A ASOCIACIÓN VIGUESA POLA MEMORIA HISTÓRICA DO 36 decide hacer público este comunicado como respuesta a las declaraciones que el alcalde de Vigo, Sr. Abel Caballero, realizo a propósito de la decisión del Tribunal Constitucional (va en archivo adjunto) sobre la demolición de la cruz franquista del Monte do Castro en Vigo
15 de enero de 2014
Estimada Mª José ... recuerda que aunque a veces hay malas experiencias, nunca debes retroceder ni rendirte, quien persevera alcanza.
Joan Busquets i Verges. Exmaqui libertario del Berguedá 28/12/2013
"Muero contento, porque equivocado o no, muero por una idea" Manuel Barreiro dos días antes de ser fusilado 12/3/1939
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lunes, 30 de noviembre de 2015
Comunicado de la Asoc. Viguesa pola MH do 36 en respuesta al negacionismo del alcalde del P$o€ de Vigo
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sábado, 7 de noviembre de 2015
Mariano Rajoy se regocija de dejar a cero los presupuestos de Memoria Histórica
Vídeo del Intermedio. El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, se enorgullece de no dedicar ni un euro al desarrollo de la ley de Memoria Histórica. Dejando así a miles de familias abandonadas
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sábado, 3 de octubre de 2015
El P$o€ se opone a entregar a Argentina a los exministros franquistas
El P$o€ se opone a entregar a Argentina a los exministros franquistas
Defiende que la vía judicial respalda la prescripción de los crímenes que se les imputa y pide reactivar la Ley de Memoria Histórica
Defiende que la vía judicial respalda la prescripción de los crímenes que se les imputa y pide reactivar la Ley de Memoria Histórica
MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) - El PSOE se ha opuesto este miércoles en el Congreso de los Diputados a la entrega a Argentina de varios exministros franquistas reclamados por la juez María Servini, junto con otras autoridades del régimen, a las que acusa de crímenes contra la humanidad cometidos en España durante la dictadura de Francisco F ...
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domingo, 23 de agosto de 2015
La Fiscalía no investigará supuestas injurias a víctimas del franquismo
Una asociación había denunciado a dirigentes y cargos del PP por sus críticas a la Memoria Histórica
.
Diario de León - Mateo Balín | Madrid 20/08/2015
La
Fiscalía General del Estado ha rechazado emprender acciones penales o
civiles a raíz del escrito presentado el pasado 29 de julio por la
Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) contra
diversos dirigentes y cargos del PP por supuestas injurias a las
víctimas del franquismo.
En un escrito de apenas tres párrafos, el
fiscal jefe de la Secretaría Técnica, José Miguel de la Rosa, ha
señalado que, una vez revisada la documentación presentada por los
denunciantes, «no se encuentran elementos suficientes» para judicializar
el caso, «sin perjuicio de la facultad que le asiste (a la organización
denunciante) para ejercer por sí mismo cuantas acciones estime
pertinentes». El escrito del Ministerio Público del que se ha tenido
conocimiento hoy está fechado a 5 de agosto, es decir, tan solo una
semana después de presentarse la petición.
Unos y otros
La
denuncia incluye documentos, en forma de recortes de prensa, con
declaraciones de varios cargos públicos del PP, entre ellos el
presidente Mariano Rajoy. No obstante, el escrito se personalizó en el
portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, en el vicesecretario
popular Pablo Casado y en el alcalde de Baralla (Lugo), Manuel González
Capón. También destacaba frases hipotéticamente ofensivas de Esperanza
Aguirre, del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y del
exministro Jaime Mayor Oreja.
De Hernando, por ejemplo, la ARMH
incluyó sus polémicas palabras sobre los colectivos de la memoria
histórica. «Algunos se han acordado de su padre, parece ser, cuando
había subvenciones para encontrarle», dijo en una entrevista hace meses.
«Esto del remover las tumbas. imagínese (.) que en Europa, que ha
habido cien millones de muertos en la II Guerra Mundial, se dedicaran a
pedirles a los gobiernos de al lado que levantaran las cunetas, las
carreteras, a encontrar los muertos que sus soldados hayan matado»,
afirmó otra vez.
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sábado, 11 de julio de 2015
¿Faltan 500 años para que la iglesia católica pida perdón?
@Pontifex_es ¿Tardará 500 años el Vaticano en perdir perdón x ls crímenes que cometió iglesia católica en guerra civil española y dictadura?
— MJBarreiroLG (@mjbarreirolg) julio 11, 2015
twitter oficial del papa de Roma: @ Pontifex_es
Papa Francisco pide perdón por crímenes contra indígenas durante la conquista de América /Julio 2015
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viernes, 26 de junio de 2015
Emilio Silva: “Es gravísimo que todavía haya víctimas que son ignoradas por el Estado”
Después de las declaraciones del minsitro del interior en Hoy por Hoy, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica va a presentar a la Fiscalía un informe sobre posibles humillaciones a víctimas de la dictadura por miembros del PP
Matilde Suárez / Irene Escudero - Madrid 25/06/2015 -
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha anunciado que va a presentar ante la Fiscalía un informe para que proceda contra varios miembros del PP y contra el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por supuestas "humillaciones a las víctimas de la dictadura" franquista. Este informe que se presentará la semana que viene, contiene las situaciones, que a su entender, las víctimas de la dictadura han sido humilladas por cargos públicos del PP. Emilio Silva, presidente de la Asociación Para la Recuperación de la Memoria Histórica.
"Tampoco queríamos mezclar ésto con el tema Zapata", empieza explicando. Pero el cúmulo de declaraciones de políticos, les ha llevado a dar el paso. Porque viniendo de "un miembro del Gobierno, que está discriminando a unas víctimas que merece la protección del Estado ante algo que puede parecer humillante", lo de esta mañana les ha parecido "excesivo" y denota, según sus palabras, "que tenemos un ministro de Interior con una baja cultura de los derechos humanos".
No querían mezclar la memoria histórica con el caso de los tuits de Zapata, pero según Silva el caso tiene "la misma base delictiva" porque se cuestiona "si todas las víctimas de delitos violentos tienen los mismos derechos". El hecho, para la Asociación, es que el Estado "atiende a unos dependiendo del discurso del verdugo" y mientras "las víctimas de un verdugo que quería unir España eternamente no les hago caso, pero si es uno que quiere romperla, sí".
"Si el Estado atiende a uno dependiendo el discurso del verdugo"... "No puede ser que a gente mayor que lo único que quiere es morirse en paz habiendo enterrado a sus padres tengamos que soportar no sólo estos insultos, sino las mentiras". Se refiere a mentiras como las de Rafael Hernando cuando en un debate televisivo dijo que los parientes de las víctimas del franquismo sólo se acuerdan de sus familiares cuando hay dinero por delante. Y esas no han sido las únicas declaraciones.
La memoria histórica no ha sido una prioridad para este Gobierno. Mariano Rajoy, como recuerda Silva, dijo que "la ley de memoria histórica no le importaba a nadie" y así estaba "llamando nadie a miles de personas." Y este año, cuando se cumplen cuarenta años del fin del franquismo, dice Silva que "sería bonito que el pleno del Congreso condenara toda la violencia del franquismo". Que establezca "un límite que desde la política no se pueda rebasar".
"A diferencia de otros países, en España hay una baja cultura de los derechos humanos que permite que alguien pueda ser o autodenominarse demócrata y no antifranquista", cuando en otros países la cultura antifascista está incorporada en todos los ámbitos. "Un Estado democrático tiene que atender a todas las personas independientemente del carnet que lleven a la cartera", se queja el presidente de la Asociación Para la Recuperación de la Memoria Histórica porque "es gravísimo que cuarenta años después de haber muerto Franco todavía haya víctimas que son ignoradas por el Estado.
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lunes, 1 de junio de 2015
Criminales de dictaduras juzgados
Criminales de dictaduras juzgados:
Argentina: 7 años = 1.600
Alemania: 12 años = 2.283
España: 39 años = 0
pic.twitter.com/z5H95boGZG
— Eco Republicano (@ecorepublicano) Mayo 31, 2015
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miércoles, 13 de mayo de 2015
PP, PSOE y UPyD rechazan que el rey pida perdón a los republicanos deportados a los campos nazis
| Españoles presos en Mauthausen dan la bienvenida a las tropas estadounidenses. Esta imagen ha sido mostrada en la tribuna del Congreso por el portavoz del Partido Popular. |
Los socialistas, que se abstienen, alegan que el dolor y daño que sufrieron las víctimas "no puede ser perdonado", mientras que los conservadores dicen que la moción, presentada por ERC, culpabiliza a España de los horrores del nazismo
Público - Alejandro Torrús - Madrid.- Partido Popular, Partido Socialista y UPyD han bloqueado este martes en el Pleno del Congreso la moción presentada por el diputado de ERC Joan Tardà para que el rey Felipe VI pidiera perdón en nombre de todo el Estado español a los 7.500 republicanos españoles que sufrieron la barbarie de los campos de concentración nazis hace ahora 70 años. Así, el Congreso también ha rechazado, esta vez con los votos del Partido Popular, que el Gobierno reconozca jurídicamente a las víctimas de los campos nazis, paso previo imprescindible para una futura "rehabilitación económica" a supervivientes y familiares de las víctimas de los campos del horror.
Los argumentos esgrimidos por los tres partidos políticos han sido de los más diverso. Así, el PSOE decidió finalmente abstenerse en la votación aunque en el debate defendió de manera vehemente que el rey no debe pedir perdón por las atrocidades del franquismo. El diputado socialista José Andres Torres Mora, de hecho, defendió que no cabe pedir perdón porque el sufrimiento de los presos republicanos deportados a Mauthausen "no puede ser perdonado"
"¿Con qué derecho pedimos a las víctimas que perdonen? ¿Por qué se empeña usted en que los españoles de la democracia pidamos perdón por Franco? Quien pide perdón está asumiendo la culpa, pero nosotros nos identificamos con las víctimas", defendió el diputado del PSOE.
Para el Partido Popular, en cambio, la moción no debía ser aprobada porque se trata de una medida "tendenciosa y ficticia" que busca "culpar" a toda España de las decisiones de la dictadura".
Los argumentos esgrimidos por los tres partidos políticos han sido de los más diverso. Así, el PSOE decidió finalmente abstenerse en la votación aunque en el debate defendió de manera vehemente que el rey no debe pedir perdón por las atrocidades del franquismo. El diputado socialista José Andres Torres Mora, de hecho, defendió que no cabe pedir perdón porque el sufrimiento de los presos republicanos deportados a Mauthausen "no puede ser perdonado"
"¿Con qué derecho pedimos a las víctimas que perdonen? ¿Por qué se empeña usted en que los españoles de la democracia pidamos perdón por Franco? Quien pide perdón está asumiendo la culpa, pero nosotros nos identificamos con las víctimas", defendió el diputado del PSOE.
Para el Partido Popular, en cambio, la moción no debía ser aprobada porque se trata de una medida "tendenciosa y ficticia" que busca "culpar" a toda España de las decisiones de la dictadura".
"Ustedes han pasado del España nos roba a España es culpable", ha denunciado el diputado conservador José Ramón García-Hernández, que ha sacado pecho de la Ley de Memoria Histórica y ha llevado al estrado una imagen de los republicanos españoles dando la bienvenida a las tropas de liberación estadounidenses. "Esta gente de la foto eran españoles. ¡Y estaban orgullosos de serlo!", ha señalado el diputado del Partido Popular.
De esta manera, tanto PP como PSOE han presentado sendas enmiendas, que no han sido aceptadas por el diputado Tardà, para que el texto final no incluyera la obligación del rey a disculparse y la moción quedara reducida a un reconocimiento retórico del legado de los republicanos, así como a la concesión de una "condecoración oficial a los supervivientes", tal y como ya aprobó la Comisión Constitucional hace apenas 13 días.
Quienes sí han mostrado el apoyo a la moción de Tardà han sido los grupos parlamentarios de Izquierda Plural, CiU y PNV junto a BNG y Amaiur. "No se trata de un debate semántico sobre si el rey representa la herencia de la dictadura o no. El debate es si nosotros, como sociedad, les pedimos perdón", ha apuntado José Luis Centella, portavoz de la Izquierda Plural.
48 horas después del viaje de Margallo
El 'no' del Partido Popular llega precedido de la asistencia, hace apenas 48 horas, del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, al homenaje realizado por la Amical de Mauthausen a los hombres que fueron asesinados en el campo de concentración nazi y, especialmente, a los 7.500 españoles que pasaron por allí, de los que cerca de 2.500 perdieron la vida.
48 horas después del viaje de Margallo
El 'no' del Partido Popular llega precedido de la asistencia, hace apenas 48 horas, del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, al homenaje realizado por la Amical de Mauthausen a los hombres que fueron asesinados en el campo de concentración nazi y, especialmente, a los 7.500 españoles que pasaron por allí, de los que cerca de 2.500 perdieron la vida.
"Como ministro, como ciudadano y como español, quiero daros las gracias. No olvidaremos, no podemos olvidar, lo que nos habéis enseñado", finalizó el jefe de la diplomacia española su discurso del pasado domingo.
Dos días después de las emotivas palabras del ministro y apenas transcurridos 13 días desde que la Comisión Constitucional aprobara por unanimidad instar al Gobierno a otorgar una condecoración oficial a las republicanos españoles deportados en los campos de concentración del III Reich, el Congreso ha vuelto a rechazar pedir las disculpas que ya pidieron las democracias europeas por su responsabilidad.
Asimismo, y de pasada, sin apenas debate, también se ha rechazado abrir la puerta a reparaciones económicas a supervivientes y familiares.
Dos días después de las emotivas palabras del ministro y apenas transcurridos 13 días desde que la Comisión Constitucional aprobara por unanimidad instar al Gobierno a otorgar una condecoración oficial a las republicanos españoles deportados en los campos de concentración del III Reich, el Congreso ha vuelto a rechazar pedir las disculpas que ya pidieron las democracias europeas por su responsabilidad.
Asimismo, y de pasada, sin apenas debate, también se ha rechazado abrir la puerta a reparaciones económicas a supervivientes y familiares.
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viernes, 1 de mayo de 2015
Angela entierra a Bonifacio. Y carta abierta al alcalde de Roa de Duero
Exhumación Valdenoceda.com 30 de abril de 2015.-
Bonifacio García Alcalde, nacido en Roa de Duero (Burgos), murió en Valdenoceda hace 74 años. Con él estaba en la cárcel su hermano, que ‘heredó’ el pequeño colchón de Bonifacio. Muchos años después, tras la exhumación de sus restos, Bonifacio fue identificado gracias a una prótesis que tenía en la rodilla. La identificación osteológica era plena y coincidía con las demás características físicas de Bonifacio.
Pero la familia no aparecía. Quizás el apellido García….. Una Voluntaria, Ángela, nacida en Roa de Duero (Burgos) y residente en Estados Unidos, ha decidido comprar un nicho en el cementerio de Roa. Y la semana pasada viajó hasta su pueblo, desde estados Unidos, para llevar los restos de Bonifacio a Roa.
Esta tarde, 30 de abril de 2015, Bonifacio vuelve a su pueblo, enterrado en el cementerio de Roa, quién sabe si junto a sus padres o su hermano con el que compartió penurias en Valdenoceda.
Mientras tanto, el actual alcalde de Roa de Duero, David Colinas, está vertiendo calumnias contra el honor de Bonifacio. Por eso, nuestra Agrupación de Familias ha escrito esta carta abierta al alcalde de Roa, que ha dirigido hoy al propio alcalde y a los medios de comunicación y que publicamos aquí para conocimiento de todos:
CARTA ABIERTA AL ALCALDE DE ROA DE DUERO, DAVID COLINAS
Sr. alcalde de Roa,
Hemos tenido conocimiento de sus dudas acerca de la pena y el supuesto delito cometido por Bonifacio García Alcalde (natural de Roa de Duero), delito que, como usted sabe, tras un Consejo de Guerra y un Juicio realizados los dos sin ninguna garantía legal, se utilizó para condenar a Bonifacio a penas de 12 y 14 años respectivamente.
Como Agrupación de Familias de los Represaliados en Valdenoceda, queremos aclararle lo siguiente:
– las dos condenas contra Bonifacio García Alcalde se producen de forma simultánea, por un Consejo de Guerra, por una parte, y un Juzgado, por otra. Bonifacio ingresa en la prisión de Burgos por las dos condenas el 20 de agosto de 1938. Una de las condenas ascendía a 12 años de reclusión mayor por ‘excitación a la rebelión’. La otra, a 14 años, 8 meses y 1 día por homicidio. Las sentencias son firmes desde el 17 de enero de 1939 y Bonifacio ingresa finalmente en Valdenoceda el 17 de diciembre de ese año;
– el hecho de que las dos condenas se produzcan de forma simultánea y consten en un único expediente sin pruebas ni testimonios, deja a las claras que la condena se establece por un mismo delito. Era muy común, en aquella época, justificar una gran condena aumentando los supuestos delitos del condenado. A muchísimos les acusaron, falsamente, de homicidio, quema de iglesias,…. cuando lo único que había detrás era la defensa de un régimen democrático en el que los condenados habían creído y al que habían defendido;
– la defensa de ese régimen democráticamente elegido por el pueblo se convirtió, al final de la guerra, en un delito de ‘excitación a la rebelión’. Qué enorme contradicción: los rebeldes (que dieron el golpe de Estado) acusaban a los leales al régimen democrático de ‘rebelión’. Con esto quiero decirle que, como usted puede comprobar, en aquella época todo fue manipulado y las acusaciones contra los más débiles fueron constantes;
– en el expediente de Bonifacio se ven contradicciones muy evidentes: en la página 6 se menciona la condena por ‘excitación a la rebelión’ y en la misma página se señala, en el apartado de antecedentes penales, que éstos “se ignoran”. Entiendo que esto no es compatible con un supuesto delito de homicidio, ya que no puede ‘ignorarse’ un delito así si éste fuese real.
– en el mismo expediente consta que Bonifacio fue ingresado en las celdas de castigo por “tirar la comida diciendo en voz alta que era poca y le mataban de hambre”. Parece evidente que Bonifacio no era de los que se callaba. Y quizás eso le costará, en el proceso de juicios y condenas, mayor saña contra él;
– dar verosimilitud a estos documentos, que son documentos que sirven para condenar a una persona al final de la guerra, es muy poco inteligente. No se pueden dar por ciertos los contenidos de tres hojas (sin pruebas, sin testimonios,…. sin nada);
– quiero recordarle que estos juicios están considerados, incluso por el Gobierno del PP y por la Ley de Memoria Histórica, como ilegítimos. Le recuerdo que el anterior y el actual ministro de Justicia, Sres. Ruiz Gallardón y Catalá, respectivamente, han firmado decenas de documentos de reparación a favor de represaliados en la posguerra, declarando esos juicios como ilegítimos;
– hemos querido entender que usted amenaza con desvelar la condena y el supuesto delito de homicidio de Bonifacio, cometido (supuestamente) hace 77 años. Déjeme decirle que alguien que amenaza con manchar el nombre de una persona así, de esta manera, a sabiendas de que es una acusación falsa (como tantas y tantas que se realizaron en aquella época) demuestra cuando menos muy poca capacidad de diálogo. ¿Le produce tanto odio este asunto que sólo se le ocurre esta salida?
Desde nuestro punto de vista, Bonifacio García Alcalde (y su hermano Lucio, que también estuvo en aquella cárcel de Valdenoceda) fueron represaliados políticos, condenados por motivos políticos, a los que sumaron otros supuestos delitos para justificar unas enormes condenas. A Bonifacio, esas condenas ya le costaron la vida. Y ni Bonifacio ni nadie merece ver manchado su nombre. Al contrario, Bonifacio y cualquier otro ser humano que haya sufrido injusticia debe ver recuperada su memoria y reparado su honor.
En España, esta España a la que todos queremos tanto (Bonifacio la quería tanto que perdió la vida por defender el régimen en el que creía), se están cometiendo enormes injusticias. Por una parte, asesinos confesos como el burgalés general Yagüe (que confesó públicamente haber ordenado la matanza de 5.000 personas en Badajoz) tienen calles a su nombre como forma de honrar su memoria. A otros, sin embargo, como Bonifacio García Alcalde, nacido y residente en Roa de Duero, se les condenó y murieron en prisiones inmundas y, 77 años después, se amenaza a un particular con desvelar un supuesto homicidio (a todas luces falso) y no se le permite, ni siquiera, ver reparada su memoria.
Desde esta Agrupación esperamos que no se viertan, por nadie, acusaciones falsas contra Bonifacio García Alcalde ni contra su memoria. No dudaremos en salir a defender el buen nombre de Bonifacio García Alcalde en cualquier instancia que sea necesaria.
Sr. Alcalde, deje descansar tranquilamente a Bonifacio, que después de 77 años no merece ver manchado su honor.
Atentamente,
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Nota MJBarreiroLG:
Por mi parte añadir lo cobarde, deleznable y miserable que demuestra ser alguien que tiene la osadía de meterse y atacar a una persona asesinada, alguien que ya no se encuentra entre nosotros, por el solo hecho de que su familia le da sepultura en su pueblo DESPUÉS DE HABER SIDO ASESINADO HACE 70 AÑOS Y ARROJADO A UNA FOSA COMÚN.
Toda mi solidaridad con la Familia de la Víctima que tiene que soportar este nuevo dolor y atropello.
Ya que el alcalde de Roa de Duero es alguien tan respetuoso con los que ya no están con nosotros sugiero que en especial su sepultura sea Lugar de Encuentro donde recordarle al estado español y en especial al alclade del PP, que desde una alcaldía no es de Derecho semejantes actuaciones impropias de cualquier país que tenga un mínimo de dignidad.
Por supuesto la dimisión de semejante individuo y exigir una explicación al PP
Recordar que todos estos atropellos que seguimos sufriendo las familias son debidos a un estado miserable, hipócrita que se ha negado siempre a la anulación de las condenas, la justicia a estos crímenes dependen de iniciativas privadas al igual que las exhumaciones de asociaciones de familiares.
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Nota MJBarreiroLG:
Por mi parte añadir lo cobarde, deleznable y miserable que demuestra ser alguien que tiene la osadía de meterse y atacar a una persona asesinada, alguien que ya no se encuentra entre nosotros, por el solo hecho de que su familia le da sepultura en su pueblo DESPUÉS DE HABER SIDO ASESINADO HACE 70 AÑOS Y ARROJADO A UNA FOSA COMÚN.
Toda mi solidaridad con la Familia de la Víctima que tiene que soportar este nuevo dolor y atropello.
Ya que el alcalde de Roa de Duero es alguien tan respetuoso con los que ya no están con nosotros sugiero que en especial su sepultura sea Lugar de Encuentro donde recordarle al estado español y en especial al alclade del PP, que desde una alcaldía no es de Derecho semejantes actuaciones impropias de cualquier país que tenga un mínimo de dignidad.
Por supuesto la dimisión de semejante individuo y exigir una explicación al PP
Recordar que todos estos atropellos que seguimos sufriendo las familias son debidos a un estado miserable, hipócrita que se ha negado siempre a la anulación de las condenas, la justicia a estos crímenes dependen de iniciativas privadas al igual que las exhumaciones de asociaciones de familiares.
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domingo, 5 de abril de 2015
Si tienes estos libros puedes ir a la cárcel
vice.com - enero 19, 2015
Por Eduardo Gómez Cuadrado
En el auto que motiva el ingreso en prisión de estas siete personas se hace referencia a diversos aspectos relacionados con la presunta estructura y acciones de los "Grupos Anarquistas Coordinados", organización en la que según el juez estarían integrados los detenidos. Entre esos datos que el juez considera relevantes para ordenar el ingreso en prisión de los anarquistas, se encuentran dos que han llamado especialmente la atención por su anormalidad: el hecho de que los detenidos usaran la red de correo seguro RiseUp y que estuviesen en posesión de un texto titulado Contra la democracia.
La anormalidad antes señalada radica en la paradoja de que en un estado que se supone democrático, y donde las libertades de expresión, opinión y pensamiento deberían de ser algunas de las libertades básicas que sustentan todo el edificio de convivencia, se pueda considerar que la mera tenencia de un texto con tal título (estoy seguro que no lo han leído) supone una amenaza para el Estado o la seguridad ciudadana.
Dicho texto no es que sea especialmente subversivo, tampoco te enseña a fabricar una bomba casera, ni a encriptar correos electrónicos y además se puede descargar fácilmente desde múltiples páginas de internet. ¿Por qué entonces señalarlo como peligroso? Es evidente que el juez en este caso solo se ha fijado en el título, y en su ignorancia ha señalado el contenido como un arma, y ciertamente puede que lo sea pero un arma que lo único que pretende golpear es el pensamiento; luego que cada uno que haga con su pensamiento lo que quiera.
En Contra la democracia podemos leer cosas como que los anarquistas "pensamos sencillamente que las personas en igualdad de condiciones son capaces de organizarse sin la mediación ni la directriz de nadie. [...] No queremos homogeneizar nada, ni imponer a nadie como debe ser su vida, sencillamente que tampoco nadie nos lo imponga a nosotras". Inquietante democracia ésta en la que un juez considera estos planteamientos como peligrosos.
Lo cierto es que lo que el magistrado de la Audiencia Nacional ha conseguido es dar publicidad al texto y elevarlo suficientemente a la categoría de cuasi-mito, como para que a las pocas horas de conocerse el contenido del auto de prisión, las redes sociales echaran humo con infinidad de enlaces que daban acceso a la descarga del libelo.
Pero Contra la democracia no es, ni será, el primer texto cuya mera existencia es considerada por los gobiernos de turno de los países "democráticos" como una amenaza. Siempre han existido, y esperemos que existan muchos más, textos cuya mera tenencia junto con un cerilla, han supuesto el ingreso en prisión de sus poseedores, o cuanto menos se han usado como una suerte de prueba definitiva para apuntalar las acusaciones principales contra los imputados de delitos relacionados con el insurreccionalismo.
Otro de estos textos es El placer armado de A. M. Bonanno. Este libro se escribió en 1977, durante los "años de plomo" italianos, y tras su publicación fue prohibido en Italia y su autor condenado a 18 meses de prisión. Ya en 1998 en el prólogo a una nueva edición del texto, el propio Bonanno señala: "El tribunal supremo italiano ordenó que se quemara. Todas las librerías que tenían una copia recibieron una circular del Ministerio de Interior ordenando su incineración. Más de un librero se negó a quemar el libro, considerando tal práctica equivalente a la de los nazis o la inquisición, pero por ley el volumen no se puede consultar. Por la misma razón el libro no se puede distribuir legalmente en Italia y a muchos compañeros que tenían copias se las confiscaron durante una vasta oleada de redadas, llevadas a cabo con ese propósito".
En 2004 Bonanno fue condenado, dentro del "proceso Marini" contra anarquista italianos (54 imputados, 11 condenas), a 6 años de prisión por "apología y propaganda subversiva".
Theodore John Kaczynski, mundialmente conocido como "Unabomber", tuvo en jaque al FBI durante más de 15 años. En 1995 remitió al The New York Times un artículo largo titulado "La sociedad industrial y su futuro" y que la cultura popular acabó finalmente bautizando como El manifiesto Unabomber.
"Unabomber" llevaba enviando cartas bomba desde 1978, y condicionó el cese de su explosiva actividad a que el periódico publicara su obra. El periódico finalmente accedió y "el manifiesto" se publicó el 19 de septiembre de 1995. El contenido del mismo llama a una revolución mundial contraindustrial, y para ello proponía que "aquellos que odian la servidumbre a la que el sistema industrial está reduciendo a la raza humana se han de enfrentar a dos tareas. En primer lugar, tienen que trabajar para aumentar la tensión social dentro del sistema así como incrementar la probabilidad de que se colapse o sea debilitado lo suficiente para que una revolución contra él sea posible. En segundo lugar, es necesario desarrollar y propagar una ideología que se oponga a la tecnología y al sistema industrial".
Unabomber fue detenido poco después de la publicación del manifiesto, y condenado cadena perpetua por la muerte de 3 personas a consecuencia de las 16 cartas-bomba enviadas a universidades y compañías aéreas. El FBI ha utilizado en alguna ocasión el rastreo en internet de personas que se han descargado su manifiesto para monitorizar la actividad de numerosas organizaciones antidesarrollistas en EE.UU.
De Ted Kaczynski, también es muy recomendable un textito, en formato cuento, titulado La nave de los necios.
La insurrección que viene es otro de esos textos señalados por el dedo acusador de la "democracia". El libro fue publicado en Francia en 2007 y plantea la hipótesis de un inminente colapso de la cultura capitalista, abogando por la acción directa contra el estado y sus infraestructuras para favorecer ese colapso y con ello una insurrección que giraría en torno a "la apropiación local del poder por la gente, del bloqueo físico de la economía y de una aniquilación de las fuerzas policíacas".
En noviembre de 2008 la policía francesa realizó una espectacular operación policial en Tarnac, un pueblecito del departamento de Corrèze en la cual detuvieron a unas veinte personas, de las que nueve acabarían siendo acusadas de "asociación ilícita con fines terroristas" en relación con determinados sabotajes que se habían realizado contra la red ferroviaria francesa, sin más pruebas que la autoría de este texto ("Los 9 de Tarnac"), la cual ellos siempre negaron.
En el Berlín de 1970, se constituye la "Facción del Ejército Rojo" (RAF, en su siglas en Alemán), que pasaría a la historia de la insurgencia europea como "Banda Baader-Meinhof" en alusión a los que se señalaron como sus principales cabecillas. Dicha banda terrorista tenía como uno de sus textos de cabecera el Mini-manual del guerrillero urbano redactado por el guerrillero brasileño Carlos Marighela un año antes. El texto pretendía ser una suerte de guía práctica orientativa para los grupos armados marxistas. Su difusión y popularidad mundial fueron tales, que circularon distintas versiones mecanografiadas en las que a cada nueva tirada se le iba añadiendo algo nuevo por parte de las personas que realizaban la tirada, hasta tal punto que hoy en día es prácticamente imposible conocer cual fue realmente el texto original.
El manual hace una apología abierta de la lucha armada en el ámbito de las grandes ciudades, algo novedoso para la época, donde la actuación de las guerrillas estaban circunscritas al ámbito rural, y señala que "el guerrillero urbano es un enemigo implacable del gobierno e inflige un daño sistemático a las autoridades y a los hombres que dominan el poder y ejercen el poder. [...] El guerrillero urbano no le teme a desmantelar o destruir el presente sistema económico, político y social Brasileño, ya que su meta es ayudar al guerrillero rural y colaborar en la creación de un sistema totalmente nuevo y una estructura revolucionaria social y política, con las masas armadas en el poder".
La policía alemana vino considerando durante más de 30 años (1970 – 1990) que la mera tenencia de este manual, era un indicio inequívoco de la posible pertenencia de una persona a alguna de las células de la RAF y por tanto motivo suficiente para proceder a su detención.
Este tipo de textos, y su tolerancia o no, son los que ponen a prueba hasta dónde llega el respeto a la libertad de expresión y pensamiento en nuestras democracias, y señalan la frontera a partir de la cual el pensamiento sí delinque y por tanto se acaba la democracia tal y como nos la han vendido.
Decía Raoul Vaneigem, en otro libro también polémico y de muy recomendable lectura, Nada es sagrado, todo se puede decir, que "no hay un uso bueno o malo de la libertad de expresión, tan solo un uso insuficiente", aunque a veces esa libertad, paradójicamente nos pueda costar la libertad, y en algunos casos, como el tristemente ocurrido recientemente en París, la vida.
jueves, 12 de marzo de 2015
El Tribunal Supremo confirma la condena de dos años al rapero Antifascista, Pablo Hasél
Madrid
El Tribunal Supremo ha ratificado la condena de dos años que la Audiencia Nacional impuso al rapero Antifascista, Pablo Hasel, que fue juzgado acusado de «enaltecimiento del terrorismo» a través de sus canciones.
El Tribunal Supremo ha ratificado la condena de dos años que la Audiencia Nacional impuso al rapero Antifascista, Pablo Hasel, que fue juzgado acusado de «enaltecimiento del terrorismo» a través de sus canciones.
El alto tribunal español sostiene en su sentencia que muchas de las expresiones empleadas por Hasél encajan con lo que denomina «el discurso del odio», y sobrepasan el límite del derecho a la libertad de opinión y de creación artística.
«En clave retórica se citaba a personas u organismos concretos como merecedores de ser atacados», añade.
Defiende también que se trata de diversas canciones que se difundieron en internet a través de Youtube, que tuvieron gran difusión a través de esta red social y que contenían «estrofas claramente laudatorias para condenados por terrorismo o a sus acciones».
«Este es un ejemplo de la difusión de mensajes inaceptables penalmente y frente a los que la política de prevención del crimen debe ir por delante»
El Tribunal Supremo estima que «cualquier persona» que lea o escuche las estrofas puede verificar que se alaba a «terroristas» o los hechos que cometieron. «La música es el envoltorio, la cáscara, lo relevante penalmente es la letra de tales canciones donde está el mensaje».
Sare Antifaxista 12/3/15
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domingo, 22 de febrero de 2015
España mantiene poderes de la época franquista para los mandos militares
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| El teniente Luis Gonzalo Segura en la redacción de Público. JAIRO VARGAS |
Permite a la autoridad castrense imponer penas de privación de libertad incumpliendo el Convenio Europeo de Derechos Humanos: Hasta 30 días por "inexactitud en el cumplimiento de las órdenes" y 60 por denunciarlo con "manifestaciones contrarias a la disciplina en medios de comunicación"
Público - Carlos del Castillo 15/1/15
El mundo castrense tiene sus propias reglas, actitudes disciplinarias y normas de convivencia al margen de la sociedad civil. En España, este statu quo llega al punto de excluir a los miembros de las Fuerzas Armadas (FFAA) del Convenio Europeo de Derechos Humanos para mantener un poder que la autoridad militar conserva desde la dictadura franquista.
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero elevó en 2007 una reserva para el estamento militar en los artículos 5 y 6 del convenio, que regulan el "derecho a la libertad" y el "derecho a un proceso equitativo", recorte que los siguientes Ejecutivos han mantenido. En la práctica, esta reserva permite a los mandos imponer arrestos por vía administrativa a sus subordinados sin necesidad de acudir a la justicia militar.
Tras tres décadas de espera y dos años de negociación, el Senado dio luz verde a la Ley Órganica del Régimen Disciplinario Militar el pasado mes de noviembre. En ella, pese a las reclamaciones de las principales asociaciones de uniformados y de la oposición, el Gobierno mantuvo el arresto como medida disciplinaria con el apoyo del PSOE y los votos en contra de la Izquierda Plural, UPyD, CiU, ERC, PNV y BNG.
Además, en la línea del recorte de los derechos de manifestación que ha seguido la Ley de Seguridad Ciudadana, el texto también permite suspender concentraciones de militares o guardias civiles cuando las convoquen haciendo uso de su condición.
Justicia sin jueces
Justicia sin jueces
La ausencia de la figura del juez en las sanciones disciplinarias provoca que los mandos de las Fuerzas Armadas puedan lesionar derechos fundamentales de los oficiales de rango inferior, así como de la tropa, con "medidas que rozan lo autoritario y dictatorial", denuncian fuentes de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME).
En su caza de brujas para descubrir al soldado que filtró a Público la información sobre los entrenamientos de soldados como fuerza antidisturbios, el Ejército ha sancionado administrativamente a dos soldados con seis días de arresto, y a otros dos con tres, por dejarse fotografiar con el equipo de represión de masas. El objetivo es que estos soldados delaten al filtrador para librarse del castigo.
Oficialmente, la razón arguida por sus mandos es "inexactitud en el cumplimiento de las órdenes recibidas", presente tanto en el antiguo como en el nuevo Régimen Disciplinario (art. 6.2) de las FFAA. Este artículo se ha convertido en un "cajón de sastre" por el cual los mandos pueden llegar a sancionar por "llevar sucias las botas o mal ajustada la corbata", explican estas fuentes. Además, permite utilizar el arresto como una "medida de presión", que según la falta y el mando que lo imponga, puede durar hasta 30 días.
La denuncia también está castigada
La denuncia también está castigada
Hablar con la prensa para denunciar estas injusticias en el seno de las Fuerzas Armadas también puede salir caro. En concreto, "hacer peticiones, reclamaciones, quejas o manifestaciones contrarias a la disciplina" en "medios de comunicación social" está regulado como una falta grave: hasta 60 días de arresto en un centro disciplinario.
Los propios miembros de la AUME han sufrido las consecuencias del implacable régimen disciplinario. En julio de 2013, al presidente de la asociación, Jorge Bravo, la crítica de los recortes del Ministerio de Defensa en una cadena de radio le valió 31 días de arresto. Semanas más tarde, el delegado de la AUME en Murcia cumplió 33 días por el mismo motivo.
El mantenimiento de los ocho centros disciplinarios repartidos por la geografía española, con al menos 25 militares trabajando en cada uno de ellos, saca de las arcas del Estado cinco millones de euros al año, denuncia el teniente Luis Gonzalo Segura en este medio.
El propio Segura afrontará la pena máxima de 60 días de arresto por la falta grave de denunciar estas situaciones ante la prensa. Relata que, pese a que ningún juez los ha condenado, son "tratados como criminales" en estos centros: "Hay que pedir permiso para todo. Incluso para salir al patio hay que pedir un permiso por escrito y cuando te lo conceden hay que pedir autorización verbal para poder salir y pasear solo. Es peor que si fuéramos delincuentes".
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domingo, 14 de septiembre de 2014
La ONU critica a España por no resarcir a las víctimas del franquismo
"Los mayores vacíos se evidencian en materia de verdad y
justicia", ha dicho el relator especial de la ONU. Ha criticado que el Estado
haya permitido "la privatización" de la búsqueda de víctimas.
Casi cuatro décadas después de que acabara la dictadura en España, el Estado
no ha sido capaz de elaborar e implementar una ley global y transversal que
resarza a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante la
Guerra Civil y el franquismo.
Así lo ha asegurado hoy el relator especial de Naciones Unidas sobre la
promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no
repetición, Pablo de Greiff, durante la presentación de su informe sobre España
ante el Consejo de Derechos Humanos, reunido en su vigésimo séptima sesión.
"Los esfuerzos por responder a los legados de la Guerra Civil y de la
dictadura en casi todos los pilares del mandato han sido caracterizados por la
fragmentación. Las medidas adoptadas no han respondido a una política de Estado
consistente, incluyente y global en favor de la verdad, la justicia, la
reparación y las garantías de no repetición", ha afirmado el relator.
"Los mayores vacíos se evidencian en materia de verdad y
justicia", ha agregado el relator, quien lamenta que "nunca" se haya
establecido una política de Estado en la materia.
Privatización de la
búsqueda
El relator ha criticado especialmente que el Estado haya permitido "la
privatización" de la búsqueda de víctimas.
"El modelo vigente de privatización de las exhumaciones, que delega esta
responsabilidad a las víctimas y asociaciones, alimenta la indiferencia de las
instituciones estatales y conlleva dificultades metodológicas, de homologación y
oficialización de la verdad", ha dicho.
Es por ello que el relator recomienda al Estado español que revise el modelo
actual, asigne los recursos necesarios y asegure la actuación de las autoridades
judiciales en todos los casos.
Justicia y símbolos
franquistas
En el área de la justicia, De Greiff ha denunciado "un excesivo formalismo e
interpretaciones restrictivas de la Ley de Amnistía y del principio de legalidad
que no sólo niegan el acceso a la justicia, sino que también impiden cualquier
tipo de investigación".
Asimismo, De Greiff ha solicitado al Estado español que colabore con
procedimientos judiciales en el exterior y tome las medidas "contra el
debilitamiento de la justicia universal por parte de los tribunales
españoles".
El relator también ha hecho mención especial a los símbolos franquistas que
aún persisten en lugares públicos del país, y recomendó que se remuevan o se
reasignen. De Greiff ha citado especialmente el Valle de los
Caídos y ha pedido que se aplique lo sugerido por la Comisión de
Expertos que, precisamente, recomendó la "resignificación del monumento".
Más información:
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica califica de lamentable la respuesta española en Ginebra
El Gobierno ´discrepa´ con la ONU sobre memoria histórica
Gallardón expresa el desacuerdo con las recomendaciones de la ONU sobre los crímenes del franquismo
El Gobierno ´discrepa´ con la ONU sobre memoria histórica
Gallardón expresa el desacuerdo con las recomendaciones de la ONU sobre los crímenes del franquismo
La asociación judicial progresista denuncia el incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y la actitud obstruccionista del Gobierno. Reclama que se destine dinero para la exhumación y la identificación de las víctimas
El relator de Naciones Unidas, Pablo de Greiff, critica que España no haya resarcido aún a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura. Y pide la remoción o "resignificación" de los monumentos franquistas, en especial del Valle de los Caídos
Intervención de la representante del Gobierno español en respuesta a la intervención del Relator para la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición Pablo de Greiff. 10.09.2014
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lunes, 1 de septiembre de 2014
TVE "olvida" a los 114.000 desaparecidos durante la dictadura franquista
*La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica estudia acciones legales por no mencionar a los desaparecidos españoles en una pieza del Telediario
*Se emitió una información coincidiendo con el Día Internacional de los Desaparecidos en la que se hablaba de los casos de los Balcanes o Colombia
eldiario.es
01/09/2014
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica estudia acciones legales contra Televisión Española por ocultar las 114.000 desapariciones forzosas que tuvieron lugar en nuestro país durante la dictadura franquista en sus informaciones sobre el Día Internacional de los Desaparecidos emitidas este sábado en las diferentes ediciones del Telediario.
La Asociación considera que no mencionar las desapariciones españolas supone "una forma de negacionismo y maltrato" hacia las víctimas del "peor delito que puede cometerse contra un ser humano". y por ello, además de estudiar medidas legales, remitirá quejas a la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE, la dirección del grupo, la Defensora del Espectador y el Consejo de Informativos de la televisión pública.
"Una televisión pública, que tiene el deber de informar con rigor y pluralidad, no puede hacer desaparecer a esos 114.226 desaparecidos, porque es una grave ocultación de nuestra historia reciente y un agravio", afirma la organización, que también informará de la omisión al Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada de la ONU.
La ONU, que es mencionada en varias ocasiones en la información emitida en el Telediario, ha hecho públicos en el último mes dos informes en los que se alerta de la situación de los desaparecidos españoles y se insta al Gobierno a presentar un plan de búsqueda en un plazo de 90 días.
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domingo, 31 de agosto de 2014
Tercer varapalo internacional a España en materia de Memoria Histórica
El informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la justicia, reparación y no repetición tras su visita a España recalca el valor fundamental del reconocimiento de los hechos y responsabilidades y la presentación de disculpas oficiales que vayan más allá de un reconocimiento genérico.
Rights International Spain 28/8/14
El informe completo puede consultarse en:
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session27/Pages/ListReports.aspx
El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias visitó España en septiembre de 2013, el Comité contra la Desaparición Forzada revisó el primer informe periódico de España en noviembre de 2013, y el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición visitó España en enero 2014. Rights International Spain (RIS) ha tenido la ocasión de transmitir sus preocupaciones a los tres mecanismos,
Informe muy crítico con el Poder Judicial. Según el Relator, “es en el ámbito de la justicia donde se observan mayores déficits en el tratamiento de los legados de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo”. El Relator afirma que el Poder Judicial “es la esfera del Estado que ha acusado menos reformas estructurales desde la transición”.
Falta de investigaciones judiciales. El Relator apunta al “excesivo formalismo” y a las interpretaciones “restrictivas” de algunas normas del ordenamiento jurídico español por parte de los tribunales de justicia, lo que tiene como efecto “[negar] el acceso a la justicia” e “[impedir] cualquier tipo de investigación”. “No abrir investigaciones o archivarlas sin que los jueces siquiera conozcan los hechos” contradice las obligaciones internacionales de España en materia de derecho a la justicia y vulnera el derecho a la verdad. Asimismo, “[e]l modelo de privatización de las exhumaciones alimenta la indiferencia de las instituciones estatales, incluidas las autoridades judiciales”.
La Ley de Amnistía. El Relator “reitera las recomendaciones formuladas por varios mecanismos internacionales sobre la incompatibilidad de los efectos de la ley de amnistía con las obligaciones internacionales adquiridas por España”. Además, destaca que “no habría impedimentos en el sistema judicial para revisar o anular las disposiciones de la Ley 46/1977 [de amnistía] que fueran incompatibles con las obligaciones internacionales” y que “nada en la ley vigente impide expresamente el desarrollo de investigaciones”. El Relator recalca que “sólo podrá aplicarse la amnistía cuando las autoridades judiciales hayan primero determinado si los presuntos responsables eran funcionarios y agentes del orden público, o no, y si los delitos fueron cometidos en las circunstancias descritas [contra el ejercicio de los derechos de las personas]. Esto no puede presuponerse, sólo puede establecerse a través de investigaciones, aunque sean preliminares, que cuenten con la oficialidad, el rigor y metodología que caracteriza las investigaciones judiciales”.
Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de febrero de 2012 (caso Garzón). El Relator expresa su preocupación por el contenido de tal decisión, ya que la misma “habría solidificado la tendencia de los jueces a archivar casos similares que les son presentados”.
Anulación de sentencias. El Relator “lamenta que las autoridades judiciales invoquen el principio de seguridad jurídica por encima de los derechos de las víctimas, el derecho a la justicia y los principios del debido proceso” en los recursos de revisión. Asimismo, “lamenta que el Gobierno y el Poder Legislativo no hayan aún prestado suficiente atención a esta cuestión”.
Jurisdicción universal y pedidos de extradición de la justicia argentina. El Relator reitera su “preocupación por las sucesivas reformas de 2009 y 2012 de la Ley Orgánica 6/1985 que limitan significativamente la posibilidad de que los juzgados españoles puedan ejercer su jurisdicción sobre crímenes internacionales graves, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra”. El Relator recuerda “la obligación internacional del Estado de extraditar o juzgar y que sólo podrá denegarse la extradición de los acusados si la justicia española inicia las investigaciones y juzga a los responsables”.
Formación en materia de derechos humanos para jueces. Al Relator le preocupa que los programas de formación de jueces no incluyan temas específicos de derechos humanos. Le sorprende que los “programas de formación no hagan referencia a las obligaciones del Estado en materia de persecución penal de delitos internacionales”, como lo son el genocidio, los crímenes de guerra, y de lesa humanidad. “La formación inicial no sería suficiente, ni estaría diseñada para proporcionar una formación de calidad en materia de Derechos Humanos.”
Desde RIS esperamos que por fin el Gobierno cumpla con sus obligaciones internacionales y cese en los comportamientos que ignoran deliberadamente y de forma continuada los derechos de las víctimas a la justicia, verdad y reparación. España tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para aplicar completamente las recomendaciones de los tres mecanismos internacionales.
Véase también:
El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas ha dado 90 días al Estado español para presentar un “cronograma en el que se indiquen las medidas que se llevarán a cabo para implementar las recomendaciones del Grupo de Trabajo, las fechas previstas para aplicar cada una de estas medidas y las fechas en las que se tenga previsto concluir con el cumplimiento a las recomendaciones”.
De conformidad con las observaciones finales del Comité contra la Desaparición Forzada, España debe igualmente suministrar información a más tardar el 15 de noviembre de 2014 sobre la implementación de las siguientes recomendaciones:
• Asegurar que todas las desapariciones forzadas son investigadas de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de las mismasy aun cuando no se haya presentado ninguna denuncia formal; adoptar las medidas necesarias, legislativas o judiciales, con miras a superar los obstáculos jurídicos de orden interno que puedan impedir tales investigaciones, en particular la interpretación que se ha dado a la ley de amnistía; que los presuntos autores sean enjuiciados y, de ser declarados culpables, sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos; y que las víctimas reciban reparación adecuada que incluya los medios para su rehabilitación y sea sensible a cuestiones de género.
• Adoptar las medidas legislativas y de otra índole necesarias para asegurar que todas las personas, independientemente del delito por el que se las acuse, gocen de todas las salvaguardas previstas en la Convención, en particular en el artículo 17 [privación de libertad], y en otros instrumentos internacionales de derechos humanos relevantes. Asimismo, lo exhorta a asegurarse de que en el texto que surja de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no se incluya ninguna limitación a los derechos del detenido, aun bajo régimen discrecional, que pueda infringir lo dispuesto en el artículo 17, párrafo 2, de la Convención.
• Adoptar todas las medidas necesarias, incluyendo la asignación de los recursos de personal, técnicos y financieros suficientes, para la búsqueda y esclarecimiento de la suerte de las personas desaparecidas. Al respecto, el Estado parte debería considerar la posibilidad de establecer un órgano específico encargado de la búsqueda de las personas sometidas a desaparición forzada, que posea facultades y recursos suficientes para llevar adelante sus funciones de manera efectiva.
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session27/Pages/ListReports.aspx
----------------------------------------------------------------------------------
Con este, ya son tres los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, independientes y especializados en el tema de las desapariciones forzadas y la justicia transicional, que han emitido en los últimos meses informes tremendamente críticos con la respuesta del Estado español a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y los 40 años de dictadura.El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias visitó España en septiembre de 2013, el Comité contra la Desaparición Forzada revisó el primer informe periódico de España en noviembre de 2013, y el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición visitó España en enero 2014. Rights International Spain (RIS) ha tenido la ocasión de transmitir sus preocupaciones a los tres mecanismos,
Informe muy crítico con el Poder Judicial. Según el Relator, “es en el ámbito de la justicia donde se observan mayores déficits en el tratamiento de los legados de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo”. El Relator afirma que el Poder Judicial “es la esfera del Estado que ha acusado menos reformas estructurales desde la transición”.
Falta de investigaciones judiciales. El Relator apunta al “excesivo formalismo” y a las interpretaciones “restrictivas” de algunas normas del ordenamiento jurídico español por parte de los tribunales de justicia, lo que tiene como efecto “[negar] el acceso a la justicia” e “[impedir] cualquier tipo de investigación”. “No abrir investigaciones o archivarlas sin que los jueces siquiera conozcan los hechos” contradice las obligaciones internacionales de España en materia de derecho a la justicia y vulnera el derecho a la verdad. Asimismo, “[e]l modelo de privatización de las exhumaciones alimenta la indiferencia de las instituciones estatales, incluidas las autoridades judiciales”.
La Ley de Amnistía. El Relator “reitera las recomendaciones formuladas por varios mecanismos internacionales sobre la incompatibilidad de los efectos de la ley de amnistía con las obligaciones internacionales adquiridas por España”. Además, destaca que “no habría impedimentos en el sistema judicial para revisar o anular las disposiciones de la Ley 46/1977 [de amnistía] que fueran incompatibles con las obligaciones internacionales” y que “nada en la ley vigente impide expresamente el desarrollo de investigaciones”. El Relator recalca que “sólo podrá aplicarse la amnistía cuando las autoridades judiciales hayan primero determinado si los presuntos responsables eran funcionarios y agentes del orden público, o no, y si los delitos fueron cometidos en las circunstancias descritas [contra el ejercicio de los derechos de las personas]. Esto no puede presuponerse, sólo puede establecerse a través de investigaciones, aunque sean preliminares, que cuenten con la oficialidad, el rigor y metodología que caracteriza las investigaciones judiciales”.
Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de febrero de 2012 (caso Garzón). El Relator expresa su preocupación por el contenido de tal decisión, ya que la misma “habría solidificado la tendencia de los jueces a archivar casos similares que les son presentados”.
Anulación de sentencias. El Relator “lamenta que las autoridades judiciales invoquen el principio de seguridad jurídica por encima de los derechos de las víctimas, el derecho a la justicia y los principios del debido proceso” en los recursos de revisión. Asimismo, “lamenta que el Gobierno y el Poder Legislativo no hayan aún prestado suficiente atención a esta cuestión”.
Jurisdicción universal y pedidos de extradición de la justicia argentina. El Relator reitera su “preocupación por las sucesivas reformas de 2009 y 2012 de la Ley Orgánica 6/1985 que limitan significativamente la posibilidad de que los juzgados españoles puedan ejercer su jurisdicción sobre crímenes internacionales graves, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra”. El Relator recuerda “la obligación internacional del Estado de extraditar o juzgar y que sólo podrá denegarse la extradición de los acusados si la justicia española inicia las investigaciones y juzga a los responsables”.
Formación en materia de derechos humanos para jueces. Al Relator le preocupa que los programas de formación de jueces no incluyan temas específicos de derechos humanos. Le sorprende que los “programas de formación no hagan referencia a las obligaciones del Estado en materia de persecución penal de delitos internacionales”, como lo son el genocidio, los crímenes de guerra, y de lesa humanidad. “La formación inicial no sería suficiente, ni estaría diseñada para proporcionar una formación de calidad en materia de Derechos Humanos.”
Desde RIS esperamos que por fin el Gobierno cumpla con sus obligaciones internacionales y cese en los comportamientos que ignoran deliberadamente y de forma continuada los derechos de las víctimas a la justicia, verdad y reparación. España tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para aplicar completamente las recomendaciones de los tres mecanismos internacionales.
Véase también:
El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas ha dado 90 días al Estado español para presentar un “cronograma en el que se indiquen las medidas que se llevarán a cabo para implementar las recomendaciones del Grupo de Trabajo, las fechas previstas para aplicar cada una de estas medidas y las fechas en las que se tenga previsto concluir con el cumplimiento a las recomendaciones”.
De conformidad con las observaciones finales del Comité contra la Desaparición Forzada, España debe igualmente suministrar información a más tardar el 15 de noviembre de 2014 sobre la implementación de las siguientes recomendaciones:
• Asegurar que todas las desapariciones forzadas son investigadas de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de las mismasy aun cuando no se haya presentado ninguna denuncia formal; adoptar las medidas necesarias, legislativas o judiciales, con miras a superar los obstáculos jurídicos de orden interno que puedan impedir tales investigaciones, en particular la interpretación que se ha dado a la ley de amnistía; que los presuntos autores sean enjuiciados y, de ser declarados culpables, sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos; y que las víctimas reciban reparación adecuada que incluya los medios para su rehabilitación y sea sensible a cuestiones de género.
• Adoptar las medidas legislativas y de otra índole necesarias para asegurar que todas las personas, independientemente del delito por el que se las acuse, gocen de todas las salvaguardas previstas en la Convención, en particular en el artículo 17 [privación de libertad], y en otros instrumentos internacionales de derechos humanos relevantes. Asimismo, lo exhorta a asegurarse de que en el texto que surja de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no se incluya ninguna limitación a los derechos del detenido, aun bajo régimen discrecional, que pueda infringir lo dispuesto en el artículo 17, párrafo 2, de la Convención.
• Adoptar todas las medidas necesarias, incluyendo la asignación de los recursos de personal, técnicos y financieros suficientes, para la búsqueda y esclarecimiento de la suerte de las personas desaparecidas. Al respecto, el Estado parte debería considerar la posibilidad de establecer un órgano específico encargado de la búsqueda de las personas sometidas a desaparición forzada, que posea facultades y recursos suficientes para llevar adelante sus funciones de manera efectiva.
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viernes, 22 de agosto de 2014
Homenaje franquista a quienes bombardearon Gernika
Este mismo sábado 23 de agosto, una localidad castellana será el escenario de un homenaje franquista a la Legión Cóndor, protagonistas del bombardeo de Gernika en 1937, una de las mayores masacres fascistas en tierras vascas. Varios usuarios en las redes sociales han pedido que se prohíba este acto. Sin embargo, no ha trascendido ninguna actuación institucional o judicial para evitarlo.
NAIZ 2014/08/22
Aguilar de Campoo es una localidad de algo más de 8.000 habitantes situada en la provincia castellana de Palencia. Para este sábado un grupo denominado ‘Tercios de Aguilar’ ha organizado un acto de homenaje a los que denominan «valientes voluntarios alemanes de la Legión Cóndor». Este destacamento tuvo gran repercusión en la deriva del golpe fascista de 1936 y en Euskal Herria es especialmente recordado por ser quien bombardeó Gernika el 26 de abril de 1937.
El bombardeo de Gernika supuso la destrucción del 99% de los edificios de la localidad vizcaina y la muerte de decenas de personas.
La convocatoria del acto ha sido reprendido en las redes sociales, donde algunos usuarios han solicitado la prohibición del mismo. Sin embargo, no ha trascendido ninguna actuación en ese sentido ni por parte del Ayuntamiento de la lodalidad castellana, compuesto por 8 conejales del PP, 4 del PSOE y 1 independiente; ni desde otras instancias judiciales o policiales.
La interpelación sí llegará al Parlamento Europeo. Un usuario alertó a través de Twitter a la europarlamentaria Izaskun Bilbao sobre el acto. Esta ha anunciado que presentará una pregunta en la Eurocámara basada en tres cuestiones: si la Comisión Europea considera este homenaje compatible con los programas de recuperación de la memoria histórica, si va a solicitar alguna información al respecto a las autoridades españolas y si alertará a los estados miembros de la «gravedad que tiene la permisividad ante este tipo de homenajes».
El bombardeo de Gernika supuso la destrucción del 99% de los edificios de la localidad vizcaina y la muerte de decenas de personas.
La convocatoria del acto ha sido reprendido en las redes sociales, donde algunos usuarios han solicitado la prohibición del mismo. Sin embargo, no ha trascendido ninguna actuación en ese sentido ni por parte del Ayuntamiento de la lodalidad castellana, compuesto por 8 conejales del PP, 4 del PSOE y 1 independiente; ni desde otras instancias judiciales o policiales.
La interpelación sí llegará al Parlamento Europeo. Un usuario alertó a través de Twitter a la europarlamentaria Izaskun Bilbao sobre el acto. Esta ha anunciado que presentará una pregunta en la Eurocámara basada en tres cuestiones: si la Comisión Europea considera este homenaje compatible con los programas de recuperación de la memoria histórica, si va a solicitar alguna información al respecto a las autoridades españolas y si alertará a los estados miembros de la «gravedad que tiene la permisividad ante este tipo de homenajes».
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miércoles, 16 de julio de 2014
La coordinadora republicana lleva a los tribunales la “represión” durante la proclamación de Felipe de Borbón
-Los querellantes acusan de un delito de impedimento del ejercicio de los derechos cívicos
-Presentan los testimonios de personas "afectadas directamente por las medidas de represión indiscriminada"
Infolibre - Álvaro Sánchez Castrillo 16/07/2014
La Coordinadora Republicana de Madrid y el partido político Soberanía van a presentar conjuntamente una querella contra el secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez Vázquez, la delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, y los responsables policiales y funcionarios de policía, entre los que se encuentran el jefe de las Unidades de Intervención Policial (UIP) al mando el día citado y el Jefe Superior de Policía de Madrid, que ejecutaron las órdenes de "impedir el derecho a la libertad de expresión" de republicanos en el acto de la proclamación de Felipe VI el pasado 19 de junio.
Además, la querella también va dirigida contra el autor o autores del supuesto informe, nunca publicado, elaborado por la Abogacía del Estado legitimando la suspensión de derechos constitucionales republicanos como la exhibición de banderas republicanas durante el desfile.
De esta manera, los querellantes acusan de un delito de impedimento del ejercicio de los derechos cívicos recogido en el artículo 542 del Código Penal, así como un delito de detenciones ilegales.
Además, se añaden delitos concretos de impedir la libertad de deambulación, detención ilegal y tratos degradantes, para los que aportan los testimonios de 8 personas “afectadas directamente por las medidas de represión indiscriminada” por “expresar sus ideas republicanas con la exposición de materiales como banderas, chapas y otras insignias”. La querella hace alusión, en este sentido, a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de diciembre de 2003 que reconoció que el uso de banderas republicanas está amparado bajo la libertad de expresión.
El texto también añade que “los querellados no podían ejecutar las susodichas medidas fuera de la aplicación de la figura del estado de excepción previsto en la Ley Orgánica reguladora 4/1981” en referencia a la instrucción general previa al 19 de junio de impedir que los republicanos pudiesen mostrar sus símbolos o expresar sus ideas durante la jornada por la que Felipe VI fue proclamado rey.
La querella termina solicitando la declaración de los imputados querellados y de los testigos “víctimas de abusos policiales”
Además, la Coordinadora Republicana de Madrid y la Coordinadora Antifascista de Madrid han convocado para el próximo 18 de julio una manifestación por la república y presentarán, el jueves, dicha querella en una rueda de prensa.
Además, la querella también va dirigida contra el autor o autores del supuesto informe, nunca publicado, elaborado por la Abogacía del Estado legitimando la suspensión de derechos constitucionales republicanos como la exhibición de banderas republicanas durante el desfile.
De esta manera, los querellantes acusan de un delito de impedimento del ejercicio de los derechos cívicos recogido en el artículo 542 del Código Penal, así como un delito de detenciones ilegales.
Además, se añaden delitos concretos de impedir la libertad de deambulación, detención ilegal y tratos degradantes, para los que aportan los testimonios de 8 personas “afectadas directamente por las medidas de represión indiscriminada” por “expresar sus ideas republicanas con la exposición de materiales como banderas, chapas y otras insignias”. La querella hace alusión, en este sentido, a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de diciembre de 2003 que reconoció que el uso de banderas republicanas está amparado bajo la libertad de expresión.
El texto también añade que “los querellados no podían ejecutar las susodichas medidas fuera de la aplicación de la figura del estado de excepción previsto en la Ley Orgánica reguladora 4/1981” en referencia a la instrucción general previa al 19 de junio de impedir que los republicanos pudiesen mostrar sus símbolos o expresar sus ideas durante la jornada por la que Felipe VI fue proclamado rey.
La querella termina solicitando la declaración de los imputados querellados y de los testigos “víctimas de abusos policiales”
Además, la Coordinadora Republicana de Madrid y la Coordinadora Antifascista de Madrid han convocado para el próximo 18 de julio una manifestación por la república y presentarán, el jueves, dicha querella en una rueda de prensa.
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sábado, 5 de julio de 2014
La Guardia Civil destruye las pruebas contra un grupo nazi antes del juicio
Postdigital 1/7/14
La sorpresa del fiscal ha sido mayúscula cuando al pedir la prueba del arsenal recogido para demostrar la culpabilidad en el juicio, que comenzará el próximo 14 de julio, ha resultado que dicho arsenal ya no existía porque había sido destruido, ya que la Guardia Civil se había encargado de destruirlo a instancias del Tribunal Superior de Justicia.
Los hechos ocurrieron en septiembre de 2005, en la llamada “Operación Panzer” que desmanteló una presunta red neonazi tras investigar las actividades ilícitas realizadas por este grupo. La Guardia Civil se personó en la casa del edil del partido de extrema derecha España 2000 en Silla, José Alejandro Serrador Ferrer, en cuyo domicilio encontraron una escopeta semi-automática, multitud de pistolas, una ballesta-pistola, algunos bolígrafos-pistola y gran número de armas blancas, entre ellas una variedad de catanas. También poseían un desollador para separar la piel del cuerpo.
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Sevilla
domingo, 11 de mayo de 2014
El verdugo de Miguel Hernández
Manuel Martínez Gargallo, el juez que condenó a muerte al poeta de Orihuela en 1939, fue un conocido articulista de humor junto a otras firmas de la Generación del 27 como Edgar Neville, según la reciente investigación del profesor Juan A. Ríos Carratalá , de la UA
Información.es - Juanjo Payá 11.05.2014 |
El juez que condenó a muerte a Miguel Hernández, a finales de 1939, en un proceso sin garantías judiciales de ningún tipo, al término de la Guerra Civil, se llama Manuel Martínez Gargallo y fue un activo y conocido articulista de humor junto a otras firmas distinguidas de la Generación del 27 como Enrique Jardiel Poncela y Edgar Neville.
Aunque pueda parecer lo contrario, y pese a las montañas de papel que podrían acumular a día de hoy las investigaciones sobre Miguel Hernández, apenas se conocen datos de Manuel Martínez Gargallo, el verdugo del poeta de Orihuela y de otros tantos escritores, periodistas e intelectuales leales a la República desde que éste se pusiera al frente del tribunal especial de Prensa en la dictadura franquista.
«El pasado del juez instructor no varía la valoración del proceso contra Miguel Hernández, pero su desconocimiento prueba la frecuente falta de curiosidad para conocer los verdugos de la judicatura o la milicia cuando nos ocupamos de las víctimas», señala Juan A. Ríos Carratalá, catedrático de Literatura Española de la Universidad de Alicante (UA), y autor de esta reciente investigación sobre el juez Martínez Gargallo que da luz a su perfil biográfico como escritor de éxito en relatos humorísticos.
«Los pormenores del proceso de Miguel Hernández se conocen y se repiten con el rigor previsible cuando se trata de un autor de prestigio que cuenta con una amplia bibliografía. Las posibilidades de añadir una información relevante son escasas, pero –según me cuentan mis colegas hernandianos de la Universidad de Alicante- nadie ha manifestado especial interés por perfilar la silueta de quien procesara al oriolano con tan trágicas consecuencias. De ahí que se ignore, hasta ahora, el pasado de Manuel Martínez Gargallo como "fino humorista" en la línea de Jardiel Poncela y otros representantes del espíritu innovador que exaltaba la juventud y la modernidad», agrega Ríos Carratalá, quien tiene previsto publicar la primera parte de esta historia en la revista de la Universidad de Temple, en Estados Unidos, aunque tiene suficientes datos como para completarla y añadirla en un futuro libro.
¿Y quién fue Manuel Martínez Gargallo? Sus compañeros de la Generación del 27 le definían como un autor de talento, con grandes dotes de imaginación e ingenio, que se movía entre relatos con hipopótamos parlanchines o viajeros que perdían su bazo en el trayecto del autobús. Cuentos y escritos que, en definitiva, provocaban las risas de los lectores de Buen Humor y, para él, funcionaban como un bálsamo ante la dureza de las oposiciones a juez. Su presencia junto a los humoristas del 27 se justifica también por sus colaboraciones en otras publicaciones como Cosmópolis, Ondas, Gutiérrez, Blanco y Negro, ABC, Cinegramas...
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, fue un habitual de las publicaciones humorísticas hasta que en marzo de 1931, poco antes de la proclamación de la II República, obtuvo la plaza de juez en Murias de Paredes, un pequeño pueblo de León que por entonces no alcanzaba ni los 3.000 habitantes. Es más, por temor a ser reconocido en las revistas de humor, y su carrera judicial se pudiera ver afectada, muchos de sus cuentos los firmó como Manuel Lázaro.
Al poco de ejercer como magistrado en la II República, fue trasladado de la pequeña localidad de Murias de Paredes al juzgado de Ávila, lo que puede considerarse como un ascenso, donde continuó trabajando con normalidad hasta que el alzamiento militar y la brutalidad de la Guerra Civil precipita los acontecimientos: Manuel Martínez Gargallo viaja entonces a Madrid, huye por la sierra y se une así al bando nacional, hasta que al término de la misma es nombrado juez instructor para los casos seguidos contra los periodistas, dibujantes y escritores que se manifestaron a favor de la II República.
Martínez Gargallo fue un magistrado especialmente virulento y opresor, que no solo se prueba por la causa de Miguel Hernández, sino por otros casos como cuando procesó a uno de los dibujantes de sus cuentos, Enrique Martínez Echevarría; o cuando fue capaz de transformar una pena inicial de 12 años al periodista Diego San José por otra de condena a muerte.
«Convendría reflexionar acerca de por qué los historiadores dejamos en el anonimato de lo burocrático los nombres de quienes procesaron a Miguel Hernández y otros muchos escritores. Conocemos sus firmas y rango gracias a los documentos, pero nos cuesta preguntarnos por su perfil que, en casos como el presente, produce cierta inquietud una vez superada la sorpresa», se plantea Ríos Carratalá en su investigación.
Tras su destacada actuación en los consejos de guerra, el juez Martínez Gargallo fue un asiduo de las tertulias madrileñas como la del café Gijón (allí se cruzaría con algún condenad0, cuando el miedo aún reinaba) y ocupó otros cargos como el de fiscal de tasas en Mallorca o magistrado en Gerona, hasta su jubilación en 1974. Por aquel tiempo, quizás, el viejo juez pudo escuchar los versos de Miguel Hernández, los primeros atisbos por rescatar su memoria... pero se mantuvo en silencio, porque tampoco nadie fue a pedirle explicaciones.
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domingo, 4 de mayo de 2014
Horror en Roquetas - 9 de Mayo de 1981
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| Juan Mañas Morales (24 a.), Luis Montero García (33) y Luis Manuel Cobo Mier (29) |
Durante el trayecto son confundidos con tres militantes de ETA (que había atentado contra militares ese día, desatándose la cacería antiterrorista) por una persona que acababa de ver las noticias. La cacareada "colaboración ciudadana".
Apuntó la matrícula del coche donde iban los tres jóvenes, que ignoraban que acababan de dictarse sus sentencias de muerte, y avisó a la Guardia Civil.
El resultado no se hizo esperar: el 9 de mayo varios picoletos detuvieron a los tres jóvenes en Roquetas de Mar (Almería) y, tras llevarlos a una casa abandonada, los torturaron con tal saña y crueldad que en pocas horas eran los tres cadáveres atrozmente mutilados.
Dándose cuenta del error, procedieron a camuflar el crimen, para lo cual metieron los cadáveres en el coche para, a continuación, prenderle fuego.
El procedimiento judicial estuvo repleto de irregularidades, y sólo gracias a la entrega y coraje del abogado que representaba a las familias de las víctimas, Darío Fernández, quien recibió múltiples amenazas de muerte y tuvo incluso que vivir oculto en una cueva, se logró que tres de los once guardias civiles implicados fuesen condenados por torturas y homicidio, que no asesinato.
El principal encausado, el entonces teniente-coronel Carlos Castillo Quero, recibió una sentencia de 25 años de prisión; el teniente Manuel Gómez Torres otra de 14 años, y finalmente el guardia Manuel Fernández Llamas fue condenado a 12 años.
Ninguno pasó en prisión ni un año y, por supuesto, con enormes privilegios y prebendas. Entre otras, nunca dejaron de percibir suculentas sumas de dinero procedentes de los fondos reservados.
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