 |
| Subdirección General de los Archivos Estatales |
Mostrando entradas con la etiqueta documentos. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta documentos. Mostrar todas las entradas
sábado, 27 de diciembre de 2014
Tarjeta de felicitación navideña a Francisco Largo Caballero en 1935
domingo, 25 de septiembre de 2011
miércoles, 28 de julio de 2010
El PNV recuperará los documentos incautados en la Guerra Civil
La consejera vasca de cultura ha aprobado la orden que permitirá la restitución de estos fondos documentales
PUBLICO.ES/ AGENCIAS Madrid 28/07/2010 El Gobierno central devolverá al PNV los documentos que le fueron incautados durante la Guerra Civil española, que hasta ahora permanecían en el Centro Documental de la Memoria Histórica, más conocido como Archivo de Salamanca.
La consejera de Cultura del Gobierno Vasco, Blanca Urgell, ha aprobado la orden que permitirá la restitución de los fondos documentales al PNV.
La restitución se producirá de acuerdo a la 'Ley de Restitución a la Generalitat de Cataluña de los Documentos Incautados con Motivo de la Guerra Civil', que prevé que la devolución de los documentos y fondos documentales de carácter privado podrá llevarse a cabo por el resto de las comunidades autónomas que lo soliciten.
La Comunidad Autónoma Vasca es la única que pidió la participación en el procedimiento para la tramitación y resolución de las solicitudes de restitución presentadas, según ha explicado en un comunicado el Departamento de Cultura.
Los documentos que se entregarán a la formación jeltzale son los pertenecintes al Fondo Político-Social 'Bilbao', "sin perjuicio de su posterior cotejo por el Centro Documental de la Memoria Histórica al objeto de certificar que no se hayan producido errores en su descripción".
Obligaciones para la custodia
Si la formación nacionalista acepta hacerse cargo de los llamados 'papeles de Salamanca ' deberá comprometerse a su custodia y conservción, así como a su puesta a disposición de investigadores, según ha informado el Ejecutivo de Vitoria.
No obstante, el PNV deberá comunicar al Departamento de Cultura del Gobierno Vasco si opta por que los documentos restituidos permanezcan custodiados en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca o que le sean entregados materialmente.
En caso de aceptarlos, la entrega de los documentos implica la asunción de las obligaciones de custodia, conservación, inspección, puesta a disposción con fines de investigación y, en su caso, entrega temporal para exposiciones, en los términos previstos en la Ley del Patrimonio Histórico del Estado y en la Ley de Patrimonio Cultural Vasco.
El pasado 14 de junio se constituyó una comisión mixta para abordar la restitución de los llamados 'papeles de Salamanca', compuesta por un técnico de Archivos de la Subdirección General de Archivos Estatales; el director del Archivo General de la Guerra Civil; un catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco; y por el director del Centro de Patrimonio Documental de Euskadi. Se estableció un procedimiento según el cual se procederá a la digitalización y volcado de los documentos en el Portal de Archivos Españoles 'PARES', para que finalmente puedan remitirse al Gobierno Vasco, que será quien los restituya al PNV.
Acreditada la titularidad
El proceso para la restitución de los papeles se inició en diciembre de 2009, cuando el PNV presentó formalmente su petición, y ha concluido con el informe favorable de la Comisión Técnica que valora las solicitudes presentadas por particulares.
Según el dictamen, la petición del PNV cumple con los tres requisitos exigidos para llevar a cabo la restitución. En primer lugar, la Comisión ha tenido en cuenta que la solicitud jeltzale acredita e identifica, mediante acta notarial, la relación de documentos pertenecientes al Fondo Político-Social 'Bilbao'.
Igualmente, ha estimado que la formación ha demostrado documentalmente su titularidad sobre los mismos en el momento de la incautación y su continuidad como organización política.
Izquierda Republicana
Estos extremos, según el Departamento de Cultura, no se han dado en la petición realizada por Izquierda Republicana, por lo que se ha denegado la restitución de los documentos, fondos documenales y otros efectos incautados con motivo de la Guerra Civil a esta formación.
viernes, 5 de febrero de 2010
La memoria que tampoco pudo ser libertad
El Archivo Histórico Provincial recibió ayer más de 60.000 expedientes de presos malagueños de entre 1929 y 1958.J. T. 04.02.2010 En su empeño de sacar la realidad oculta a la luz, el paradigma de la memoria histórica no tiene en el olvido su único enemigo. También la justicia y sus dictámenes han favorecido, a menudo, que la interpretación de los hechos ganada para el futuro haya caminado, demasiado a menudo, en una sola dirección. Contra esta situación, el centro penitenciario de Málaga depositó ayer en el Archivo Histórico Provincial más de 60.000 documentos antiguos que corresponden a expedientes de presos. Concretamente se trata de la cuarta transferencia de documentación que la cárcel realiza en las dependencias gestionadas por la Consejería de Cultura. Se trata de un paso decisivo para conocer el pasado de la provincia, también desde sus recuerdos menos nobles, dado con un objetivo decisivo: estos documentos permitirán, según explicó ayer en el acto de recepción el delegado provincial de la Consejería Cultura, Manuel Jesús García, ahondar, entre otras cosas, en la investigación sobre la memoria histórica en Málaga. Serán ahora, por tanto, los historiadores e investigadores, los encargados de dar formar y extraer conclusiones del legado.
García recibió los documentos del director del centro penitenciario, Antonio Guerrero. Son expedientes fechados entre 1929 y 1958 que proceden de las antiguas prisiones de Málaga, la central de mujeres y de los municipios malagueños de Antequera y de Ronda. García destacó asimismo el “ejemplo de colaboración entre administraciones” que supone depositar estos expedientes. De este modo se consigue, precisó, “proteger el patrimonio documental y facilitar la consulta de una documentación de alto valor informativo y muy demandada”. Estos expedientes, además, permitirán facilitar el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y proporcionar datos de interés a investigadores y a particulares “preocupados por la suerte que corrieron sus familiares encarcelados durante los años a los que hace referencia la documentación”.
Incluso de estos escritos se puede extraer información sobre posibles fallecidos en fosas comunes o facilitar la obtención de certificados para probar la nacionalidad de los descendientes de exiliados. Una labor que entronca directamente con las excavaciones desarrolladas en el antiguo cementerio de San Rafael, donde ya se han desarrollado varias campañas que han sacado a la luz el mayor número de fosas comunes de la península.García Martín subrayó igualmente el trabajo de organización, ordenación y descripción que realiza el Archivo Histórico, dirigido por Esther Cruces, ya que es una labor que posibilita localizar reseñas concretas entre cientos e incluso miles de documentos, muchos de ellos en un estado de conservación “deficiente”. Por su parte, el director del centro penitenciario aprovechó el acto para entregar al Archivo una escultura realizada por los internos y titulada La burocracia mata, un regalo lleno de ironía que el delegado agradeció públicamente.
De las cuatro transferencias de documentos realizadas ahora desde el centro penitenciario de Málaga hasta el Archivo Histórico Provincial, la materializada ayer es la más importante dado que abarca los años de la Guerra Civil y la primera época del franquismo. En el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica no sólo destaca la labor que pueden emprender ahora los historiadores para poner luz y taquígrafos en episodios como la entrada del ejército sublevado a la capital con el apoyo de tropas alemanas e italianas y la huida de buena parte de la población por la carretera de Almería; los más de 60.000 expedientes pueden resultar decisivos y más que útiles para descendientes de presos políticos que pueden hacer valer sus derechos respecto a la ley, a la hora de percibir indemnizaciones y reparaciones. De cualquier forma, la documentación entregada ayer en el Archivo Histórico es una parte de Málaga que, por menos renombrada, más atención merece.
martes, 16 de junio de 2009
Europeana: en marxa
Fa uns dies vam parlar-vos de la Biblioteca Digital Mundial de la Unesco.Avui us parlarem d’Europeana, la Biblioteca Digital de la Unió Europea, un projecte que es va posar en marxar a finals de l’any passat però que va tenir uns inicis una mica accidentats: el portal va morir d’èxit poques hores després de la seva posada en marxa al rebre uns 10 milions de visites cada hora.
Aquest fet és un clar exponent de la força que està prenent Internet com a plataforma d’emmagatzematge i difusió de la cultura i les expectatives dels internautes!
Europeana recull en línia el fons cultural i científic de biblioteques, arxius, galeries i museus de tot Europa, i a nivell català compta amb la col·laboració de la Biblioteca de Catalunya. El web, que ja funciona amb normalitat, està disponible en 23 idiomes, inclòs el català. Ara com ara ens ofereix accés a una versió beta -un prototip- que “només” dóna accés a 4 milions de documents digitals com imatges (pintures, dibuixos, mapes, fotografies i imatges d’objectes de museu), textos (llibres, diaris, cartes, i documents d’arxiu), so (música o emissions de ràdio) i videos (pel•lícules, noticiaris, emissions de TV, etc.).
Us recomanem fer-li una visita, però us avisem que haureu d’esperar una mica per accedir a la versió 1.0 d’Europeana: aquesta no es posarà en marxa fins el 2010 i oferirà enllaços a més de 10 milions d’objectes digitals!
viernes, 5 de junio de 2009
Programa Amarga Memoria del Gobierno de Aragón
Información sobre restitución a las personas y entidades privadas de los documentos incautados - Programa Amarga Memoria del Gobierno de Aragón
Para consultar el folleto informativo editado por el Programa Amarga Memoria así como el Real Decreto:
lunes, 29 de diciembre de 2008
La razón democrática
Con los 'papeles de Salamanca' hemos asistido a un espectáculo de una bajeza moral y política repulsiva28/12/2008 ANDREU MAYAYO*El 23 de diciembre de 1938, el católico Caudillo, por la gracia de Dios, Francisco Franco ordenó el inicio de la ofensiva final contra Catalunya sin respetar la tradicional tregua navideña. El zambombazo de aquella Nochebuena fue estremecedor. En un mes, los rebeldes llega- rían a las puertas de Barcelona y, en un par de semanas más, a la frontera francesa. Setenta años después conviene recordar la entrada a saco de un Ejército que se llamaba a sí mismo "de ocupación" y que declaró el estado de guerra para limpiar a fondo sin miramientos.
La Delegación del Estado para la Recuperación de los Documentos (DERD), adscrita al Ministerio del Interior de Ramón Serrano Súñer y dirigida por el requeté navarro Marcelino de Ulibarri y Eguiraz, estaba a punto para su cometido, que no era otro que la apropiación, custodia y clasificación de todo tipo de documentación procedente de archivos de las administraciones públicas, entidades y personas "hostiles y desafectas al Movimiento Nacional (...) y que sean susceptibles de suministrar al Estado información referente a la actuación de sus enemigos".
LA PRÁCTICA totalidad de la plantilla de la DERD (81 personas) se trasladó a Barcelona y ejecutó, bajo la atenta mirada del policía Eduardo Comín Colomer y con la ayuda de un nutrido grupo de requetés catalanes, 1.690 registros oficiales. Según los datos aportados por Josep Cruanyes, en julio de 1939 se enviaron a Salamanca, en vagones de mercancías, 141 toneladas de documentos, a las que habrían de sumarse, posteriormente, una veintena más con documentación, entre otros, de 120 ayuntamientos catalanes. Asimismo, algunos libros fueron pasto de las llamas, aunque la mayoría tuvieron un destino más lucrativo. Solo del 1 de mayo al 5 de septiembre de 1939 fueron vendidos 72.637 kilos de libros para pasta de papel.Los llamados papeles de Salamanca no tenían ninguna finalidad archivística (de conservar, clasificar y poner a disposición de los investigadores el fondo documental confiscado), sino, simple y llanamente, de servicio de información policial para la represión política confeccionando unas fichas individualizadas para "conocer, denunciar y sancionar a los enemigos de la patria". Con el tiempo se rebasaría la cifra de los tres millones de fichas. En este sentido, en el inventario de archivos del Ministerio de Cultura de 1977 no aparece el de Salamanca. Por otra parte, los responsables de tal archivo no tuvieron empacho en destruir el 90% de los documentos trasladados desde Catalunya, en uno de los atentados más graves contra el patrimonio cultural realizado por el propio Estado.
En esto de destruir documentación, el ministro de Gobernación Rodolfo Martín Villa fue un as. Primero ordenó a los alcaldes destruir los ficheros de los militantes falangistas y luego, el 19 de diciembre de 1977, firmó la orden de eliminar todas las fichas elaboradas por la DERD. Un mes después, el senador Josep Benet interpelaba al ministro para que detuviera el genocidio documental y restituyera a la Generalitat y a los legítimos propietarios los documentos depositados en Salamanca. Era el principio de una larga reivindicación, que aún colea.En todos estos años hemos asistido a un espectáculo vergonzoso, de una bajeza moral y una demagogia política repulsivas. La prueba del algodón de la cultura democrática española ha quedado empañada por alcaldes, socialistas y populares, atizando las bajas pasiones de los ciudadanos, por literatos implorando el "derecho de conquista", por gobiernos mirando para el otro lado, por ministros escondiendo la cabeza bajo el ala, por doctos académicos escurriendo el bulto...
¿Cómo pueden permitir los salmantinos que se bautice la calle donde está el archivo como calle del Expolio, en referencia a la devolución de los documentos requisados a sus legítimos propietarios? ¿También hemos de aplaudir a los militares golpistas que acusaron, sentenciaron y ejecutaron a sus compañeros de armas por el delito de rebelión militar simplemente por haber hecho honor a su juramento de fidelidad al Gobierno legítimo y constitucional de la República? ¿Estamos locos o no hemos aprendido nada?....
viernes, 26 de diciembre de 2008
Escrito de la CCVF a la Señora Vicepresidenta del Gobierno
17/12/2008 CCVF
Clikear para poder leerlos
miércoles, 24 de diciembre de 2008
La Audiencia Nacional reconoce el derecho de todos los españoles a la devolución de los papeles de Salamanca
Arantza Prádanos, 24/12/2008 La restitución a Cataluña de los llamados papeles de Salamanca, 507 cajas de legajos incautados entre 1936 y 1939 por las tropas nacionales en esa comunidad, se hizo con todas las bendiciones legales. La Audiencia Nacional lo confirmó ayer al desestimar el recurso del ayuntamiento de la ciudad, sede del Archivo General de la Guerra Civil. El tribunal no aprecia indicio alguno de inconstitucionalidad en el traslado de los documentos, pero sí una clara discriminación. La ley del 2005 limita la devolución a las instituciones y particulares catalanes, y la Audiencia Nacional insta ahora al Gobierno a abrir el archivo a los ciudadanos de otras comunidades. La contestación de la Sala de la Contencioso-Administrativo al consistorio del PP es una más de los tribunales contra la resistencia que opuso a la marcha de los papeles. La única puerta que permanece abierta es el recurso planteado ante el Tribunal Constitucional por la Junta de Castilla y León.
La segunda de las sentencias sobre estos papeles, difundida ayer, responde al recurso interpuesto ante la Audiencia Nacional por los descendientes de Ángel Ossorio y Gallardo, ministro de Fomento en 1917, que se exilió al término de la guerra. El bando vencedor requisó de su despacho «documentos personales, profesionales y políticos».
En el 2005, su familia pidió información sobre su paradero al Ministerio de Cultura, que hizo oídos sordos, y la Audiencia resolvió ahora que la familia tiene derecho a saber dónde está ese legado. Máxime cuando el ministerio confirmó al tribunal que está en el Archivo de la Guerra Civil.
Cambio en la legislación
Los jueces deniegan en cambio su devolución, porque la actual legislación no lo contempla. La norma del 2005 se ciñe a Cataluña, y la Ley de la Memoria Histórica del 2007 no ha ido más allá. Con la ley y la Constitución en la mano, los documentos expoliados por el franquismo son «bienes integrantes del patrimonio histórico español», dice la Audiencia, y por tanto su devolución «requerirá del oportuno acto del poder legislativo que autorice su devolución, como ha sucedido con la restitución a Cataluña».
En otras palabras, los magistrados animan a los poderes Ejecutivo y legislativo a extender a todos los españoles «a la mayor brevedad posible» el derecho reconocido a los catalanes y reparar un olvido que sufren otros muchos ciudadanos. Estiman que documentos «de la índole de los incautados constituyen la memoria de las personas a quienes pertenecieron y son elementos integradores de su dignidad», reza el fallo.
El tribunal considera que los documentos requisados en el contexto de la guerra son «patrimonio de su intimidad» y si lo desean los interesados, sus familiares o sucesores «debieran volver a ese ámbito íntimo del que fueron arrancados».
Están en juego, según recuerdan los magistrados, dos derechos fundamentales: a la intimidad y a la igualdad de todos los españoles, ambos reconocidos en el artículo 14 de la Carta Magna.
martes, 23 de diciembre de 2008
La Justicia avala el envío de los 'papeles de Salamanca' a Cataluña
La Audiencia Nacional considera conforme a derecho la ley que autorizó el traslado y rechaza cuestionarla ante el Constitucional MANUEL ALTOZANO - Madrid - 23/12/2008 La Audiencia Nacional ha confirmado que el traslado de los papeles del archivo de la Guerra Civil de Salamanca a Cataluña es conforme a derecho. El tribunal ha rechazado el recurso del Ayuntamiento de esa ciudad que solicitó la nulidad de la orden del Ministerio de Cultura por la que los documentos se entregaron a la Generalitat. Al mismo tiempo, considera que la ley que reguló el restablecimiento de los fondos documentales del gobierno catalán de la República es conforme a la Constitución, por lo que rechaza presentar una cuestión ante el Tribunal Constitucional, como le pedía el recurrente.
El Ayuntamiento reclamaba la nulidad de la orden, entre otras razones porque el patronato rector del archivo de Salamanca no había realizado un informe que según la ley es preceptivo. Sin embargo, los magistrados recuerdan que el asunto se recogió en el orden del día de ese organismo y se sometió a debate. "Se dio oportunidad al patronato para que emitiese su informe, y si no lo emitió o materializó, no fue porque no tuviese ocasión para ello, por lo que debe entenderse que, al menos formalmente, se ha cumplido la exigencia de este requisito", dice la sentencia.
También se rechaza que la Comisión Mixta Estado-Generalitat de Cataluña no hubiera aprobado ningún documento en que se identificaran los documentos que debían ser enviados a Cataluña. "La comisión mixta se constituyó" y aprobó y aceptó "el informe sobre la identificación de aquellos documentos que podían presentar dudas sobre la procedencia de su remisión a la Generalitat", concluye la resolución de la Audiencia.
Los magistrados, basándose en informes realizados por expertos sobre la documentación que salió del archivo, confirman que 13 de los legajos cuya procedencia catalana se ponía en cuestión -desde cartas hasta tarjetas de identidad electoral pasando por cartillas de racionamiento y carnés de conducir- procedían de archivos o particulares de esa comunidad autónoma. Los documentos, todos ellos oficiales, fueron entregados a Cataluña en 2006 y se conservan en el Arxiu Nacional de Catalunya, en Sant Cugat del Vallés (Barcelona).
El Ayuntamiento de Salamanca ha anunciado que interpondrá un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Audiencia Nacional. El consistorio salmantino, en un comunicado, mantiene que miles de documentos sacados del Archivo no pertenecieron nunca a la Generalitat de Cataluña ni a sus entidades dependientes.
Muestra en Barcelona
Esta tarde se han presentado en el Archivo Nacional de Cataluña 120 documentos de carácter privado procedentes del Archivo de Salamanca. El acto ha contado con la presencia del consejero de Cultura, Joan Manuel Tresserras. Estos papeles corresponden a ciudadanos catalanes de los años treinta y que fueron incautados por el franquismo. Los libros se encuentran en buen estado de conservación y, entre ellos, destacan los del republicano Antoni Rovira i Virgili....
La Audiencia rechaza devolver los documentos incautados durante la Guerra Civil
El tribunal advierte sobre la discriminación que la ley ejerce con los españoles a los que el franquismo arrebató sus documentos, pero rechaza la devolución de éstos a la familia de Ángel Ossorio y Gallardo, defensor de la República y ministro con Alfonso XIIISERGIO LEÓN - Madrid - 23/12/2008 13:02
La Audiencia Nacional ha lanzado una advertencia sobre la discriminación que sufren los españoles no catalanes cuyos documentos fueron arrebatados por el franquismo, aduciendo que no existe una norma, como la 21/2005 con la que se devolvió a la Generalitat los llamados "papeles de Salamanca", que regule su restitución.
La Audiencia Nacional ha lanzado una advertencia sobre la discriminación que sufren los españoles no catalanes cuyos documentos fueron arrebatados por el franquismo, aduciendo que no existe una norma, como la 21/2005 con la que se devolvió a la Generalitat los llamados "papeles de Salamanca", que regule su restitución.
Sin embargo, en el caso de la documentación de Ángel Ossorio y Gallardo (Madrid, 1873-Buenos Aires, 1946), defensor de la República durante la Guerra Civil y ministro de Fomento durante el reinado de Alfonso XIII, ha rechazado su devolución a la familia porque no hay "sustento legal" para ello, aunque sí declara su derecho a conocer por medio del Ministerio de Cultura si la documentación incautada se encuentra en el Archivo General de la Guerra Civil.
Fuentes de la defensa del caso han declarado a Público que piensan "recurrir al Tribunal Supremo, ya que el ordenamiento jurídico tiene los instrumentos necesarios para eludir el resultado discriminatorio de la incautación de la documentación".
Asimismo, las mismas fuentes han dejado constancia de que "los actos de fuerza producidos durante la Guerra Civil no generan derechos de propiedad a pesar de la posesión prolongada de los documentos", lo que da más fuerza a la posible devolución de todos los documentos incautados.
Declaración de intenciones
A pesar de que el tribunal declara que muchos de los documentos arrebatados por el franquismo y custodiados en el Archivo de Salamanca, como los que reclaman los Ossorio, "constituyen la memoria de las personas a quienes pertenecieron y son elementos integradores de su dignidad", no ha querido ir más allá y la sentencia se ha quedado en una simple declaración de intenciones....
Suscribirse a:
Entradas
(
Atom
)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
