Para alcanzar la
realidad que demandaban las víctimas, ha sido esencial el trabajo de la
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG),
dirigida por el fiscal del Tribunal Supremo español Carlos Castresana
entre 2007 y 2010. De su trabajo al frente de la CICG resultó la
creación del Tribunal de Alto Impacto -la instancia que ha juzgado a
Ríos Montt- y la detención de 150 altos cargos vinculados al dictador
guatemalteco.
¿Cómo valora la sentencia que condena a 80 años de prisión al dictador Efraín Ríos Montt?
"La Comisión logró 150 capturas de personas de altísimos nivel en relación a Ríos Montt"
Lo
valoro positivamente porque aunque hay quien dice que pone en riesgo la
estabilidad, y sí puede crear problemas, estaba previsto en los
Acuerdos de Paz que los crímenes de carácter internacional, y el
genocidio lo es, estaban excluidos de la amnistía, de modo que era una
asignatura pendiente que las circunstancias de los años siguientes [a
las dictaduras militares] no permitieron llevar adelante, pero que hoy
en día sí que se puede y es necesario. El país tiene que hacer frente a
su historia.
¿Por qué no se pudo procesar antes a los responsables del genocidio maya?
Porque
la amenaza sigue presente, y las condiciones legales existen pero las
políticas y sociales no lo permiten. Una cosa es la teoría de lo que se
debe hacer y otra que se den las condiciones de hecho para poderlo
hacer. El trabajo del equipo de 200 personas en los tres años que yo
dirigí la CICIG fue imprescindible para que esta realidad haya sido
posible. Primero, porque el Tribunal de Alto Impacto, el que ha juzgado a
Ríos Montt, lo creamos nosotros, y a imagen y semejanza de la Audiencia
Nacional española: un tribunal en la capital, con jurisdicción en todo
el territorio, con jueces bien formados y con la debida protección para
hacer frente a los casos más graves, peligrosos y complejos. Y segundo,
porque nosotros conseguimos 150 capturas de personas de altísimos nivel
en relación con Ríos Montt: su hijo -el general Enrique Ríos Sosa-, su
antiguo yerno, Sergio Roberto López Villatoro -que era uno de los que
tenía más influencia en cómo se seleccionaba ‘mal' el poder judicial- y
el que fue presidente de su partido, Alfonso Portillo. La CICIG abrió el
camino.
Los abogados de Ríos Montt anunciaron su
intención de recurrir la sentencia, y el propio dictador calificó el
juicio de ‘show político internacional'. ¿Qué posibilidades se le abren a
partir de ahora?
"La inmensa mayoría de la población sigue discriminada"
Eso
forma parte de la normalidad democrática en un estado de derecho; el
que no esté conforme con una sentencia, que la recurra y que dejen a los
tribunales trabajar. Esto último es la mayor dificultad. Más allá del
caso concreto, lo importante para el futuro y para la viabilidad del
país es que estos asuntos se puedan ventilar ante los tribunales, que es
donde tienen que resolverse, y que dejen a los tribunales trabajar con
independencia e imparcialidad.
Para las víctimas, ¿qué consecuencias directas conlleva la sentencia?
"Un cuarto de millón de personas fueron masacradas, la mayoría, mayas y civiles indefensos"
Muy
importantes. Un cuarto de millón de personas fueron masacradas, la
mayoría, mayas y civiles indefensos. En cualquier conflicto armado hay
unas líneas rojas muy claras que no se pueden traspasar: los
combatientes se pueden matar entre ellos pero no pueden matar civiles.
Aquí estamos frente a uno de los genocidios a los que la comunidad
internacional ignoró. Sí nos ocupamos del caso de Ruanda, del de
Yugoslavia y otras situaciones análogas. Pero el genocidio de Guatemala
no fue objeto de acción por parte de la comunidad internacional.
Afortunadamente, desde fuera sí llegó un apoyo durante años al sistema
de justicia guatemalteco, lográndose que, al final, las propias
instituciones guatemaltecas hayan sido capaces de hacer el trabajo.
Y, ¿qué supone la condena a Ríos Montt para la sociedad guatemalteca en general?
Es
un momento histórico. Hay un antes y un después. No hay manera de
construir una sociedad desarrollada, libre, y un verdadero estado de
derecho si no se hace frente a una realidad terrible que hasta ahora se
estaba ignorando. La inmensa mayoría de la población sigue discriminada,
sin tener igualdad de oportunidades ni acceso a los cargos públicos.
Son víctimas de una cadena de crímenes terribles que la sociedad había
preferido ignorar, pero están ahí. Las consecuencias para las víctimas
son: reconocer la dignidad que les corresponde y la dignidad a la que
tienen derecho.
Ríos Montt fue diputado en el Congreso de
Guatemala hasta enero de 2012. Las víctimas denuncian que responsables
del genocidio sigan ocupando puestos de poder. ¿Circunstancias de esta
índole han podido dificultar el proceso judicial?
"Que el proceso contra Ríos Montt haya salido adelante no significa que el sistema esté saneado"
Mucho,
ha habido un montón de entorpecimientos de tipo procesal, de presión
política y de toda naturaleza. Que el proceso haya podido salir adelante
no significa que el sistema esté saneado, esto va a seguir siendo
extremadamente deficiente y no cumple con el deber de dar tutela a los
ciudadanos, que es para lo que se supone que sirve un sistema judicial.
El caso [de Ríos Montt] es una excepción esperanzadora; esperamos que se
generalice, pero hay mucho trabajo que hacer. Es un buen punto de
partida y ahora tienen que trabajar más en el medio y largo plazo con
una política criminal que les permita tener un sistema eficiente donde
la gente se sienta protegida, porque el triángulo norte de Centroamérica
-Guatemala, El Salvador y Honduras´- sigue siendo el lugar más violento
del mundo. Allí, la mayor parte de los conflictos de tipo familiares,
de negocios o cualquier clase de controversia entre ciudadanos se
resuelven muchas veces a balazos porque no hay una manera civilizada en
la que un árbitro, que es un juez, se interponga y resuelva la
controversia por métodos pacíficos.
Usted abandono la CICIG en 2010. ¿Se volvió insostenible el trabajo contra la impunidad?
La
Comisión sigue, y no soy quien para valorar el trabajo que ha hecho
después, pero yo, después de tres años, personalmente estaba exhausto, y
había dejado de ser un interlocutor. Cuando metes en la cárcel a una
persona poderosa te enemistas con un cierto grupo. Y cuando has hecho
eso 150 veces, pues prácticamente has dejado de ser interlocutor porque
no hay ningún grupo con el que no tengas un contencioso.
¿Este proceso judicial puede servir de aviso a la corrupción existente en diferentes instituciones de Guatemala?
Debería
serlo en el sentido de que, quienes estén realizando esas conductas a
día de hoy, también están sujetos a responsabilidad. Ese es el desafío,
lo que hoy es un caso excepcional, debería convertirse en rutina, pero
eso es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo.
¿Sentencias condenatorias como la de Ríos Montt contribuyen a profundizar la democracia de un país?
Si,
sin duda refuerzan el estado de derecho. Este caso tiene la desventaja
de que es una excepción, pero ejemplarizante, que envía el mensaje
correcto de que no hay nadie por encima de la ley.
En
Argentina se sigue un querella contra el franquismo interpuesta por
víctimas que vieron cerradas las puertas de la justicia en España. ¿Por
qué aquí no es posible juzgar la dictadura militar?
"Guatemala, El Salvador y Honduras siguen siendo los lugares más violentos del mundo"
Porque
en la transición se dejaron de hacer muchas cosas que se debían haber
hecho: restablecer la verdad, la justicia, haber ofrecido reparaciones.
Se llevó a cabo una transición política superficial, que alcanzó el
sufragio -que es muy importante- pero una democracia no es sólo
sufragio, también el estado de derecho. No se logró que el poder
judicial fuera verdaderamente independiente; se escribió una
constitución que en muchos aspectos importantes no se aplica y los
organismo de control no han funcionado como deberían. Por ejemplo, el
Tribunal de Cuentas tardó años en darse cuenta de que Jesús Gil saqueaba
el ayuntamiento de Marbella, y ahora les reclama a sus herederos.
Hicimos una transición ‘low cost' y lo que conseguimos es una democracia
‘de todo a cien'.
¿En España aún se podría configurar una
comisión de la verdad como han hecho países que han superado las
dictaduras militares de su pasado?
Es una tarea pendiente
que en algún momento habrá que abordar. El precedente más remoto es el
de Australia, donde tardaron 90 años en hacer una comisión de la verdad
para investigar los crímenes de los que había sido víctima la población
aborigen. En España, no sé cuándo habrá condiciones para ello, pero
habrá que hacerlo porque hemos dejado en el tintero cosas muy
importantes que hacen que este sistema funcione de manera tan deficiente
como estamos viendo estos días. Si la nueva democracia española hubiera
sido capaz de abordar con seriedad, con objetividad y contundencia los
primeros casos de corrupción que se presentaron en los años 80, pues no
tendríamos la epidemia que estamos contemplando estos días.
Y, esa supuesta comisión, ¿debería fijar una verdad oficial de los hechos?
Absolutamente.
Y las víctimas del franquismo tendrían que tener el mismo estatuto
jurídico que tienen las víctimas del terrorismo, ni mejor ni peor,
exactamente el mismo. Son víctimas de la violencia política, y si unas
tienen derecho a la memoria y a la justicia y a la reparación, no veo
por qué las otras no.
¿Hay víctimas de primera y de segunda clase en España?
"Cuando metes en la cárcel a una persona poderosa te enemistas con un cierto grupo"
Hay
víctimas ignoradas y escondidas, lo mismo que estaba pasando en
Guatemala hasta el viernes. Allí había una cantidad enorme de personas
que habían sido violadas, asesinadas, saqueadas, y que no tenían un
sitio en la sociedad. En España, afortunadamente la convivencia es más
fácil porque los hechos son más antiguos, pero aun así sigue habiendo
una enorme cantidad de personas que no han visto reconocidas en la
democracia española los derechos que les reconoce el derecho
internacional. Seguimos teniendo 130.000 desaparecidos.
Salvando
las diferencias, el caso de Guatemala y el español coinciden en la
categoría de los delitos y en las demandas de las víctimas.
Claro,
pero también en el mismo contexto de dificultad de hacer frente a esos
procesos desde el mismo país donde los crímenes se han producido. Las
condiciones son muy difíciles porque los responsables están todavía ahí y
siguen teniendo capacidad de influir, de presionar y de amenaza. Es la
comunidad internacional la que tiene que tender la mano para ayudar a
esos países en conflicto a superarlo bien, no cerrando en falso las
heridas, y construir un verdadero estado de derecho. En el caso de
España, es evidente que las Naciones Unidas, el Consejo de Europa, el
Tribunal europeo de Estrasburgo y la Unión Europea no han hecho lo que
debían para que España se hubiera integrado como miembro de pleno
derecho [en la UE] habiendo hecho sus deberes.
¿Cómo ha influido la sociedad civil en Guatemala a la hora de reparar su pasado?
"En España hicimos una transición ‘low cost’ y conseguimos una democracia de todo a cien"
Ha
habido grupos e individualidades notables que han mantenido la lucha
por la justicia durante todos estos años, en muchos casos con un coste
personal terrible y con un riesgo permanente para su vida y seguridad. Y
también, ha habido una ayuda generosa de la comunidad internacional
que, aunque no ha hecho el trabajo desde fuera, sí ha permitido inyectar
dinero, entrenamiento y capacitación en las instituciones guatemaltecas
hasta que se ha producido el milagro de que esas propias instituciones
han sido capaces de hacer un trabajo que, por ejemplo, en la ex
Yugoslavia, hizo el tribunal internacional [específico] que se creó.
En
Guatemala se han juzgado delitos cometidos en los años 80. En España,
además de los impedimentos que dejó la transición, ¿es determinante la
distancia temporal respecto a la comisión de los crímenes para que no se
llegue al esclarecimiento de los mismos?
Nosotros
tenemos que revisar nuestra historia, que tampoco es tan remota. Lo más
lejano es la guerra civil y posguerra, y sus responsables están muertos,
pero la dictadura llegó hasta 1975, se siguieron cometiendo delitos
hasta entonces y muchos de esos responsables sí están vivos y las
víctimas también.
¿Qué enseñanza extraemos del caso de la dictadura militar de Guatemala?
Que
la lección para la sociedad de hacer frente a su pasado y de
resolverlo, además, como dicta el derecho internacional, debe hacerse.
Es una tarea pendiente.
