15 de enero de 2014

Estimada Mª José ... recuerda que aunque a veces hay malas experiencias, nunca debes retroceder ni rendirte, quien persevera alcanza.
Joan Busquets i Verges. Exmaqui libertario del Berguedá 28/12/2013
"Muero contento, porque equivocado o no, muero por una idea" Manuel Barreiro dos días antes de ser fusilado 12/3/1939


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viernes, 4 de febrero de 2011

Los consejos de guerra verán la luz


Tiempo-4 de febrero 2011-  El Ministerio de Defensa que dirige Carme Chacón elaborará este año un censo de las causas judiciales militares que se abrieron durante el franquismo, en aplicación de la ley de la memoria histórica. Una vez realizado el citado inventario, los responsables de la Subdirección General de Archivos empezarán la digitalización de toda la documentación, que incluye los consejos de guerra, para ponerlos a disposición del público y los investigadores que analizan ese período de la historia.

miércoles, 26 de enero de 2011

El Centro Documental de Salamanca recibe 37.000 fichas de condenados a muerte en el franquismo

26.01.11 Agencia EFE
La ministra de Cultura, Ángeles González- Sinde, ha anunciado hoy que el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca recibirá próximamente unas 37.000 fichas de condenados a la pena capital en causas abiertas por tribunales del franquismo entre 1938 y 1943
González-Sinde ha hecho este anuncio en respuesta al diputado socialista Jesús Caldera, quien en la sesión de control al Gobierno en el Congreso se interesó por los fondos que se están incorporando al Centro de Salamanca por parte del Ministerio de Cultura.
En su respuesta, la ministra ha señalado que el Archivo General de la Administración tiene pendiente remitir las fichas de seguimiento de condenados, recibidas del Ministerio de Justicia, y ha precisado que éstas se trasladarán al Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca o al futuro centro -ampliación del que ya existe- de la Plaza de los Bandos de la misma ciudad.
La responsable de Cultura ha destacado el "amplio" programa puesto en marcha por su Departamento para recuperar documentos que van desde 1936 y 1978 para el estudio de la guerra civil, la dictadura franquista, el exilio o la transición.
El primer paso, ha dicho, es recopilar todos los documentos existentes en otros archivos, comenzando por los fondos del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca
Además, ha señalado, se han integrado los fondos provenientes de "órganos represivos" del franquismo, como las 4.500 cajas del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas y los documentos de organismos diversos, como las 4.020 cajas de la Causa General y los Tribunales de la República y las 141 cajas con documentación de campos de concentración, procedentes del Tribunal de Cuentas.
Según la ministra, se han incorporado también aproximadamente 30.000 negativos y positivos fotográficos de los archivos de distintos fotógrafos del periodo, adquiridos por el Ministerio de Cultura.
A este material se añaden "cuantiosas" donaciones de particulares, fondos de procedencia internacional, principalmente de exiliados en Francia, Rusia o México, y cerca 300.000 documentos digitales de Cruz Roja Internacional.
Todo ese material, según González-Sinde, tiene un valor "esencial" para el estudio y conocimiento de la historia reciente española "y de la represión política ejercida en España durante más de tres décadas", utilizando los propios testimonios documentales de los encausados, al igual que existen centros de esta naturaleza en los países europeos del entorno.
La ministra también ha precisado la "voluntad decidida" del Ministerio de digitalizar este Centro Documental para que investigadores y ciudadanos puedan acceder a su contenido a través de internet.
Caldera ha señalado que el Centro de Salamanca se ha convertido en un "centro de referencia" para ciudadanos e investigadores acerca de la "triste memoria" de la guerra civil, con el ánimo de que "hechos tan lamentables no vuelvan a repetirse".
El diputado socialista ha recordado las "apocalípticas" declaraciones realizadas "desde las filas conservadoras", y ha precisado que la salida de documentos "fue mínima" en comparación con "la gran cantidad de nueva documentación" que está llegando.
Caldera ha expresado también su deseo de que quienes descalificaron entonces "se avergüencen hoy de su comportamiento", al haberse logrado un centro que es "un extraordinario exponente de nuestra convivencia".

miércoles, 20 de octubre de 2010

En el 70º aniversario de la muerte de Companys

Miquel Caminal 15/10/2010
 Director del Memorial Democràtic
Hay una premisa esencial en el análisis del caso Companys y de todos los demás condenados por los tribunales de la dictadura por haber sido fieles a la legalidad republicana y por haber luchado en su defensa: los delincuentes por rebelión eran los franquistas. Los que deberían haber sido juzgados eran Franco y todos los que se sublevaron contra la Segunda República. No hay que perder ni un segundo para demostrar los juicios criminales de la dictadura. La historia ya ha sido suficientemente concluyente para condenar a Franco y a sus cómplices de asesinato, al utilizar el poder absoluto del Estado para ejercer la venganza en su grado máximo contra todos los republicanos, con el objetivo imposible de impedir la vuelta de las libertades.

Companys fue asesinado por orden directa del jefe de Estado. Fue un crimen contra la libertad y contra Cataluña. Cuando el Gobierno de la Generalitat instó al Fiscal General del Estado, a través de la Fiscalía Superior de Catalunya, el 15 de octubre de 2009, a interponer recurso de revisión ante el Tribunal Supremo para conseguir la nulidad de la sentencia que condenó a muerte al president Companys, no se pretendía probar ninguna inocencia ya de por sí evidente, sino mostrar la absoluta manipulación de la justicia al servicio de la victoria militar y con el único objetivo de la venganza y el escarmiento políticos. La condena del franquismo no será total hasta que sus actos más atroces, como fueron las sentencias a muerte por medio de juicios sumarísimos, no sean anulados, y con ellos todas las demás sentencias que privaron de libertad a tantos españoles por razones políticas o ideológicas.

Companys había sido ministro del Gobierno republicano, presidente del primer Parlament de Cataluña y presidente de la Generalitat. El único presidente democrático entregado a la dictadura franquista, en plena ocupación nazi sobre Francia, torturado y vejado en las dependencias de la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol de Madrid y, finalmente, enviado a Barcelona para su ejecución ya decidida. La sola narración de lo ocurrido debería ser suficiente para que todos los poderes del Estado, especialmente las Cortes Generales y el Tribunal Supremo, no tuvieran la menor duda de la ilegalidad del crimen de Estado y así lo declararan mediante ley o sentencia.

En este contexto hay que situar la decisión del Fiscal General del Estado del 5 de abril, de no interponer el recurso de revisión ante el Tribunal Supremo, basándose en la consideración de que las sentencias que condenaron al presidente Lluís Companys son nulas de pleno derecho al haber sido expulsadas del ordenamiento jurídico en aplicación directa de la Ley 52/2007 (Ley de Memoria Histórica). Ahora bien, la declaración fiscal es únicamente una interpretación de la ley cuyos efectos jurídicos están por ver. Solo las Cortes Generales mediante ley o los tribunales mediante sentencia pueden acordar la nulidad de las sentencias. Y la Ley de Memoria Histórica 52/2007 en su artículo 2.1 declara el carácter radicalmente injusto de todas las condenas producidas por razones políticas durante la Guerra Civil y la dictadura, y en el artículo 3 establece la ilegitimidad de los tribunales que las dictaron, en todo caso la ilegitimidad del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público, así como los Tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra. La interpretación del Ministerio Fiscal establece una lógica relación de causa-efecto entre ilegitimidad y nulidad de pleno derecho. Si los tribunales y sus sentencias son ilegítimas, lógicamente devienen ilegales y nulas.

Solo hay un pero o interrogante: ¿por qué la Ley de Memoria Histórica no afirma sin ambigüedad lo que la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo interpretó? En un asunto de tanta trascendencia no debería haber lugar para la duda. Hay otra pregunta todavía más inquietante: ¿no actuó el Fiscal General del Estado a partir del convencimiento de que la Sala Quinta del Tribunal Supremo desestimaría el recurso de revisión? Ante la posible negativa del Tribunal Supremo, el Fiscal General del Estado buscó la salida por la puerta trasera. Solamente hay una salida por la puerta delantera: la enmienda de la Ley de Memoria Histórica para que quede literalmente establecido lo que el Fiscal General del Estado interpreta.

Los poderes del Estado, en primer lugar, las Cortes Generales y el Poder Judicial, tienen la obligación política y moral de proceder a la anulación de todas y cada una de las sentencias políticas de la dictadura. Lo exige la memoria de Companys y la de todos los españoles asesinados por el franquismo. Lo demanda nuestra propia confianza en las instituciones democráticas.

martes, 16 de febrero de 2010

"Avisamos de que podía haber un golpe de Estado. Conocíamos bien a Tejero"

Luis Otero, militar condenado en 1976 por rebelión militar, recibe una condecoración del Ministerio de Defensa

elpais.com NATALIA JUNQUERA - Madrid - 16/02/2010.
En la boca del lobo, entre los padres del golpe de 1936, un grupo de militares jóvenes decidió hace más de 35 años luchar por la democracia. Se autodenominaron Unión Militar Democrática (UMD), descartaron desde el primer momento el uso de la fuerza y trataron de convencer a sus compañeros, uno a uno, de que la dictadura debía morir con Franco. Ni el Régimen, ni ellos mismos, llegaron a saber nunca con exactitud cuántos miembros tenía la organización clandestina. Pero nueve de ellos fueron condenados. El comandante Luis Otero recibió la mayor pena: ocho años de prisión por ser entonces el militar de mayor rango del grupo. La ministra de Defensa, Carme Chacón, le ha entregado hoy la cruz al mérito militar con distintivo blanco, junto a otros 13 compañeros de la organización. Poco antes de recibir el reconocimiento que ha esperado durante 30 años, Otero charló con EL PAÍS.


"El reconocimiento está muy bien, pero llega un poco tarde. La marginación nos ha marcado durante años", explica. Tres de los 14 militares homenajeados hoy reciben la condecoración a título póstumo. Arriesgaron su carrera e incluso su libertad al apostar por la democracia, pero al morir el dictador, al contrario que otros sectores de la oposición a Franco, nadie reconoció su labor ni les invitó a participar en los futuros acontecimientos. Todo lo contrario. En marzo de 1976, ya muerto el Caudillo, nueve de ellos fueron juzgados en un consejo de Guerra y condenados a un total de 43 años de cárcel. A siete de ellos, además, se les apartó de la carrera militar.

"Nos descubrieron enseguida. Queríamos propagar nuestras ideas democráticas e íbamos contactando con quienes nos parecía que podían apoyar estos planteamientos. Pero se ve que nos equivocamos con alguien, porque los servicios de información nos detectaron muy pronto. En general la gente reaccionaba bastante bien. Incluso hubo militares que se presentaban en mi casa ofreciéndose a participar", recuerda Otero, cofundador de la UMD, de 77 años. Se habían inspirado en la MFA, la organización militar que había luchado por instaurar la democracia en Portugal. "El mismo 25 de abril de 1974 (cuando cayó la dictadura en el país vecino) contacté con mi compañero Julio Busquets (ya fallecido) y a los cuatro meses ya estábamos fundando la UMD".

Su primer contacto político fue Joaquín Ruiz-Giménez, ex ministro de Franco. "También nos reuníamos en secreto con Felipe González, del PSOE; Simón Sánchez Montoro, del PCE... Creo que el principal logro de la UMD fue dar aliento a quienes luchaban por la democracia desde asociaciones políticas, hacerles saber que dentro de las fuerzas armadas también había gente en esa lucha", asegura.

Luis Otero tenía 42 años y cinco hijos cuando ingresó en la cárcel condenado por "provocación a la rebelión militar", pero pese a todo, hoy mantiene que "valió la pena". "Sólo estuve un año en prisión, hasta la amnistía, pero ese año me tuvieron en siete prisiones diferentes porque querían evitar que mis ideas influyeran en otros. El juicio fue muy duro. A mí iba a defenderme Tierno Galván pero no nos dejaron escoger a nuestros abogados. Nos pusieron a unos que eran de los servicios de información y renunciamos a ellos. Además llenaron la sala de militares traídos de distintas guarniciones para insultarnos".

La Amnistía le sacó de la cárcel pero no le devolvió su condición militar. Los miembros de la UMD tuvieron reinventar sus vidas y buscar trabajos en otros sectores (Otero como informático). El 27 de junio de 1977, unos días después de celebrarse las primeras elecciones democráticas, decidieron disolver la organización. "Ya no tenía sentido. Nos hubiéramos convertido en un grupo de presión. Dejarlo fue un acierto". Pero todavía tendrían un último susto.

"Conocíamos muy bien a Tejero y sabíamos que algo así podía pasar. Avisamos a varios mandos militares de que podía haber un golpe, pero no pudimos evitarlo. Pese a todo, la intervención de los antiguos miembros de la UMD impidió en parte, que triunfara", recuerda Otero.

En 1986 fue readmitido en el Ejército pero con la boca pequeña. "Podías pasar a la reserva o seguir en activo. Narcís Serra me envió un emisario para decirme que no me molestara en pedir un destino porque no me lo iban a dar".

Cuenta que sigue con preocupación el caso contra el juez Garzón. "He firmado un manifiesto de apoyo. Me parece lamentable lo que le están haciendo. La memoria histórica debería empezar por una investigación profunda de lo que pasó, eso es hacer justicia. Es lamentable, sobre todo, quien está detrás, Falange, que no debería ni existir. Espero que al final gane la sensatez". Y sobre la ley de memoria: "Es una intención muy buena, pero ambigua. Debería ir más allá".

sábado, 13 de junio de 2009

"Sumaríssim 1939-1945: 70 anys de consells de guerra a les comarques gironines" a la Jonquera

Fins al 28 de juny Museu Memorial de l'Exili (MUME) C. Major, 43-47 La Jonquera

L'exposició "Sumaríssim 1939-1945: 70 anys de consells de guerra a les comarques gironines" explica què varen ser els procediments judicials militars contra civils, els anomenats consells de guerra o sumaríssims d'urgència, sense garanties de defensa, que patiren milers de persones, pel sol fet que abans del febrer de 1939 havien estat republicans o simpatitzants de les forces polítiques d'esquerra. Amb aquesta exposició es commemora el 70è aniversari dels primers consells de guerra a les comarques de Girona amb l'objectiu de rescatar la nostra història i, en certa manera, s'homenatja tantes persones víctimes oblidades de la repressió franquista.
L'entrada és gratuita.

lunes, 16 de marzo de 2009

Luz sobre los consejos de guerra de Franco

Defensa pone en marcha un plan piloto de archivos - 400.000 expedientes, entre ellos los juicios sumarísimos de 1938 a 1945, se restaurarán y digitalizarán

TEREIXA CONSTENLA / MIGUEL GONZÁLEZ - Madrid - 16/03/2009 "Preguntada dónde le sorprendió el Glorioso Movimiento, dice que le sorprendió en esta localidad. Preguntada para que manifieste si es cierto que durante el dominio rojo penetró en el convento de las hermanas carmelitas y se llevó una lámpara que había en el altar y una fotografía de las religiosas, dice que la lámpara la llevó al hospital y la fotografía la entregó a una vecina".

No todos tuvieron la suerte de esta mujer de Benicarló (Castellón) a la que un consejo de guerra condenó a seis años de cárcel, el 30 de enero de 1942. Por ejemplo, el padre de un diputado de UCD en la primera legislatura democrática, que era teniente de la Guardia Civil en 1936, fue ejecutado sólo porque se le consideró sospechoso de "ideología confusa".

Sus historias figuran en algunos de los 20.000 legajos, unos 400.000 expedientes, millones de páginas, en los que se describe, con lenguaje burocrático y leguleyo, una de las etapas más negras de la historia de España: la represión despiadada que siguió a la Guerra Civil. La mayoría son procedimientos sumarísimos, instruidos entre 1938 y 1945, por los Juzgados Togados Militares Territoriales números 11, 12 y 13, con sede en Fuencarral (Madrid) y Valencia, con jurisdicción sobre Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid y Comunidad Valenciana. Aunque también hay procedimientos que llegan hasta 1980....

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