Os paso un artículo que publiqué ayer en EEUU sobre lo de Garzón y el Tribunal Supremo:
(Al final texto original en inglés)
Traducción automática del original
por Scott Boehm
Cuando España se menciona en el mundo de habla inglesa, imágenes románticas de paisajes mediterráneos, rápidamente vienen a la mente. Suelen ser configurados para una banda sonora inspirada en el flamenco apasionado y se mezclan con la fantasía de tentadora paella, aceite de oliva y el vino de oro rojo rubí.Esto es España la mayor parte de forasteros se imaginan la experiencia, y es en gran medida de lo que la economía española ha dependido desde los años 1960 cuando la dictadura del general Francisco Franco lanzó una campaña masiva de turismo para estimular una economía en dificultades. La campaña fue la materia de milagros económicos. España se convirtió rápidamente en uno de los destinos de vacaciones de primera.
Pero todo el sol en el mundo no puede ocultar el horror que se extiende a la sombra de un país acosado por una guerra reciente que tocó cada aspecto de la vida española. Al menos no para siempre.
En 2000, veinticinco años después de la muerte de Franco, Emilio Silva, un periodista en busca de respuestas a las preguntas sobre la guerra y la relación de su familia que accidentalmente descubrió y exhumó la fosa común donde los restos de su abuelo fueron localizados. El abuelo de Silva, dueño de una tienda humilde y defensor del estado democrático fundado en 1931, fue ejecutado sumariamente por miembros de la Falange -fascistas españoles- junto con doce personas más de su aldea en el norte de España poco después de que Franco y un puñado de generales lanzó un golpe de estado contra la República Española en julio de 1936. Hitler, Mussolini y la Iglesia Católica apoyó a los conspiradores, mientras que Estados Unidos, Inglaterra y Francia hicieron la vista gorda ante la masacre que siguió.
Si bien los acontecimientos de 1936-1939 son conocidos popularmente como "la Guerra Civil Española", el término tergiversa lo que realmente ocurrió. Más que una guerra entre más o menos preparados por igual y del mismo modo dos emparejados lados, fue el exterminio en masa de "Los Rojos", toda persona definida como parte de la "anti-España" por el auto-proclamado, y bien armados, de los tutores de identidad nacional y el espíritu patriótico. Los "rojos" dan la batalla larga, pero al final fueron asesinados, torturados, violados, encarcelados, secuestrados, utilizados como esclavos y / o enviados al exilio durante cuatro décadas.
Al igual que su abuelo Emilio Silva, cientos de miles de las víctimas de semejante represión efectuada por el Estado franquista al final de la guerra siguen postrados en fosas comunes. Desde la exhumación en 2000, sus descendientes y simpatizantes han formado un movimiento creciente de memoria histórica. Al igual que Antígona, que han pedido repetidamente que sea responsabilidad del estado español: nada más la posibilidad de ejercer su voluntad de enterrar debidamente a sus muertos. Al igual que Creonte, el Estado español ha respondido con declaraciones, acciones y leyes que se ríen en la cara de su afirmación ética.
En 2008, el juez español Baltasar Garzón, de fama internacional por haber puesto al dictador chileno Augusto Pinochet en juicio por genocidio en 1998, admitió una serie de demandas presentadas por varias organizaciones de la memoria histórica y las personas que buscan ayuda en la localización y exhumación de los restos de miembros de la familia. Garzón posteriormente abrió la causa penal por primera vez al golpe de 1936 y la dictadura franquista. Llegó a la conclusión de que los generales que provocaron la guerra eran culpables de crímenes de lesa humanidad, y ordenó la exhumación de fosas comunes, diecinueve. Unas semanas más tarde, Garzón se vio obligado a cerrar su caso bajo la presión de otros jueces de la Audiencia Nacional y la oficina del Procurador General. Una vez más, las esperanzas de los familiares fueron aplastadas por el peso de la ley y la insensibilidad del Estado español.
(Para una breve descripción del caso del Juez Garzón, véase mi artículo "Sobre los Derechos Humanos, España es diferente", publicado en Common Dreams 10 de diciembre 2008:
http://www.commondreams.org/view/2008/12/10).
Si la historia terminara aquí, sería otro triste lamento de una larga letanía de agravios históricos para las víctimas de la represión franquista. Pero esta historia, por desgracia, no ha terminado.
Poco después de que Garzón retirara su caso, un grupo de extrema derecha y la Falange, el mismo partido fascista español que mató a su abuelo Emilio Silva y arrojó su cuerpo en una zanja al igual que cientos de miles de otros, presentaron demandas contra Garzón por la apertura del proceso histórico. Para sorpresa de muchos el derecho internacional y las organizaciones de derechos humanos, el Tribunal Supremo admitió las demandas el mayo pasado. Ayer el juez Luciano Varela declaró que Garzón debe ser juzgado. Se enfrenta a la salida de la Audiencia Nacional y el destierro desde el banquillo de doce a veinte años, lo que significaría el final repentino del Garzón ilustre, aunque controvertido por la carrera judicial.
Mientras que Garzón ha sido fuertemente criticado por su autopromoción y tomando el sol en el centro de atención de casos de alto perfil, tales faltas personales son irrelevantes para el caso que nos ocupa. Si el Tribunal Supremo falla a favor del partido fascista y sus asociados -que parece muy posible- será una victoria de gran alcance para el estado de impunidad que caracteriza a la España contemporánea y una pérdida devastadora para aquellos que buscan el acto más mínimo de la justicia para los muertos. También será un golpe significativo a la ley penal internacional, convertir a España en una vergüenza jurídica a los ojos del mundo y desacreditar la integridad de los juristas españoles.
Esto parece bastante malo, pero si se excluye a Garzón también quiere decir que el fascismo se validará como una fuerza política legítima y efectiva en la España democrática. No sólo los familiares de las víctimas de la violencia fascista pierden al juez sólo por la audacia de desafiar la ley de amnistía 1977 la protección de los responsables de exterminio en masa y la represión estatal -una ley considerada ilegal según el derecho internacional- que también se verá obligado a tragarse el hecho de que, en España al menos, la democracia significa que las denuncias fascistas tienen más peso que la carga de aquellos traumatizados por el Estado español durante gran parte del siglo XX.
Diez años en el XXI, el panorama político parece escalofriantemente familiar para aquellos que han sobrevivido o estudiado "justicia" franquista. Una vez más, la fuerza de la ley está siendo utilizada para disciplinar a aquellos que desafían a un orden social profundamente injusto. Pero es más que el castigo simplemente, es una amenaza para aquellos que podrían seguir los pasos de Garzón, y un insulto a todas las Antígonas del mundo. También es la aparición del fascismo, vivo y sano en la soleada España, la cría de su feo rostro detrás de largo, rondando las sombras.
En Madrid, casi se puede oír su voz resonando por todo los sagrados recintos de la justicia: "¡Olé! Alguien pasa la sangría ... "
Scott Boehm es un investigador español del proyecto para la memoria de la guerra civil (http://orpheus.ucsd.edu/speccoll / scwmemory /) En UC San Diego, donde es un doctorado candidato en literatura. Su tesis, "Trauma y Transitionism" examina las intersecciones de la cultura, la memoria y la justicia en relación con el exterminio en masa y la represión estatal en España. Para contacto en
sboehm@ucsd.edu
¡Es el momento de organizarnos y salir juntos a la calle! Si no ahora, ¿cuando?
Saludos, Scott
The Shame of Spain and the Ghost of Fascism
by Scott Boehm
When Spain is mentioned in the English-speaking world, romanticized images of Mediterranean landscapes quickly come to mind. They are usually set to a passionate flamenco-inspired soundtrack and mingle with the fantasy of tantalizingly fresh paella, golden olive oil and ruby red wine. This is the Spain most outsiders imagine and experience, and it is largely what the Spanish economy has depended upon since the 1960s when the dictatorship of General Francisco Franco launched a massive tourist campaign to stimulate a struggling economy. The campaign was the stuff of economic miracles. Spain rapidly became one of the world’s premier vacation destinations.
But all the sun in the world couldn’t hide the horror lying in the shadows of a country haunted by a recent war that touched every aspect of Spanish life. At least not forever.
In 2000, twenty-five years after Franco’s death, Emilio Silva, a journalist searching for answers to questions about that war and his family’s relation to it accidentally discovered and exhumed the mass grave where his grandfather’s remains were located. Silva’s grandfather, a humble shop owner and supporter of the democratic state established in 1931, was summarily executed by members of the Falange—the Spanish fascist party—along with twelve other people from his village in the north of Spain shortly after Franco and a handful of generals launched a coup against the Spanish Republic in July 1936. Hitler, Mussolini, and the Catholic Church backed the conspirators while the United States, England and France turned a blind eye to the massacre that ensued.
While the events of 1936-1939 are popularly referred to as ‘the Spanish Civil War,” the term misrepresents what actually occurred. More than a war between two more or less equally prepared and similarly matched sides, it was the mass extermination of “los rojos”—anyone considered part of “the anti-Spain” by the self-proclaimed, and well-armed, guardians of national identity and patriotic spirit. The “reds” put up a long fight, but ultimately they were killed, tortured, raped, imprisoned, kidnapped, used as slave labor and/or driven into exile for four decades.
Like Emilio Silva’s grandfather, hundreds of thousands of the victims of such repression—continued by the Francoist state at the conclusion of the war—continue to lie prostrate in mass graves. Since the exhumation in 2000, their descendents and sympathizers have formed a growing historical memory movement. Like Antigone, they have repeatedly asked for one thing from the Spanish state: nothing more than the possibility of exercising their desire to properly bury their dead. Like Creon, the Spanish state has consistently responded with statements, actions and laws that laugh in the face of their ethical claim.
In 2008, Spanish judge Baltasar Garzón, internationally famous for having put Chilean dictator Augusto Pinochet on trial for genocide in 1998, admitted a series of lawsuits filed by several historical memory organizations and individuals seeking assistance with the location and exhumation of the remains of family members. Garzón subsequently opened the first criminal case into the 1936 coup and the Francoist dictatorship. He concluded that the generals who launched the war were guilty of crimes against humanity, and ordered the exhumation of nineteen mass graves. A few weeks later, Garzón was forced to close his case under pressure from fellow judges of the National Court and the Attorney General’s office. Once again, the hopes of family members were crushed by the weight of law and the callousness of the Spanish state.
(For a brief description of Garzón’s case, see my article “On Human Rights, Spain is Different” published on Common Dreams December 10, 2008:
If the story ended here, it would be yet another sad lament in a long litany of historical wrongs for the victims of Francoist repression. But this story, unfortunately, is not over.
Shortly after Garzón withdrew his case, a far-right lobby and the Falange—the same Spanish fascist party that killed Emilio Silva’s grandfather and dumped his body in a ditch like hundreds of thousands of others—filed lawsuits against Garzón for opening the historic case. To the surprise of many international law and human rights organizations, the Supreme Court admitted the suits last May. Yesterday Judge Luciano Varela ruled that Garzón must stand trial. He faces removal from the National Court and banishment from the bench for twelve to twenty years, which would mean the sudden end of Garzón’s illustrious, if controversial, legal career.
While Garzón has been roundly criticized for self-promotion and basking in the spotlight of high-profile cases, such personal faults are irrelevant to the case at hand. If the Supreme Court rules in favor of the Fascist party and its associates—which appears quite possible—it will be a far-reaching victory for the state of impunity that characterizes contemporary Spain and a devastating loss for those seeking the most minimal act of justice for the dead. It will also be a significant blow to international criminal law, convert Spain into a legal embarrassment in the eyes of the world and discredit the integrity of Spanish jurists.
This would seem bad enough, but if Garzón is debarred it also means that fascism will be validated as a legitimate and effective political force in democratic Spain. Not only will the family members of the victims of fascist violence lose the only judge daring enough to challenge the 1977 amnesty law protecting those responsible for mass extermination and state repression—a law considered illegal under international law—they will also be forced to swallow the fact that, in Spain at least, democracy means that fascist complaints carry more weight than the burden of those traumatized by the Spanish state during much of the twentieth century.
Ten years into the twenty-first, the political panorama looks chillingly familiar to those who have survived or studied Francoist “justice.” Once again, the force of law is being used to discipline those who challenge a deeply unjust social order. But it is more than simply punishment; it is a threat to those who might follow in the footsteps of Garzón, and an insult to all the Antigones of the world. It is also the apparition of fascism, alive and well in sunny Spain, rearing its ugly head from behind long, haunting shadows.
In Madrid, you can almost hear its voice echoing throughout the hallowed halls of justice: “Olé! Somebody pass the sangría…”
Scott Boehm is a Researcher for the Spanish Civil War Memory Project
at UC San Diego where he is a Ph.D. candidate in Literature. His dissertation, "Trauma and Transitionism" examines the intersections of culture, memory and justice related to mass extermination and state repression in Spain. He can be contacted at
sboehm@ucsd.edu.
