También hay una gran cantidad de gente, une enorme cantidad de gente que quiere participar y existen tres formas de hacerlo. Como querellante, como denunciante o como adherente.

En general la gente decide involucrarse desde el punto de vista más activo que es como querellante.

Los adherentes son quienes firman un documento de apoyo a la querella. Esas adhesiones las estamos reuniendo a través de una red de asociaciones y que integran entre treinta y cuarenta entidades ligadas a la memoria histórica, colectivos de represaliados, como los de La Comuna, que es una asociación de ex presos políticos de los años finales del franquismo u otra asociación de ex presos más antiguos.

Mucha gente tiende a pensar que éste es un conflicto que se remite a la Guerra Civil y sus años inmediatos, pero el gobierno franquista terminó en los setenta, entonces. ¿Hasta cuándo se suman querellas?

El período que abarca esta causa se extiende desde 1936 hasta 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas. Durante todo ese tiempo se ejecutó un plan sistemático para aterrorizar a los españoles que tuvieran determinadas ideas políticas; las contrarias al régimen. Ese es el marco cronológico, no solamente la Guerra Civil, sino todo lo que vino después.

Y la recepción de casos, ¿Quiénes son los querellantes?

Los dos primeros querellantes son Darío Rivas, quien tiene hoy noventa y dos años y es hijo de Severino Rivas, alcalde republicano de Lugo asesinado en 1936, e Inés García Holgado, quien reside en Argentina y tiene tres parientes ejecutados en ese período. A ellos se sumaron la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de España y muchas otras relacionadas a los derechos humanos en Argentina.

Luego se fueron incorporando otras personas desde España y cuyos casos en general corresponden a familiares que buscan justicia para sus padres, tíos o abuelos.

Posteriormente lo hicieron asociaciones como La Comuna que incluso se presentó, a través de sus representantes en el juzgado argentino, a declarar ante la jueza.

Es decir, el ámbito temporal es amplio y no remoto.

Y respecto a los victimarios ¿hay responsables vivos aun?

Hay muchos. Por supuesto la investigación se facilita bastante cuando el caso es más reciente y la víctima lo ha sufrido en carne propia.

El querellante tiene que ser una víctima directa o tener una relación de parentesco con la víctima. En el primer caso, las víctimas suelen recordar a sus torturadores, y muchos de ellos aún viven. Por eso no es una cosa tan remota como tú ya decías, algo que pasó hace mucho tiempo, sino que es algo que está latente, todavía está la víctima y todavía el verdugo y se pueden encontrar.

Pero en otros casos, los más antiguos, si la víctima vive aún, o sus familiares, todavía está la memoria, todavía quedan abiertas las heridas. Por eso es fundamental que la justicia le gane su combate al tiempo.

¿Quiénes se pueden hacer parte de este proceso?

Este caso no es sólo para los argentinos o los españoles de Argentina como muchos han creído, es para todos quienes han sido víctimas del franquismo.

¿Y porque surge en argentina esta iniciativa?

No se trata de devolver los favores que España le ha hecho a la Argentina, entiéndase por ello el juicio de Scilingo, sino que los temas de derechos humanos son un tema universal. En este caso Argentina está ejerciendo la jurisdicción internacional pues lo que determina la internacionalidad de la jurisdicción es la gravedad de los crímenes. Es decir, para otro tipo de casos en derecho internacional hay puntos de conexión que pueden ser la nacionalidad de la víctima, del autor o el lugar de comisión del delito. Ahí entran en juego todos los parámetros de derecho internacional para determinar a qué tribunal le corresponde. Pero en cambio, cuando la gravedad de los crímenes es tal, ya no necesitamos puntos de conexión, se ejerce la jurisdicción internacional y se ejerce bajo el principio de concurrencia de jurisdicciones.

Entonces, si ahora un tribunal español comenzara a juzgar el mismo caso, no tenemos por qué suspender la causa argentina. Podemos trabajar simultáneamente y los problemas que pueden resultar son solamente prácticos y se resuelven entre los juzgados cuando hay voluntad de juzgar.

Y respecto a ese punto, la voluntad de juzgar ¿cómo esta la recepción de los tribunales españoles al trabajo que están realizando ustedes?

Todo depende mucho de quién se trate. Hay grupos de abogados jóvenes y no tan jóvenes que tienen una actitud muy positiva.

Con respecto a los tribunales no sabemos. Sabemos sólo lo que nos dice la fiscalía cada vez que se manda un exhorto y que en el último que fue enviado, España nos ha respondido que la justicia ya se está ocupando del tema. Se refieren al auto de Garzón de octubre del 2008 sin referirse a lo que pasó en diciembre cuando se revocó ese mismo auto. La actitud respecto a esta causa es bastante incomprensible. Hay sobre ello un informe muy interesante de Amnistía Internacional.

Con eso se logra, además de hacer desaparecer a las víctimas, hacer desaparecer a los victimarios y eso es terrible.

Y respecto a los victimarios. ¿Se ha logrado entrevistar a alguno, tomar declaración?

Todavía no. Por el momento mi trabajo consiste en contactar a los querellantes, recibir el poder notarial, redactar las querellas y luego las mando a Buenos Aires.

Hay personas que han tenido que esperar décadas, más de cincuenta años. ¿Cómo es hoy para ellos enfrentarse al tema?

Es muy emocionante, no sé, cuando la gente me agradece pienso que soy yo quien tiene que agradecerles por poder ejercer mi profesión en una causa como ésta.

Por ejemplo, hay un caso de una señora a quien le fusilaron a su padre, lo que ha sido muy traumático para ella. Su hija nos contactó y es ella quien se querella por su abuelo.

La señora, su madre, que tiene casi noventa años padece alzhéimer y lo único que recuerda es el momento en que se llevan a su papá; he podido hablar con ella por teléfono y la hija le pregunta “mamá, ¿qué pasó con el abuelo?” y ella responde “se lo llevaron”, y “¿quiénes se lo llevaron?” y la señora responde “los francos”.

Y muchos otros casos tan conmovedores como ese. Muchas personas sienten que mediante las querellas ante la justicia argentina hoy pueden cumplir con su deber frente a sus familiares.

Hasta el momento ¿Cuántos casos tienen contabilizados?

Aproximadamente cien casos y eso ha sido impresionante pues hasta febrero apenas contábamos con los dedos de las manos los casos que teníamos, pero luego que el Supremo dio el portazo, la gente se decidió. Incluso hoy hay algunos que dudan si presentar el caso con nosotros por si se les llega a abrir luego la puerta de la justicia española y les decimos que la jurisdicción universal es concurrente por lo tanto admite que se puedan juzgar esos graves crímenes en distintos foros.

¿Y la recopilación de información para los casos?

Tenemos mucha información, casos exhaustivamente documentados. Sin embargo hay otros casos en que no consta nada en papel. Entonces ahí uno no puede ponerse exquisito exigiendo documentos que muchas veces no existen, porque hay que enmarcar esto dentro de un contexto de crímenes contra la humanidad, de genocidio.

Además estos crímenes suelen ir acompañados del ocultamiento del crimen y de sus pruebas, como en el genocidio nazi donde se buscaba, además del atropello a la vida y los derechos fundamentales, esconder las pruebas que pudieran incriminar a los culpables.

Por eso, no hay que autocensurarse ante la falta de pruebas, la jueza ponderará cada caso.

Recién me hablabas de lo emocionante que resulta hablar del tema a las víctimas ¿Cómo están las redes de apoyo para el tema psicológico?

Eso fue planteado precisamente hoy, pues en una reunión surgió el tema. Hay asuntos latentes, no estamos tratando cualquier cosa, afloran situaciones muy traumáticas en esta causa.

Sin embargo, hay muchos que prefieren no tomar una actitud victimista, por ejemplo los que dicen: a nosotros nos encarcelaron y nos torturaron porque nosotros teníamos una postura activa de lucha por la libertad.

Pero sobre todo hay una fuerte motivación para enfrentar a la impunidad.

¿Cómo se puede invitar a que más gente se sume?

En este caso las asociaciones cumplen una función muy importante. A través de ellas muchas personas se han unido a la querella. No obstante, es necesario que se informe a la gente de esta posibilidad que tienen hoy para recurrir a la justicia.

Me surge una duda, en el caso de países donde se han vivido atrocidades mucha gente puede tender a minimizar su sufrimiento en comparación a otro, es decir, quien fue golpeado o detenido siente que en comparación a otros que han sufrido la desaparición o el fusilamiento de familiares su caso se minimiza.

Tienes razón. No se trata de que las personas se autoexcluyan por con considerar menor sus grados de sufrimiento. Si una persona fue golpeada por la policía, eso ha constituido un atropello a sus derechos. No debe pensar que su caso queda excluido.

Por eso es importante informarse y darse cuenta que denunciar puede transformarse en un deber para que la justicia haga su trabajo y desde ahí poder decir que “el nunca más” pueda creerse, pueda construirse sobre la base de una verdad y una justicia que llegue a las víctimas, si no, tal como señalaba, el sistema esta viciado y no puede hacerse cargo de delitos mucho menores en comparación a los graves atropellos a los derechos humanos.