15 de enero de 2014

Estimada Mª José ... recuerda que aunque a veces hay malas experiencias, nunca debes retroceder ni rendirte, quien persevera alcanza.
Joan Busquets i Verges. Exmaqui libertario del Berguedá 28/12/2013
"Muero contento, porque equivocado o no, muero por una idea" Manuel Barreiro dos días antes de ser fusilado 12/3/1939


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sábado, 18 de julio de 2015

Propuesta de Ley de Memoria Democrática


 
La Asociación Archivo Guerra y Exilio (AGE), en su Asamblea Anual de Socios de 20 de junio de 2015, ha aprobado dirigir un llamamiento a todas las instituciones de ámbito local, autonómico y estatal, a los partidos políticos, grupos parlamentarios, sindicatos y entidades sociales, a las entidades de memoria histórica democrática, y a quienes corresponda, para que insten al Gobierno español, como poder ejecutivo del Estado, a la aprobación de una Ley de Memoria Histórica Democrática en el Congreso de los Diputados, que cancele definitivamente con justicia, equidad y reparación las secuelas de la dictadura franquista.
 
Para ello aportamos las propuestas que a continuación se mencionan, utilizando los canales de información que quieran colaborar, organizando conferencias, charlas, coloquios para la difusión y debate de los contenidos, y promoviendo encuentros directos de nuestros socios y colaboradores con las instituciones, entidades partidos políticos y asociaciones democráticas.
Estas medidas harían viable la reconciliación genuina y verdadera de los españoles en un estado de derecho y de igualdad ante la ley.
 
Para ello sería imprescindible que la Ley de Memoria Histórica Democrática recogiera las siguientes propuestas:
 
1. Declarar por Ley la nulidad de todas las acciones legales del régimen franquista, haciendo mención expresa a las Resoluciones de las Naciones Unidas adoptadas por unanimidad por la Asamblea General de la ONU el 9 de febrero y el 12 de diciembre de 1946, y a su carácter criminal según las normas de derecho internacional. Condenar jurídicamente la dictadura franquista.

2. Reconocimiento político, jurídico y social de cuantos defendieron la legalidad Republicana desde 1931 a 1977. Reconocimiento jurídico de la condición de víctima del franquismo, de la condición de excombatientes por la libertad a los guerrilleros antifranquistas, a los combatientes republicanos en las filas de los aliados en la II GM, y a las víctimas republicanas de la persecución nazi.

3. Nulidad  de todos los juicios penales y militares sumarísimos y reconstrucción de los archivos penales y judiciales afectados.

4. Rehabilitación jurídica y política de los ciudadanos asesinados (considerados por algunos como “desaparecidos”).

5. Localización de todas las fosas comunes, garantizando jurídicamente las  exhumaciones por parte del Estado de acuerdo con sus familiares. Señalando los espacios del crimen (referente para la historia de España) como lugares de memoria, mediante monumentos, placas y paneles expositores que expliquen los hechos que tuvieron lugar.

6. Condena de los actos de exaltación franquista y de negacionismo histórico así como retirada de símbolos franquistas en los espacios públicos, aplicándose la legislación mediante la aplicación de procedimientos acordes con el derecho internacional de derechos humanos como norma de convivencia ciudadana.

7. Anulación de la Ley de Amnistía de 1977 que blinda la impunidad de los responsables de los crímenes franquistas y aplicación de la legislación internacional de derechos humanos sobre crímenes contra la humanidad.

8. Desclasificación y catalogación, de forma científica y democrática, de todos los archivos policiales, diplomáticos, militares, penales, judiciales, carcelarios, municipales, militares de inteligencia y de la represión en general, hasta la instauración del sistema democrático.

9. Comprobación y subsanación de contenidos en los libros de texto sobre historia, contemplándolos desde la objetividad y la transparencia, en pro de un plan pedagógico que ayude a conocer los hechos en beneficio de una armonía ciudadana  sin negacionismos ni revisionismos.

Esperanza Martinez, Presidenta de AGE 
y Dolores Cabra, Secretaria General de AGE

sábado, 27 de diciembre de 2014

sábado, 5 de julio de 2014

Pacto soterrado de PP y PSOE para no desclasificar documentos secretos del 23-F hasta 2031

Instantánea de los militares muy sonrientes implicados en el frustrado golpe de Estado
durante el transcurso del juicio
Los dos principales partidos mantienen un acuerdo tácito que supone respetar los tiempos marcados por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Cinco de los 13 cabecillas de la intentona golpista todavía están vivos. Ofensiva de IU en el Parlamento para desenmascar al 'elefante blanco'. Zarzuela ya negó en 2012 que el Rey simpatizara con los militares sublevados, según un telegrama del embajador alemán en España en 1981
 
Vozpópuli 2/4/14
La alternancia en el poder de PSOE y PP incluye como acuerdo tácito no despertar viejos fantasmas sobre el episodio menos conocido de la historia reciente de España: la intentona golpista del 23-F. Entre los dos grandes partidos existe un pacto soterrado para evitar cualquier desclasificación de documentos secretos que puedan comprometer los hechos probados y juzgados en la sentencia que dictó en su día el Tribunal Supremo.
 
Según ha podido saber Vozpópuli, esta postura consensuada en la trastienda de Moncloa y respetada desde entonces por cada gobierno, de distinto signo, sigue vigente y cobra estos días más fuerza que nunca, justo cuando se vuelve a poner al Rey Juan Carlos en el punto de mira sobre la autoría intelectual de la sublevación militar de 1981.
 
Fuentes gubernamentales consultadas por este diario sostienen que "ya hubo una investigación política, que acreditó la figura del Rey como máximo garante de la democracia. En cuanto a la investigación judicial, añaden, "el Supremo dictó sentencia condenatoria contra treinta individuos y acordó el secreto de sumario hasta 25 años desde la muerte de los procesados o 50 desde la fecha del golpe". Ello, enfatizan las mismas fuentes, "no puede verse violentado con la publicación de informes confidenciales de la Administración".
 
De esta forma, dado que todavía permanecen vivos cinco de los treces cabecillas del golpe (fueron procesados 33), la desclasificación de documentos secretos por parte del Alto Tribunal no llegará antes de 2031. De esa camarilla que gestó el asalto al Congreso, al menos dos integrantes, el exteniente coronel Antonio Tejero y el excapitán Jesús Muñecas, participaron el pasado 23 de febrero en la paella del 33 aniversario organizada en un cuartel de la Guardia Civil.
 
Los escritos confidenciales bajo custodia del Supremo --también el CNI, antiguo Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), guarda informes secretos-- no tendrían un carácter accesorio, sino que recogerían relevantes cuestiones de fondo de aquel episodio. Las fuentes antes citadas recuerdan que en los últimos años sólo en el 30 aniversario de la intentona golpista el expresidente del Congreso José Bono hizo públicas las actas oficiales de la Cámara Baja del 23-F, redactadas por los cuatro parlamentarios que eran secretarios de la Mesa aquel día, entre ellos el propio exministro de Defensa. Sin embargo, esta revelación por iniciativa de Bono, explican las fuentes, no entrañaba ninguna cuestión espinosa. No se veía afectado, por tanto, ese pacto tácito.
 
Tanto PP como PSOE dejaron entrever ayer que no respaldarán a la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en su ofensiva parlamentaria para esclarecer lo sucedido en la intentona golpista del 23-F y desenmascarar al elefante blanco. Desde IU reclamaron la apertura de una comisión de investigación y registraron, además de una batería de preguntas, una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a desclasificar todos los documentos y grabaciones telefónicas, incluidos los de los servicios de inteligencia, sobre lo ocurrido el día del fallido golpe de estado.
 
Además, este grupo pide también que se conozca la información que circuló a la mañana siguiente por el Congreso y por La Zarzuela, así como de las actas de las reuniones entre el Rey y el entonces presidente del Ejecutivo, Adolfo Suárez.
 
"Simpatía" hacia los golpistas
El portavoz de la Izquierda Plural, José Luis Centella, señaló que estas iniciativas no llegan a raíz el avance del libro de Pilar Urbano (la periodista sostiene que "el Rey nos salvó in extremis de un golpe que él mismo había puesto en marcha", sino que se enmarcan en la estrategia de su grupo para que la transparencia alcance todos los rincones de la instituciones.
 
De hecho, IU, a través del diputado Gaspar Llamazares, ya se interesó por contrastar una versión similar, la que publicó en 2012 el semanario alemán Der Spiegel. Esta cabecera reprodujo un cable desclasificado por las autoridades germanas en el que el embajador alemán en España en 1981, Lothar Lahn, decía que el monarca mostró "comprensión" y "simpatía" hacia los autores del intento de golpe de Estado.
 
Llamazares remitió una carta a Zarzuela sobre este telegrama, tras ser vetadas sus preguntas en el Congreso, y obtuvo respuesta de la Casa del Rey. El jefe de esta institución, Rafael Spottorno, le replicó con otra misiva en la que decía que "ni su Majestad ni la Casa Real acostumbran a valorar escritos u opiniones de terceros, que es una responsabilidad exclusiva de sus autores y que, en este caso, no se compadecen con la realidad de unos hechos, cuyo desarrollo y corolario final son de público conocimiento". De momento, respecto al último relato de Urbano, todavía no se conoce respuesta de Zarzuela.

sábado, 1 de febrero de 2014

La desconocida historia de la esclavitud en España


mrdomingo.com 10/4/13
En el Puerto de Barcelona se levanta un monumento en honor a Antonio López y López, primer marqués de Comillas, destacado prohombre de la ciudad que hizo fortuna con la trata de esclavos en las Antillas. Su hija se casó con Eusebi Güell, mecenas de Antoni Gaudí e inspirador del espectacular parque Güell, que a la vez había recibido una considerable fortuna de parte de su padre, Joan Güell i Ferrer (también con un monumento en plena Gran Vía), que se había enriquecido también con la trata de esclavos. Josep Xifré, primer presidente de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona (el embrión de La Caixa), también se lucró con el negocio de los esclavos. La familia Vidal-Quadras (los antepasados del eurodiputado del PP, Alejo Vidal-Quadras) participaron del mercado esclavista en el siglo XIX. Alicia y Esther Koplowitz, dos de las empresarias más conocidas de España, son hijas de Esther Romeu de Juseu y Armenteros, aristócrata cubana y como ellas marquesa de Casa Peñalver, de Campoflorido, del Real Socorro y de Bellavista, pomposos títulos unidos a las grandes plantaciones familiares en Cuba con cientos de esclavos. Pablo Epalza, futuro fundador del Banco de Bilbao (BBV) amasó también gran parte de su fortuna con la trata.

No son los únicos, en la actualidad nuestras calles están repletas de reconocimientos en forma estatuaria o en placas nominales a grandes nombres asociados a la trata de esclavos en los siglos precedentes. La reina María Cristina de Borbón, con monumento frente al Casón del Buen Retiro y célebre parada de metro en Barcelona, en compañía de su segundo esposo,  Agustín Fernando Muñoz y Sánchez, Duque de Riánsares, practicó y promovió la trata de esclavos en las islas caribeñas y tuvo participaciones en diversos ingenios azucareros en el siglo XIX.

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miércoles, 11 de diciembre de 2013

“Los jueces de la dictadura franquista continuaron en democracia”

El funcionario de la ONU estuvo en España para entrevistar a distintas autoridades por la causa sobre las desapariciones durante la dictadura franquista. “Hay fiscales y jueces que comparten lo actuado por Baltasar Garzón, pero están muy aislados”, afirma.

 
Página /12 - Adrián Pérez 9/12/13
–Durante la visita a España, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Naciones Unidas, integrado por usted y Jasminka Dzumhur, se reunió con un amplio abanico de funcionarios, desde representantes del Poder Judicial hasta secretarios de Estado del gobierno de Mariano Rajoy. ¿Qué impresión se llevó de esos encuentros?

–Lo más interesante fue observar cierta apertura al diálogo en el sentido de responder a todas nuestras preguntas con información. No percibí una intención de ocultar o tener que atacar lo que nosotros íbamos a hacer. Es importante si se compara con la reacción de autoridades de otros países que asumen un tono mucho más defensivo, donde no se da información o simplemente se cuestionan las preguntas de los miembros del grupo. Hubo menos apertura en los encuentros con autoridades del Poder Judicial. La posición de los magistrados con los que nos reunimos fue mucho más categórica que las autoridades del gobierno.


–Esa apertura al diálogo, sin embargo, no se traduce en políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

–Lo que percibimos en las reuniones y la actitud de las autoridades en relación con nosotros no necesariamente representa un compromiso con las desapariciones forzadas. Tenemos muy claro que una cosa es el diálogo que podamos trabar con las autoridades y otra la evaluación que podemos hacer de las políticas públicas y las omisiones del gobierno. No lo vemos como una contradicción, sino como una de las formas en que el gobierno se relaciona con un organismo de Naciones Unidas, como nuestro grupo de trabajo.


–El panorama que describe muestra una actitud corporativa del Poder Judicial...

–Evidentemente, es una de las áreas donde mayores problemas hay para avanzar en el tema de desapariciones forzadas: dificultades con decisiones que están tomando en muchos aspectos; también la pasividad con que reaccionan ante casos de desapariciones forzadas de la Guerra Civil. Por un lado, está la manera en la que actúan en esos casos y, por otra parte, las teorías jurídicas que utilizan en sus decisiones.


–Ambas reacciones son problemáticas. ¿A qué responden?

–Una de las explicaciones que nos dieron es que, a diferencia de otros países que pasaron de dictadura a democracia, en España no hubo un quiebre en la conformación del Poder Judicial. Los jueces que vinieron de la dictadura franquista continuaron en la época democrática. Muchos de los que hoy son magistrados en los tribunales más altos de España ingresaron en la carrera judicial en la época del franquismo. De modo que hay una suerte de continuidad en la composición del Poder Judicial. Hay un hecho que nosotros vemos con preocupación. A Baltasar Garzón, el único juez que se animó a realizar una investigación seria y demostrar de manera sistémica que hubo violaciones gravísimas a los derechos humanos durante la Guerra Civil y la dictadura, no sólo se le revocó la decisión judicial, que hubiera sido suficiente para corregir los eventuales errores, sino que se lo juzgó por prevaricato, el peor delito que un magistrado puede cometer como juez.


–Aun cuando fue absuelto, el proceso judicial contra Garzón sentó un precedente negativo para la investigación de los crímenes del franquismo.

–Los jueces del Tribunal Supremo utilizaron el juicio para decir “estos son los principios que se tienen que aplicar” y señalar que no se pueden abrir investigaciones judiciales por las personas desaparecidas en el franquismo. Porque esos crímenes están prescriptos y los responsables están muertos; porque aplicaría la Ley de Amnistía; porque la desaparición forzada no es un delito continuado; porque no hay crímenes internacionales en el momento en que ocurren estas desapariciones. Esto es básicamente lo que dice el Tribunal, en una decisión donde no está convocada a expedirse sobre la causa judicial sino sobre la conducta del juez. Pero sienta esta jurisprudencia. Los jueces españoles pueden tomar la resolución del Tribunal Supremo, copiarla y cerrar todas las causas judiciales abiertas.


–Entonces la decisión del Tribunal Supremo produjo un efecto intimidatorio hacia el resto de los jueces.

–Al juez Garzón el Tribunal le dice que actuó erróneamente y ahora todos los demás jueces saben cuál es el error que cometió. De modo que si otro magistrado hoy reabre una causa judicial con la misma teoría que aplica Garzón, no sería una equivocación, sino que estaría actuando dolosamente, porque ya le dijeron cómo tenía que hacerlo. Mientras Garzón tenía abierta la causa, varios fiscales habían empezado a tomar las mismas teorías para impulsar investigaciones paralelas. Cuando el Tribunal Supremo dice esto, todas las causas se cierran. Garzón se declaró incompetente y transfirió la causa a setenta juzgados en todo el país para que continúen las investigaciones individualizadas. Todas, salvo dos, fueron archivadas copiando los argumentos del Tribunal Supremo. Desde entonces, ningún fiscal se animó a impulsar una investigación. Hoy quedan dos causas abiertas, que están congeladas sin que haya avances. Lo que se hizo, a través de esta decisión del Tribunal Supremo, fue establecer un cerrojo judicial para que no haya nuevas investigaciones en materia de desapariciones forzadas.


–Su grupo de trabajo propuso revisar la resolución del Tribunal Supremo y actuar en consecuencia.

–Nuestra esperanza es que el Tribunal Supremo revise su jurisprudencia o que existan jueces dispuestos a abrir espacios. Creemos posible que los magistrados tomen nuestras teorías y encuentren respaldo en el derecho internacional. Ese fue parte del objetivo que utilizamos al hacer nuestro informe preliminar.


–¿Por qué algunos jueces españoles podrían ser receptivos a las sugerencias del grupo de trabajo de la ONU? ¿Dónde observó gestos de apertura?

–En encuentros que mantuvimos fuera de las reuniones oficiales. Nos vimos con jueces y fiscales, de manera individual, que nos han pedido reuniones. No damos los nombres de las personas con las que nos vimos, pero sabemos que existe cierta voluntad de algunos jueces y fiscales.


–¿Qué inquietudes le manifestaron?

–Es necesario crear algún espacio de resguardo. Jueces y fiscales dispuestos a avanzar en estas investigaciones, que no acuerdan con las decisiones del Tribunal Supremo y coinciden, en líneas generales, con lo hecho por Garzón, se sienten aislados y con temor al potencial futuro de su carrera en el Poder Judicial o en la Procuración de Justicia.


–Además de Madrid, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias visitó Andalucía, Cataluña y el País Vasco. ¿Cuáles fueron los principales reclamos de las asociaciones de memoria histórica y de las víctimas del franquismo en esas comunidades autónomas?

–Quieren saber qué pasó con sus padres, abuelos, tíos. En todas partes, el reclamo fundamental tiene que ver con la verdad. Luego viene el pedido de justicia. La familiar de un desaparecido nos dijo: “El único juez que se animó a investigar terminó siendo procesado. Y a nosotros, que pedíamos la investigación de las desapariciones forzadas, nos archivaron todos los expedientes”. El tercer reclamo se relaciona con la reivindicación de la memoria. Necesitan que las fosas comunes sean preservadas. Eso se ve claramente en la política pública que están realizando en Cataluña, donde el gobierno ha puesto mucho énfasis en el proceso de dignificación de la memoria. Verdad Memoria y Justicia son los principales reclamos. Diría que el principal es Verdad.


–La jueza María Servini de Cubría ordenó la detención internacional de cuatro ex policías de la dictadura franquista. En su última visita a la Argentina, el abogado Carlos Slepoy pidió que las órdenes de detención alcancen a tres ex ministros de Franco y dos ex jueces. ¿Es posible llevar a cabo esta medida judicial en el contexto político de España? ¿Cuáles son los pasos que debe cumplir el Estado español en ese sentido?

–Si se aplican las teorías que el Tribunal Supremo sentó en el juzgamiento de Garzón habrá dificultades judiciales. Y, al mismo tiempo, el proceso de extradición en España requiere que la decisión final sea del Poder Ejecutivo y no del Poder Judicial. De modo que primero tiene que dar el visto bueno el Poder Judicial español. Una vez que autoriza la extradición, el Consejo de Ministros del Gobierno da el visto bueno final. El proceso va a ser sumamente complejo.


–¿Qué pasa si España rechaza las extradiciones?

–Si eso sucede, desde el punto de vista del derecho internacional España tiene la obligación de juzgarlos. Si no hace lugar a las extradiciones pero reabre las causas judiciales y prosigue con las investigaciones causaría un efecto muy bienvenido.


–Soledad Luque Delgado también viajó a Buenos Aires, donde presentó una querella por el robo de bebés en España. ¿Cómo analiza esos crímenes?

–Hay un espacio de apertura donde estamos viendo qué va a suceder y tiene que ver con la investigación de lo que en España llaman niños robados. Este proceso empezó en el contexto de la Guerra Civil y la dictadura pero parece que se mantuvo hasta bien entrada la democracia, en los ’80 y ’90. De acuerdo con la Fiscalía General, ninguno de estos casos ha prescripto; todos estos crímenes de sustitución de identidad son delitos que continúan cometiéndose en el tiempo. Estas dos teorías, si siguen avanzando, permitiría utilizar los mismos argumentos para investigar desapariciones forzadas. Si estas causas por robo de bebés prosperan, podría abrirse una brecha en ese cerrojo judicial.


–¿Por qué es necesaria la creación de una institución estatal independiente sobre personas desaparecidas en España?

–Porque es primordial darle visibilidad al tema y demostrar que el Estado asume su compromiso. La sola existencia de esta institución sería importantísima. A nivel nacional, en el gobierno español no hay un organismo que hable de desaparición, memoria y víctimas. La única entidad que existía, la oficina de atención a las víctimas, fue cerrada y absorbida dentro de la División de Derechos de Gracias y Otros Derechos del Ministerio de Justicia. No sólo se le quitó visibilidad: en los últimos dos años no tuvo presupuesto.


–¿Y cuáles serían los objetivos de esta institución estatal?

–Debería ser el espacio donde se compile toda la información que existe en materia de desaparición forzada en España. Hay innumerables estudios pero ningún organismo estatal los está sistematizando para analizar los patrones de represión o víctimas. Otro rol importante es coordinar con todas las iniciativas que se dan a nivel de las comunidades autónomas. Hemos visto, durante nuestro viaje, que en muchísimas comunidades se está avanzando, pero de manera descoordinada. Y también asumir la responsabilidad en el desarrollo y ejecución de un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas.


–¿Cuáles son las líneas de acción que debe atender este plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas?

–A nivel estatal, deben crearse equipos multidisciplinarios de búsqueda con arqueólogos, antropólogos, psicólogos, historiadores y abogados para llevar adelante los procesos de exhumación. En segundo lugar, este programa nacional tendría que centralizar información de lugares donde potencialmente pueda haber desaparecidos. En España existe un mapa con unas tres mil fosas comunes identificadas. No todas las comunidades autónomas han elaborado ese mapa de fosas. En tercer lugar, tendría que generar un proceso de apertura de todos los archivos que pueda haber a nivel estatal, de las comunidades autónomas y en poder de la Iglesia Católica. En cuarto lugar, es necesario crear planes de trabajo en coordinación y con la participación de las víctimas y las asociaciones de memoria. En quinto lugar, habría que hacer una revisión muy seria de los archivos sobre el Valle de los Caídos. En ese lugar hay 35 mil personas enterradas, tanto del bando nacional franquista como republicano, de las cuales doce mil están sin identificar.


–¿Qué otras recomendaciones hizo el grupo de trabajo?

–Es fundamental elaborar dos bases de datos que no existen: una base de datos genéticos de todas las personas que buscan a sus seres queridos y otra de datos genéticos de las exhumaciones que se realizan, con restos que al día de hoy no han sido identificados. El plan nacional, además, debe contar con recursos suficientes. Hoy no hay asignado un solo centavo por parte del Estado español para las exhumaciones.


–El paso del tiempo conspira para que esta iniciativa prospere.

–Este plan tiene que realizarse de manera urgente. Los últimos testigos o familiares que vieron con vida a las personas desaparecidas entre 1936 y 1939, período en el que se produjo el mayor número de esos crímenes, hoy tienen ochenta o noventa años. En una etapa prioritaria, el plan nacional debe obtener un registro oral y escrito de todas estas personas que tendrían algún tipo de información.


–Según usted, hasta la fecha fueron identificadas tres mil fosas. Pero podría haber más. ¿Cuántas se calculan en todo el territorio español en total?

–Nadie nos dio ese dato.


–Una demanda relacionada con la memoria tiene que ver con el Valle de los Caídos, monumento cuya construcción fue ordenada por el dictador Francisco Franco.

–Muchas de las víctimas de la dictadura consideran que éste no es un memorial donde sus seres queridos estén debidamente representados y tratados. Y mucho menos, en el mismo lugar donde está enterrado Franco. Otro tema paralelo en memoria se vincula con la quita de todos los símbolos y apologías de la época franquista: desde el cambio en el nombre de calles hasta la remoción de monumentos y placas recordatorias. Esto último ya se comenzó a realizar.


–¿Cómo interviene el Poder Judicial ante la existencia de fosas comunes? ¿Qué sucede en los ayuntamientos y comunidades autónomas?

–Hoy, si se realizan exhumaciones, los jueces no participan. Si se abre una fosa donde supuestamente hay una persona desaparecida, el fiscal no se apersona para proteger la escena del crimen. Muchas veces ni la policía está presente. Hay una renuencia total a cualquier intención de investigar. Algunas veces, los ayuntamientos prohíben realizar las exhumaciones, dependiendo del signo político que gobierne. El plan nacional debe tener un establecimiento claro de las responsabilidades institucionales y obligaciones para permitir las exhumaciones y excavaciones.


–Son las asociaciones de memoria, junto a los familiares, quienes mayormente llevan adelante excavaciones y exhumaciones. Pero, sin un protocolo que surja del mismo Estado, estas prácticas pueden perjudicar la identificación de los desaparecidos.

–La información que hemos recibido es que hay una capacidad profesional importante que se ha desarrollado sin ningún tipo de apoyo sistémico del Estado y sin un marco jurídico claro. Gran parte de las exhumaciones se hicieron con distinto grado de profesionalismo.


–En los procesos de exhumación que se practican en España no interviene, como sucede en la Argentina, una entidad con la expertise del Equipo Argentino de Antropología Forense.

–Lo más parecido que hay es una entidad científica del País Vasco: (Sociedad de Ciencias) Aranzadi. No hay nada como el Equipo Argentino de Antropología Forense.


–La experiencia del Equipo Argentino de Antropología, que llevó su colaboración a Irak, Guatemala, Libia y México, entre otros países, podría ser un importante aporte en la búsqueda de desaparecidos en España.

–Cualquier apoyo internacional que haya para mejorar la forma en que se realizan las exhumaciones es bienvenido.


–No son pocas las dificultades que enfrentan quienes buscan justicia. El alcance de La Ley de Memoria Histórica es limitado, la vigencia de la Ley de Amnistía sigue siendo un freno, no está tipificada la desaparición forzada en el ordenamiento judicial, España carece de una ley de acceso a la información y no se desclasifican los archivos de la dictadura. ¿Cómo pueden vencerse esas barreras?

–Esos obstáculos individuales tendrían que superarse a través de las acciones del Poder Judicial. Resolverlos de manera integral, en cambio, requiere una conjunción de los tres poderes del Estado. La tipificación del delito de desaparición forzada, de manera autónoma, demanda una intervención del Congreso, que también debería establecerlo como un delito continuado e imprescriptible. El Consejo de Ministros debe autorizar la desclasificación de archivos. La gran mayoría de los obstáculos podría ser superada, en principio, con un Poder Judicial mucho más activo que utilice, de manera más consistente, las normas internacionales en materia de derechos humanos. En países como Chile hubo importantísimos procesos judiciales y se logró condenar a muchas personas por desapariciones forzadas, aun cuando se mantiene la vigencia de la Ley de Amnistía y no hay un delito autónomo de desapariciones forzadas. Es posible juzgar si hay voluntad del Poder Judicial, a pesar de las limitaciones que imponen los Estados. El punto fundamental es qué actitud asumen los jueces frente a estos obstáculos.

sábado, 22 de septiembre de 2012

Justicia crea un archivo sobre los 4.440 españoles que murieron en campos de concentración nazis

 
Europa Press Madrid 19/09/2012
Lanza un buscador en la web del Ministerio para obtener los datos de los fallecidos en Alemania y Austria.
Españoles en el campo de Mathausen
El Ministerio de Justicia ha puesto en marcha una base de datos a través de la cual se podrá acceder a la información sobre los 4.440 españoles que murieron en los campos de concentración nazis de Austria y Alemania durante los años de la posguerra española, ha informado este miércoles de departamento del Alberto Ruiz-Gallardón. El Gobierno considera que esta iniciativa es de interés tanto para investigadores como para particulares, y es accesible a través de la pestaña de Memoria Histórica, en la web del Ministerio de Justicia.
La base de datos funciona a través de un buscador en el que se pueden rellenar uno, varios o todos los campos que ofrece, de forma que el sistema arrojará la información que coincida con los campos completados. Para cada una de las 4.440 víctimas, la aplicación ofrece su nombre y apellidos, fecha y lugar de nacimiento, fecha y lugar de fallecimiento, y el documento histórico original del aviso de deceso. Las certificaciones relativas a esta documentación podrán solicitarse al Registro Civil Central.
El lanzamiento de esta base de datos ha sido posible gracias al proceso de digitalización de las fichas enviadas por el Ministerio de Excombatientes y de Víctimas de la Guerra de Francia, en las que se incluyen los avisos oficiales de decesos de los fallecidos en campos de concentración. Estos datos se encontraban encuadernados en diez volúmenes que entraron en el Registro Civil español a mediados de los años cincuenta, en los cuales aparecen los datos de estas personas. Una vez digitalizada la información, se ha procedido a ordenarla y a elaborar la base de datos.
Con esta actuación, la División de Derechos de Gracia y otros Derechos completa el trabajo iniciado por la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura, cuyas competencias ha asumido tras la reestructuración del departamento. Justicia considera que esta iniciativa se encuadra en la "normal aplicación y desarrollo de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura"

domingo, 27 de noviembre de 2011

Projecte: “Devuélveme la voz”

Bloc de la Biblioteca del Pavelló de la República
El projecte “Devuélveme la voz” de la Universitat d’Alacant. L’objectiu d’aquest projecte és difondre els continguts sonors de les emissores que, a l’exili o de manera encoberta a Espanya, van defensar la democràcia enfront del franquisme.

L’origen del projecte és la donació que va fer el senyor Julián Antonio Ramírez l’any1999 a la Universitat d’Alacant de l’arxiu sonor de Ràdio París, l’emissora en espanyol de la radiodifusió francesa, una col·lecció integrada per 800 cintes aproximadament. Des de llavors, la Universitat d’Alacant ha treballat en la restauració, digitalització, catalogació i indexació d’aquests materials per transformar-los en aquest portal que recupera la paraula a l’exili.

La importància d’aquest projecte rau en la necessitat de desenvolupar un arxiu sonor radiofònic i un portal temàtic que siguin lloc de referència en un doble sentit divulgatiu i investigador, en sentit ampli i multidisciplinari, ja que aquests fons radiofònics, inèdits fins al moment, resulten de vital importància per a la recuperació de la història i la memòria del país.

martes, 27 de septiembre de 2011

Discurso pronunciado por Carmen Negrín en ocasión de la entrega de las copias del archivo Juan Negrín

(partes correspondiente a los Ministerio de Hacienda, de Guerra y Presidencia del Consejo)

Salamanca, 24 de Septiembre, 2011

Excelentísima Señora Ministra de la Cultura,
Señor Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas,
Señor Presidente de la Fundación Juan Negrín,
Señoras y señores,

Encargado por el gobierno de la segunda República para el pabellón español en la exposición universal de 1937 en París, el Guernica de Picasso, después de muchas negociaciones, llegó en 1981, de Nueva York a España, a un país considerado por fin democrático.

Ese cuadro del cual se ha vuelto a hablar recientemente, no es un cuadro cualquiera, es un grito de denuncia de la guerra y de los ataques de los enemigos de la República establecida legalmente, tras las elecciones del ‘31.

Simboliza una llamada en contra de un golpista y de sus aliados, los Fascistas Italianos y Portugueses, junto a los Nazis Alemanes que estrenaron, si se puede decir así, contra una población civil indefensa, los primeros ataques aéreos militares, tanto en Madrid como en esa ciudad vasca de Guernica.

Aprovecho para hacer un paréntesis y recordar que a pesar de la brutal intervención extranjera, frecuentemente aminorada u omitida en la versión historiográfica franquista y neo-franquista, se sigue denominando erróneamente la Guerra de España Guerra civil, como si el concepto exclusivo de una guerra fratricida con auge nacional bastara para calificarla.

Cerrando el paréntesis, vuelvo al Guernica. Picasso lo calificó personalmente de “instrumento de guerra ofensivo y defensivo, contra el enemigo”, agregando también que “La guerra de España es la batalla de la reacción contra el pueblo, contra la libertad. Toda mi vida de artista, dijo, no ha sido más que una lucha continua contra la reacción y la muerte del arte. En el panel en que trabajo y que llamaré Guernica y en todas mis obras recientes, expreso claramente mi horror de la casta militar que ha hecho caer España en un océano de dolor y de muerte.”

74 años después, este cuadro sigue contando y hablando, a tal punto que Colin Powell hizo cubrir su reproducción en las Naciones Unidas cuando intervino a favor de la guerra de Irak, como si el cuadro fuera una conciencia que no se puede callar.

Espero que el archivo de Juan Negrín, cuya copia le entrego hoy, después de muchos años de esfuerzo, en particular de la Fundación Juan Negrín, pero también del gobierno Canario y de su propio ministerio, espero que este archivo sirva de memoria y sobre todo de conciencia.

Antes de decidirme a regresar el archivo y a depositarlo en España, tras de 72 años de exilio, surgieron muchas preguntas, entre las cuales: si sería o no conforme a la voluntad de mi abuelo, y , no menos importante, si el país había evolucionado suficientemente para preservarlo y valorarlo debidamente.

La primera pregunta fue relativamente fácil de contestar: en su momento, mi abuelo luchó por preservar el patrimonio del Museo del Prado por considerarlo patrimonio universal. Para ello, con la ayuda de la Sociedad de Naciones, logró sacarlo integralmente de España, protegiéndolo de los bombardeos indiscriminados de los aliados de Franco y acordó que regresara una vez la lucha armada finalizada.

Del mismo modo, logró preservar su archivo, clave para entender la memoria de un gobierno, base de un estado democrático, sacándolo de España, y, poco después, protegiéndolo de la ocupación nazi en Francia.

Dado este comportamiento y sabiendo el cariño que tenía por España a la cual había sacrificado todo, no dudo que hubiera querido que en el momento más apropiado, regrese a su país.

El mismo había decidido, poco antes de morir, entregar al Estado Español los documentos referentes al mal llamado oro de Moscú, documentos que fueron ocultados y prácticamente olvidados hasta el momento en que las copias certificadas salieron del archivo. Uno de los pocos en no olvidarlos y en referirse a ellos en los años 70, fue Ángel Viñas que fue inmediatamente censurado.

Tengo que admitir que la segunda pregunta (si el país había evolucionado suficientemente para preservarlo y valorarlo debidamente), fue la más difícil de evaluar. España no es una república y los reflejos franquistas están tan profundamente arraigados que a veces un exiliado o hijo o nieto de exiliado, como yo, se siente desconcertado ante ciertas reacciones o preguntas.

El mismo hecho que Juan Negrín sea o haya sido durante muchos años más desconocido en su país que fuera, me parecía sorprendente: ¿cómo se puede entender una guerra que afectó, directamente o indirectamente, a todos los Españoles, si uno desconoce sus principales actores? Es como tratar de entender la segunda guerra mundial sin saber quienes fueron de Gaulle o Churchill.

Otras dudas: ¿Porqué en un país europeo, el Estado no se ha implicado directamente, en el trascurso de treinta y tres años, en sacar de las fosas comunes y en dignificar a todas las víctimas del franquismo? ¿Porqué se ha dejado en un pudridero a más de 30.000 víctimas justo debajo de la tumba-mamotreto del responsable de sus muertes y de su ideólogo? ¿Porqué se recibe con tantos honores, en un país no laico pero sin confesión estatal, al más alto dignatario del Vaticano, cuando este jamás ha pedido perdón por su colaboración en el exterminio más importante que se ha llevado a cabo en Europa después del genocidio judío?

Pero lo que me sorprende aun más, es que, a pesar de la facilidad de acceso a la información primaria, se siga equiparando un gobierno legítimo y legal con una banda golpista. El haber ganado una guerra no da automáticamente la razón, ni justifica un tratamiento de favor.

Supongo que la única respuesta que se impone, es que el sufrimiento ha debido de ser tan tremendo que, pese al paso de los años, sobra miedo, sobra silencio y sobra desconfianza.

Ante estas contradicciones fundamentales de un régimen donde se ha restablecido “las libertades públicas” tan deseadas por Picasso, de una democracia monárquica, consideré que lo mejor era dar a conocer un máximo de información, y que mejor medio que el propio archivo del Ministro de Haciendo, en plena guerra, que la documentación de la Presidencia del Gobierno, y que la documentación del Ministro de la guerra.

Si en un principio, mi objetivo fue dar a conocer a la figura política de mi abuelo, a medida que iba avanzando en el trabajo que yo llamo de excavación en el archivo, rápidamente me pareció obvio que su destino era inseparable del de la segunda República y que, aun sin conocer a fondo el archivo, había que dejarlo hablar por si mismo, así solamente se podrá desenmascarar poco a poco la historiografía franquista. Es necesario para el futuro; no es solo una cuestión de conocimiento y de cultura, es una cuestión de ética y de conciencia, esa conciencia, que, como el cuadro de Guernica, nunca calla.

Muchas gracias

A diferencia de la represión sistemática desatada por el bando rebelde para imponer su estrategia, la caótica violencia del otro bando tuvo lugar a pesar de las autoridades republicanas, no gracias a ellas. De hecho, los esfuerzos de los sucesivos gobiernos republicanos para restablecer el orden público lograron contener la represión por parte de la izquierda, que, en términos generales, en diciembre de 1936 ya se había extinguido.

NO se puede entrar en esa política de equivalencia

En contra de la interpretación franquista (Real Academia)

Juan Negrín López (Las Palmas de Gran Canaria, 1892- París, 1956), médico y político, lideró la República en los últimos años de la guerra. Durante la dictadura Franco sometió a la figura de Negrín a una campaña de desprestigio encarnizada en España. El legado. Negrín, que tuvo varios cargos políticos antes de salir de España al frente de los vencidos, conservó infinidad de documentos públicos y privados de enorme valor para desentrañar los años centrales del siglo XX en España y Europa. Historiadores de primer nivel han realizado ya descubrimientos trascendentales para la historia, como la verdad sobre el «oro de Moscú» o 
n A buen recaudo. En 1939 el archivo se sacó de España y poco después tuvo que esconderse de los nazis durante la ocupación de París. A la muerte de Negrín quedó en manos de su familia. Lo quiso el Ministerio de Cultura y la Fundación Pablo Iglesias. 
n Futuro. Pero, gracias a las gestiones de la Fundación Juan Negrín, los originales serán depositados en su futura sede de Vegueta. El convenio fue firmado por el Cabildo en el mandato anterior y continua con normalidad

viernes, 18 de marzo de 2011

El listado de la Memoria Histórica incluirá 4 millones de casos documentados de represaliados por la dictadura franquista

Homenaje a Protasio Montalvo, “el último topo”

18 Marzo 2011 Pedro Echevarría ..El listado de la memoria histórica del Archivo Histórico Nacional contendrá hasta cuatro millones de casos de represión durante la dictadura franquista. Así lo afirmó ayer en Madrid el Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura, Rogelio Blanco, durante el acto de Homenaje a Protasio Blanco, “el último topo”, celebrado en la sede de ese organismo.

En la actualidad el listado recoge ya 700.000 casos, que se ampliará en las próximas semanas en otros 700.000 y, cuando se finalice el trabajo los trabajos, la lista llegará en los cuatro millones. “Son casos totalmente documentados” –ha respondido Rogelio Blanco a preguntas de Diario progresista- “con nombres y apellidos. El celo en que cada caso esté debidamente acreditado hará que el listado falten nombres como el de Federico García Lorca, de cuyo caso no existe documento alguno, por lo que no estará recogido por el Archivo Histórico Nacional”.

El acto celebrado en Madrid ha contado con la presencia de Isabel Pérez Montalvo, concejal de Ayuntamiento de Cercedilla y nieta de Protasio Montalvo, alcalde de esa localidad madrileña hasta la entrada de las fuerzas rebeldes en 1937. Montalvo permaneció escondido en su propia casa durante 38 años, hasta la llegada de la democracia, y sólo salió de su refugio secreto cuando miembros del partido socialista fueron hasta allí para hacerle entrega de su carné de un PSOE otra vez legalizado. En un discurso marcado por los recuerdos personales, Isabel Pérez Montalvo contó al auditorio cómo, siendo sólo una niña, tuvo que aprender a mantener el secreto del “topo” que vivía en su casa y las consecuencias que desvelarlo podía tener para su familia. Hasta el punto, ha confesado, de que pasó esos años de infancia soñando en repetidas ocasiones que su abuelo fallecía y en su familia no sabían qué hacer con el cadáver. Afortunadamente, tras casi 40 años, Montalvo pudo salir de la prisión en la que se había convertido su propia casa y disfrutar hasta sus últimos días de la restablecida democracia española.

En el acto, al que han asistido la delegada del Gobierno y Madrid, Amparo Valcarce, y el secretario general de PSM-PSOE y candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Tomás Gómez, entre otras personalidades de la política, ha intervenido también el escritor madrileño Benjamín Prado, que ha hecho un repaso a sus novelas, en las que la posguerra y la transición son protagonistas principales

viernes, 4 de febrero de 2011

Los consejos de guerra verán la luz


Tiempo-4 de febrero 2011-  El Ministerio de Defensa que dirige Carme Chacón elaborará este año un censo de las causas judiciales militares que se abrieron durante el franquismo, en aplicación de la ley de la memoria histórica. Una vez realizado el citado inventario, los responsables de la Subdirección General de Archivos empezarán la digitalización de toda la documentación, que incluye los consejos de guerra, para ponerlos a disposición del público y los investigadores que analizan ese período de la historia.

miércoles, 26 de enero de 2011

El Centro Documental de Salamanca recibe 37.000 fichas de condenados a muerte en el franquismo

26.01.11 Agencia EFE
La ministra de Cultura, Ángeles González- Sinde, ha anunciado hoy que el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca recibirá próximamente unas 37.000 fichas de condenados a la pena capital en causas abiertas por tribunales del franquismo entre 1938 y 1943
González-Sinde ha hecho este anuncio en respuesta al diputado socialista Jesús Caldera, quien en la sesión de control al Gobierno en el Congreso se interesó por los fondos que se están incorporando al Centro de Salamanca por parte del Ministerio de Cultura.
En su respuesta, la ministra ha señalado que el Archivo General de la Administración tiene pendiente remitir las fichas de seguimiento de condenados, recibidas del Ministerio de Justicia, y ha precisado que éstas se trasladarán al Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca o al futuro centro -ampliación del que ya existe- de la Plaza de los Bandos de la misma ciudad.
La responsable de Cultura ha destacado el "amplio" programa puesto en marcha por su Departamento para recuperar documentos que van desde 1936 y 1978 para el estudio de la guerra civil, la dictadura franquista, el exilio o la transición.
El primer paso, ha dicho, es recopilar todos los documentos existentes en otros archivos, comenzando por los fondos del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca
Además, ha señalado, se han integrado los fondos provenientes de "órganos represivos" del franquismo, como las 4.500 cajas del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas y los documentos de organismos diversos, como las 4.020 cajas de la Causa General y los Tribunales de la República y las 141 cajas con documentación de campos de concentración, procedentes del Tribunal de Cuentas.
Según la ministra, se han incorporado también aproximadamente 30.000 negativos y positivos fotográficos de los archivos de distintos fotógrafos del periodo, adquiridos por el Ministerio de Cultura.
A este material se añaden "cuantiosas" donaciones de particulares, fondos de procedencia internacional, principalmente de exiliados en Francia, Rusia o México, y cerca 300.000 documentos digitales de Cruz Roja Internacional.
Todo ese material, según González-Sinde, tiene un valor "esencial" para el estudio y conocimiento de la historia reciente española "y de la represión política ejercida en España durante más de tres décadas", utilizando los propios testimonios documentales de los encausados, al igual que existen centros de esta naturaleza en los países europeos del entorno.
La ministra también ha precisado la "voluntad decidida" del Ministerio de digitalizar este Centro Documental para que investigadores y ciudadanos puedan acceder a su contenido a través de internet.
Caldera ha señalado que el Centro de Salamanca se ha convertido en un "centro de referencia" para ciudadanos e investigadores acerca de la "triste memoria" de la guerra civil, con el ánimo de que "hechos tan lamentables no vuelvan a repetirse".
El diputado socialista ha recordado las "apocalípticas" declaraciones realizadas "desde las filas conservadoras", y ha precisado que la salida de documentos "fue mínima" en comparación con "la gran cantidad de nueva documentación" que está llegando.
Caldera ha expresado también su deseo de que quienes descalificaron entonces "se avergüencen hoy de su comportamiento", al haberse logrado un centro que es "un extraordinario exponente de nuestra convivencia".

martes, 25 de enero de 2011

El Ministerio de Cultura adquiere el archivo de Carlos Esplá Rizo

El conjunto documental, que ingresará en el Centro de la Memoria Histórica en Salamanca, es fundamental para conocer el exilio español en México.
24-ene-2011 Luis Pérez- suite101.net
El Ministerio de Cultura de España ha anunciado la adquisición en México de una serie de manuscritos originales pertenecientes al periodista y político español, exiliado en México, Carlos Esplá Rizo. Este importante fondo documental será asignado al Centro Documental de la Memoria Histórica, en la ciudad de Salamanca. Con él, se completa parte del archivo perteneciente a Carlos Esplá así como se pretende profundizar en el conocimiento histórico del exilio republicano español en México.

El archivo de Carlos Esplá Rizo

El archivo que el Ministerio de Cultura español ha adquirido se compone de un total 27 manuscritos originales del periodista y político español, así como dos libros de su autoría y con dedicatoria manuscrita para su sobrino Carlos Navarro Esplá. Este archivo se encontraba en México, país donde se había exiliado Carlos Esplá. Pertenecía a Alejandra Alberola, quien lo había recibido de su padre, Carmelo Alberola Costa, persona fuertemente vinculada con Carlos Esplá.

Toda la documentación está compuesta de originales manuscritos, encontrándose artículos, ensayos y correspondencia personal del periodista español. Según señala el Ministerio de Cultura, la importancia de esta nueva adquisición radica en poder completar el fondo de Esplá que ya poseía el Centro Documental de la Memoria Histórica. También servirá para aportar nuevos datos sobre las actividades desarrolladas por los republicanos durante su exilio mexicano.


domingo, 26 de septiembre de 2010

Cartografies Silenciades. Espais de repressió franquista.


 
Fotografies de Ana Teresa Ortega
Del 28 de setembre al 7 de novembre de 2010
Sala Thesaurus - La Nau

Horari: de dimarts a dissabte de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores. Diumenge i festius de 10 a 14 hores. ENTRADA LLIURE
Organitza: Universitat de València
Produeix: Fundació General de la Universitat de València
Col·labora: Auditori de Galicia (Santiago de Compostela), Palau de la Virreina (Barcelona) i Museu de la Pau de Gernika (Bizkaia-Euskadi)
Projecte: Pep Benlloch i Ana Teresa Ortega
Coordinació general: Norberto Piqueras

ARXIUS DE LA MEMÒRIA

Des que en els primers anys de la dècada dels 70 la fotografia començara a acostar-se, a determinats països europeus i als Estats Units, al camp de l’art contemporani −primer com a acompanyant i després com a document indispensable−, ha anat cobrant una autonomia pròpia. Actualment constitueix un dels suports prioritaris utilitzats per artistes de diverses procedències i des de diferents plantejaments.
Al nostre país, aquesta renovació del llenguatge fotogràfic va ser pobra, lenta i amb un caràcter discontinu. Les condicions sociopolítiques de l’Estat espanyol no van propiciar de cap manera aquest canvi, que es va consolidar únicament per l’esforç i la voluntat dels implicats: un grup de fotògrafs joves, com Joan Fontcuberta, Pere Hormiguera, Grupo El Yeti, Jorge Rueda, etc., que van estar en l’òrbita de la revista Nueva Lente; artistes conceptuals catalans, com Eugenia Balcells, Muntadas, Francesc Torres o Miralda, i finalment autors que van consolidar a nivell nacional l’alternativa conceptual més seriosa i rigorosa, com Isidoro Valcárcel Medina, Esther Ferrer o Juan Hidalgo.
A València, aquest canvi va arribar anys més tard, i una de les artistes que hi va participar de manera activa des de principi dels 80 va ser Ana Teresa Ortega. Dels seus primers treballs, allunyats de la fotografia sobre suports tradicionals, es pot destacar −a més de la utilització de propostes híbrides amb l’escultura− un discurs allunyat de les pràctiques documentals habituals en aquells moments i de la fotografia excessivament preocupada pels resultats tècnics. Les seues fotoescultures participaven, d’una banda, d’un cert neopictorialisme, ja que les imatges reclamaven un distanciament continu de l’exactitud documental que imperava, i també de la reproductibilitat serial; eren peces úniques, amb la qual cosa aconseguia una certa rehabilitació de l’aura. D’una altra banda, aquestes obres participaven d’una altre dels corrents conceptuals que s’aprecien als anys 70: les pràctiques apropiacionistes. Ortega reutilitzava imatges provinents de la publicitat, de la TV, de les imatges documentals, etc. i produïa nous muntatges que rememoraven certes pràctiques de les avantguardes, però amb plantejaments postmoderns, amb un objectiu clar de qüestionar l’acció dels mass media en la societat contemporània.
Però, hi ha un altre vessant en l’obra, des dels seus inicis, que es desplaça cap a una anàlisi de la memòria social, amb treballs com Pensadors (2002) o Que el lloc de naixement no determine la teua educació.(2005). En tots dos casos, a més de guanyar lleugeresa en la presentació, per la utilització de materials transparents o muntatges molt més senzills, aposta per un clar plantejament d’anàlisi dels vestigis de la memòria en determinades disciplines, com ara la literatura i l’educació.
El projecte Cartografies silenciades (2007) representa, en el conjunt de l’obra d’Ana Teresa Ortega, un gir important cap a un grau més gran de compromís en la seua obra. Aquest treball es basa en una exhaustiva investigació en els arxius de l’exèrcit, l’Arxiu del Regne de València, el del Tribunal de Comptes i els arxius d’altres organismes que custodien documentació de diversa índole sobre la Guerra Civil. Ortega va identificar la localització exacta dels edificis i espais que van ser utilitzats com a camps de concentració o llocs de repressió durant i després de la sublevació franquista. Un element important del projecte són els documents, els plànols i la informació complementària que delimita la informació generada per les imatges. Un projecte, en definitiva, que no pot obviar el vessant documental de la imatge fotogràfica i que constitueix una font generadora de pensament i reflexió.
Junt amb la seua innegable significació política, dues idees principals destaquen en el projecte Cartografies silenciades: la idea de temps (i alguns elements que s’hi associen, com la memòria i l’arxiu) i la d’absència. Les fotografies d’Ana Teresa Ortega no pretenen ser representacions de la realitat actual, sinó que ens parlen d’un altre moment històric passat que es fa present: mitjançant la memòria d’una activitat oculta, de la qual coneixem pocs testimonis i de la qual només ens queda l’empremta i el silenci.

Pep Benlloch

jueves, 16 de septiembre de 2010

X Congreso de Historia Contemporánea (Santander 2010)

Días 16 y 17 de septiembre

La Universidad de Cantabria acoge el X Congreso de Historia Contemporánea (Santander 2010). Su Facultad de Filosofía y Letras será la sede, durante los días 16 y 17 de septiembre, de la reunión de especialistas en el campo de la Historia Contemporánea.

Organizado por el AHC y la Universidad de Cantabria, el encuentro se presenta bajo el epígrafe Historia, memoria y archivos para la Guerra Civil y el Franquismo: Posibilidades de investigación y accesibilidad. De esta manera, el encuentro se formula como un espacio de reflexión y debate científico sobre la Historia, la memoria y el uso y posibilidades de las fuentes para el estudio de la Guerra Civil y el Franquismo desde los más variados enfoques disciplinares.

El Proyecto Nomes e Voces, desde su experiencia en estas temáticas presentarán las siguientes conferencias: "Fuentes para el estudio de la represión franquista en Galicia durante la guerra civil (1936-1939): los libros de registro de defunciones", autoría de Andrés Domínguez, Lourenzo Fernández y Antonio Somoza, el día 16, y "Vinieron por nosotros ... La represión extrajudicial durante la guerra civil. El caso de Galicia", responsabilidad de Emilio Grandío, Dionisio Pereira y Julio Prada, el día 17.

domingo, 4 de julio de 2010

Los consejos de guerra salen de las catacumbas

TEREIXA CONSTENLA -Madrid. El País. La medida más inmediata será la incorporación de los nombres de 250.000 represaliados por el franquismo en juicios militares al portal de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, creado por el Ministerio de Cultura con la aspiración de convertirlo en la gran base de datos de la memoria histórica. Entre los consejos de guerra ya digitalizados figuran los organizados contra personalidades de la II República como el socialista Julián Besteiro o el poeta Miguel Hernández.


La mayoría de los nombres (198.566) corresponde a personas encausadas por el ejército de Franco en las provincias de Madrid, Cáceres, Badajoz, Toledo, Ciudad Real y Cuenca. El resto de registros se reparten entre Alicante (21.830), Albacete (16.323) y Castellón (13.407), según datos del director técnico del Archivo Histórico de la Defensa, Rogelio Pacheco.

Este archivo, con poco más de un año de vida, está digitalizando y restaurando expedientes -algunos se encuentran en pésimo estado de conservación- procedentes del Tribunal Militar número 1, con jurisdicción sobre 12 provincias. A día de hoy se ha completado la digitalización de los 9.000 expedientes de Castellón, una copia de los cuales se ha enviado a la provincia para acallar las críticas por el traslado de la documentación a Madrid. Para este año, tras los severos recortes presupuestarios, se disminuirá el ritmo, aunque los responsables del archivo confían en alcanzar el medio millón de nombres en su base de datos.

"La justicia militar ha sido impecable. No ha puesto ningún problema, son conscientes del legado que tienen y, por mucho que sea lamentable, quieren cumplir", sostiene Álvaro Martínez-Novillo, subdirector general de Patrimonio Histórico Artístico de Defensa, para disipar las dudas sobre la opacidad de la institución. En la presentación del portal de víctimas de la guerra y la dictadura, hace un mes, algunos investigadores y familiares criticaron la ausencia del material de los tribunales militares, donde se han custodiado los consejos de guerra desde 1936. "En cuanto nos lo pidan, los enviamos. Estamos pendientes de que nos digan qué es lo que quieren que colguemos allí. Sabemos que aportamos una información fundamental para el estudio de la represión de la justicia militar durante la guerra y la posguerra", asegura Martínez-Novillo.

En el Ministerio de Cultura, por su parte, se muestran "encantados" con la incorporación de las referencias militares al portal que arrancó como una suerte de memorial virtual. El director general de Archivos, Libros y Bibliotecas, Rogelio Blanco, ha destacado el éxito del portal, en el que se han efectuado más de 407.000 búsquedas en apenas un mes, y su carácter integrador. "A pesar de las críticas, no es partidista, están todas las víctimas como se puede ver con nombres como el de Ramiro de Maeztu o Muñoz Seca", argumenta.

Desde el portal sólo se accede al nombre y a la referencia que remite al archivo público donde se haya depositado el expediente. Al menos de momento no se pueden consultar los documentos íntegros en Internet.

"No hay ningún obstáculo para colgar las sentencias, puesto que son públicas, pero existen dudas legales sobre los sumarios donde figuran declaraciones de testigos", indica Martínez-Novillo. El portal de víctimas arrancó con 750.000 nombres, extraídos de expedientes depositados en algunos de los archivos estatales que dependen de Cultura.

A ellos se agregarán ahora los 250.000 que figuran en los consejos de guerra ya digitalizados por Defensa, aunque algunos casos estarán duplicados.

jueves, 11 de marzo de 2010

Memoria de los esclavos de Franco

Centenares de nuevos documentos evocan la vida de los presos en los campos de concentración de la dictadura - El Tribunal de Cuentas cede sus fondos a Cultura

TEREIXA CONSTENLA - Salamanca - 11/03/2010 La burocracia lo justifica todo por escrito. También la ignominia y la miseria. "Vale por dos botes de leche para un evadido enfermo procedente del campo rojo, por prescripción del médico". El 23 de febrero de 1938, el cabo de guardia autorizó en una nota manuscrita el extra alimenticio (¡dos botes de leche!) a un enemigo enfermo. Luego estampó el sello de la Comandancia Militar de Fraga (Huesca). Mientras los españoles se mataban entre sí, la miseria y la ignominia avanzaban haciendo estragos.

La nota de los botes de leche viajó por un intrincado laberinto hasta acabar en el Tribunal de Cuentas. Igual que centenares de documentos similares. Vales donde se da cuenta de las latas de atún, sardinas, "vaca ajardinada", libras de chocolate, alubias, café o mermelada que se distribuían a soldados y prisioneros durante la Guerra Civil y la posguerra. Es una pequeña memoria de la miseria. Pero el Tribunal de Cuentas conserva también la gran memoria de la ignominia: los movimientos en 132 campos de concentración y 541 batallones de prisioneros forzados a trabajar en obras militares o civiles tras ser apresados por el ejército sublevado. Sus integrantes fueron la avanzadilla de los llamados "esclavos de Franco", que reconstruyeron buena parte de lo destruido durante la Guerra Civil. A partir de mañana (viernes), este fondo podrá ser consultado en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, donde la subsecretaria de Estado de Cultura, Mercedes de Palacios, depositará las 145 cajas procedentes del Tribunal de Cuentas, tras el convenio firmado entre el presidente del organismo, Manuel Núñez y la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, hace un año. EL PAÍS ha tenido acceso a su contenido.

- Altas y bajas. En estos fondos se pueden rastrear numerosas identidades de quienes pasaron por 132 campos de concentración y quienes nutrieron 541 unidades de trabajadores forzosos (acuñadas bajo diferentes denominaciones: batallones disciplinarios de soldados trabajadores, batallones de trabajadores...). Hay listados con las altas y bajas de cada mes. Una copia se remitía al Tribunal de Cuentas para justificar el dinero necesario para alimentar a los detenidos y, en el caso de los batallones, para pagarles por su trabajo. Un ejemplo: el campo de concentración de Huelva comienza a funcionar en febrero de 1939 con 3.202 prisioneros. En julio se cierra con 662. Los listados detallan los nombres de cada recluido y su destino: a disposición del gobernador civil, pendiente de la comisión clasificadora, al inspector de carabineros, hospitalizado, en libertad o fallecido.

viernes, 5 de febrero de 2010

La memoria que tampoco pudo ser libertad

El Archivo Histórico Provincial recibió ayer más de 60.000 expedientes de presos malagueños de entre 1929 y 1958.


J. T. 04.02.2010 En su empeño de sacar la realidad oculta a la luz, el paradigma de la memoria histórica no tiene en el olvido su único enemigo. También la justicia y sus dictámenes han favorecido, a menudo, que la interpretación de los hechos ganada para el futuro haya caminado, demasiado a menudo, en una sola dirección. Contra esta situación, el centro penitenciario de Málaga depositó ayer en el Archivo Histórico Provincial más de 60.000 documentos antiguos que corresponden a expedientes de presos. Concretamente se trata de la cuarta transferencia de documentación que la cárcel realiza en las dependencias gestionadas por la Consejería de Cultura. Se trata de un paso decisivo para conocer el pasado de la provincia, también desde sus recuerdos menos nobles, dado con un objetivo decisivo: estos documentos permitirán, según explicó ayer en el acto de recepción el delegado provincial de la Consejería Cultura, Manuel Jesús García, ahondar, entre otras cosas, en la investigación sobre la memoria histórica en Málaga. Serán ahora, por tanto, los historiadores e investigadores, los encargados de dar formar y extraer conclusiones del legado.


García recibió los documentos del director del centro penitenciario, Antonio Guerrero. Son expedientes fechados entre 1929 y 1958 que proceden de las antiguas prisiones de Málaga, la central de mujeres y de los municipios malagueños de Antequera y de Ronda. García destacó asimismo el “ejemplo de colaboración entre administraciones” que supone depositar estos expedientes. De este modo se consigue, precisó, “proteger el patrimonio documental y facilitar la consulta de una documentación de alto valor informativo y muy demandada”. Estos expedientes, además, permitirán facilitar el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y proporcionar datos de interés a investigadores y a particulares “preocupados por la suerte que corrieron sus familiares encarcelados durante los años a los que hace referencia la documentación”.


Incluso de estos escritos se puede extraer información sobre posibles fallecidos en fosas comunes o facilitar la obtención de certificados para probar la nacionalidad de los descendientes de exiliados. Una labor que entronca directamente con las excavaciones desarrolladas en el antiguo cementerio de San Rafael, donde ya se han desarrollado varias campañas que han sacado a la luz el mayor número de fosas comunes de la península.García Martín subrayó igualmente el trabajo de organización, ordenación y descripción que realiza el Archivo Histórico, dirigido por Esther Cruces, ya que es una labor que posibilita localizar reseñas concretas entre cientos e incluso miles de documentos, muchos de ellos en un estado de conservación “deficiente”. Por su parte, el director del centro penitenciario aprovechó el acto para entregar al Archivo una escultura realizada por los internos y titulada La burocracia mata, un regalo lleno de ironía que el delegado agradeció públicamente.


De las cuatro transferencias de documentos realizadas ahora desde el centro penitenciario de Málaga hasta el Archivo Histórico Provincial, la materializada ayer es la más importante dado que abarca los años de la Guerra Civil y la primera época del franquismo. En el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica no sólo destaca la labor que pueden emprender ahora los historiadores para poner luz y taquígrafos en episodios como la entrada del ejército sublevado a la capital con el apoyo de tropas alemanas e italianas y la huida de buena parte de la población por la carretera de Almería; los más de 60.000 expedientes pueden resultar decisivos y más que útiles para descendientes de presos políticos que pueden hacer valer sus derechos respecto a la ley, a la hora de percibir indemnizaciones y reparaciones. De cualquier forma, la documentación entregada ayer en el Archivo Histórico es una parte de Málaga que, por menos renombrada, más atención merece.

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