Manifestacion contra la impunidad en Madrid 22N

Enlaces a la noticia:

http://www.foroporlamemoria.info/2015/11/manifestacion-estatal-por-la-memoria-historica-22nyovoy/

http://www.lasexta.com/noticias/nacional/mas-millar-personas-recorren-madrid-exigir-que-reconozca-victimas-franquismo_2015112200069.html

http://www.europapress.tv/

https://bambuser.com/v/5940675

https://bambuser.com/v/5940670

http://www.publico.es/politica/victimas-del-franquismo-exigen-acabar.html

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/11/22/madrid_acoge_primera_marcha_estatal_por_memoria_historica_41157_1012.html

http://politica.elpais.com/politica/2015/11/22/actualidad/1448207812_073635.html

Manifestación Estatal por la Memoria Historica

Criminales de dictaduras juzgados

Criminales de dictaduras juzgados: Argentina: 7 años = 1.600 Alemania: 12 años = 2.283 España: 39 años = 0 pic.twitter.com/z5H95boGZG

— Eco Republicano (@ecorepublicano) Mayo 31, 2015

Carta abierta a los partidos políticos y organizaciones sociales del Estado español: contra la impunidad y por la democracia

(Enviar adhesiones a famyr@memoriayrepublica.org)

Carta abierta a los partidos políticos y organizaciones sociales del Estado español: contra la impunidad y por la democracia

Es evidente que en los últimos años la sociedad española se ha sensibilizado por la situación de las víctimas de la represión franquista, lo que ha dado lugar al surgimiento de numerosas asociaciones relacionadas con estos hechos. A pesar de los años transcurridos, cualquiera que se acerca a esta cuestión se encuentra por parte del Estado con la dejación de la situación de las víctimas, de la memoria y de los derechos humanos.

Y es precisamente desde el discurso de derechos humanos desde donde se puede hacer frente a la situación concreta y exigir al Estado la justicia necesaria para poner fin a la desmemoria, dejación e impunidad a que se ha reducido esta cuestión de forma, muchas veces, intencionada.

En un momento en que los modelos de impunidad impuestos en otros países, como Argentina y Chile, han visto caer su legitimidad y su legalidad, creemos que es oportuno que el Estado Español, en parte responsable de dichos modelos, asuma su propia problemática, la que denominamos el “modelo español de impunidad”, y ponga fin al mismo en forma democrática y con el respeto que todas las víctimas se merecen, pero teniendo muy claro que la finalidad es consolidar las libertades civiles y los derechos humanos.

Es necesario que se entienda que la justicia es lo contrario de la venganza. Es necesario que no se equipare, en un discurso perverso, el concepto de justicia al de venganza, pues ello posibilita que se considere el olvido como una de las bases del estado de derecho. Ninguna sociedad puede sobrevivir al desconocimiento de su propia historia, por horrible que ésta sea… Y es evidente que el discurso de derechos humanos y libertades no se recuperó aún de la pérdida de ambos valores tras el golpe de estado franquista

A partir del 14 de abril de 2004, con la publicación del informe “La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas” y su Plan de Acción, dio comienzo el desarrollo de un discurso sobre las víctimas republicanas de la Guerra Civil, de la Segunda Guerra Mundial y de la dictadura franquista, discurso ausente en los partidos políticos y en la inmensa mayoría de las organizaciones sociales españolas.

Por primera vez se hicieron públicos documentos que permiten la categorización criminal del régimen franquista y de su participación, como parte de los Países del Eje, en la guerra de agresión nacionalsocialista que sufrieron la práctica totalidad de los países europeos, pero muy especialmente los países del Centro y del Este de Europa.

De especial importancia es la resolución 39 (I) de 12 de diciembre de 1946, que define al régimen franquista diciendo: “(a) En sus orígenes, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es un régimen fascista modelado sobre, y en gran medida establecido gracias a, la ayuda recibida de la Alemania Nazi de Hitler y la Italia Fascista de Mussolini.”
Esta definición, unida a la actuación del fascismo español, nos permite afirmar que fue un régimen criminal y que sus crímenes permanecen impunes judicialmente en virtud de artificios legales pergeñados durante la denominada “transición”.

En este sentido, es totalmente contrario al derecho internacional vigente que continúen en vigor leyes como la mal llamada “ley de amnistía”, que fue en realidad el parapeto jurídico de los responsables franquistas de la comisión de crímenes contra la humanidad. En fechas más recientes, este marco de impunidad se ha visto complementado con la también mal llamada “ley de la memoria“.

Este modelo legal de impunidad sancionado por el Congreso tiene diversos efectos prácticos en el ámbito legal, pero principalmente, ha supuesto la indefensión y exclusión de las víctimas republicanas y la declaración de legalidad del ordenamiento jurídico franquista.

Estas cuestiones, que no son menores, conforman una base de ilegitimidad sobre la que se asienta el régimen político actual. Este problema de fondo no puede superarse con voluntarismos frívolos tales como querer mirar sólo al “futuro promisorio”, al tiempo que nos negamos a analizar el pasado, menos aún cuando ese voluntarismo pretende desconocer que el fascismo español está inmerso y es consecuencia de la historia europea.

No existe por tanto esa “excepción española” que permite comprender la democracia alemana, francesa, italiana e incluso la japonesa obviando su ruptura con los modelos legales nacionalsocialistas, fascistas o imperialistas.

Hoy no es discutible afirmar que el régimen fascista español cometió crímenes contra la población civil y que practicó el asesinato, el exterminio, la tortura, el sometimiento a esclavitud, la deportación, la persecución por motivos políticos, raciales y religiosos, así como el encarcelamiento arbitrario.

No obstante, esta constatación empírica, es rechazada por la práctica totalidad de los partidos políticos y de los tribunales, los cuales intentan crear un absurdo e inmoral sistema doctrinal que permita ocultar para siempre la historia del fascismo español.

Tampoco la posibilidad de una Comisión de la Verdad, en cualquiera de sus formas, constituye un mecanismo de respuesta al problema de la impunidad, sobre todo si se tiene en cuenta que las comisiones de la verdad no pueden suplir la obligación que pesa sobre el Estado de investigar, a través de su poder judicial, los crímenes del franquismo.

El 18 de noviembre de 2006, a raíz de un informe publicado por la Sección Española de Amnistía Internacional, la Presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados de la II República por el Franquismo (AfarIIREP) se dirigía a esta organización en una carta pública, en la que dejaba claro su rechazo a la posibilidad de una Comisión de la Verdad en cualquiera de sus formas, y ello por tres cuestiones básicas: a) Porque en un estado de derecho lo que debe primar es el derecho a la justicia y esto no se consigue a través de una Comisión de la Verdad; b) Porque el derecho internacional aplicable en la jurisdicción europea obliga al cumplimiento de normas jurídicas que una Comisión de la Verdad no puede garantizar; c) Porque las Comisiones de la Verdad han significado en la práctica la configuración de modelos de impunidad.

El juez francés Louis Joinet estableció unos principios básicos sobre los modelos de impunidad que fueron discutidos, y como reconoce en la introducción de su informe final, contó con la crítica y el apoyo de las organizaciones que participaron en el “Seminario Internacional: Impunidad y sus efectos en los procesos democráticos” realizado en Santiago de Chile en diciembre de 1996.

Por primera vez un documento de Naciones Unidas define la impunidad como “la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones de los derechos humanos, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas”.

Es con estos antecedentes que nos dirigimos a las organizaciones sociales y políticas, para que incluyan el discurso de las víctimas republicanas y el de la lucha contra la impunidad y tengan en cuenta los problemas reales existentes para buscar las alternativas prácticas que den solución a estos problemas.

Es el Estado quien ha de garantizar el derecho a la justicia, con todas las implicaciones que ello supone, como es el acceso a los archivos de la represión, a las causas de la muerte en los registros civiles, al respeto de la normativa forense en materia de exhumaciones de restos humanos (y no de restos antropológicos, que es como se ha tratado hasta el momento a las víctimas de ejecuciones judiciales y extrajudiciales cometidas por el régimen franquista). El Estado no puede declinar ni hacer dejación de sus obligaciones en materia de derecho penal internacional. Es indudable que en el caso del Reino de España la falta de responsabilidad penal de los autores de violaciones graves a los derechos humanos es absoluta y, por ende, el sistema de impunidad pergeñado durante la transición sigue incólume.

Y si dejamos que se implanten definitivamente los modelos de impunidad, corremos el riesgo cierto de perder las libertades que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos pretendió universalizar.

Los modelos de impunidad surgen con la pretensión de resolver el dilema que representan la democracia, las libertades y la expresión del uso racional de ambas, que son los derechos humanos. Les caracteriza la vanidad, que se plasma en “la presunción de gobernar hasta más allá de la tumba…, en la más insolente de todas las tiranías”, como tan bien respondiera Thomas Paine a Edmund Burke.
Y esto es así porque como decía Jeremy Bentham “del poder de perdonar sin límites surge la impunidad de la delincuencia en todas sus formas, de la impunidad de la delincuencia en todas sus formas, la impunidad de todas la formas de maldad, de la impunidad de todas las formas de maldad, la descomposición de los gobiernos, de la descomposición de los gobiernos la descomposición política de la sociedad”.

No se puede construir el futuro dando la espalda al pasado y restaurar la justicia significa devolver a las generaciones venideras la libertad, para lo cual es necesario obligar al mundo político a recuperar su conexión con las formas de vida éticas donde la fraternidad y la solidaridad ocupen su lugar. De lo contrario condenamos a las generaciones venideras a vivir en plena soledad y en un espacio vacío.
31 de marzo de 2015

---

ANEXO

English | Français

Propuesta de programa contra la impunidad y de fortalecimiento democrático
Proponemos a los partidos políticos del Estado español que asuman y promuevan el siguiente Plan de Acción, el cual refleja de una manera no exhaustiva las consecuencias de la impunidad española. En su elaboración se tuvo en cuenta la opinión de todos los actores sociales existentes a principios de 2004.

1. Ratificación de la “Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad“.

2. Declarar por Ley la nulidad de todas las acciones legales del régimen franquista, haciendo mención expresa a las Resoluciones de las Naciones Unidas adoptadas por unanimidad por la Asamblea General de la ONU el 9 de febrero de 1946 [Res. 32(I)] y el 12 de diciembre de 1946 [Res. 39(I)], y a su carácter criminal según las normas de derecho internacional.

3. Declarar la nulidad de todos los juicios penales y militares por arbitrarios e ilegales, adoptando las medidas adecuadas para el resarcimiento proporcional y actualizado de las víctimas, así como la reconstrucción de los archivos penales y judiciales afectados.

4. Elaborar una ley de exhumaciones e identificación de víctimas que tenga en cuenta los tipos de delitos, el necesario conocimiento de la verdad y que fije los procedimientos acordes con el derecho internacional de derechos humanos.

Dicha ley ha de tener en cuenta además los diferentes tipos de enterramientos clandestinos, oficiales, etc. y resolver el caso de las fosas comunes producto del plan de exterminio, de los enterramientos ilegales y de las fosas comunes de las tropas regulares en los frentes de batalla.

5. Elaboración de un Manual de Antropología forense adaptado a las normas internacionales de derechos humanos, crímenes de guerra y a la situación histórica de la II República y del régimen franquista, que permita ordenar los desenterramientos en orden a la instrucción penal correspondiente en función del tipo de delitos y las víctimas, sean éstas civiles o soldados regulares en los frentes de batalla.

6. Normalización legislativa de los bancos de datos de ADN para la identificación de víctimas, procediendo al registro judicial de las muestras de los restos de las víctimas, así como las de los familiares que lo soliciten, y creando los parámetros de reconocimiento que surjan de la experiencia antropológico forense y sociológica.

7. Ley de reconocimiento de los campos de concentración y de trabajos forzados, y reconstrucción de los procesos seguidos en los mismos y de las víctimas.

8. Desclasificación y catalogación de todos los archivos diplomáticos, militares y de inteligencia hasta la instauración del régimen democrático.

9. Inventario, catalogación y reorganización, con medios adecuados a la tecnología actual, de los archivos penales, judiciales, carcelarios, militares, de inteligencia, municipales, etc., a nivel de todas las administraciones, adecuándolos a las normas del derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas.

Se ha de reconocer el libre acceso y la obligación de colaboración judicial de los responsables de dichos archivos con las víctimas y sus familiares, organizaciones de víctimas, organizaciones de derechos humanos y con la justicia nacional o de otros países.

10. Reconstrucción de las listas de víctimas españolas en terceros países como consecuencia del régimen franquista, incluyendo especialmente a los denominados “niños de la guerra”, y solicitando, si fuera necesario, la colaboración internacional, especialmente en el ámbito europeo, para lo que se contará con las organizaciones de exiliados o de organizaciones extranjeras que hayan colaborado con el exilio republicano. Se procederá a la regularización jurídica de los problemas de nacionalidad española derivados del exilio y de los que son consecuencia de la inscripción de españoles en registros de autoridades legítimas dela II República, otorgando el mantenimiento de la doble nacionalidad de los exiliados y de sus descendientes en todos los casos.

11. Reconstrucción de las listas de víctimas y represaliados desde el levantamiento franquista, de forma legalmente válida, otorgando el reconocimiento jurídico válido y teniendo especial cuidado con los menores, huérfanos y mujeres.

12. Adecuación de las normas de los registros civiles a efectos de la correcta determinación de las causas de muerte.

13. Establecer un inventario de los bienes saqueados, embargados o expoliados por motivos políticos, religiosos y de represalias.

14. Establecer una legislación que permita la recuperación e indemnización a cargo del estado, o de los responsables patrimoniales si existieran, de los bienes expoliados a personas físicas o legales por motivos políticos, religiosos o de represalias de cualquier tipo.

15. Legislación de reconocimiento de todos los militares que sirvieron lealmente a la II República, restableciendo su condición histórica y adecuando sus méritos reglamentarios a todos los efectos.

16. Legislación de reconocimiento de todos los militares y fuerzas irregulares de origen español que colaboraron con los países aliados en la resistencia contra los países del Eje y contra el régimen franquista, equiparándolos al reconocimiento jurídico, militar y social que se siguió en países como Francia.

17. Reconstrucción de los mandos de todas las organizaciones franquistas en el interior y el exterior de España, para facilitar el derecho a la verdad y el conocimiento de los perpetradores de los crímenes contra la humanidad.

18. Fijación de un sistema de resarcimiento económico actualizado, en términos actuariales y que se corresponda con la realidad económica y social española, a todo tipo de víctimas aún vivas, herederos y sus familias, así como adoptar las medidas necesarias para el reconocimiento social y cultural, para lo que se procederá a la localización, catalogación y declaración como patrimonio histórico de los lugares de memoria de la lucha en defensa de la República y de la represión franquista.

Este documento ha sido elaborado por el Equipo Nizkor después de conversaciones mantenidas con la Federación Asturiana Memoria y República.

Firman:

• Asociación Archivo Guerra y Exilio (AGE) España
• Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados de la II República por el Franquismo (AfarIIREP)
• Asociación Viguesa pola Memoria Histórica do 36, Vigo, Galicia
• Derechos Human Rights, California, USA
• Equipo Nizkor, Charleroi, Bélgica
• Federación Asturiana Memoria y República, Asturias, España
• Federación Estatal de Foros por la Memoria
• Grupo de Estudios de Derecho Internacional, Madrid, España

Hernando, jamás entenderás nuestra lucha, porque no somos delincuentes de guante blanco

Francisco González Tejera - Viajando entre la tormenta - 23/11/13

Las vergonzosas declaraciones de Rafael Hernando, portavoz adjunto del partido de Bárcenas y “El Bigotes”, en la tv ultraderechista Canal 13, donde afirmó textualmente, que "Algunos se han acordado de su padre enterrado sólo cuando ha habido subvenciones", vienen a demostrar una vez más la asquerosa complicidad del PP con los asesinos del régimen del enano dictador genocida.

 

De nuevo este gobierno del partido falangista presidido por Mariano Rajoy, vuelve a humillar al medio millón de familias que sufrieron en sus carnes el terror fascista, que en su gran mayoría no han logrado recuperar los huesos de sus parientes asesinados/as, que en muchos casos no han recibido ni un céntimo de un régimen tremendamente corrupto, que solo se acuerda de sus afines víctimas del terrorismo, obviando el terrorismo de estado de  más de 40 años de crímenes, beneficiando de forma exclusiva con miles de millones y todo tipo de ventajas fiscales, educativas, sanitarias, etc., a quienes ellos consideran que merecen los mayores privilegios, tapando intencionadamente los asesinatos del régimen nazi español, evitando por todos los medios que se abran las fosas comunes y cunetas, donde fueron enterrados como perros cientos de miles de republicanos/as asesinados/as.

 

Como familiar directo de un fusilado por el franquismo, puedo constatar el abandono absoluto de quienes sufrimos los crímenes de la dictadura, como los sucesivos gobiernos, sobre todo del PP, nos han ninguneado, represaliado en nuestros trabajos, perseguido y tratado de anular como movimiento social que solo busca verdad, memoria, justicia y reparación.

 

Las ultra católicas y retorcidas mentes como la del tal Hernando, son incapaces de funcionar si no hay dinero de por medio. El reconocimiento histórico, la recuperación de las propiedades que nos saquearon, los/as niños/as que nos robaron los buenos amigos de este podrido personaje, la dignidad de nuestros muertos se las pasa por el forro de sus inmundicias.

 

No queremos dinero y eso lo saben los meapilas sobrecogidos de este gobierno y por lo mismo no lo pueden entender, ya que ellos viven, cagan y mueren por llenar sus asquerosas cuentas corrientes de dinero saqueado al pueblo trabajador.

 

Mi familia nunca ha luchado ni lucha por dinero, solo nos mueve el afán de recuperar memoria y dignidad, de que hechos tan graves como el genocidio franquista no se vuelvan a repetir jamás, que la verdadera democracia se imponga por fin en el reino de los delincuentes de guante blanco, que la gestión política se desarrolle por y para el pueblo, no de forma exclusiva para el beneficio de los donantes de sobres y otras mafias.

 

Las actitudes altruistas jamás las podrán asimilar quienes se meten en política para enriquecerse ellos y sus familias. La lucha sin pedir nada a cambio no entra en los parámetros de esta casta de sinvergüenzas, por eso el señor Hernando y el resto de ultra reaccionarios de su partido nos atacan, nos tratan de vilipendiar, de humillar, de alienar. Tienen miedo de que sigamos con esta noble y justa brega por la justicia y la libertad.

 

Las vergonzosas declaraciones de Rafael Hernando, portavoz adjunto del partido de Bárcenas y “El Bigotes”, en la tv ultraderechista Canal 13, donde afirmó textualmente, que "Algunos se han acordado de su padre enterrado sólo cuando ha habido subvenciones", vienen a demostrar una vez más la asquerosa complicidad del PP con los asesinos del régimen del enano dictador genocida.

 

De nuevo este gobierno del partido falangista presidido por Mariano Rajoy, vuelve a humillar al medio millón de familias que sufrieron en sus carnes el terror fascista, que en su gran mayoría no han logrado recuperar los huesos de sus parientes asesinados/as, que en muchos casos no han recibido ni un céntimo de un régimen tremendamente corrupto, que solo se acuerda de sus afines víctimas del terrorismo, obviando el terrorismo de estado de  más de 40 años de crímenes, beneficiando de forma exclusiva con miles de millones y todo tipo de ventajas fiscales, educativas, sanitarias, etc., a quienes ellos consideran que merecen los mayores privilegios, tapando intencionadamente los asesinatos del régimen nazi español, evitando por todos los medios que se abran las fosas comunes y cunetas, donde fueron enterrados como perros cientos de miles de republicanos/as asesinados/as.

 

Como familiar directo de un fusilado por el franquismo, puedo constatar el abandono absoluto de quienes sufrimos los crímenes de la dictadura, como los sucesivos gobiernos, sobre todo del PP, nos han ninguneado, represaliado en nuestros trabajos, perseguido y tratado de anular como movimiento social que solo busca verdad, memoria, justicia y reparación.

 

Las ultra católicas y retorcidas mentes como la del tal Hernando, son incapaces de funcionar si no hay dinero de por medio. El reconocimiento histórico, la recuperación de las propiedades que nos saquearon, los/as niños/as que nos robaron los buenos amigos de este podrido personaje, la dignidad de nuestros muertos se las pasa por el forro de sus inmundicias.

 

No queremos dinero y eso lo saben los meapilas sobrecogidos de este gobierno y por lo mismo no lo pueden entender, ya que ellos viven, cagan y mueren por llenar sus asquerosas cuentas corrientes de dinero saqueado al pueblo trabajador.

 

Mi familia nunca ha luchado ni lucha por dinero, solo nos mueve el afán de recuperar memoria y dignidad, de que hechos tan graves como el genocidio franquista no se vuelvan a repetir jamás, que la verdadera democracia se imponga por fin en el reino de los delincuentes de guante blanco, que la gestión política se desarrolle por y para el pueblo, no de forma exclusiva para el beneficio de los donantes de sobres y otras mafias.

 

Las actitudes altruistas jamás las podrán asimilar quienes se meten en política para enriquecerse ellos y sus familias. La lucha sin pedir nada a cambio no entra en los parámetros de esta casta de sinvergüenzas, por eso el señor Hernando y el resto de ultra reaccionarios de su partido nos atacan, nos tratan de vilipendiar, de humillar, de alienar. Tienen miedo de que sigamos con esta noble y justa brega por la justicia y la libertad.

"Las víctimas del franquismo deben tener el mismo estatuto jurídico que tienen las del terrorismo"

Carlos Castresana, fiscal del Tribunal Supremo y exdirector de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, analiza la sentencia de 80 años de cárcel para el dictador Ríos Montt y la confronta con el caso español de las víctimas del franquismo

 

Público - Patricia Campelo Madrid 13/05/2013

Hace 14 años, Rigoberta Menchú, premio Nobel de la paz en 1992, denunció ante la Audiencia Nacional a ocho personas -entre ellas a Efraín Ríos Montt- por delitos de genocidio, terrorismo y torturas cometidos durante las dictaduras militares en Guatemala. Fue una llamada de atención para que la comunidad internacional posara sus ojos en un conflicto ignorado. Ahora, el país centro americano está haciendo justicia desde sus propias instituciones y gracias a la ayuda que llegó del exterior. El pasado viernes, un tribunal penal guatemalteco condenó a 80 años de prisión al ex militar golpista cuyo nombre llevó Menchú a una instancia judicial española en 1999.  Ríos Montt ha sido juzgado y condenado por genocidio y crímenes de guerra cometidos por el ejército del que él era responsable contra población ixil entre 1982 y 1983. Bajo su mando, fueron asesinados 1.771 indígenas.

Para alcanzar la realidad que demandaban las víctimas, ha sido esencial el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dirigida por el fiscal del Tribunal Supremo español Carlos Castresana entre 2007 y 2010.  De su trabajo al frente de la CICG resultó la creación del Tribunal de Alto Impacto -la instancia que ha juzgado a Ríos Montt- y la detención de 150 altos cargos vinculados al dictador guatemalteco.

¿Cómo valora la sentencia que condena a 80 años de prisión al dictador Efraín Ríos Montt?

"La Comisión logró 150 capturas de personas de altísimos nivel en relación a Ríos Montt" 

Lo valoro positivamente porque aunque hay quien dice que pone en riesgo la estabilidad, y sí puede crear problemas, estaba previsto en los Acuerdos de Paz que los crímenes de carácter internacional, y el genocidio lo es, estaban excluidos de la amnistía, de modo que era una asignatura pendiente que las circunstancias de los años siguientes [a las dictaduras militares] no permitieron llevar adelante, pero que hoy en día sí que se puede y es necesario. El país tiene que hacer frente a su historia.

¿Por qué no se pudo procesar antes a los responsables del genocidio maya?

Porque la amenaza sigue presente, y las condiciones legales existen pero las políticas y sociales no lo permiten. Una cosa es la teoría de lo que se debe hacer y otra que se den las condiciones de hecho para poderlo hacer. El trabajo del equipo de 200 personas en los tres años que yo dirigí la CICIG fue imprescindible para que esta realidad haya sido posible. Primero, porque el Tribunal de Alto Impacto, el que ha juzgado a Ríos Montt, lo creamos nosotros, y a imagen y semejanza de la Audiencia Nacional española: un tribunal en la capital, con jurisdicción en todo el territorio, con jueces bien formados y con la debida protección para hacer frente a los casos más graves, peligrosos y complejos. Y segundo, porque nosotros conseguimos 150 capturas de personas de altísimos nivel en relación con Ríos Montt: su hijo -el general Enrique Ríos Sosa-, su antiguo yerno, Sergio Roberto López Villatoro -que era uno de los que tenía más influencia en cómo se seleccionaba ‘mal' el poder judicial- y el que fue presidente de su partido, Alfonso Portillo. La CICIG abrió el camino.

Los abogados de Ríos Montt anunciaron su intención de recurrir la sentencia, y el propio dictador calificó el juicio de ‘show político internacional'. ¿Qué posibilidades se le abren a partir de ahora?

"La inmensa mayoría de la población sigue discriminada"

Eso forma parte de la normalidad democrática en un estado de derecho; el que no esté conforme con una sentencia, que la recurra y que dejen a los tribunales trabajar. Esto último es la mayor dificultad. Más allá del caso concreto, lo importante para el futuro y para la viabilidad del país es que estos asuntos se puedan ventilar ante los tribunales, que es donde tienen que resolverse, y que dejen a los tribunales trabajar con independencia e imparcialidad.

Para las víctimas, ¿qué consecuencias directas conlleva la sentencia?

"Un cuarto de millón de personas fueron masacradas, la mayoría, mayas y civiles indefensos"

Muy importantes. Un cuarto de millón de personas fueron masacradas, la mayoría, mayas y civiles indefensos. En cualquier conflicto armado hay unas líneas rojas muy claras que no se pueden traspasar: los combatientes se pueden matar entre ellos pero no pueden matar civiles. Aquí estamos frente a uno de los genocidios a los que la comunidad internacional ignoró. Sí nos ocupamos del caso de Ruanda, del de Yugoslavia y otras situaciones análogas. Pero el genocidio de Guatemala no fue objeto de acción por parte de la comunidad internacional. Afortunadamente, desde fuera sí llegó un apoyo durante años al sistema de justicia guatemalteco, lográndose que, al final, las propias instituciones guatemaltecas hayan sido capaces de hacer el trabajo.

Y, ¿qué supone la condena a Ríos Montt para la sociedad guatemalteca en general?

Es un momento histórico. Hay un antes y un después. No hay manera de construir una sociedad desarrollada, libre, y un verdadero estado de derecho si no se hace frente a una realidad terrible que hasta ahora se estaba ignorando. La inmensa mayoría de la población sigue discriminada, sin tener igualdad de oportunidades ni acceso a los cargos públicos. Son víctimas de una cadena de crímenes terribles que la sociedad había preferido ignorar, pero están ahí. Las consecuencias para las víctimas son: reconocer la dignidad que les corresponde y la dignidad a la que tienen derecho.

Ríos Montt fue diputado en el Congreso de Guatemala hasta enero de 2012. Las víctimas denuncian que responsables del genocidio sigan ocupando puestos de poder. ¿Circunstancias de esta índole han podido dificultar el proceso judicial?

"Que el proceso contra Ríos Montt haya salido adelante no significa que el sistema esté saneado"

Mucho, ha habido un montón de entorpecimientos de tipo procesal, de presión política y de toda naturaleza. Que el proceso haya podido salir adelante no significa que el sistema esté saneado, esto va a seguir siendo extremadamente deficiente y no cumple con el deber de dar tutela a los ciudadanos, que es para lo que se supone que sirve un sistema judicial. El caso [de Ríos Montt] es una excepción esperanzadora; esperamos que se generalice, pero hay mucho trabajo que hacer. Es un buen punto de partida y ahora tienen que trabajar más en el medio y largo plazo con una política criminal que les permita tener un sistema eficiente donde la gente se sienta protegida, porque el triángulo norte de Centroamérica -Guatemala, El Salvador y Honduras´- sigue siendo el lugar más violento del mundo. Allí, la mayor parte de los conflictos de tipo familiares, de negocios o cualquier clase de controversia entre ciudadanos se resuelven muchas veces a balazos porque no hay una manera civilizada en la que un árbitro, que es un juez, se interponga y resuelva la controversia por métodos pacíficos.

Usted abandono la CICIG en 2010. ¿Se volvió insostenible el trabajo contra la impunidad?

La Comisión sigue, y no soy quien para valorar el trabajo que ha hecho después, pero yo, después de tres años, personalmente estaba exhausto, y había dejado de ser un interlocutor.  Cuando metes en la cárcel a una persona poderosa te enemistas con un cierto grupo. Y cuando has hecho eso 150 veces, pues prácticamente has dejado de ser interlocutor porque no hay ningún grupo con el que no tengas un contencioso.

¿Este proceso judicial puede servir de aviso a la corrupción existente en diferentes instituciones de Guatemala?

Debería serlo en el sentido de que, quienes estén realizando esas conductas a día de hoy, también están sujetos a responsabilidad. Ese es el desafío, lo que hoy es un caso excepcional, debería convertirse en rutina, pero eso es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo.

¿Sentencias condenatorias como la de Ríos Montt contribuyen a profundizar la democracia de un país?

Si, sin duda refuerzan el estado de derecho. Este caso tiene la desventaja de que es una excepción, pero ejemplarizante, que envía el mensaje correcto de que no hay nadie por encima de la ley.

En Argentina se sigue un querella contra el franquismo interpuesta por víctimas que vieron cerradas las puertas de la justicia en España. ¿Por qué aquí no es posible juzgar la dictadura militar?

"Guatemala, El Salvador y Honduras siguen siendo los lugares más violentos del mundo"

Porque en la transición se dejaron de hacer muchas cosas que se debían haber hecho: restablecer la verdad, la justicia, haber ofrecido reparaciones. Se llevó a cabo una transición política superficial, que alcanzó el sufragio -que es muy importante- pero una democracia no es sólo sufragio, también el estado de derecho. No se logró que el poder judicial fuera verdaderamente  independiente; se escribió una constitución que en muchos aspectos importantes no se aplica y los organismo de control no han funcionado como deberían. Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas tardó años en darse cuenta de que Jesús Gil saqueaba el ayuntamiento de Marbella, y ahora les reclama a sus herederos. Hicimos una transición ‘low cost' y lo que conseguimos es una democracia ‘de todo a cien'.

¿En España aún se podría configurar una comisión de la verdad como han hecho países que han superado las dictaduras militares de su pasado?

Es una tarea pendiente que en algún momento habrá que abordar. El precedente más remoto es el de Australia, donde tardaron 90 años en hacer una comisión de la verdad para investigar los crímenes de los que había sido víctima la población aborigen. En España, no sé cuándo habrá condiciones para ello, pero habrá que hacerlo porque hemos dejado en el tintero cosas muy importantes que hacen que este sistema funcione de manera tan deficiente como estamos viendo estos días. Si la nueva democracia española hubiera sido capaz de abordar con seriedad, con objetividad y contundencia los primeros casos  de corrupción que se presentaron en los años 80, pues no tendríamos la epidemia que estamos contemplando estos días.

Y, esa supuesta comisión, ¿debería fijar una verdad oficial de los hechos?

Absolutamente. Y las víctimas del franquismo tendrían que tener el mismo estatuto jurídico que tienen las víctimas del terrorismo, ni mejor ni peor, exactamente el mismo. Son víctimas de la violencia política, y si unas tienen derecho a la memoria y a la justicia y a la reparación, no veo por qué las otras no.

¿Hay víctimas de primera y de segunda clase en España?

"Cuando metes en la cárcel a una persona poderosa te enemistas con un cierto grupo"

Hay víctimas ignoradas y escondidas, lo mismo que estaba pasando en Guatemala hasta el viernes. Allí había una cantidad enorme de personas que habían sido violadas, asesinadas, saqueadas, y que no tenían un sitio en la sociedad. En España, afortunadamente la convivencia es más fácil porque los hechos son más antiguos, pero aun así sigue habiendo una enorme cantidad de personas que no han visto reconocidas en la democracia española los derechos que les reconoce el derecho internacional. Seguimos teniendo 130.000 desaparecidos.

 Salvando las diferencias, el caso de Guatemala y el español coinciden en la categoría de los delitos y en las demandas de las víctimas.

Claro, pero también en el mismo contexto de dificultad de hacer frente a esos procesos desde el mismo país donde los crímenes se han producido. Las condiciones son muy difíciles porque los responsables están todavía ahí y siguen teniendo capacidad de influir, de presionar y de amenaza. Es la comunidad internacional la que tiene que tender la mano para ayudar a esos países en conflicto a superarlo bien, no cerrando en falso las heridas, y construir un verdadero estado de derecho. En el caso de España, es evidente que las Naciones Unidas, el Consejo de Europa, el Tribunal europeo de Estrasburgo y la Unión Europea no han hecho lo que debían para que España se hubiera integrado como miembro de pleno derecho [en la UE] habiendo hecho sus deberes.

¿Cómo ha influido la sociedad civil en Guatemala a la hora de reparar su pasado?

"En España hicimos una transición ‘low cost’ y conseguimos una democracia de todo a cien"

Ha habido grupos e individualidades notables que han mantenido la lucha por la justicia durante todos estos años, en muchos casos con un coste personal terrible y con un riesgo permanente para su vida y seguridad. Y también, ha habido una ayuda generosa de la comunidad internacional que, aunque no ha hecho el trabajo desde fuera, sí ha permitido inyectar dinero, entrenamiento y capacitación en las instituciones guatemaltecas hasta que se ha producido el milagro de que esas propias instituciones han sido capaces de hacer un trabajo que, por ejemplo, en la ex Yugoslavia, hizo el tribunal internacional [específico] que se creó.

En Guatemala se han juzgado delitos cometidos en los años 80. En España, además de los impedimentos que dejó la transición, ¿es determinante la distancia temporal respecto a la comisión de los crímenes para que no se llegue al esclarecimiento de los mismos?

Nosotros tenemos que revisar nuestra historia, que tampoco es tan remota. Lo más lejano es la guerra civil y posguerra, y sus responsables están muertos, pero la dictadura llegó hasta 1975, se siguieron cometiendo delitos hasta entonces y muchos de esos responsables sí están vivos y las víctimas también.

¿Qué enseñanza extraemos del caso de la dictadura militar de Guatemala?

Que la lección para la sociedad de hacer frente a su pasado y de resolverlo, además, como dicta el derecho internacional, debe hacerse. Es una tarea pendiente.

Conferencia de Gregorio Dionis: Los crímenes del franquismo y la impunidad

Los crimenes del franquismo y la impunidad

A cargo de Gregorio Dionis

(Presidente del Equipo Nizkor juristas que llevaron el caso de Pinochet a los tribunales)

     Sindicato de CC.OO en Santander C/Santa Clara nº 3  Salón de actos

Jueves 21 de febrero de 2013   19:30h.

Plataforma Ciudadana de Cantabria por la III República y Republicanos (RPS) Cantabria

cantabriaporlarepublica@hotmail.com

Garzón en Argentina: en nuestro nombre, no

Nizkor 03nov12

Realmente sorprende la persistente desmemoria que sufren algunos funcionarios e integrantes de organismos de derechos humanos argentinos. En la última semana, Garzón fue recibido con todos los honores por el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabbatella, luego, el ministro del Interior Florencio Randazzo, le entregó la residencia argentina y un DNI para que se sienta como un connacional más y siga con sus tareas de asesor de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados de la Nación, y por último, el ex juez fue invitado de honor en el Senado bonaerense, de una actividad en la que hizo de anfitrión el vicegobernador Gabriel Mariotto.

En todos estos escenarios, Garzón se lució ponderando la Ley de Medios, agradeciendo el ser residente argentino con plenos derechos y se jactó de todo lo que él ha hecho por los derechos humanos.

Sólo en "el mundo del revés", al decir de Eduardo Galeano, un ex juez que tiene sobre sus espaldas la pesada mochila de haber clausurado varios medios de comunicación en el País Vasco, puede jactarse de hablar, sin ruborizarse, de la Ley de medios, que aquí fue forjada con la movilización popular.

Baltasar Garzón, al que tanto se alaba por estas tierras, no sólo cerró "Egin, uno de los diarios de mayor circulación (más de 70 mil ejemplares) en el País Vasco y el Estado español, sino también una de las radios más escuchadas: "Egin irratia". Y lo hizo con violencia, ordenando la detención de varios de sus periodistas, entre ellos su director Xabier Salutregi y su vicedirectora, Teresa Toda. Ambos, después de 12 años de palizas, traslados, dispersión y todo tipo de atropellos, aún continúan en la cárcel.

¿Cuál fue su delito? Muy simple: defender la libertad de expresión y ejercer el periodismo de una manera similar a la que se refiere la Ley de Medios argentina que ahora el ex juez tanto elogia.

Pero hay más: las instalaciones del matutino fueron ocupadas por 300 agentes de la policía española, que haciendo uso de la impunidad concedida por Garzón, destrozaron el mobiliario, y robaron parte del voluminoso archivo, en el que se encontraba importante material sobre las andaduras de jefes policiales y cargos políticos vinculados al narcotráfico y los escuadrones de la muerte, que tanto aterrorizaron al pueblo vasco. Gobernaba España en esos momentos, nada menos que el ultraderechista José María Aznar, quien al ser informado sobre el cierre y atropello policial contra "Egin", declaró: "¿Creían que no nos íbamos a atrever?".

Garzón se caracterizó siempre por armar sumarios que luego con el tiempo son desechados por incorrectos o farsescos. Así fue como hizo ejecutar la clausura de Egin en 1998 , y años después, en 2009 los Tribunales resolvieron contrariamente a la anterior resolución, declarando que la actividad del diario no era ilícita, pero claro, debido al tiempo transcurrido no fue posible volver a reabrir ni el periódico ni la radio.

No contento con ello, tiempo después el juez la emprendió contra dos revistas de información general y amplia difusión en todo el Estado español. Se trata de "Ardi Beltza" (Oveja Negra), a la que clausuró, y "Kale Gorría" (Calle Roja), a la que acorraló de tal forma, que tuvo que cerrar. Las dos publicaciones estuvieron dirigidas por un excelente periodista, al que los latinoamericanos que tuvieron la suerte de compartir con él esas redacciones, denominaban "el Rodolfo Walsh" del País Vasco. Se trata de Pepe Rei, quien, inculcó a las nuevas generaciones de periodistas vascos la idea de investigar y contrastar la información, y que logró reconocida fama por descubrir mil y un chanchullos de funcionarios corruptos, cargos policiales dedicados a armar grupos ilegales (tipo la Triple A), redes de prostitución y de trata, y desaparición de ciudadanos. Además, denunció valientemente las maniobras de la derecha de Aznar y compañía, contra los pueblos rebeldes latinoamericanos.

El colega Pepe Rei fue perseguido hasta el hartazgo por Garzón, quien lo envió a la cárcel en varias oportunidades, y allí sufrió el habitual maltrato al que eran sometidos la totalidad de los presos y presas vascas condenados por Garzón. Pepe Rei, además de periodista es escritor, y el autor de un libro que debería ser de consulta para aquellos que hoy le canta loas al juez represor: "Garzón, la otra cara" (de Editorial Txalaparta).

Garzón es un hombre que ha hecho del show mediático casi un oficio, y evidentemente le da buenos frutos. Lo paradójico es que quienes hoy lo elogian en Argentina, muchos de ellos militantes del campo popular, parecen no querer enterarse (porque a esta altura de la tecnología informática, sólo bastaría con poner su nombre en cualquier buscador) que es el mismo personaje que asesoró al ex presidente colombiano Alvaro Uribe Vélez y hoy lo hace con el presidente Santos. Sobre su relación con el primero, basta leer lo que declararon en febrero de este año numerosas comunidades indígenas del Cauca: "Nos duele que haya sido Baltasar Garzón quién haya avalado en un primer momento el proceso de reingeniería paramilitar, llamado desmovilización, por la seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez, afirmando que era un modelo de justicia". (ver declaración completa en: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/bgarzon1.html)

Garzón también fue duramente criticado por el diario mexicano La Jornada (en un artículo editorial de su directora Cármen Lira) tras haber intentado interrogar ilegalmente en una cárcel del DF a deportados vascos. Es la misma persona al que los revolucionarios venezolanos que apoyan al presidente Hugo Chávez, acusaron de injerencista por haber viajado en varias oportunidades a ese país para apoyar a la oposición. No son pocas las fotos y artículos de diarios fascistoides venezolanos en el que se ve a Garzón en amable tertulia con los ultra opositores Marcel Granier, cuando fungía de director de RCTV y Alberto Federico Ravell, ejecutivo del canal Globovisión.

Tanto metió sus narices Garzón en Venezuela bolivariana, haciendo campaña contra la no renovación de licencia al canal gorila RCTV ("Cerrar un medio de comunicación no es el mejor sistema para garantizar la libertad de expresión", declaró en su momento), que el ex vicepresidente chavista, Jorge Rodríguez le contestó que era un "payaso que nada tenía que hacer en la política soberana venezolana", mientras que el ministro de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, declaró que el juez era un "cobarde y mentiroso", que parecía obedecer instrucciones del gobierno español que apoyó el golpe de Estado en Venezuela en 2002.

No, Garzón no puede hablar de libertad de expresión, cuando durante toda su gestión lo que hizo fue entorpecerla y acosar policialmente a quienes la practicaban.

No, Garzón no puede hablar de derechos humanos, cuando es el culpable de que cientos de presos vascos estén pudriéndose en las cárceles españolas y francesas, a pesar de denunciar, ante el propio Juez, cuando ejercía de amo y señor del tribunal franquista denominado Audiencia Nacional, que habían sido brutalmente torturados, con métodos que no tienen nada que envidiarle a los que practicaron los militares argentinos en la ESMA o en cualquiera de los campos de exterminio.

El juez escuchó una y otra vez, sin inmutarse, o lo que es peor apelando a un comportamiento altanero y megalómano, cómo decenas de jóvenes vascos, destruidos por la tortura, relataban ante él las inocultables sevicias a las que los habían sometido los policías y la Guardia Civil española. Quien esto escribe nunca va a olvidar, mientras cubría periodísticamente uno de los tantos juicios montados por Garzón contra la militancia vasca, el rostro desencajado de una jovencita que relataba ante el juez cómo la había violado con un palo de escoba. Garzón, como respuesta, bostezó y le dijo, "no invente más y declare lo que se le está preguntando".

Ayer mismo, una militante política vasca, Aurore Martín, fue detenida y trasladada por la policía a la Audiencia Nacional, para cumplir con una antigua instrucción del "derecho y humano" Garzón. Incluso destituído y acusado judicialmente, el ex juez sigue enviando jóvenes de la disidencia vasca a la cárcel.

No, Garzón no puede hablar de víctimas del Terrorismo de Estado, cuando él se constituyó en el mascarón de proa de la política represora aplicada por los gobiernos del PSOE y el PP, contra cualquier ciudadano o ciudadana del Estado español, pero sobre todo de Cataluña y el País Vasco, que ejerciera su derecho a la protesta y la rebeldía. Allí están para testimoniarlo los cientos de criminalizados, judicializados y encarcelados de organizaciones legales de la izquierda catalana, vasca, gallega y hasta madrileña, que han pasado por prisión. Allí está como documento audiovisual incontestable, la película "Operació Garzón. Contra l'independentisme catalá", que relata la razia represiva ordenada por el juez contra decenas de militantes catalanes durante las Olimpíadas de Barcelona en 1992. O las denuncias (perfectamente documentadas) de las luchadora valenciana por los derechos humanos, Empar Salvador, quien investigó junto con otros integrantes del Forum per la Memoria del País Valenciá, la existencia de miles de cadáveres de asesinados por el franquismo y enterrados en fosas comunes en Valencia. Empar acusa al juez Garzón de haber "cajoneado" y archivado las denuncias que le presentaron, y de esta manera provocar la paralización de lo que podría haberse convertido en un mega-juicio contra el genocidio franquista.

Se sabe que en esta campaña de ir desenmascarando a quien no es lo que dice ser, hay muchos ciudadanos del mundo que no aceptan el discurso y el show mediático al que permanentemente apela Garzón para situarse en la cresta de la ola y desde allí "blanquear" su pasado represor e impartir doctrina de hombre bueno y sabio. Sin embargo, es doloroso observar a gente que se dice progresista hacer de claque al discurso sinuoso y poco consistente de Garzón.

Todos ellos saben la verdad, incluso algunos, como Hebe de Bonafini que hoy abraza y reivindica al ex juez, visitó las cárceles vascas y escuchó a los presos relatar sobre las barbaridades judiciales impuestas por Garzón, y en varios diarios de Euskal Herria, ella misma denunció al juez como represor. Hoy, parece que muchos y muchas han perdido la memoria, precisamente en un país donde se pelea por ella a cada instante.

No es menor lo que está ocurriendo. En aras de estrechar vínculos con una figura que se ha construido una "nueva personalidad" y que tiene amplia cobertura mediática internacional, se perdonan atrocidades cometidas contra militantes que no son distintos a nuestros 30.000, se desinforma constantemente y se aplaude lo que hasta ayer hubiera sido tipificado como colaboracionismo con el Terrorismo estatal .

Allá ellos y ellas con su conciencia. Quienes defendemos la causa del pueblo vasco y reivindicamos la libertad de expresión allí donde nos paremos, los que condenamos la persecución y encarcelamiento a periodistas vascos por expresar opinión contraria a los intereses del fascismo español, los que nunca le hemos sacado el cuerpo a la lucha del pueblo argentino por llevar a la cárcel a los genocidas de la dictadura cívico-militar, no nos callamos, y repudiamos el papel nefasto que ha jugado Baltasar Garzón, a quien ahora se otorga la residencia argentina, como si fuera un héroe de la Patria.

Pueden hacerlo alegremente y seguir colgando medallas en el pecho de quien no las merece, pero no en nuestro nombre.

[Fuente: Por Carlos Aznárez, Resumen Latinoamericano, Bs As, 03nov12]

La Sentencia absolutoria de las actuaciones del Juez Garzón condena a las víctimas republicanas a la desigualdad jurídica - 14abr12

¿Seguirá la Causa de las víctimas del franquismo su curso absuelto Garzón?

Absuelto Garzón por la causa de las víctimas del franquismo supongo que las costas del juicio recaeran en la parte que perdio la demanda osea manos sucias tiene que pagar las costas, me gustaria saber a cuanto ascienden, seria increible que fueran de oficio...

Dicho esto varias cuestiones más:

1ª ¿Qué ocurre con la demanda del juzgado nº 5 de la AN?, ¿la borran del mapa o deberia seguir su curso con el nuevo juez del juzgado nº 5 de la AN?

2º Acabado el culebrón Garzón a que se van a dedicar desde ese partido que abanderó la desgracia del santo exjuez. ¿Villarejo volvera a darse de alta en la S.S. ahora que la edad de jubilacion se lo permite?

3º Volveria IU a votar la ley de la MH o pedira perdón a víctimas y familiares por haberlo hecho.

4º Rectificar es de sabios o ¿defendiendo a capa y espada al exjuez purgaron sus culpas con el texto de la ley de MH que por cierto el término "ilegitimas" es atribuido al señor Villarejo desde fuentes muy fiables?

 

5º Seguiran ciertas formaciones políticas manejando la impunidad en el Estado español o por el contrario víctimas y familiares ocuparemos el lugar que nos corresponde.

 

y Por último...me puedo solidarizar con el Pueblo palestino, me puedo solidarizar con las Abuelas de la Plaza de mayo...pero nunca...nunca ocupar su lugar.

 

PxDx ¿Qué son los activistas?

 

MJBarreiroLG

Contra la impunidad de los que aprobaban fusilamientos en la Dictadura

Madrugada del 14 de Agosto de 1976 asesinado en Almería, 

Francisco Javier Verdejo por la Guardia Civil

Los tribunales argentinos cuestionan los acuerdos que garantizan la impunidad de los crímenes del franquismo

David Arrabalí Campos

Mundo Obrero

Rebelión 6/1/12

Hace unos días hemos conocido que la justicia Argentina investigará a Manuel Fraga, por haber formado parte del régimen franquista. El que fuera ministro de Información y Turismo (1962-1969) del Dictador Francisco Franco, a sus 90 años, deberá ver cómo su paso, del que nunca se ha retractado, por la dictadura se cuestiona desde un tribunal extranjero.

Así lo han pedido familiares de represaliados durante el franquismo y asociaciones para la recuperación de la memoria histórica a la jueza argentina María Servini, que está instruyendo una causa en ese país por los crímenes del franquismo bajo el principio de justicia universal, por el que se pueden investigar hechos de lesa humanidad ocurridos en otros países, tal como sucedió en España con represores argentinos.

La jueza federal María Servini libró un exhorto a España en el que solicitó nombres y domicilios de los integrantes del Consejo de Ministros y de los jefes de las fuerzas de seguridad que integraron el gobierno de facto del general Franco entre julio de 1936 y junio de 1977 y si se encuentran vivos, en el marco de esta investigación de crímenes relacionados con personas desaparecidas, asesinadas y torturadas durante la represión franquista, el número de niños apropiados y las empresas que utilizaron a presos políticos para hacer trabajo esclavo, entre otros datos, informaron fuentes judiciales.

Los tribunales argentinos cuestionan los acuerdos de la Transición española que garantizaron la impunidad de los crímenes del franquismo. Si las instituciones españolas respondieran a la petición efectuada desde el país latinoamericano tendrían que aportar información, entre otros, sobre el ex ministro franquista, fundador y presidente honorífico del PP Manuel Fraga, muñidor informativo del asesinato de Julián Grimau, o Rodolfo Martín Villa, responsable político de la muerte de activistas demócratas durante la llamada transición pacífica a la democracia y ex presidente de Sogecable.

Cuando hace unos años se presentó una propuesta en la comisión constitucional del senado en la que se pedía al Gobierno la rehabilitación ciudadana y democrática de la figura de Julián Grimau, víctima de la represión franquista, Manuel Fraga y todo el Grupo Popular se opusieron a la iniciativa, aprobada con los votos de los demás grupos políticos. El líder de la oposición antifranquista Julián Grimau, dirigente del Partido Comunista de España, fue torturado en la Dirección General de Seguridad donde intentaron asesinarle tirándole por la ventana tras su detención en 1962, luego fue juzgado por un tribunal militar sin las más mínimas garantías en un consejo de guerra por rebelión militar, unas horas después fue condenado a muerte.

El ministerio de Información desarrolló una intensa campaña de propaganda para contrarrestar la reacción internacional ante estos hechos tratando de identificar a Julián Grimau como un criminal. El ministro de Información era Manuel Fraga, que cuando desde las gradas del senado se le decía que pidiera perdón, no intervino en el debate, permaneció sentado en su asiento sin mover un músculo cuando él avaló aquel asesinato, ya que formaba parte del Consejo de Ministros presidido por Franco que no atendió ni la llamada del Papa. Fraga había dicho que justificaba el fusilamiento de Grimau al que tachó de sanguinario asesino.

Estos funcionarios, policías torturadores o ministros, se beneficiaron de la Ley de Amnistía aprobada en junio de 1977. Una auténtica Ley de punto final que garantizó su impunidad y cuyo contenido político sólo puede comprenderse recordando aquel célebre atado y bien atado con el que Franco tranquilizó a sus seguidores en los últimos días de su vida.

En los años finales de la Dictadura se produjo una escalaba brutal de la represión que coincidía con un ciclo de luchas de la oposición antifranquista, organizada y dirigida principalmente por los sindicatos clandestinos y el Partido Comunista de España todavía ilegal. En unas condiciones muy difíciles de persecución, estos movimientos políticos encabezaban las luchas obreras, el movimiento estudiantil y las movilizaciones vecinales.

Este ciclo arranca aproximadamente con la designación en 1969 de Juan Carlos de Borbón como sucesor del general Franco. Ese mismo año es detenido Enrique Ruano al que habían visto repartir en la calle propaganda de Comisiones Obreras, según la versión oficial se arrojó desde un séptimo piso. Los policías, hoy comisarios, no fueron juzgados por asesinado hasta 1997, le pegaron un tiro y luego lo tiraron por la ventana, y fueron absueltos por el tribunal supremo. En julio de 1970, mueren por disparos de la policía los albañiles Antonio Huertas Remigio, Cristóbal Ibáñez y Manuel Sánchez Mesa durante una manifestación organizada por Comisiones Obreras. Ese mismo mes el gobierno militariza el metro de Madrid tras el éxito de los huelguistas. En septiembre la huelga de la construcción en Madrid también es un éxito.

Pero el hecho histórico más relevante del momento fue el proceso de Burgos, en diciembre de 1970, en el que fueron condenados a muerte y luego conmutada la pena de varios militantes de ETA. El obrero metalúrgico Roberto Pérez Jáuregui muere en los días posteriores por disparos de la policía en el curso de una manifestación de protesta contra el proceso de Burgos.

En septiembre de 1971 es asesinado Pedro Patiño, por disparos de la Guardia Civil mientras repartía octavillas de Comisiones Obreras convocando una huelga de la construcción. En octubre de 1971 durante la huelga de la SEAT organizada por Comisiones Obreras, la policía ocupa la fabrica y dispara sobre los trabajadores, matando a Antonio Ruiz Villalba. El 10 de marzo de 1972 en la huelga de los trabajadores de Bazán, en el Ferrol, son asesinados por la Policía los trabajadores Amador Rey y Daniel Niebla.

En esos años se procedió a la detención y ejecución de numerosos líderes sindicales, el colofón a esta actividad represora es la detención de la cúpula de Comisiones Obreras en una reunión clandestina en junio en 1972, que dio lugar al Proceso 1001, y la posterior condena en diciembre de 1973 a largas penas de cárcel. Los asesinatos de obreros continúan; en abril de 1973 la Guardia Civil ametralla una manifestación de dos mil obreros, matando de una ráfaga a Manuel Fernández Márquez, militante del PSUC y de Comisiones Obreras, en la puerta de la central térmica de Sant Adrià de Besòs. En septiembre, Cipriano Martos, obrero de la construcción, es asesinado mediante la tortura por la Guardia Civil en Reus, fue obligado a beber el contenido de un cóctel molotov. En octubre, durante un reparto de octavillas en la fábrica de CASA en Madrid, es asesinado a tiros por la policía el obrero Victoriano Diego Gómez.

En agosto de 1974 es asesinado por la Guardia Civil en Carmona, Miguel Roldán Zafra, en una manifestación de vecinos del pueblo en la que pedían agua potable. En enero de 1975 es asesinado por un guardia civil Víctor Manuel Pérez Elexpe, cuando estaba repartiendo octavillas de apoyo a la huelga general en Navarra, recibió cinco disparos a quemarropa y por la espalda. El 27 de septiembre de 1975, tuvo un gran impacto el fusilamiento tras un consejo de guerra de cinco militantes de ETA y FRAP.

En noviembre de 1975 Juan Carlos de Borbón asume la jefatura del estado y el ejército para convertirse en dictador cuando desaparece Franco. Tras la muerte del general se recrudece la represión. En los meses posteriores decenas de obreros y militantes antifranquistas son heridos y asesinados por la policía y la extrema derecha. La lista es interminable; en febrero de 1976 durante una manifestación a favor de los trabajadores del calzado en Elda, Teófilo del Valle es muerto a tiros por la policía. El 3 de marzo la policía mata en Vitoria a 5 trabajadores, Francisco Aznar Clemente, Pedro María Martínez Ocio, Romualdo Barroso Chaparro, José Luis Castillo García y Bienvenido Perea, y hiere a más de cien.

En agosto de 1976 el estudiante de 19 años Francisco Javier Verdejo Lucas, muere en Almería por disparos de la Guardia Civil mientras hace una pintada: "Pan, trabajo y libertad". En septiembre de 1976 el estudiante comunista, Bartolomé García Lorenzo, muere en La Laguna acribillado a tiros por agentes de la policía. Ese mismo mes es asesinado Carlos González Martínez, estudiante de 21 años, durante una manifestación. En noviembre de 1976 es asesinado de dos balazos por un guardia civil José Javier Nuin, estudiante de 19 años. En diciembre Ángel Almazán Luna es apaleado en una manifestación a favor de la abstención en el referéndum de la Ley para la Reforma Política y muere por la paliza. En enero de 1977 muere José Vicente Casabany durante una manifestación. También muere Juan Manuel Iglesias, de 16 años, al huir de una carga policial y Arturo Ruiz es asesinado por la "Triple A", ambos en manifestaciones pro amnistía.

El 24 de enero de 1977 nueve abogados laboralistas de Comisiones Obreras, militantes del PCE, fueron ametrallados por un grupo de ultraderecha. Cinco resultaron muertos: Rodríguez Leal, Luis Javier Benavides, Enrique Valdevira, Serafín Holgado y Francisco Javier Sauquillo. Ese mismo día, en una manifestación de protesta por el asesinato de Arturo Ruiz, la policía mata con un bote de humo a Mª Luz Nájera y muere en Cartagena Pancho Egea, trabajador de la construcción, durante una manifestación conjunta de obreros de la construcción y del metal. En marzo muere José Luis Aristizabal Lasa, estudiante de 20 años, durante una manifestación pro amnistía, también muere Ángel Valentín Pérez, obrero de la construcción de 24 años, apuñalado por elementos de ultraderecha durante una manifestación.

Más tarde, en diciembre de 1977, se aprueba la Ley de amnistía y las cárceles repletas de presos políticos se vacían, esto supone cierto respiro pero continúa la represión y muchos más luchadores mueren en los años posteriores, como: Manuel García Caparrós, obrero malagueño militante del Comisiones obreras y el PCE, en diciembre de 1977 en una manifestación por la autonomía de Andalucía; Javier Fernández Quesada, estudiante comunista de 22 años, que muere ese mes en Tenerife por disparos de la policía; Francisco Rodríguez Ledesma, obrero sevillano asesinado en una manifestación de trabajadores; Elvira Parcero Rodríguez, de 22 años, asesinada en una manifestación de los trabajadores de la empresa Ascón; José Luis Escribano, militante de Comisiones Obreras, es asesinado en Soria por cuatro disparos de un policía en el transcurso de una discusión; Manuel Medina Ayala, militante del PCE, apuñalado por un grupo ultraderechista durante un acto en solidaridad con el pueblo chileno; Andrés García, joven comunista asesinado por miembros del Frente de Juventud.

Los luchadores asesinados después del 6 de octubre del 1977 no son reconocidos como victimas por las leyes, ni han percibido ayuda alguna. Estas matanzas y asesinatos permanecen impunes, la conculcación de derechos sigue vigente, y los máximos responsables no han sido juzgados y están presentes en la vida política, desde Juan Carlos de Borbón, jefe del estado y del ejército, a Manuel Fraga Iribarne o Rodolfo Martín Villa, ministros de Gobernación en esos años.

Han pasado más de treinta años desde que se produjeron estos crímenes, y los asesinos de centenares de defensores de la libertad no han sido condenados y siguen presentes en la vida política, algo impensable en una Democracia. Todos las afectados, víctimas, familiares y asociaciones, piden la anulación de los juicios de la dictadura y que se procese y condene a los responsables de estos crímenes para terminar con la impunidad en el estado español.

Existe una enorme deuda con las víctimas del franquismo y con las de la transición, ya que cuando se pudo no se hizo casi nada por las personas que fueron represaliadas durante la Dictadura, sólo pequeños pasos hacia la lenta y costosa rehabilitación de los luchadores y luchadoras por las libertades que se han dado en los últimos años gracias al esfuerzo de los familiares de las víctimas y de las organizaciones que reivindican la memoria histórica.