Relator ONU: Pedimos a España más justicia universal y responde anulándola

Ariel Dulitzky

Rafael Martínez - Madrid, 25 may (EFE).- 

Ariel Dulitzky saltó a la fama en España cuando reclamó al Gobierno más compromiso con las víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo. En su informe preliminar, el relato de la ONU pidió también más justicia universal, lo que no esperaba era la respuesta del Gobierno: "Ahora es prácticamente nula"

En entrevista con Efe, el presidente-relator del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias se sorprende cuando habla de lo que ha pasado con la justicia universal en España ya que fue "un país pionero en aplicar este principio".

Al término de su visita de trabajo a España el pasado septiembre, el Grupo de Trabajo de la ONU pidió al Gobierno que regresara a la aplicación de este principio. "En cambio, unos meses después la jurisdicción universal en España es prácticamente nula", señala Dulitzky, que esta semana ha participado en Madrid en el "I Congreso de Jurisdicción Universal en el Siglo XXI".

"Pedimos que no se produjeran nuevas modificaciones legislativas que restringieran aun más la justicia universal", explica al recordar la reforma de 2009 impulsada por el anterior ejecutivo socialista. "Pero no ha sido así", dice.

Dulitzky se resiste a especular sobre los motivos del Gobierno para impulsar la reforma pero sí sobre sus resultados. "La reforma no ha frenado a los jueces y las instrucciones sigue adelante", explica, lo que demuestra que las instituciones del Estado "están respondiendo de forma diferente" sobre este asunto.

El relator no comparte "en absoluto" los argumentos del Ejecutivo a la hora de justificar la reforma. "La justicia universal sí produce resultados muy positivos y los tribunales españoles han sido testigos de ello", asegura.

Y las enumera. Permite a las víctimas que no tienen otro sistema judicial donde acudir un ámbito donde los jueces las escuchen, es decir, "son tratados como seres humanos con derechos", comenta. También se han producido condenas y detenciones como la del dictador chileno Augusto Pinochet, recuerda.

Continúa, pero ahora alabando el rol de los tribunales españoles. "Hay evidencias que se produjeron aquí que hoy están siendo utilizadas en tribunales de otros países", asevera Dulitzky. Y además, agrega, la apertura misma de casos de justicia universal en España "ha facilitado que los procesos se reactiven en los países donde se cometieron".

En su opinión, "hay una correlación muy directa entre la justicia universal ejercida en España y el desarrollo que se vio en Chile, Argentina y Guatemala".

Pese a todo, pronostica que el debate y la polémica sobre la justicia universal no ha hecho más que comenzar. "Tendremos muchas idas y vueltas, hay que esperar".

En cambio, el tiempo apremia cuando reflexiona sobre los más de 114.000 desaparecidos y 30.960 niños secuestrados o robados en la Guerra Civil y el Franquismo, el tema sobre el que pivota la investigación que dirige en Naciones Unidas.

Un número "extremadamente alto", asegura, si bien recuerda que son cifras del Juzgado de Instrucción Penal número 5 de la Audiencia Nacional. "No es un dato definitivo porque nunca ha existido una investigación oficial del Estado ni un registro oficial", lamenta.

A la espera de su informe final, que será presentado el próximo septiembre en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el experto fija su atención en el Tribunal Constitucional, al pedir que se pronuncie sobre la prescripción de los crímenes y la Ley de Amnistía: "No puede estar al margen".

Explica que una doctrina constitucional sobre estos asuntos ofrecería la oportunidad de modificar la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

"Habría que permitir al Constitucional que se pueda pronunciar sobre la prescripción, la aplicación de la ley de amnistía y la comisión de verdad de las víctimas", propone el jurista argentino.

Con todo, Dulitzky defiende que los crímenes cometidos en la Guerra Civil y el Franquismo constituyen crímenes internacionales que ya existían con esa tipificación cuando se cometieron. "Por lo tanto son imprescriptibles", añade.

Pero en su objeto de análisis, es aun más rotundo. "Con las desapariciones forzadas el crimen es continuado hasta que no se establece el paradero de la persona". Por ello, explica, "lo que está haciendo España es claramente contrario a sus obligaciones internacionales".

#Bringbackourgirls Campaña por la liberación de las niñas nigerianas secuestradas

La Justicia y la familia

MJBarreiroLG 26/1/14

El pasado 15 de este mes por fin pude presentar las tres denuncias familiares junto a otras tres colectivas en el Consulado de Argentina en Barcelona.

La decisión de volver a entregar toda la documentación de mis dos familiares fusilados llegó gracias a que la jueza María de Servini en el mes de septiembre decide abrir todos los consulados argentinos del mundo para que víctimas y familiares podamos denunciar libremente, sin intermediarios, que en mi caso y en el muchas familias desde hace ya año y medio que entregamos toda la documentación estábamos enredados en un bucle de engaño ya que nuestra documentación a día de hoy no tenemos pruebas fehacientes de que haya entrado en año y medio en el juzgado de dicha jueza.

Por lo cual esta vez si sé, si sabemos en la familia que nuestros familiares asesinados, más el posible bebe robado en Cartagena entran por fin en el juzgado.

la Justicia y la familia, sin intermediarios que habiéndoles dado los poderes notariales hace año y medio se han servido de esa manera de nuestra desgracia y de nuestro dolor pero la palabra dada de que los crímenes familiares entraban en el juzgado argentino nunca la cumplieron, ni para nosotros ni para muchas más familias.

Por lo cual aconsejo no creer nada de palabras dadas, quien quiera tener la seguridad de que sus documentos entran o entraron en el juzgado no tiene más que exigir un documento firmado por dicho juzgado, de no ser así la seguridad nunca la tendrán, palabras que se las lleva el viento; poderes judiciales que en su día han servido sumados unos a otros para reforzar judicialmente en Argentina la actuación de determinadas personas pero nunca en beneficio de los muertos de las personas que hemos firmado, por lo menos de los que no hemos tenido la suerte de ser los elegidos de los señores que se nombraron en dueños de un proceso histórico para la población de este país.

Mucho es el daño ocasionado, crearnos expectativas falsas de poder pedir justicia y dejarnos tirados con la necesidad y el dolor, dejar a los muertos en boca de unos y otros según la ignorancia humana les da por pensar que los muertos se seleccionan. Mayor escarnio no podríamos pasar, nuestros muertos en entredicho y nuestra documentación ya no la antigua sino la vigente sin saber donde se encuentra y que ley de protección de datos de que país la ampara.

A través del Consulado no tenemos abogados ni procurador, pero si tenemos la seguridad que este organismo lo entrega al juzgado de la causa contra los crímenes del franquismo, la justicia en su plena aceptación sigue siendo para quien tiene medios económicos o para quien ha sido o sea elegido de los señores que se adueñaron del proceso de todos.

Cuidado con los altruismos... cuando sobretodo encierran vida laboral y medallas internacionales, fotos y entrevistas en los medios... altruismo fue el nuestro, que entregamos un poder notarial firmado con el trabajo intelectual y toda la documentación a cambio de nada, de si dices algo te ponemos a caer de un burro, pero del burro se caerán los que cometen la falta que el tiempo pondrá en su lugar.

Mis muertos han llegado al juzgado de Argentina solo gracias a la inteligencia de la jueza, por lo menos de momento así lo ha demostrado dándonos la posibilidad de que todos podamos entregar nuestros casos sin amiguismos, ni favoritismos ni supuestas estrategias falsas para manipular y adueñarse como dije de un proceso que es de todos.

Mis denuncias colectivas se refieren a los fusilamientos de los Marinos del Arsenal Militar de Ferrol, con su listado de víctimas y su listado de causas militares; los fusilamientos en Málaga en el cementerio de San Rafael con el listado de victimas desde 1937 a 1948 que son los que conozco a través de dos historiadoras y el crimen de la carretera de Málaga- Almería. Estos textos llevaba un año esperando la oportunidad de llegar a la justicia y fueron ignorados por esas personas tan altruistas que por maledicencias primero de un individuo que se ha nombrado así mismo coordinador de Cataluña bajo el beneplácito de una asociación de expresos políticos de nuevo cuño en Madrid crearon el mal clima apropiado donde la justicia y las expectativas altruistas dejaron paso a los favoritismos y a los amiguismos así como al engaño que en casa sufrimos todos durante el año 2013.

Seis dossieres fueron entregados por mi en el Consulado, con la esperanza de que en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº1 – Secretaría nº 1, de la ciudad de Buenos Aires encuentren por fin la justicia para tantas víctimas olvidadas de "gente tan altruista" a través de la Causa 4591/10 caratulada “N.N. s/genocidio”.

Y para que así conste nuestro engaño y nuestro dolor lo expongo para que no se olvide nunca que las víctimas del franquismo somos pasto fácil de quien venga a cubrir lo que el estado español se niega a cumplir.

Y parafraseando a Groucho Marx: "Esta es mi experiencia si a alguien no le gusta no tengo otra"

 En más de 75 años ¿Quién ampara a mis muertos?

“Los jueces de la dictadura franquista continuaron en democracia”

El funcionario de la ONU estuvo en España para entrevistar a distintas autoridades por la causa sobre las desapariciones durante la dictadura franquista. “Hay fiscales y jueces que comparten lo actuado por Baltasar Garzón, pero están muy aislados”, afirma.

 

Página /12 - Adrián Pérez 9/12/13

–Durante la visita a España, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Naciones Unidas, integrado por usted y Jasminka Dzumhur, se reunió con un amplio abanico de funcionarios, desde representantes del Poder Judicial hasta secretarios de Estado del gobierno de Mariano Rajoy. ¿Qué impresión se llevó de esos encuentros?

–Lo más interesante fue observar cierta apertura al diálogo en el sentido de responder a todas nuestras preguntas con información. No percibí una intención de ocultar o tener que atacar lo que nosotros íbamos a hacer. Es importante si se compara con la reacción de autoridades de otros países que asumen un tono mucho más defensivo, donde no se da información o simplemente se cuestionan las preguntas de los miembros del grupo. Hubo menos apertura en los encuentros con autoridades del Poder Judicial. La posición de los magistrados con los que nos reunimos fue mucho más categórica que las autoridades del gobierno.


–Esa apertura al diálogo, sin embargo, no se traduce en políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

–Lo que percibimos en las reuniones y la actitud de las autoridades en relación con nosotros no necesariamente representa un compromiso con las desapariciones forzadas. Tenemos muy claro que una cosa es el diálogo que podamos trabar con las autoridades y otra la evaluación que podemos hacer de las políticas públicas y las omisiones del gobierno. No lo vemos como una contradicción, sino como una de las formas en que el gobierno se relaciona con un organismo de Naciones Unidas, como nuestro grupo de trabajo.


–El panorama que describe muestra una actitud corporativa del Poder Judicial...

–Evidentemente, es una de las áreas donde mayores problemas hay para avanzar en el tema de desapariciones forzadas: dificultades con decisiones que están tomando en muchos aspectos; también la pasividad con que reaccionan ante casos de desapariciones forzadas de la Guerra Civil. Por un lado, está la manera en la que actúan en esos casos y, por otra parte, las teorías jurídicas que utilizan en sus decisiones.


–Ambas reacciones son problemáticas. ¿A qué responden?

–Una de las explicaciones que nos dieron es que, a diferencia de otros países que pasaron de dictadura a democracia, en España no hubo un quiebre en la conformación del Poder Judicial. Los jueces que vinieron de la dictadura franquista continuaron en la época democrática. Muchos de los que hoy son magistrados en los tribunales más altos de España ingresaron en la carrera judicial en la época del franquismo. De modo que hay una suerte de continuidad en la composición del Poder Judicial. Hay un hecho que nosotros vemos con preocupación. A Baltasar Garzón, el único juez que se animó a realizar una investigación seria y demostrar de manera sistémica que hubo violaciones gravísimas a los derechos humanos durante la Guerra Civil y la dictadura, no sólo se le revocó la decisión judicial, que hubiera sido suficiente para corregir los eventuales errores, sino que se lo juzgó por prevaricato, el peor delito que un magistrado puede cometer como juez.


–Aun cuando fue absuelto, el proceso judicial contra Garzón sentó un precedente negativo para la investigación de los crímenes del franquismo.

–Los jueces del Tribunal Supremo utilizaron el juicio para decir “estos son los principios que se tienen que aplicar” y señalar que no se pueden abrir investigaciones judiciales por las personas desaparecidas en el franquismo. Porque esos crímenes están prescriptos y los responsables están muertos; porque aplicaría la Ley de Amnistía; porque la desaparición forzada no es un delito continuado; porque no hay crímenes internacionales en el momento en que ocurren estas desapariciones. Esto es básicamente lo que dice el Tribunal, en una decisión donde no está convocada a expedirse sobre la causa judicial sino sobre la conducta del juez. Pero sienta esta jurisprudencia. Los jueces españoles pueden tomar la resolución del Tribunal Supremo, copiarla y cerrar todas las causas judiciales abiertas.


–Entonces la decisión del Tribunal Supremo produjo un efecto intimidatorio hacia el resto de los jueces.

–Al juez Garzón el Tribunal le dice que actuó erróneamente y ahora todos los demás jueces saben cuál es el error que cometió. De modo que si otro magistrado hoy reabre una causa judicial con la misma teoría que aplica Garzón, no sería una equivocación, sino que estaría actuando dolosamente, porque ya le dijeron cómo tenía que hacerlo. Mientras Garzón tenía abierta la causa, varios fiscales habían empezado a tomar las mismas teorías para impulsar investigaciones paralelas. Cuando el Tribunal Supremo dice esto, todas las causas se cierran. Garzón se declaró incompetente y transfirió la causa a setenta juzgados en todo el país para que continúen las investigaciones individualizadas. Todas, salvo dos, fueron archivadas copiando los argumentos del Tribunal Supremo. Desde entonces, ningún fiscal se animó a impulsar una investigación. Hoy quedan dos causas abiertas, que están congeladas sin que haya avances. Lo que se hizo, a través de esta decisión del Tribunal Supremo, fue establecer un cerrojo judicial para que no haya nuevas investigaciones en materia de desapariciones forzadas.


–Su grupo de trabajo propuso revisar la resolución del Tribunal Supremo y actuar en consecuencia.

–Nuestra esperanza es que el Tribunal Supremo revise su jurisprudencia o que existan jueces dispuestos a abrir espacios. Creemos posible que los magistrados tomen nuestras teorías y encuentren respaldo en el derecho internacional. Ese fue parte del objetivo que utilizamos al hacer nuestro informe preliminar.


–¿Por qué algunos jueces españoles podrían ser receptivos a las sugerencias del grupo de trabajo de la ONU? ¿Dónde observó gestos de apertura?

–En encuentros que mantuvimos fuera de las reuniones oficiales. Nos vimos con jueces y fiscales, de manera individual, que nos han pedido reuniones. No damos los nombres de las personas con las que nos vimos, pero sabemos que existe cierta voluntad de algunos jueces y fiscales.


–¿Qué inquietudes le manifestaron?

–Es necesario crear algún espacio de resguardo. Jueces y fiscales dispuestos a avanzar en estas investigaciones, que no acuerdan con las decisiones del Tribunal Supremo y coinciden, en líneas generales, con lo hecho por Garzón, se sienten aislados y con temor al potencial futuro de su carrera en el Poder Judicial o en la Procuración de Justicia.


–Además de Madrid, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias visitó Andalucía, Cataluña y el País Vasco. ¿Cuáles fueron los principales reclamos de las asociaciones de memoria histórica y de las víctimas del franquismo en esas comunidades autónomas?

–Quieren saber qué pasó con sus padres, abuelos, tíos. En todas partes, el reclamo fundamental tiene que ver con la verdad. Luego viene el pedido de justicia. La familiar de un desaparecido nos dijo: “El único juez que se animó a investigar terminó siendo procesado. Y a nosotros, que pedíamos la investigación de las desapariciones forzadas, nos archivaron todos los expedientes”. El tercer reclamo se relaciona con la reivindicación de la memoria. Necesitan que las fosas comunes sean preservadas. Eso se ve claramente en la política pública que están realizando en Cataluña, donde el gobierno ha puesto mucho énfasis en el proceso de dignificación de la memoria. Verdad Memoria y Justicia son los principales reclamos. Diría que el principal es Verdad.


–La jueza María Servini de Cubría ordenó la detención internacional de cuatro ex policías de la dictadura franquista. En su última visita a la Argentina, el abogado Carlos Slepoy pidió que las órdenes de detención alcancen a tres ex ministros de Franco y dos ex jueces. ¿Es posible llevar a cabo esta medida judicial en el contexto político de España? ¿Cuáles son los pasos que debe cumplir el Estado español en ese sentido?

–Si se aplican las teorías que el Tribunal Supremo sentó en el juzgamiento de Garzón habrá dificultades judiciales. Y, al mismo tiempo, el proceso de extradición en España requiere que la decisión final sea del Poder Ejecutivo y no del Poder Judicial. De modo que primero tiene que dar el visto bueno el Poder Judicial español. Una vez que autoriza la extradición, el Consejo de Ministros del Gobierno da el visto bueno final. El proceso va a ser sumamente complejo.


–¿Qué pasa si España rechaza las extradiciones?

–Si eso sucede, desde el punto de vista del derecho internacional España tiene la obligación de juzgarlos. Si no hace lugar a las extradiciones pero reabre las causas judiciales y prosigue con las investigaciones causaría un efecto muy bienvenido.


–Soledad Luque Delgado también viajó a Buenos Aires, donde presentó una querella por el robo de bebés en España. ¿Cómo analiza esos crímenes?

–Hay un espacio de apertura donde estamos viendo qué va a suceder y tiene que ver con la investigación de lo que en España llaman niños robados. Este proceso empezó en el contexto de la Guerra Civil y la dictadura pero parece que se mantuvo hasta bien entrada la democracia, en los ’80 y ’90. De acuerdo con la Fiscalía General, ninguno de estos casos ha prescripto; todos estos crímenes de sustitución de identidad son delitos que continúan cometiéndose en el tiempo. Estas dos teorías, si siguen avanzando, permitiría utilizar los mismos argumentos para investigar desapariciones forzadas. Si estas causas por robo de bebés prosperan, podría abrirse una brecha en ese cerrojo judicial.


–¿Por qué es necesaria la creación de una institución estatal independiente sobre personas desaparecidas en España?

–Porque es primordial darle visibilidad al tema y demostrar que el Estado asume su compromiso. La sola existencia de esta institución sería importantísima. A nivel nacional, en el gobierno español no hay un organismo que hable de desaparición, memoria y víctimas. La única entidad que existía, la oficina de atención a las víctimas, fue cerrada y absorbida dentro de la División de Derechos de Gracias y Otros Derechos del Ministerio de Justicia. No sólo se le quitó visibilidad: en los últimos dos años no tuvo presupuesto.


–¿Y cuáles serían los objetivos de esta institución estatal?

–Debería ser el espacio donde se compile toda la información que existe en materia de desaparición forzada en España. Hay innumerables estudios pero ningún organismo estatal los está sistematizando para analizar los patrones de represión o víctimas. Otro rol importante es coordinar con todas las iniciativas que se dan a nivel de las comunidades autónomas. Hemos visto, durante nuestro viaje, que en muchísimas comunidades se está avanzando, pero de manera descoordinada. Y también asumir la responsabilidad en el desarrollo y ejecución de un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas.


–¿Cuáles son las líneas de acción que debe atender este plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas?

–A nivel estatal, deben crearse equipos multidisciplinarios de búsqueda con arqueólogos, antropólogos, psicólogos, historiadores y abogados para llevar adelante los procesos de exhumación. En segundo lugar, este programa nacional tendría que centralizar información de lugares donde potencialmente pueda haber desaparecidos. En España existe un mapa con unas tres mil fosas comunes identificadas. No todas las comunidades autónomas han elaborado ese mapa de fosas. En tercer lugar, tendría que generar un proceso de apertura de todos los archivos que pueda haber a nivel estatal, de las comunidades autónomas y en poder de la Iglesia Católica. En cuarto lugar, es necesario crear planes de trabajo en coordinación y con la participación de las víctimas y las asociaciones de memoria. En quinto lugar, habría que hacer una revisión muy seria de los archivos sobre el Valle de los Caídos. En ese lugar hay 35 mil personas enterradas, tanto del bando nacional franquista como republicano, de las cuales doce mil están sin identificar.


–¿Qué otras recomendaciones hizo el grupo de trabajo?

–Es fundamental elaborar dos bases de datos que no existen: una base de datos genéticos de todas las personas que buscan a sus seres queridos y otra de datos genéticos de las exhumaciones que se realizan, con restos que al día de hoy no han sido identificados. El plan nacional, además, debe contar con recursos suficientes. Hoy no hay asignado un solo centavo por parte del Estado español para las exhumaciones.


–El paso del tiempo conspira para que esta iniciativa prospere.

–Este plan tiene que realizarse de manera urgente. Los últimos testigos o familiares que vieron con vida a las personas desaparecidas entre 1936 y 1939, período en el que se produjo el mayor número de esos crímenes, hoy tienen ochenta o noventa años. En una etapa prioritaria, el plan nacional debe obtener un registro oral y escrito de todas estas personas que tendrían algún tipo de información.


–Según usted, hasta la fecha fueron identificadas tres mil fosas. Pero podría haber más. ¿Cuántas se calculan en todo el territorio español en total?

–Nadie nos dio ese dato.


–Una demanda relacionada con la memoria tiene que ver con el Valle de los Caídos, monumento cuya construcción fue ordenada por el dictador Francisco Franco.

–Muchas de las víctimas de la dictadura consideran que éste no es un memorial donde sus seres queridos estén debidamente representados y tratados. Y mucho menos, en el mismo lugar donde está enterrado Franco. Otro tema paralelo en memoria se vincula con la quita de todos los símbolos y apologías de la época franquista: desde el cambio en el nombre de calles hasta la remoción de monumentos y placas recordatorias. Esto último ya se comenzó a realizar.


–¿Cómo interviene el Poder Judicial ante la existencia de fosas comunes? ¿Qué sucede en los ayuntamientos y comunidades autónomas?

–Hoy, si se realizan exhumaciones, los jueces no participan. Si se abre una fosa donde supuestamente hay una persona desaparecida, el fiscal no se apersona para proteger la escena del crimen. Muchas veces ni la policía está presente. Hay una renuencia total a cualquier intención de investigar. Algunas veces, los ayuntamientos prohíben realizar las exhumaciones, dependiendo del signo político que gobierne. El plan nacional debe tener un establecimiento claro de las responsabilidades institucionales y obligaciones para permitir las exhumaciones y excavaciones.


–Son las asociaciones de memoria, junto a los familiares, quienes mayormente llevan adelante excavaciones y exhumaciones. Pero, sin un protocolo que surja del mismo Estado, estas prácticas pueden perjudicar la identificación de los desaparecidos.

–La información que hemos recibido es que hay una capacidad profesional importante que se ha desarrollado sin ningún tipo de apoyo sistémico del Estado y sin un marco jurídico claro. Gran parte de las exhumaciones se hicieron con distinto grado de profesionalismo.


–En los procesos de exhumación que se practican en España no interviene, como sucede en la Argentina, una entidad con la expertise del Equipo Argentino de Antropología Forense.

–Lo más parecido que hay es una entidad científica del País Vasco: (Sociedad de Ciencias) Aranzadi. No hay nada como el Equipo Argentino de Antropología Forense.


–La experiencia del Equipo Argentino de Antropología, que llevó su colaboración a Irak, Guatemala, Libia y México, entre otros países, podría ser un importante aporte en la búsqueda de desaparecidos en España.

–Cualquier apoyo internacional que haya para mejorar la forma en que se realizan las exhumaciones es bienvenido.


–No son pocas las dificultades que enfrentan quienes buscan justicia. El alcance de La Ley de Memoria Histórica es limitado, la vigencia de la Ley de Amnistía sigue siendo un freno, no está tipificada la desaparición forzada en el ordenamiento judicial, España carece de una ley de acceso a la información y no se desclasifican los archivos de la dictadura. ¿Cómo pueden vencerse esas barreras?

–Esos obstáculos individuales tendrían que superarse a través de las acciones del Poder Judicial. Resolverlos de manera integral, en cambio, requiere una conjunción de los tres poderes del Estado. La tipificación del delito de desaparición forzada, de manera autónoma, demanda una intervención del Congreso, que también debería establecerlo como un delito continuado e imprescriptible. El Consejo de Ministros debe autorizar la desclasificación de archivos. La gran mayoría de los obstáculos podría ser superada, en principio, con un Poder Judicial mucho más activo que utilice, de manera más consistente, las normas internacionales en materia de derechos humanos. En países como Chile hubo importantísimos procesos judiciales y se logró condenar a muchas personas por desapariciones forzadas, aun cuando se mantiene la vigencia de la Ley de Amnistía y no hay un delito autónomo de desapariciones forzadas. Es posible juzgar si hay voluntad del Poder Judicial, a pesar de las limitaciones que imponen los Estados. El punto fundamental es qué actitud asumen los jueces frente a estos obstáculos.

Franco, en busca del 'gen rojo' de la inferioridad

Reclusos en el campo de San Pedro de Cardeña. Como jefe de los Servicios Psiquiátricos Militares del régimen franquista, le fue encargado un estudio que demostrase la inferioridad mental de las personas de ideología marxista.Según Eduard Pons Prades en su obra “Los niños republicanos” Antonio Vallejo-Nájera “dirigió, en 1938, un estudio sobre los prisioneros de guerra republicanos, para determinar qué malformación llevaba al marxismo. O sea: iba en busca del gen rojo.” Para llevar a cabo el estudio, se utilizaron dos grupos: uno de prisioneros miembros de las Brigadas Internacionales y otro compuesto por 50 presas malagueñas. Algunas de las conclusiones del estudio realizado por Vallejo-Nájera, que dieron soporte ideológico-“científico” al robo de niños a las prisioneras republicanas para su “regeneración” texto: madrimasd

El psiquiatra franquista Antonio Vallejo Nágera dirigió en 1938 un estudio sobre prisioneros de guerra para determinar qué malformación lleva al marxismo. ¿Conclusión? El marxismo español se nutre de las personas menos inteligentes

Público - Alejandro Torrús - Madrid 25/08/2013

El marxismo se nutre de las personas menos inteligentes de la sociedad. Esta fue la principal conclusión de Antonio Vallejo Nágera, jefe de los Servicios Psiquiátricos del Ejército de Franco, quien durante la Guerra Civil y los primeros años de posguerra realizó una investigación con presos de guerra, especialmente brigadistas internacionales, para determinar "las relaciones que puedan existir entre las cualidades biopsíquicas del sujeto y el fanatismo político-democrático-comunista". Es decir, responder a los interrogantes de si el rojo nace o se hace y determinar qué malformación lleva a un individuo a adherirse al marxismo.

"La perversidad de los regímenes democráticos favorecedores del resentimiento promociona a los fracasados sociales con políticas públicas, a diferencia de lo que sucede con los regímenes aristocráticos donde sólo triunfan socialmente los mejores", explica Vallejo Nágera en los informes publicados en la Revista Española de Medicina y Cirugía de Guerra con el título de "Biopsiquismo del Fanatismo Marxista".

Vascos y catalanes fueron especialmente interesantes en el estudio del "Biopsiquismo del Fanatismo Marxista" Para llegar a estas conclusiones, Vallejo Nágera, primer catedrático de la psiquiatría española, estudió mediante test psicológicos y mediciones antropomórficas a prisioneros de guerra durante diciembre de 1938 y octubre de 1939. Aunque el principal grupo de estudio fueron los miembros de las Brigadas Internacionales capturados, el doctor también estudió a presos españoles procesados por su participación en la República, a activistas catalanes independentistas y a vascos. Los catalanes eran especialmente interesantes porque unían el fanatismo marxista y el antiespañolismo y los vascos porque unían el catolicismo al elemento revolucionario.

Entre sus conclusiones también se encuentra la definición de la raza o espíritu español, que para Vallejo Najera se trata del "militarismo social, que quiere decir orden, disciplina, sacrificio personal, puntualidad en el servicio, porque la redoma militar encierra esencias puras de virtudes sociales, fortaleza corporal y espiritual". Por tanto, para mejorar la raza española, el régimen franquista debía -según las conclusiones de su psiquiatra- buscar "la militarización de la escuela, de la Universidad, del taller, del café, del teatro, de todos los ámbitos sociales".

La "debilidad" del equilibrio mental de la mujer 

Pero si la razón que lleva al hombre al marxismo es su escasa inteligencia, peor parada sale la mujer. Para buscar una explicación a "la activísima participación del sexo femenino en la revolución marxista", el psiquiatra realizó un estudio sobre 50 mujeres prisioneras de guerra bajo el título de Investigaciones psicológicas en marxistas femeninos.

Para el psiquiatra franquista, la mujer participa en política para "satisfacer sus apetencias sexuales"  La razón de este alto grado de participación femenino, según Vallejo Nágera, hay que buscarla en "la característica debilidad del equilibrio mental" de la mujer, "la menor resistencia a las influencias ambientales y la inseguridad del control sobre la personalidad". Por ello, es fundamental que la religión católica imponga a la mujer sus estrictas normas a modo de "freno" a su tendencia animal.

"Cuando desaparecen los frenos que contienen socialmente a la mujer […] se despiertan en el sexo femenino el instinto de crueldad y rebasa todas las posibilidades imaginadas, precisamente por faltarle las inhibiciones inteligentes y lógicas, característica de la crueldad femenina que no queda satisfecha con la ejecución del crimen, sino que aumenta durante su comisión", escribe Vallejo Nágera, que justifica la participación de las mujeres en las revueltas políticas porque en ellas tienen la ocasión de "satisfacer sus apetencias sexuales latentes".

Reeducación de los vencidos y segregación hijos

Los estudios de Vallejo Nágera fueron utilizados también para fundamentar la reeducación de los vencidos, así como la segregación de los niños en las prisiones de sus madres. "Los hombres debían ser reeducados en las prisiones donde debían asistir a misa y practicar los cánticos y saludos adoptados por el estado fascista”, explica a Público Pura Sánchez, autora del libro Mujeres de dudosa moral.

La teoría del 'gen rojo' de Nágera justificaba el robo de bebés

Las mujeres, además de ser sometidas al mismo sistema de "reeducación" que los hombres, intentaban ser captadas por la red de Auxilio Social y de la Sección Femenina de Falange ya que su adhesión al régimen era fundamental,teniendo en cuenta que su única funcional social era la de educar a sus hijos.

Las teorías del psiquiatra franquista también fundamentaron el robo de niños en los primeros años de la dictadura. Su teoría del gen rojo abogaba por separar a los niños y niñas de sus madres rojas para evitar que se contaminaran del mal de sus madres como medida preventiva, así como recibir una educación "curativa" de los vencedores y auténticos portadores de la raza española.

1 de abril, día de aniversarios nefastos

MJBarreriroLG 1/4/13

Hoy es el aniversario del fin de la guerra incivil y el comienzo (como crecimos escuchando), de la victoria... pero también es una fecha de aniversario de un nacimiento, no de la libertad, precisamente, ni de la victoria sangrienta que también lo fué, si no de una niña, de la que nada se sabe o muy poco.

Mi tía materna, huida de Málaga por la carretera de Almería con el personal del hospital de sangre del que era enfermera con tan solo 16 años, afiliada (como dice un salvaconducto "es persona de fiar por ser afiliada a las JSU desde antes del golpe faccioso") se refugió primero en Valencia donde siguió ejerciendo la profesión de enfermera y donde se tituló. Allí se reencontró con un marino republicado de Ferrol mutilado por los bombardeos que el Canarias efectuaba al puerto de Málaga donde estaba destinado su buque protegiendo la costa, el Xauen (uno de los buques que pudo salir de la Base Naval de Ferrol y seguir fiel al gobierno del pais). Después de este reencuentró se casaron (civilmente, todo hay que decirlo... por que acabada la guerra como muchas otras parejas se tuvieron que volver a casar por...la iglesia ya que sus matrimonios no eran validos). En la perdida de Valencia se refugiaron en Cartagena donde vivieron hasta el final de la guerra, según algún testimonio familiar ante la dramatica situación vivida en la ciudad en esas fechas, parece ser que tuvieron oportunidad de poder escapar en algún barco, pero ella se encontraba embaraza y de parto... nació una niña, la primera nieta del abuelo Juan (fusilado hacia ya dos años en Málaga), en la memoria familiar esta niña, primera hija de la tia, murió... "al poco tiempo"

Como  era obligatorio por el bando de final de guerra, todas las personas desplazadas de sus lugares de origen debian volver a sus localidades, asi la hermana mayor de mi madre tuvo que volver a su ciudad y pasar los controles que se ejercian a las entradas de todas las localidades (¿de donde viene?, ¿donde estuvo?, ¿a que se dedicó?, afiliaciones, etc...) siendo afiliada a las JSU de antes del golpe faccioso como dice el salvoconducto, desconozco las circunstancias, pero pasó el terrible filtro por el que muchas de su edad fueron encarceladas y perdieron la vida. Su ya marido por estar casados civilmente, pasó una instruccion de causa militar que fue sobreseida (desconozco los detalles) quizás haber perdido la pierna le salvo la vida y de la prisión...

El matrimonio se reunió ya en Ferrol, donde intentaron rehacer sus vidas lejos de la represión que se ejercia a las familias de fusilados en todo el país, en este caso Málaga, en Ferrol pasaban desapercibidas la viuda y las dos hijas, contaban que el abuelo Juan habia muerto de una úlcera de estómago. Allí tuvieron que casarse como dios manda, por la iglesia catolica, hasta ese día para el llamado "Nuevo Régimen" no eran un matrimonio. tuvieron más hijos los cuales viven todos... pero ¿que fué de la primera hija de mi tía?

¿Realmente muríó, en una fecha tan delicada?, ¿donde está su cuerpo?, ¿en qué circunstancias fue el parto?, ¿en casa o en algún hospital ya regentado por la Falange?, cuando todas estas dudas me acecharon hace años, ya los propagonistas de esta triste historia no vivian, y mi madre su hermana menor, que no se encontraba con ellos durante estos acontecimientos (paso la guerra y el final de la guerra sola sin familia) no tiene posibilidad de hablar de temas tan dolorosos, todo esta en carne viva y todo permanece dolorosamente abierto y sin resolver.

Por todas estas dudas hace meses decidí saber donde pueda estar mi prima de Cartagena, una niña sin nombre... encontré un legajo de nacimiento con fecha del 5 de abril que dice "feto hembra" fallecido pero sin inscribir el lugar de enterramiento, el día 6 de abril esta inscrito de igual manera "un feto varon", fallecido igualmente sin lugar de enterramiento...

Estos meses atrás debido a otras tareas memorialistas que requerian mi dedicación más urgente dejé esta busqueda temporalmente, pero ahora que ya estas tareas están acabadas volveré junto a personas expecializadas en el tema a intentar poder acercarnos lo máximo posible a saber donde esta la prima de Cartagena, ¿murió realmente?, ¿vive?, de ser así tendría ahora 74 años y no sabrá quien es realmente .

Viviera o no viviera es de obligación saber donde está y que ocurrió...

¡¡¡Feliz abril republicano!!!

Tensión en los juzgados por el caso de los niños robados

Texto cedido por la autora

S.L.-19/9/12

El caso de María Luisa Torres y de su hija Pilar. Un caso de robo donde está implicada Sor María, la única imputada en este país por la trama de tráfico de bebés. Hoy han ido a declarar, en calidad de testigos, dos ginecólogos que estaban en el lugar y momento precisos en que se cometieron los hechos relacionados con este caso. Aprovechando la declaración de hoy, se han reunido muchas víctimas que buscan a sus hijos y hermanos en la Plaza de Castilla, frente a los Juzgados, para "recibirlos". A la salida se han producido ciertos incidentes que podéis ver en este vídeo.

Lo que no sale en el vídeo y sí ha salido en las noticias de las tres es cómo uno de estos médicos amenaza a una de las madres que estaban allí protestando diciéndole: "señora no me toque, cállese que le doy una torta". Este ginecólogo tan valiente es Ignacio Villa Elízaga. Para más señas es el padre de Nacho Villa, antigua figura en los informativos de la COPE y que actualmente es el Director de RTV de Castilla La Mancha, Comunidad Autónoma presidida por Dolores de Cospedal.

Este ginecólogo es el que firmó la supuesta muerte de mi hermano gemelo en la incubadora. Verle hoy por televisión (no he podido ir a los Juzgados), diciendo eso a esta madre, ha sido como si la torta me la diera realmente a mí. Esa imagen que he recibido tanprepotente, segura y altiva ha sido un eficaz y repugnante vomitivo. La mezcla de rabia, dolor, impotencia e infinita tristeza ha sido demasiado para mí.

Sé que podría considerarse un gran paso que estas personas hoy hayan entrado en el Juzgado a testificar pero también tengo muchas dudas sobre la actuación de nuestra Justicia, esta Justicia española, que difícilmente pondrá en la cárcel a los culpables del tráfico de bebés si es que algún día se descubren.

Y me he acordado de vosotros, de la RED, de Carlos, de Ana, de Servini y de algo que tenemos en los labios cada día desde hace meses, Justicia Universal. Y entonces, todo ha vuelto, aunque sea por un momento, a ser medianamente soportable.

El dictador argentino Jorge Videla, condenado a 50 años por el robo de bebés durante el régimen militar

La justicia considera probado un delito de lesa humanidad "mediante la práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de niños menores de diez años". Formaba parte un "plan general de aniquilación" contra parte de la población civil con el argumento de acabar con la "subversión" durante la dictadura

Público.es EFE Buenos Aires 05/07/2012

La justicia argentina condenó el jueves al exdictador Jorge Rafael Videla a 50 años de cárcel por el robo de bebés dentro de un plan sistemático ejecutado durante la última dictadura militar en Argentina (1976-1983). Junto a Videla, primer hombre fuerte del régimen, se sentaron en el banquillo Reynaldo Bignone, último presidente de la dictadura, condenado a 15 años, Antonio Vañek, ex-almirante, condenado a 40 años, el ex-capitán de fragata Jorge Eduardo Acosta, sentenciado a 30, y el exgeneral Omar Riveros, a 20, entre otros represores de la dictadura.

La justicia consideró probado un delito de lesa humanidad "mediante la práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de niños menores de 10 años", en el contexto de un "plan general de aniquilación" contra parte de la población civil con el argumento de acabar con la "subversión" durante la dictadura militar.

Sentados en primera fila del tribunal oral Número 6 de Buenos Aires, Videla, de 86 años, y Bignone, de 84, escucharon sin inmutarse los gritos de júbilo de víctimas y familiares que abarrotaban la sala tras el anuncio de la condena, que se suma a las penas de cadena perpetua que ya pesan en su contra por delitos cometidos durante la dictadura.

En las puertas del tribunal, cientos de personas siguieron la lectura de la sentencia desde pantallas gigantes y estallaron en gritos de alegría al escuchar las sentencias. El juicio alcanza a 34 delitos de apropiación de hijos de mujeres que, en su mayoría, dieron a luz en los centros de detención de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), la guarnición militar de Campo de Mayo y el denominado Pozo de Banfield, en la periferia de Buenos Aires.

Durante el proceso, que comenzó en febrero de 2011 como resultado de una denuncia presentada hace más de 15 años por Abuelas de Plaza de Mayo, se han sucedido los testimonios de víctimas y represores, como el propio Videla, que negó un plan sistemático de robo de bebés y llegó a afirmar que las madres "eran militantes activas de las maquinarias del terrorismo y muchas de ellas usaron a sus hijos embrionarios como escudos humanos al momento de ser combatientes".

Considerado un proceso "emblemático" por las organizaciones de Derechos Humanos, el juicio comenzó por una denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo y abarca más de una treintena de casos.

Entre las víctimas, Sara Méndez, detenida en 1976 en Buenos Aires por un comando que le arrebató a su hijo de 20 días. Trasladada ilegalmente a Montevideo, estuvo presa cuatro años y medio y al recuperar la libertad se volcó en buscar a su hijo, a quien encontró en 2002 adoptado por un expolicía argentino. El juicio se ocupó también del caso de Macarena, la nieta del poeta argentino Juan Gelman, que fue localizada en el año 2000 en Uruguay, donde nació mientras su madre estaba detenida, y que hoy se sumó a la celebración de las organizaciones humanitarias en Buenos Aires.

 

"Sentencia histórica"
"Es una sentencia histórica que confirma el plan sistemático de robo de bebés y, en mi caso, se reafirman condenas de Videla y Bignone, es muy positivo. Empezar a ver las caras de los responsables es una señal de que la justicia avanza", dijo uno de los afectados.

"Esta causa ha sido suficiente para demostrar que había un plan sistemático, para mí es algo muy positivo", insistió la joven. También para Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, hay motivos para celebrar porque "hemos logrado que se reconozca que fue un plan sistemático, que tuvieron esa aberrante idea de que nosotros no íbamos a criar a nuestros nietos, pero viajamos por todo el mundo para encontrarlos".

Sentado en primera fila, Videla escuchó sin inmutarse la condena, que se suma a las pena de cadena perpetua que ya pesa en su contra por delitos de lesa humanidad cometidos durante el régimen de facto. Según estimaciones de organizaciones humanitarias, 105 niños robados durante la dictadura han recuperado su identidad, aunque aún hay más de 400 denuncias pendientes por casos similares.

El tribunal también condenó al excapitán del Ejército Víctor Gallo a 15 años de cárcel y a su exesposa, Susana Inés Colombo, a cinco; al antiguo prefecto Juan Antonio Azic, a 14 y al represor Jorge Magnacco, a 10. Mientras, el exjefe de la Armada almirante Rubén Oscar Franco y el exagente de Inteligencia Eduardo Ruffo fueron absueltos.

Según estimaciones de organizaciones humanitarias, 105 niños robados durante la dictadura han recuperado su identidad, aunque aún hay más de 400 denuncias pendientes por casos similares y unas 300 familias han depositado datos en bancos de ADN con la esperanza de recuperar a sus hijos y nietos robados. Unas 30.000 personas detenidas clandestinamente desaparecieron durante la dictadura, según estimaciones del Gobierno argentino y organismos humanitarios.

El niño nos lo han robado

CONVOCATORIA DE PRENSA

La asociación SOS Bebés Robados de Madrid monta un Belén con el pesebre vacío porque

EL NIÑO NOS LO HAN ROBADO

Con este evento pretenden sensibilizar a los madrileños acerca de los miles de hogares en los que sigue faltando algún miembro de la familia. Ø Durante la representación del Misterio se informará sobre la causa y sobre los pasos a seguir a todos aquellos que crean que pueden haber sido víctimas del tráfico de recién nacidos. Madrid, 22 de diciembre de 2011.- El próximo día 23 de diciembre, la asociación SOS Bebés Robados de Madrid instalará en la Plaza de Callao un Belén viviente con un pesebre vacío para representar el dolor de miles de familias a las que les robaron un bebé recién nacido en alguna maternidad española durante la segunda mitad del siglo XX. En unas fechas tan familiares, pretenden trasmitir a la sociedad el infinito vacío con el que los afectados llevan viviendo años y la falta de apoyo de instituciones y organismos públicos y privados. Los afectados informarán sobre la actual situación de la causa, el archivo masivo de casos en la Fiscalía Provincial y los graves problemas a los que se enfrentan para obtener la documentación propia en hospitales y en la propia administración. El evento se realizará en coordinación con organizaciones de afectados de otras provincias españolas.

Lugar: Plaza de Callao, Madrid

Horario: mañana de 11:30 a 13:30 hrs., tarde de 17:00 a 20:00 hrs.

Persona de contacto: Luis Vega y/o Mabel Escuer

Teléfono de contacto: 609216084 y/o 619828563

V Semana de la Memoria Histórica y de los Derechos Humanos en Soria

La Semana de la Memoria Histórica y de los Derechos Humanos, en su quinta edición va a contar con una obra irrepetible. La exposición fotográfica del Robert Capa español Agustí Centelles. La colección de fotografías cuenta con 61 obras obtenidas directamente de los negativos originales y que pertenecen a la colección familiar de los Centelles.

Podrá verse en la Sala de Exposiciones del Museo Numantino del martes 29 de noviembre al domingo 11 de diciembre. A la presentación vendrán sus hijos Octavi y Sergi, antes de partir a Estados Unidos a clausurar otra exposición similar sobre la obra de su padre.

La exposición "Agustí Centelles. Testigo de la Historia" contará además con varias cámaras fotográficas de la época y una serie de publicaciones, originales también, en las que aparece Centelles.

La V Semana de la Memoria Histórica y de los Derechos Humanos en Soria contará con figuras de la talla del abogado Carlos Slepoy, responsable de la querella recientemente interpuesta en Argentina contra el franquismo por crímenes contra la humanidad. También contaremos en Soria con el reconocido fiscal Carlos Jiménez Villarejo. En el ámbito legal también intervendrá Javier Chinchón, de la Asociación española del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y miembro del Grupo de Trabajo para la Justicia Internacional y los Derechos Humanos.

El sábado 3 visitará Soria la máxima representante de la Plataforma de afectados por el robo de niños en clínicas de toda España Mar Soriano.

Las jornadas empezarán el día 28 lunes con una mesa redonda con familiares de civiles asesinados en Soria y concluirá el día 5 de diciembre con la intervención del histórico Gervasio Puerta, Presidente de la Asociación de Ex-presos y Represaliados políticos, que presentará su libro Palomas tras las rejas. Para completar la Semana, se proyectará "Ojos que no ven", film documental que trata sobre los asesinatos a manos de la ultraderecha en democracia.

Se indica a continuación todo el programa:

Desde el martes 29 de noviembre hasta el lunes 11 de diciembre (inclusive) en el Museo Numantino:

Exposición de fotografía: Agustí Centelles. Testigo de la Historia

LUNES 28/11/11

A las 20:00 horas en el Salón Gerardo Diego del Casino La Amistad Numancia

Inauguración de la V Semana de la MH y DDHH de Soria y mesa redonda con familiares de civiles asesinados en Soria: Anabel Lapuente, Félix Vitoria, Nicanora y Leónides Esteban, Miguel Ángel Romera, Reden Blanco y José Pardo.

Modera Loli Escribano

MARTES 29/11/11

A las 12.00 horas en La Sala de Exposiciones del Museo Numantino

Presentación de la exposición fotográfica: Agustí Centelles. Testigo de la Historia, a cargo de Sergi y Octavi Centelles

A las 20:00 horas en la Sala de Conferencias del Centro Cultural Gaya Nuño

Conferencia a cargo del abogado responsable de la querella argentina por crímenes del franquismo contra la humanidad: Carlos Slepoy .

MIÉRCOLES 30/11/11

A las 20:00 horas en la Sala de Conferencias del Centro Cultural Gaya Nuño

Conferencia a cargo de Carlos Jiménez Villarejo. Las víctimas del franquismo: Doble denegación de Justicia

JUEVES 1/12/11

A las 20:00 horas en la Sala de Conferencias del Centro Cultural Gaya Nuño

Proyección del documental “Ojos que no ven”, presentada por su director Luís Molés

VIERNES 2/12/11

A las 20:00 horas en la Sala de Conferencias del Centro Cultural Gaya Nuño

Conferencia a cargo de Javier Chinchón, del Grupo de Trabajo sobre Justicia Internacional y Derechos Humanos y la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos

SABADO 3/12/11

A las 19:00 horas en la Sala de Conferencias del Centro Cultural Gaya Nuño

Conferencia a cargo de Mar Soriano, de la Plataforma afectados clínicas de toda España causa niños robados

LUNES 5/12/11

A las 20:00 horas en la Sala de Conferencias del Centro Cultural Gaya Nuño

Clausura a cargo de Gervasio Puerta. Presidente de la Asoc. de Ex-presos y Represaliados políticos. Presentación del libro: “Palomas tras las rejas”

El caso de los 'niños robados' irá al Comité de DDHH de la ONU

Víctimas del franquismo llevan la actuación del Ministerio del Interior español al Comité Internacional de Derechos Humanos por omitir su deber de búsqueda de los niños desaparecidos.

nuevatribuna.es 23 Septiembre 2011 - La víctimas del franquismo van a acudir al Comité Internacional de Derechos Humanos (DDHH) de la ONU para denunciar la actitud mantenida por el Gobierno y, más concretamente, por el Ministerio del Interior con respecto a los niños desaparecidos durante la dictadura.

Cumplidos ya 3 años este mes de septiembre desde el inicio de las actuaciones de la Audiencia Nacional, en septiembre de 2008, todavía no se ha procedido a medidas efectivas de búsqueda de los niños víctimas de desapariciones forzadas ni de los desaparecidos de las fosas por parte del Estado Español.

En este sentido los artículos 1 y 5.2.b del Protocolo Adicional al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que regula el procedimiento ante el Comité de Derechos Humanos establece que no será preciso el agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna “cuando la tramitación se prolongue injustificadamente”, como forma de denegación de justicia para las víctimas.

Así lo confirma Miguel Ángel Rodríguez Arias, experto en Derecho penal internacional que es autor de las primeras investigaciones jurídicas en España sobre las desapariciones del franquismo y autor del libro “El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad” que dió lugar a la apertura de actuaciones por parte de la Audiencia Nacional.

Para el mismo la responsabilidad del Gobierno de España está en primer plano en un doble sentido: “Tenemos un Fiscal General del Estado, nombrado por el Gobierno y jerárquicamente sujeto a éste, que ha negado sistemáticamente la calificación de lesa humanidad, imprescriptible, de desapariciones forzadas sistemáticas y masivas de adultos y niños y que nos dice después que esos supuestos delitos ordinarios han prescrito”.

“Y de otro lado el Ministerio del Interior ha omitido su deber de buscar a esos niños desaparecidos creando las unidades especiales de investigación que resulten precisas como prevé el artículo 30 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y a diferencia de como sí que hizo el Gobierno de argentino con la aprobación del Decreto 715/2004 para el caso de los varios cientos de niños desaparecidos en Argentina cuando en el caso español se estiman cifras mucho más graves que podrían alcanzar los varios miles”.

En cambio el artículo 5 de la Convención de Naciones Unidas para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, define con toda claridad que: “La práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad tal como está definido en el derecho internacional aplicable y entraña las consecuencias previstas por el derecho internacional aplicable”.

Y respecto la actuación debida de los Ministros al frente de las fuerzas policiales de los Gobiernos el Consejo de Europa dejó claro además, desde 2005, que hay una gravísima responsabilidad por parte de los Gobiernos y sus ministros competentes cuando no se toman medidas efectivas para investigar:

“10.3.8. El incumplimiento del deber de investigar efectivamente toda presunta desaparición forzada debe constituir un crimen independiente conminado con una pena adecuada. El ministro y/o el jefe de departamento responsable de las investigaciones deben ser hechos responsables bajo la ley penal por dicho incumplimiento”.

(Resolución 1463 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 3 de octubre de 2005 sobre la cuestión de las desapariciones forzadas)

Al tiempo que el artículo 3 de la citada Convención de Naciones Unidas recoge que “Los Estados Partes tomarán las medidas apropiadas para investigar”, y en ningún caso permite encomendar la búsqueda a las familias” y el artículo 12.1 señala que “ante toda persona que alegue que alguien ha sido sometido a desaparición forzada tenga derecho a denunciar los hechos ante las autoridades competentes, quienes examinarán rápida e imparcialmente la denuncia y, en su caso, procederán sin demora a realizar una investigación exhaustiva e imparcial”; añadiendo todavía el artículo 12.2 que “2. Siempre que haya motivos razonables para creer que una persona ha sido sometida a desaparición forzada, las autoridades a las que hace referencia el párrafo 1 iniciarán una investigación, aun cuando no se haya presentado ninguna denuncia formal”; todo lo cual ha llevado también a la inclusión de la violación del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles por “discriminación” por parte del Gobierno español a la hora de venir dándose contra este colectivo concreto una sistemática omisión del normal cumplimiento de los deberes de Estado más fundamentales.

Así, en concreto, las alegaciones alcanzan a veinte preceptos fundamentales distintos como son: los artículos 2, 6, 7, 14, 17, 23 y 24.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; los artículos 2, 3, 8 y 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos; y los artículos 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 24 y 25 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.Y se refieren igualmente a la vulneración de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, aprobados por la Asamblea general de naciones Unidas por Resolución 60/147 de 16 de diciembre de 2005 y el Conjunto de Principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad aprobado por la Comisión de Derechos Humanos de naciones Unidas el 8 de febrero de 2005, en su 61 periodo de sesiones.

“Con tales actuaciones se incurre en dos esferas distintas de graves violaciones de los derechos humanos: los niños desaparecidos tienen derecho a conocer su verdadera identidad como parte de su derecho fundamental al desarrollo de su personalidad y a su libertad personal, y, por supuesto, tienen derecho a conocer a su familia biológica de la que fueron secuestrados por motivos políticos o de trata de personas”

“Pero de otro lado están también los derechos humanos de los familiares que les llevan buscando años y años, siempre solos, y que tienen reconocido el derecho a conocer el paradero y destino, vivos o muertos, de sus desaparecidos, y tienen derecho a que ese sufrimiento inhumano cese y a poder ejercer con normalidad su derecho humano a la vida familiar”.

“Es absolutamente escandaloso. Nuestro Gobierno no ha podido violar gravemente más derechos de las víctimas en materia de desapariciones forzadas, simplemente porque no existen” concluye el jurista.

El padre de Mayor Oreja estuvo implicado en decenas de apropiaciones de bebés

13 de Junio de 2011- inSurGente.org

15 hospitales y 35 médicos de Guipuzkoa, entre ellos el padre del dirigente del PP Jaime Mayor Oreja, involucrados en 200 casos de robos de bebés entre 1949 y 1993.

La revista Interviú denuncia esta semana la trama vasca de robos de bebés. Criaturas que nacían en un hospital y 'morían' oficialmente en otro, archivos borrados... Durante más de 40 años, medio centenar de médicos, comadronas y monjas de 15 hospitales de Guipuzkoa formaron una oscura trama que estaría detrás de las desapariciones de 200 bebés. La Fiscalía de ese territorio vasco ya acumula decenas de denuncias.

En la fotografía, el doctor José María Mayor Lizarbe, uno de los médicos sacamantecas y padre del dirigente del Partido Popular Jaime Mayor Oreja.

Noticia en Interviu.es

Antena 3 emitió el especial 'Ladrones de niños'

MADRID, 27 Abr. (OTR/PRESS)

Antena 3 dedicó este jueves, el programa especial Ladrones de niños, presentado por Gloria Serra, a desentrañar todas las claves que rodea al dramático caso en el que una amplia trama compuesta se lucró durante años robando y vendiendo bebés.

Fiscalías de toda España ya investigan a médicos, monjas, curas, matronas, clínicas, hospitales públicos y privados para averiguar qué papel desarrollaba cada uno en este caso, así como los intermediarios que actuaban en el negocio.

La documentación que manejan jueces y fiscales data de los años 60, pero el robo de niños, las adopciones ilegales y el tráfico de bebés se extendió hasta finales de los años 80. Los reporteros del programa han entrevistado a una prostituta que hace 30 años sacó a la luz pública su caso y hoy rompe su silencio para contarlo y han visitado en Bilbao uno de los pisos 'cuna' regentado por Mercedes de Grass, una viuda de la alta sociedad vizcaína, relacionada con el negocio.

Gloria Serra, que dará paso a vídeos y entrevistas realizadas con afectados que han denunciado su caso, estará acompañada tanto en la mesa de debate como en la grada por más de 60 personas conocedoras o vinculadas directamente con este drama.

Junto a la presentadora estarán periodistas que han investigado, niños que en su día fueron robados, una madre que pagó por comprar un bebé, una madre que busca a su hijo, representantes tanto del Colegio de Médicos de Madrid y como la Iglesia, una de las plataformas de afectados y ANADIR (Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares), entre otros muchos invitados.

Este especial se une a los tres reportajes emitidos en Antena 3 para denunciar el caso: La fábrica de bebés, Niños robados y Quién sabe dónde está mi hijo

Noticia de la demanda de los niños robados del franquismo en la TV Al Jazeera

AlJazeeraEnglish - 27 de enero de 2011

In Spain there has been a formal demand for an investigation into baby kidnappings that took place under the regime of General Franco.

A group representing the families affected say hundreds of thousands of babies were stolen from clinics.

It is believed the abductions took place well into the 1980's, after the death of General Franco.

Sonia Gallego report

Cientos de casos de niños robados llegarán a la fiscalía

Una asociación de afectados presentará la semana próxima una denuncia colectiva

ÁNGEL MUNÁRRIZ Sevilla Público- 21/01/2011 Unos 300 personas que afirman ser afectadas por robos de bebés nada más nacer a lo largo de las cinco últimas décadas presentarán el jueves 27 de enero una denuncia colectiva ante el Fiscal General del Estado. "Queremos que abra una investigación como han hecho otras fiscalías andaluzas", explica María Labarga, portavoz de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Ilegales (Anadir).

En las últimas semanas el goteo de casos de supuestos robos y denuncias encuentra cada vez más eco social. Esta semana la Fiscalía de Sevilla anunció que investiga la posible desaparición de dos gemelas recién nacidas en 1977 en Sevilla, denunciada por unos padres de Utrera. Las denuncias se van acumulando en las fiscalías de Cádiz, Algeciras, Sevilla, Málaga, Granada...

La Subdirección General de Archivos de Madrid también está investigando el fallecimiento de bebés en maternidad de la comunidad entre 1961 y 1971.

"Ahora que está empezando a salir esto a la luz, nos llegan cada día correos y referencias de muchos casos. En esta primera denuncia va a haber unos 300, pero pronto tendremos que ampliarla y doblarla en número. Tenemos casos en todas las provincias de España. Abarcan desde la década de los 50 hasta casi la actualidad. La mayoría de los casos son en los 70 y los 80 en Andalucía", cuenta Labarga.

La portavoz de la asociación puntualiza que "cada caso es un mundo", pero hay rasgos en común: "A las madres no se les dejaba ver el cadáver, se ponían impedimentos para el entierro, las causas de muerte no encajaban...".

Aluvión de denuncias

Serían casos como el de Jesús Díaz Carrasco, que según la mujer que afirma ser su madre, Adela, podría vivir ahora creyendo que es hijo biológico de quienes son padres adoptivos. O como el de Antonio Barroso, fundador de Anadir, que con 39 comprobó que su partida de nacimiento había sido falsificada y tras investigarlo descubrió no ser hijo biológico de los que creía sus padres

Se busca una nieta

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Se ruega difundir

Chicha Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, ya está muy viejita. Quiere alcanzar a reencontrarse con su nieta. Ayudémosla a que su carta recorra el mundo y, en una de esas, genere dudas en alguien...

Reenviemos la carta hasta al menos pensado. Que su llamada pueda recorrer nuevos circuitos, que no quede restringido solo a personas vinculadas a organizaciones de Derechos Humanos, que pueda llegar hasta Clara Anahí !!!!

Gracias

El racismo del nacional-catolicismo

Publicado en el diario Público, 14 de enero de 2009

Vicenç Navarro es catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra

Este artículo señala el carácter racista del nacional-catolicismo, la ideología del régimen dictatorial que existió en España, y que la Iglesia Católica promovió como parte de su propio ideario.

Uno de los argumentos que autores conservadores han utilizado para negar el carácter fascista del régimen dictatorial establecido por el golpe militar liderado por el general Franco ha sido afirmar que la ideología de aquel régimen no incluía un componente racista, tal como ocurrió con el nazismo alemán y el fascismo italiano. La evidencia existente y fácilmente accesible muestra, sin embargo, la escasa credibilidad de tal argumento. El eje ideológico de aquel régimen fue el nacional-catolicismo que conjugó dos ideologías: el nacionalismo hispánico, que llegó incluso a negar la existencia de otras nacionalidades (como la catalana, la vasca, y la gallega), imponiendo su visión centralista uniformadora, y un catolicismo excluyente que intentó configurar todas las dimensiones del ser humano, incluyendo áreas tan íntimas como el comportamiento sexual de la ciudadanía.

Este nacional-catolicismo tuvo una concepción racista, pues tales ideologías totalizantes eran presentadas como definitorias de lo que el régimen definió como la raza hispana (el día nacional se llamaba el Día de la Raza), cuya superioridad le otorgaba el derecho de conquista y sometimiento de otras razas, tal como ocurrió en América Latina, cuya conquista militar y explotación era el motivo de celebración del día nacional (12 de octubre). Su misión “civilizadora” supuso el genocidio de la población nativa de aquel continente, bien documentada y denunciada por Bartolomé de las Casas. El nacional-catolicismo del régimen dictatorial se consideraba a sí mismo como el heredero de los Reyes Católicos, que habían expulsado a los judíos y a los musulmanes de España, habían establecido la Inquisición y habían conquistado Latinoamérica a base de cometer un genocidio.

El racismo del nacional-catolicismo fue más allá, sin embargo, del racismo étnico. Aunque incluyó una dimensión antisemita, el racismo del nacional-catolicismo se basó también en elementos político-culturales. Un objetivo explícito del golpe militar fue precisamente purificar la raza hispánica, eliminando todos los elementos que la debilitaran. Vallejo-Nájera, que dirigía los Servicios Psiquiátricos del Ejército y que había sido nombrado por el general Franco dirigente del rearme ideológico del nuevo régimen (realizando tal función como director del Gabinete de Investigadores Psicológicos del Ejército), había subrayado que era misión del Alzamiento Nacional “salvar la patria y la raza”, especificando las características que definían a la raza hispánica como “un masculinismo, un canto a la fuerza física y un profundo nacionalismo y catolicismo”.

Contraponía esta raza hispana a razas inferiores como la “raza roja” (que incluía a la gran mayoría de opositores al golpe militar y a la dictadura que estableció), a la cual consideró una raza inferior, contaminada por el marxismo, considerado como la máxima forma de patología mental posible, definiendo el marxismo español como “una mezcla de judaísmo y masonería que lo distinguió de un marxismo extranjero semita puro”. Tal “raza roja”, estaba compuesta de “subdesarrollados mentales, psicópatas y degenerados, todos ellos afectados por el marxismo, judaísmo masónico”, que se difundía fácilmente entre las clases populares debido a lo que Vallejo-Nájera consideraba su subdesarrollo mental. Todas estas citas aparecen en libros suyos titulados Eugenesia de la Hispanidad y regeneración de la raza y artículos en revistas consideradas científicas durante la dictadura, tales como el “Psiquismo del Fanatismo Marxista”, publicado en Semana Médica Española (8 de octubre, 1938, págs. 172-182) y también en la Revista Española de Medicina y Cirugía de Guerra (mayo de 1939, págs. 398-413). El artículo publicado en esta última revista analizaba “la especial patología” de las mujeres milicianas, “seres débiles motivados por la envidia, la maldad y la venganza”, y cuya participación “en las revueltas políticas les daba ocasión de satisfacer sus apetencias sexuales latentes”.

En el artículo publicado en la Semana Médica Española, Vallejo-Nájera describía también los estudios realizados en los campos de concentración (asesorado por las autoridades nazis alemanas, de cuyos estudios en sus propios campos era no sólo consciente, sino un profundo admirador), dividiendo a los componentes de la raza roja en cinco grupos: los internacionales brigadistas, los presos políticos varones de nacionalidad española, las presas políticas hembras de nacionalidad española, los separatistas vascos (a los que Vallejo-Nájera definía como “sujetos de un curioso fenómeno de fanatismo político unido a un fanatismo religioso, enemigos de España”), y el quinto y más degenerado, el de “marxistas catalanistas (unidos por el fanatismo marxista y el antiespañolismo)”.

Es importante señalar que las autoridades de la Iglesia católica compartían la ideología nacional-católica racista, bien articulada por el ideólogo del régimen Vallejo-Nájera. Es más, la Iglesia contribuyó, en gran manera, a la llamada purificación de la raza que fue, en realidad, una brutal represión, con ejecuciones, detenciones, torturas y exilio, en contra de las personas y los grupos políticos y sociales que se opusieron a aquel régimen, incluyendo, por cierto, personas católicas e incluso sacerdotes que apoyaron a las fuerzas democráticas, así como a militares del propio Ejército que se opusieron a aquel golpe militar, llevado a cabo por la Iglesia y la Falange, así como por el Ejército golpista. Parte de este proceso de purificación de la raza, llevado a cabo por el régimen en colaboración con la Iglesia católica, consistía en el robo de infantes de “rojos” asesinados, encarcelados o desaparecidos, a fin de que no fueran “contaminados por sus padres, con el objetivo de salvarles”. Según Enrique González Duro (Los psiquiatras de Franco. Los rojos no estaban locos, 2008), 12.043 niños fueron sustraídos de manos de sus padres durante los duros años de la represión (1939-1945). La Iglesia católica nunca ha pedido perdón al pueblo español por estos hechos.