¡Alucinante! IU prefiere al ‘carnicero de Badajoz’ antes que a un insigne ciudadano para nombrar una calle

Calle de Añover de Tajo en la que se homenajea al ‘carnicero de Badajoz’

La coalición de izquierdas votó a favor del PP para impedir que el genocida general Yagüe perdiera su designación en el callejero de Añover (Toledo) 

El Plural - Carlos Iserte 02/11/2015

Añover de Tajo es una localidad toledana de algo más de 5.000 habitantes gobernada por Izquierda Unida con el apoyo expreso, premeditado y deliberado del Partido Popular, a pesar de que el PSOE cuenta con seis concejales, frente a los cinco y dos, respectivamente, de los susodichos. Hasta aquí, y enmarcándolo, claro, dentro del esperpento ideológico, todo “normal”. Sin embargo, pocos de nuestros lectores entenderán que los concejales de IU se unieran a los del PP para impedir (sin conseguirlo) la moción de los socialistas que proponían sustituir el nombre de la calle General Yagüe por el de Leopoldo Cuéllar, un insigne ciudadano del pueblo merecedor de la distinción. O lo que es lo mismo, la coalición de izquierdas prefiere mantener en la nomenclatura local al llamado “Carnicero de Badajoz”, vulnerar así la Ley de Memoria Histórica, antes que sustituirlo por un apreciado hijo del pueblo, erudito, miembro de academias y destacado científico. ¿Por qué?

IU y PP siempre han estado “enamorados”
El caso es que, como decimos, IU gobierna en Añover de Tajo gracias a sus cinco concejales y a los votos “cariñosos” de los dos “cachorros del PP” que ostentan sendas actas de ediles. Y es que “IU y PP siempre han estado enamorados y durante los últimos ocho años, con o sin necesidad del apoyo de la derecha, han gobernado contra el PSOE, como si fueran la fiel oposición”, declara a este periódico un militante socialista de la localidad. Y atendiendo al pacto de gobierno no andan nuestras fuentes desencaminadas, porque es difícil explicar a la ciudadanía que la coalición de izquierdas, o lo que queda de ella, firme un pacto de gobierno con la derecha más recalcitrante del panorama patrio, como es la castellano-manchega con Cospedal a la cabeza, antes que permitir un gobierno progresista y de izquierdas. Y enfatizamos la denominación de “izquierdas” porque la prueba del algodón no engaña.

Una propuesta lógica y obligada
El caso es que los socialistas pretendían con su moción el reconocimiento de la localidad a Leopoldo Cuéllar Carrasco (nacido en Añover de Tajo en 1929), doctor en Veterinaria, licenciado en Medicina y Cirugía, diplomado en Pedagogía, profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid y colegiado de honor de los Ilustres Colegios Oficiales de Veterinarios y Médicos de la capital de España, entre otras distinciones, dando su nombre a una de las calles del municipio. Concretamente, recordamos, se proponía la sustitución del nombre de la actual calle General Yagüe por el de Leopoldo Cuéllar, cumpliendo así a la Ley de Memoria Histórica actualmente en vigor y que durante los últimos ocho años con gobiernos de IU en el pueblo no ha sido aplicada.

IU prefiere a un genocida antes que a un científico
Cómo explicar, entonces, que la aparente izquierda prefiera el nombre para la calle de su pueblo de Juan Yagüe Blanco, soriano, falangista, considerado responsable de la masacre de Badajoz perpetrada tras la toma de la ciudad por las tropas franquistas a su mando en la Guerra Civil, por lo que recibió el apelativo de “El carnicero de Badajoz”; íntimo de los nazis Göring y Himmler, y acreditado genocida, antes que el nombre de un hijo del pueblo, autorizado intelectual, científico y sin mácula franquista; académico y profesor de generaciones. Es curioso, pero la actitud de IU de esta localidad guarda ciertos paralelismos con el grito gutural del descerebrado animal falangista Millán Astray (“¡Muera la inteligencia!”) en su enfrentamiento con el rector de la Universidad de Salamanca, Miguel de Unamuno, quien le espetó la famosa frase que ha entrado en nuestra historia: “Venceréis, pero no convenceréis”. ¿A quién podrá convencer IU con esta postura? Al PP, de eso no cabe duda, pero el precio que puede pagar el partido refundado por Alberto Garzón puede ser caro, muy caro, en esta localidad donde nunca ha gobernado la derecha. De ahí la sorpresa del PSOE cuando en la votación tres de los cuatro concejales de IU se opusieron a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, votando en contra de la moción junto a los dos concejales “populares”, que también se opusieron a cumplir la ley, alegando que no se había consultado a los vecinos de dicha vía.

¿Y los otros dos concejales de IU?
Los ciudadanos presentes en la sesión plenaria se indignaron igual o más que los seis concejales socialistas. Tanto es así, que algunos de ellos preguntaron a los concejales de IU: “¿qué hacéis representando las siglas de Izquierda Unida?”. A esta pregunta, uno de los concejales de IU llegó a responder que “no era de izquierda, ni de derechas”, según los socialistas, por lo que la cuestión se hace extensible al alcalde, Alberto Rodríguez: ¿de qué va el regidor? Lo que está claro es que el primer edil votó a favor de la moción de los socialistas, pero no impidió que sus concejales hicieran lo contrario (el quinto en cuestión se ausentó). Y es que Rodríguez, liberado a razón de 27.000 euros, sabe perfectamente que la Ley de la Memoria Histórica está para ser cumplida, de lo contrario podría estar cometiendo supuestos delitos de prevaricación y desacato.

¿Pedirá IU explicaciones a los díscolos?
Es evidente que los responsables de IU en Castilla-La Mancha, concretamente su coordinador regional (el nacional, Cayo Lara, también es castellano-manchego), Daniel Martínez, que esta misma mañana ha pedido al concejal del partido y exalcalde de la localidad de Cazalegas que entregue su acta tras ser condenado como “autor responsable de un delito de prevaricación en comisión por omisión”, exigirá la misma responsabilidad a sus concejales en Añover, militen o no en la coalición, pero sí al menos sabemos que se presentaron por este partido, “antifranquista” y reivindicador de la Ley de la Memoria Histórica, por lo que sería lógico que también les exigiera devolver sus actas conseguidas bajo las siglas de IU. ¿O no?

Ha fallecido Amada Martínez, luchadora antifranquista

Amada, en el centro, el pasado 20 de junio junto a su hermana Esperanza, presidenta de AGE y Quico, guerrillero de León

 

 

 

 

AGE 30/7/15
Queridos socios, amigos y compañeros,

Este río devorador de vidas, este río que no cesa de llevarse a los que más queremos, se cobra una más en nuestra queridísima Amadora, Amada, Amadita Martínez, jovencísima guerrillera de la AGLA y veterana guerrera de la memoria.  Socia de AGE desde los comienzos, siempre dispuesta, solidaria y buena, sobre todo buena, tanto que no hemos sabido lo malita que estaba hasta que ha sido irreversible, porque para ella siempre había alguien que sufría más y estaba con más necesidad.

No fue fácil su vida pero sí comprometida con la ayuda a los guerrilleros junto a sus hermanas Esperanza y Angelina, valiente en la sierra y fiel punto de apoyo. Sufridora de casi ocho años de cárcel en el penal de Alcalá de Henares, sin hablar, sin denunciar, aguantando la barbarie y la tortura de los criminales secuestradores de la libertad.

 

Amada, querida, querida y amada te vamos a echar tanto de menos en esas largas y preciosas Asambleas Anuales de Socios de la Venta de Contreras, en esos encuentros de los socios de Madrid, en esos actos en los que nos regalabas con tus poesías comprometidas y de compromiso junto a los jóvenes antifa.

Ahora tus tres hijos quedan más huérfanos sin ti, sin tu Miguel Padial, que ya se fue mucho antes que tú.

Nada será igual en Madrid sin ti, en España sin ti, sin el reconocimiento jurídico  de luchadora guerrillera, y  cuando llegue, si es así algún día, ya será tarde para ti y para tantos compañeros que han quedado en el camino luchando por ello.

Malhadado país, cruel sistema, miserables representantes de la nada, advenedizos de glorias del "ahora no toca porque resta votos".  Amada podía mucho más en esta noche del 29 de julio que se nos ha ido, y podrá mucho más su recuerdo y su memoria en los corazones de las personas honradas, nobles y buenas, como ella.

Te queremos Amada, te querremos siempre, y sobre todo te llevaremos en el corazón y en la memoria.

Amada nació el 4 de julio de 1931 en Atalaya de Villar del Saz de Arcas (Cuenca / Castilla la Mancha) y siempre decía: 

“LA HISTORIA QUE SE CONOCE ES LA DE LOS VENCEDORES, NO LA DE LOS QUE SUFRIMOS LAS CONSECUENCIAS DEL FRANQUISMO”

Dolores Cabra

Secretaria General de AGE

Por fin se abre el portal víctimas de la dictadura.es en Castilla-La Mancha

www.victimasdeladictadura.es

 

entarancon.es - Redacción 23/05/2015

Hemos sido la última comunidad autónoma en contar con esta herramienta. Un proyecto en el que participa la Universidad de Castilla_La Mancha y en el que ha colaborado la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMHCUENCA). Máximo Molina nos da más datos y explicaciones sobre este portal.

 

El pasado 15 de mayo vio la luz el portal www.victimasdeladictadura.es dentro del proyecto de investigación "Represión de Guerra y Postguerra en Castilla la Mancha", dirigido por Manuel Ortiz Heras, de la UCLM. Proyecto este necesario, pues permitirá a familiares, investigadores o personas que sientan simplemente curiosidad, indagar sobre los represaliados del franquismo en CLM, se estima rondarán los 125.000, en un click. Necesario por que huye del oscurantismo, de la manipulación. Simplifica un proceso que para las familias es un autentico laberinto, ya que las fuentes documentales los son, por su variedad y dispersión, así como por su no necesariamente fácil acceso. Aún hay funcionarios que en su sectarismo pretenden ocultar información, hechos con mil estratagemas y argucias, alegales si no ilegales las más de las veces. deshace la dificultad de transitar por el laberinto del minotauro de la documentación del régimen fascista español. Congratulémonos pues que los hechos empiecen a ser accesibles a cualquiera.

 

ARMHCUENCA colabora en este proyecto aportando todos los datos que ha acumulado sobre la provincia de Cuenca durante una década. Fruto de una labor de investigación rigurosa en Registros civiles, archivos carcelarios, militares y municipales, amén de las decenas de entrevistas realizadas a víctimas del franquismo por esta asociación.

 

Este portal sale a la luz en mayo de 2015. Castilla la Mancha es la última comunidad autónoma que pone a disposición de los ciudadanos una herramienta como está. Tristemente el gobierno socialista de nuestra región no tuvo una actitud pro-activa al respecto, decidiéndose demasiado tarde a tomar cartas en este asunto. Tras la victoria de los populares en 2011, el proyecto durmió el sueño de los justos, hasta que el diciembre pasado, no sin prisas, el gobierno regional se decidió a liberar los fondos para llevarlo a cabo. Mayo de 2015, 68 años después de que se publicara el martirologio del arzobispado de Cuenca que analizaba la represión republicana, parece que ya era hora.

 

Con todo a pesar del tiempo transcurrido, de la evidente desigualdad y desequilibrio en la memoria de la represión, todavía hay quien considera que debe ser solo el martirologio de cuenca, uno de tantos instrumentos de la propaganda franquista, lo que debe marcar nuestra historia. Buen ejemplo es el saliente portavoz del PP en Tarancón, que pretende, más allá de los hechos y de las leyes vigentes, que sea solo la memoria de las víctimas de la represión republicana la que exista en nuestro cementerio. Peculiar que sea el gobierno del PP el que financie este proyecto, mientras él muestra actitudes contra derecho y plenamente en línea con la propaganda de la dictadura. La verdad es que esta paradoja, esta bipolaridad es intrínseca al Partido Popular, ciertamente del liberalismo conservador al profranquismo hay un  largo trecho.

 

España necesita una memoria histórica común, democrática y aceptada por todos y esta ha de estar basada en los hechos, no en su negación.

 

Fdo. Máximo Molina Gutiérrez
 

Los más fuertes nos van dejando, fallecidos dos Brigadistas Internacionales

AABI
César Covo

Acabamos de recibir esta triste noticia enviada por la Secretaría de ACER, nuestros amigos franceses que, junto con la AABI y otras organizaciones hermanas, trabajan por mantener viva la memoria de los Voluntarios de la Libertad.

 

La carta resume los datos esenciales de César. Nosotros podríamos añadir muchas cosas, pero no es el momento. Tan solo recordar algunos detalles: Isabel Pinar fue a visitarle en nuestro nombre el día en que cumplió 100 años, lo que agradeció de corazón. Luego le ayudamos a conseguir el pasaporte español, proceso que había quedado atascado por imponderables burocráticos. Finalmente, estábamos comprometidos en publicar en español sus memorias de la guerra de España. Desgraciadamente César no ha podido verlas traducidas. Pero ahí queda nuestro deber.

 

Y seguiremos trabajando, como él hizo, para seguir dando testimonio del compromiso suyo y de sus miles de compañeros que trajeron la alegría y la esperanza al pueblo español en aquellos años de lucha contra el fascismo. Hagamos que su ejemplo no sea en vano.

Queridos amigos,

Con tristeza os informamos que César Covo, ex brigadista, ha muerto a la edad de 102 años. Nacido en Bulgaria pero de nacionalidad francesa, se instaló en Francia en 1930. Fue un joven activista comunista y marchó á España entre los primeros voluntarios. Tomó parte en la lucha por la defensa de Madrid, en la Casa de Campo y, a continuación, en el Jarama y Guadalajara. Herido en las rodillas, se convirtió en el intérprete personal del Campesino gracias a su dominio del español, el idioma de sus antepasados sefardíes. 

De regreso a Francia, fue movilizado en 1939 y continuó su lucha contra el fascismo en la Resistencia, en FTP-MOI (partisanos franco-tiradores – mano de obra inmigrante). Aseguró la estampación de documentos falsos para la Resistencia y estuvo en las barricadas durante los combates por la Liberación de París. Prefirió quedarse en Francia en vez de comenzar una nueva vida en Bulgaria. 

Al igual que muchos de los miembros de las Brigadas Internacionales, siguió luchando durante toda su vida por la libertad, la paz y el progreso social. Hasta el final de su vida intentó transmitir a las nuevas generaciones su testimonio así como los valores y el compromiso de sus compañeros en España y Francia. 

Su libro "¡La guerra, camarada!" es un testimonio valioso de su lucha al servicio de la República Española. 

Era nuestro amigo y camarada.

La Secretaría General de la ACER

Foro por la Memoria de Guadalajara
Trifón Cañamares

Afiliado al Partido Comunista ininterrumpidamente desde hace 79 años, Trifón Cañamares, hubiera cumplido 104 años el próximo 3 de julio.

Natural de Cendejas de Enmedio, era vecino del barrio madrileño de El Pozo del Tío Raimundo, del que fue uno de sus mayores defensores, junto al padre Llanos, con quien compartió lucha y militancia.
 

En 2011, Trifón recibió el merecido homenaje de sus vecinos y compañeros de lucha, al cumplir los 100 años. “Os deseo que me paséis en años y en salud, pero con las ideas claras”, fueron las palabras que este guadalajareño, puño en alto, quiso dedicar a los asistentes al acto.

Nacido en una familia de campesinos, labor que su padre compaginaba además con una carnicería, desde pequeño sufrió la injusticia, por lo que decidió hacer todo lo que estuviese en su mano para acabar con ella. Trifón se afilió al Partido Comunista en Jadraque, como muchos antifascistas de la zona, poco tiempo después de que comenzase la Guerra Civil. Muy pronto fue nombrado Comisario Delegado en la 49º Brigada Mixta del Ejército republicano, creada en Guadalajara. Condenado a pena de muerte en 1939 que fue conmutada a 30 años de cárcel, pasó por varias prisiones, principalmente Guadalajara y Burgos. Su hermano Ciriaco, y otros familiares y amigos de Cendejas también sufrieron prisión. Sin embargo, el franquismo no pudo con este hombre de fuertes ideales y durante ese periodo Trifón siguió trabajando activamente en la clandestinidad,
 

Ya llegada la transición se esforzó por la reconstrucción del Partido Comunista en Guadalajara. Toda una vida de lucha, con dos heridas de combate y varias condenas en cárceles y campos de concentración, no conseguieron que este guadalajareño perdiera el entusiasmo y las ganas de seguir peleando por sus ideales hasta el último día de su vida. En 2013 el Foro por la Memoria de Guadalajara entregó una placa a Trifón en reconocimiento de toda una vida de lucha y tambien vivió con mucha emoción un acto de homenaje al brigadista Guido Picelli, en un pueblo próximo al suyo, Mirabueno. En 2014, la agrupación provincial de UJCE de Guadalajara, pasó a denominarse “Agrupación Trifón Cañamares”:
 

Trifón Cañamares Garcia nació el 3 de julio de 1911 y ha fallecido el 11 de marzo de 2015. La capilla ardiente será instalada esta tarde en el Tanatorio de la M-40 de Madrid en el barrio de San Fermin, Avda de los Rosales, sala 11.

Justicia Universal: quince colaboradores del régimen franquista ¡a declarar!

El Fiscal Federal Ramiro González

Redacción/Agencias. LQSomos. Octubre 2014

La “Querella Argentina” avanza día a día, el fiscal Ramiro González pide que se cite a indagatoria a 15 ex funcionarios de la dictadura franquista, entre ellos figuran cinco ex ministros del dictador.

 

El fiscal federal Ramiro González pidió citar a declaración indagatoria a 15 ex funcionarios del gobierno del dictador y genocida Francisco Franco, en la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en el estado español y que lleva adelante la juez federal María Servini de Cubría en base al principio de “justicia universal”. González sugirió también a la jueza evaluar “la viabilidad” de abrir una investigación para que se aplique el protocolo con que se investiga la apropiación de niños durante el terrorismo de Estado en la Argentina para los casos que eventualmente existieran en España.

 

El fiscal también impulsa que se pidan medidas de prueba referidas al rol de la Iglesia española en el franquismo. Además, pidió librar orden de detención y extradición para tomar declaración indagatoria a Abelardo García Balaguer, por el caso de una de las víctimas, María Flor de Lis Díaz Carrasco.

 

La jueza deberá decidir si hace lugar a las medidas pedidas por la fiscalía. González solicitó a la magistrada librar un exhorto a España para que se remita “copia autenticada de toda la documentación, tanto los archivos oficiales como los reservados, existentes respecto de la detención, tortura y fusilamiento” del ex Presidente del gobierno catalán Lluís Companys i Jover, entre otras medidas de prueba sobre lo ocurrido con la víctima.

 

Las medidas fueron sugeridas en un extenso dictamen elaborado tras una visita a España junto con la jueza, donde se tomaron declaraciones testimoniales y se recopiló información. “Los acontecimientos materia de investigación consisten en hechos atroces de lesa humanidad/genocidio entre los que se encuentran torturas, homicidios, desapariciones forzadas de personas y sustracción de menores, privación ilegal de la libertad calificada por la imposición de torturas y demás ilícitos que se desprenden de las presentaciones efectuadas habrían tenido ocasión, de manera aproximada, durante el período comprendido entre el 17 de julio de 1936 y 15 de junio de 1977″, sostuvo González.

 

El 15 de junio de 1977 fueron las primeras elecciones parlamentarias libres y pluralistas en España desde el 16 de febrero de 1936, recordó el fiscal. González pidió la declaración indagatoria por existir “estado de sospecha” del ex ministro de la Presidencia del franquismo Antonio Carro Martínez, del ex vicepresidente Licinio de la Fuente, del ex ministro de Hacienda Antonio Barrera de Irimo y del ex de Justicia José María Sánchez-Ventura Pascual. También del ex ministro de la Presidencia Alfonso Osorio García, del ex integrante del Consejo de Guerra Carlos Rey González, del capitán de Policía Jesús Quintana Saracíbar, del ex juez Antonio Troncoso de Castro y de siete policías más: Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Pascual Honroado de la Fuente, Jesús Martínez Torres, Benjamín Solsona Cortés y Atilano del Valle Oter.

 

Además, estimó que “se debería determinar la existencia de procesos en el Reino de España donde se investiguen los hechos por sustracción, retención y ocultación de menores” denunciados en la causa.

 

“Habría que solicitar al Vaticano que remita toda la información que obre en sus registros respecto de la participación de la Iglesia Española en la creación de la cárcel de Zamora”, consideró el fiscal entre otras medidas de prueba pedidas.

 

Pidió además que se ordenen exhumaciones en fosas comunes de cementerios españoles en busca de familiares de querellantes en la causa. Y concurrir en persona junto a la jueza al Castillo de Montjuic, en Barcelona, para “conocer el lugar donde se llevaron a cabo parte de los hechos de los que fuera víctima” el ex presidente catalán Lluis Companys I Jover “junto a miles de personas” y obtener “información al respecto”.

 

Algunas “perlas” de estos nuevos imputados:

 

Antonio Carro Martínez (Lugo, 1923)

Firmó la sentencia de muerte que ejecutó por garrote vil al anarquista Salvador Puig Antich el 2 de marzo de 1974. Doctor en derecho, fue el último ministro de la Presidencia que tuvo el Gobierno de la dictadura (cargo que mantuvo de enero de 1974 a diciembre de 1976). Como tal, firmó también las últimas condenas de muerte que ordenó el régimen, y que ejecutaron por fusilamiento, el 27 de septiembre de 1975 en Madrid, Barcelona y Burgos, a José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui Etxebarria.

 

También ha sido profesor en la Universidad de Madrid y letrado en el Consejo de Estado. Se mantuvo en política como diputado en la Legislatura Constituyente de España (1977-1979) y a lo largo de cuatro legislaturas más como diputado electo del PP en la provincia de Lugo. Algunas de las víctimas del franquismo que se han querellado contra él son Merçona Puig Antich; María Vitoria Sánchez Bravo Xolla; Flor Baena Alonso, Manuel Blanco Chivite, Vladimiro Fernández Tovar, Pablo Mayoral Rueda y Fernando Sierra Marco.

 

- Licinio de la Fuente ( Noez, Toledo, 1923)

Al igual que Carro Martínez, firmó la sentencia de muerte de Puig Antich mientras era vicepresidente del Gobierno de Carlos Arias Navarro, puesto que tuvo entre 1974 y 1975. De 1969 a 1975 fue también ministro de Trabajo. Después se convertiría en uno de los fundadores de Alianza Popular y del Partido Popular (PP), antes de desembarcar en el ámbito privado y convertirse en consejero de hasta siete empresas (Dragados y Construcciones, Banco Central Hispano Hipotecario, Banco Gallego, Banco de Granada, Banco Internacional del Comercio, Española del Zinc, Ibermutua). Merçona Puig Antich se querella contra él.

 

- Antonio Barrera de Irimo (Ribadeo, Lugo, 1929)

Antes de dimitir como vicepresidente segundo del Gobierno franquista en 1974, firmó la sentencia a muerte de Salvador Puig Antich. Un año antes se desempeñó como ministro de Hacienda, siempre con Carlos Arias Navarro como presidente. Se licenció en Derecho y Economía. Su trabajo en la esfera privada comenzó a desarrollarse antes de llegar al Gobierno. Fue presidente de Telefónica de 1964 a 1973. En la actualidad, es vicepresidente de Unión Fenosa, consejero de Bull S.A, y presidente de Autogrill España. Su nombre figura en la querella presentada por Merçona Puig Antich.

 

- José María Sánchez-Ventura Pascual (Zaragoza, 1922)

A los cuatro meses de ser nombrado ministro de Justicia, en marzo de 1975, firmó la sentencia de muerte de los últimos cinco fusilados del franquismo, ejecutados el 27 de septiembre de 1975 (mencionados arriba). Licenciado en Derecho, ocupó varios puestos de relevancia antes de llegar al Ejecutivo franquista. De 1958 a 1961 dirigió el Colegio Mayor Universitario San Pablo, de Madrid. Entre 1966 y 1970 fue Delegado del Gobierno en el Canal de Isabel II de Madrid. En 1967, además, estuvo al frente del Consejo de Administración del periódico Informaciones. Está inculpado en los testimonios de Flor Baena Alonso. María Victoria Sánchez Bravo, Manuel Blanco Chivite, Pablo Mayoral Rueda, entre otros.

 

- Alfonso Osorio García (Santander, 1923)

Fundador de la UDE y diputado de la UCD, fue Ministro de la Presidencia durante el primer Gobierno de la monarquía, (diciembre de 1975-julio de 1976, con Arias Navarro). Licenciado en Derecho, y tras ser Subsecretario de comercio en 1965 y presidente de RENFE en 1968, fue vicepresidente de la petrolera British Petroleum en España. Los años que no estuvo en el Gobierno, entre 1965 y 1990, fue presidente de PETROMED. Se lo considera responsable, junto con otros, de la matanza de Vitoria del 3 de septiembre de 1976, que terminó con la vida de cinco personas. Está imputado en las querellas de Andoni Txasco y José Luis Martínez Ocio.

 

- Antonio Troncoso de Castro (Vitoria, 1941)

Diplomado en Derecho Penal Militar, fue Coronel Auditor del Cuerpo Jurídico Militar, Ex fiscal del Tribunal Supremo, Ex vocal del Tribunal Marítimo Central y abogado del Ilustre Colegio de Madrid. Durante la dictadura, fue vocal ponente del Consejo de Guerra Sumarísimo 31/69 que se aplicó contra 16 miembros de ETA acusados del asesinato de tres personas, en lo que se conoció como el Proceso de Burgos, en diciembre de 1970. Además participó en varios consejos de guerra y causas militares que enjuiciaron a opositores antifranquistas entre 1963 hasta el fin del régimen.

 

Como vocal ponente de los consejos de guerra, estaba encargado de asesorar jurídicamente al Tribunal y de redactar la sentencia. Ante el Proceso de Burgos, sentenció con dos condenas de muerte a Eduardo Uriarte Romero, Jokin Gorostidi Artola y Xabier Izko de la Iglesia; Mario Onaindia Natxiondo, Xabier Larena Martínez y Unai Dorronsoro Ceberio fueron sentenciados a una pena de muerte; y Jon Etxabe Garitacelaya y Enrique Guesalaga Larreta, a 50 años cada uno. Estos dos últimos son los que contra él se querellan.

 

También figura en las querellas de Ignacio García Arramberri y Jon Arrizabalaga Basterretxea, que fueron juzgados en el proceso 28/69 que sentenció a muerte al hermano de este último, Andoni, y de Alberto Gabikagogeaskoa Mentxaka, Josu Naberan Naberan y Javier Amuriza Zarraonoindia, enjuiciados a su vez en el proceso 66/69 (el llamado proceso a los curas vascos).

 

- Carlos Rey González

Como vocal del Consejo de Guerra que juzgó a Puig Antich, fue el único redactor de la sentencia a muerte por garrote vil que sentenció al antifranquista. Hoy es abogado en Barcelona, y ha representado a la presidenta del PP en Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, en el caso de espionaje político de la agencia Método 3, ya archivado. Contra él ha testimoniado Merçona Puig Antich.

 

@LQSomos

* TELAM

-Nota de “La Comuna”

– Nota del diario Página12

Ayuntamiento de Pamplona: paralicen la exposición dedicada al regimiento América 66

Personal del Hospital de Valdediós

Firma la petición para frenar esta exposición

Petición creada por

Maru Mangado Hedy Herrero

Pamplona, España

El pasado 12 de abril se homenajeó en la Ciudadela de Pamplona/Iruñea a los 3.500 navarros y navarras asesinados tras el golpe de estado de 1936 en una tierra en la que no hubo frente de guerra y cuya memoria, dignidad e incluso hasta la condición de víctimas tanto les cuesta reconocer a los representantes de la derecha navarra, herederos políticos de los asesinos que sumieron al país en un pozo de oscurantismo del que aún no hemos salido.

Allí, ante esa placa frente a los muros donde se asesinó a cientos de pamploneses -en un espectáculo público al que parte de la ciudadanía acudía como quien va al circo, y en el que no faltaba ni el chocolate con churros- se volvió a exigir a las administraciones públicas que sean capaces de reconocer adecuadamente que todas esas miles de personas fueron asesinadas por sus ideas políticas y que merecen ser tratadas como lo que son: víctimas de un golpe de estado y de un régimen terrorista y criminal que les arrebató la vida con una impunidad aún vigente.

El próximo 23 de mayo, a escasos metros de ese infausto paredón, se prevé inaugurar en la Sala de Armas y en el Polvorín de la Ciudadela, de propiedad municipal, la exposición "Regimiento de cazadores de montaña América 66. ‘1764-2014. Historia de 250 años de servicio a España". Parece ser que este cuerpo militar comenzó combatiendo en Veracruz (México) para hacerlo más tarde en el "Sitio de Gibraltar", en la defensa de Cádiz, en la "guerra de la independencia", en las tres guerras carlistas (tras las que queda definitivamente radicado en Navarra), en la campaña de Cuba y en la guerra de África.

Pero lo que nos interesa es que el entonces llamado "Regimiento de Infantería América nº 23 " fue una de las principales fuerzas con las que el general golpista Emilio Mola se levantó en armas en Pamplona contra la II República, encuadrándose en las llamadas "Brigadas Navarras" con las que llevó la muerte y el terror a Guipúzcoa, Santander, Asturias, Guadalajara, Toledo, Teruel, Lleida, etc….

Fueron miles las personas asesinadas desde el 19 de julio de 1936 por los integrantes de las "Brigadas Navarras" en las que se integraba el "Regimiento América", entre las que se encuentran las víctimas de episodios tan horrendos como el acontecido en el Hospital Psiquiátrico de La Calellada, en el Monasterio de Valdediós (Asturias), el 26 de octubre de 1937.

Ese día, soldados de las "Brigadas Navarras" que llegaron al hospital durante su avance hacia Oviedo, obligaron al personal del centro a organizar una fiesta con baile a la que tenían que asistir obligatoriamente las enfermeras. Después de cenar y beber abundantemente, comenzaron a violarlas indiscriminadamente. Al oír sus gritos, apareció un capellán castrense, que se limitó a darles la absolución y animó a los soldados a que hiciesen "lo que tienen que hacer". Tras ello, las obligaron a cavar su propia fosa y las asesinaron junto a cuatro celadores, al pinche de cocina y a una niña de 15 años. Sus restos los exhumó en julio de 2003 un equipo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi.

Estas fueron las "Brigadas Navarras" y ese su legado de terror y de asesinatos cometidos en la más absoluta impunidad. El actual escudo de armas del "Regimiento América 66" contiene 2 mundos separados bajo una corona real, entre dos columnas liadas de cintas con las palabras "Plus" y "Ultra". Venera como patrona a la "Purísima Concepción" y aún muestra las condecoraciones que le fueron otorgadas entre 1936 y 1939 por asesinar a miles de personas: 2 cruces laureadas de San Fernando y 8 medallas militares colectivas, violando flagrantemente el sentido común y las leyes de símbolos y de memoria histórica.

Ahora, el Ayuntamiento pretende celebrar esta exposición que es una auténtica humillación a las víctimas a bombo y platillo. Será que entiende que la apología del terrorismo forma parte de ese "servicio a España" del que alardea la exposición.

Ni nos lo merecemos ni podemos consentirlo. Firma la petición para pedirle al Ayuntamiento de Pamplona que paralice la exposición.

Para:
Teresa Lasheras Balduz (directora del area de cultura del Ayuntamiento de Pamplona), Directora del area de cultura del Ayuntamiento de Pamplona

Fermín Alonso Ibarra, Concejal Delegado de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Pamplona

Queremos, pedimos y exigimos que se paralice la exposicion del dia 23 de mayo en la Ciudadela, "Regimiento de cazadores de montaña ´America 66", el motivo es la actuacion de ese regimiento o como tambien se las conoce, Brigadas Navarras, durante la Guerra Civil.

Nos parece una falta de respeto hacia todas sus victimas y de hecho creemos que no se deberia realizar dicha exposición.

Atentamente,
[Tu nombre]

¿Qué empresas usaron a esclavos del franquismo?

• La explotación económica de los vencidos llevó a la dictadura franquista al extremo de emplear a más de 400.000 presos políticos como trabajadores forzados.
• Compañías públicas y privadas –algunas cotizan en el IBEX 35– resultaron beneficiarias de mano de obra gratuita en la mayoría de sectores productivos.
• El trabajo esclavo forma parte de la querella argentina contra los crímenes del franquismo y la Ley de Memoria Democrática prevé hacer "copartícipes" de la "reparación" de los reclusos a las "organizaciones" implicadas.

eldiario.es - Juan Miguel Baquero 26/04/2014 

El franquismo llegó al extremo de usar presos políticos como esclavos. Fiel a la explotación económica de los vencidos como "botín de guerra". Había que "reconstruir" el país y... ¿qué empresas emplearon mano de obra gratuita durante la dictadura? La iglesia, el ejército sublevado e instituciones públicas. Pero no sólo. Entidades privadas de casi cualquier sector se beneficiaron del empleo de más de 400.000 reclusos en régimen limítrofe a la esclavitud. Algunas cotizan hoy en el IBEX 35, herederas de aquellas actividades primigenias o extirpadas de su germen económico.

Para sortear la muerte por hambre o enfermedad, plato diario en las cárceles franquistas, incluso había detenidos que solicitaban su traslado a batallones de trabajadores forzados. Banús Hermanos, San Román, Huarte, Agromán o Dragados y Construcciones. Estas compañías, y otras muchas, aprovecharon la oportunidad que ofrecía el entramado diseñado a lomos de presidiarios "para alzar sus imperios económicos durante la dictadura franquista". Unos redimían condena, otros obtenían réditos de otro modo impensables. Así reza en el marco de la querella argentina que María Servini de Cubría instruye desde el Federal 1 de Buenos Aires, a denuncia del grupo de trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (RMHSA) de CGT. Y en la ley andaluza de memoria, que plantea hacer a estas y otras muchas empresas "copartícipes" de la "reparación" de esas víctimas.

"Botín de guerra" para los golpistas

"Ferroviarias como Norte, MZA, Renfe, constructoras como Entrecanales, San Román, Huarte o Banús, mineras como Duro, Babero, transformadoras de metales como Babor Wilckok, Astilleros de Cádiz, La Maquinista Terrestre". Una relación que el director científico del proyecto Todos (…) los nombres, José Luis Gutiérrez Molina, completa con "órdenes religiosas, ayuntamientos, confederaciones hidrográficas y diversas administraciones de Justicia o gubernativas". "¿Números? Más de 400.000 presos susceptibles de ser utilizados, en Andalucía más de 100.000", enumera. Los derrotados, "botín de guerra" para las fuerzas golpistas.

Eran "trabajadores, jornaleros y campesinos", en gran parte, y debían cargar con el "esfuerzo de la reconstrucción" del país. Una tarea abierta hasta 1956 que el coautor del libro El Canal de los Presos. Trabajos forzados: de la represión política a la explotación económica cuantifica en "al menos 800 millones de euros". "Desde el pequeño taller a la gran industria vasca, catalana o andaluza –cuenta Gutiérrez Molina–, no hubo sector industrial, comercial, agrario o de servicios que no contara, en mayor o menor número, con trabajadores esclavos".

El anteproyecto de Ley de Memoria Democrática de Andalucía señala (artículo 19): "Reparación por trabajos forzados. La Administración de la Junta de Andalucía impulsará actuaciones para hacer copartícipes de las medidas de reconocimiento y resarcimiento a las organizaciones que pudieron utilizar los trabajos forzados en su beneficio". El Gobierno autonómico, con el nuevo marco legal que reconoce la mano de obra esclava en trámite, no desvela aún cómo motivará la participación de las empresas implicadas.

Empresas implicadas que no reconocen el "abuso"

¿Quién debe responder por esos delitos? "En el caso de Alemania las empresas pagaron, pusieron la mitad del fondo de indemnizaciones y la otra la puso el Estado", compara el coordinador de RMHSA, Cecilio Gordillo, que declaró por videoconferencia en febrero ante la justicia argentina y sugiere "candidatos a ser convocados por la juez Servini". Caso de "Florentino Pérez, de Dragados y Construcciones (ACS), José Manuel Entrecanales, de Entrecanales y Távora (Acciona), Gonzalo Ferre, de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Julio Gómez-Pomar, de Renfe y Juan Miguel Villar Mir, de Huarte (OHL)". Actuales responsables de empresas, "o sus antecesoras", señala, que nunca reconocieron el "abuso". Como publicó Financial Times Magazine en el año 2003.

eldiario.es/andalucia se ha puesto en contacto con estas empresas, que han declinado hacer declaraciones al respecto. "No haremos ningún comentario sobre ese tema", una respuesta repetida que se extendió en la mayoría de los casos al momento en que, en teoría, la ley andaluza de memoria les conmine a participar en el reconocimiento a los trabajadores forzados. En ningún caso se negó la participación de las "antecesoras" de estas compañías e, incluso, hubo solicitud de información a este periódico "para conocer un poco más en qué consiste todo eso".

En sectores como la minería y la construcción, los presos fueron "imprescindibles". "El número de pantanos inaugurados por Franco, sin la mano de obra esclava, hubieran sido muchos menos, lo mismo que las líneas férreas, carreteras o aeropuertos", relata Gordillo. Obras, también, como el Valle de los Caídos. Para administrar los campos de concentración convertidos en "empresas de trabajo temporal", el régimen creó –el 11 de octubre de 1938– el Patronato Central de Redención de Penas por el Trabajo (PCRPT).

En su organigrama cabían, describe Gutiérrez Molina, "funcionarios de prisiones, de prensa y propaganda, un eclesiástico, un contable, varios ingenieros, auditores generales de los tres ejércitos y de los organismos públicos que más trabajadores empleaban". Como el Servicio Nacional de Regiones Devastadas, empresas ferroviarias intervenidas, el Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas y la Compañía de Caminos de Hierros del Norte. Por cada día de trabajo, un preso redimía dos de pena. El Estado, que cobraba una cantidad a la empresa beneficiaria, pagaba un jornal –"aunque no siempre cumplía"– del que descontaba la comida y la ropa del recluso.

Empresas que solicitaron trabajadores forzados

En Franquismo y trabajo esclavo, una deuda pendiente, el investigador José Luis Gutiérrez Molina expone una relación de 90 empresas que solicitaron y les fueron concedidos penados como mano de obra forzada. Una treintena corresponden a organismos oficiales, once a la iglesia católica, ocho al Ministerio del Ejército y el resto a compañías privadas y una institución benéfica (Fundación Elorz).

Instituciones públicas que usaron presos: Secretaría General del Consejo de Estado, Astilleros de Cádiz, Consejo Superior de Protección de Menores, Sindicato Nacional del Espectáculo, Regiones Devastadas de varias provincias, gobiernos civiles, direcciones generales, ayuntamientos… además, entre otras, de la Fundación Generalísimo Franco y la Jefatura de FET de las JONS en Lérida.

La iglesia reclamó trabajadores esclavos para obras en parroquias, conventos y otros edificios de Madrid, Barcelona, Cuenca, Murcia o Valladolid. Como empresas privadas, aparecen relacionadas con la metalurgia (Múgica, Arellano y Cía., Babock Wilcok, La Maquinista Terrestre y Marítima, Talleres Mercier o Industrias Egaña), la minería (Carbones Asturianos, Minera Estaño Silleda, Duro Felguera, Minería Industrial Pirenaica o Minas de Sillada), la construcción (Sociedad Constructora Ferroviaria o Ibérica de Construcciones y Obras Públicas), agricultura, mecánica, zapatería, espartería y fábricas de muebles, cristal, guantes o alpargatas.

El propio autor, junto a Dolores Martínez, en El trabajo esclavo de los presos políticos del franquismo en Andalucía, repasan los campos de concentración y trabajo instalados en la región, con el número de reclusos que acogieron y las fechas en que estuvieron activos. Además, establecen un listado con la relación de obras en que intervinieron prisioneros, presos y penados en Andalucía entre 1936 y 1956. Una lista casi interminable "que no se ha estudiado a fondo".

Servini pidió exhumar el cuerpo de una víctima del franquismo en España

 

Terra - 20 de febrero de 2014

La jueza federal María Servini de Cubría, a cargo de la investigación local por los crímenes del franquismo, pidió hoy a la justicia de España la exhumación del cadáver de un hombre fusilado por el régimen del dictador Francisco Franco.

 

Se trata de Timoteo Mendieta Alcalá, cuya hija declaró ante Servini en la causa promovida por familiares y víctimas de delitos de lesa humanidad en España en base al principio de justicia universal que Argentina acepta.

 

Fuente judiciales revelaron que la jueza envió a la Cancillería un exhorto para que la Justicia de España exhume el cadáver que estaría enterrado en una fosa común en el cementerio de la ciudad española de Guadalajara.

 

La denuncia fue hecha por la octogenaria Iluminda Asención Mendieta Ibarra, hija del fusilado, quien reclamó el cuerpo de su padre identificando el sitio de entierro, lo que motivó que la jueza argentina pida la extracción de muestras de ADN para confirmar su identidad.

 

El pedido de la justicia argentina se produce en momentos en que el gobierno de Mariano Rajoy avanza en la sanción de una norma que impida la aplicación de la justicia universal aduciendo los problemas diplomáticos que le produjo con China.

 

La justicia universal permitió, en su momento, la detención y juzgamiento en España de represores argentinos impunes en el pais, como el piloto naval Adolfo Scillingo, participante de los vuelos de la muerte.lam

“El nuevo Código Penal acerca al enfermo mental a la Ley de Peligrosidad que llenó manicomios franquistas”

El franquismo encerró en manicomios a republicanos que encontraba por la calle

-El psiquiatra Juan Sánchez Vallejo publica La locura y su memoria histórica (Ed. Atlantis)

-"En el proceso de reparación y dignificación que supone la Memoria histórica hay que incluir a los olvidados entre los olvidados: los locos".

-"Entre los 12.000 internos de los manicomios franquistas había una proporción de no enfermos, republicanos represaliados, que en el Miraflores de Sevilla rondaba el 5-10%"

 

El Diario.es María Iglesias 27/01/2014 - 

 

"No hay cosa que inquiete y moleste más a una dictadura que aquellos individuos que se salen de lo normal, que abandonan el rebaño (consciente o inconscientemente) poniendo en riesgo la uniformidad social impuesta por el pensamiento único. El loco reúne en un régimen de estos perfiles todos los requisitos para ser perseguido, acosado y marginado. Y la institución manicomial, a su vez, contiene todos los ingredientes para erigirse en esa especie de almacén de desechos humanos que esconde hasta el olvido o la muerte a aquellos indeseables que no han podido o querido adaptarse a la normalidad impuesta, al rebaño, a la comunidad bien pensante".

 

Con este Norte en su brújula, el psiquiatra Juan Sánchez Vallejo publica La locura y su memoria histórica (Ed. Atlantis), donde repasa la situación de los enfermos mentales durante el franquismo con un triple objetivo: incluir a los "olvidados entre los olvidados, los locos" en el proceso de reparación y dignificación asociado al concepto de Recuperación de la memoria histórica (que hoy impulsa hasta la ONU), denunciar a los psiquiatras -algunos aún en activo- que medraron por prestarse a ser brazos ejecutores del régimen, aplicando electroshocks, lobotomías o comas insulínicos a una población de hasta 12.000 internos y alertar contra "los riesgos que entraña que la legalidad garantista que ha regido en España desde 1983 se torne preventivista", es decir, que en nombre de una supuesta peligrosidad del enfermo mental, se justifique su encierro preventivo. Algo que contempla el Anteproyecto de reforma del Código penal aprobado por el Gobierno el 11 de octubre de 2012.

 

De todo esto ha escrito el toledano Sánchez Vallejo, que ha ejercido la mayor parte de su carrera en Éibar (Guipúzcoa), pero que en la bisagra de los 60-70 estudió Medicina en Sevilla e hizo sus prácticas en el desaparecido manicomio de Miraflores, "un escenario dantesco en la línea de los que luego conocí en Mérida, Toledo, Barcelona, Martorell o Leganés". De todo ello habló en la presentación de su ensayo en el Colegio de Médicos de esta ciudad y en la entrevista a eldiario.es/andalucia.

 

¿Por qué ve necesaria una "memoria histórica" de la locura en España?

Porque al cundir la idea de que hay que recuperar la memoria histórica, he echado de menos el recuerdo de los enfermos mentales y cómo fueron tratados en la dictadura. Ellos son el sector social más marginal, despreciado y por tanto necesitado de reparación. 

 

Señala el libro que en los manicomios había cuerdos de izquierdas represaliados por la dictadura porque era peor castigo que la cárcel. ¿Hay un censo? 

No, porque se encontraban en un limbo. En el manicomio de Miraflores los descubrimos porque nos encargaron "hacer fichas" y enmendar así el terrible hecho de que muchos internos estaban sin documentar, es decir, no existían para la Administración. Entonces vimos que entre las fichas que sí existían las había con la casilla "diagnóstico" vacía. Porque esos internos no eran enfermos.

 

¿Cuántos serían?

Una minoría, claro, pero en Miraflores donde oficialmente había 1.200 internos (en España en 1983 los ingresados en manicomio eran 12.000) diré entre un cinco y un diez por ciento para no exagerar, aunque temo que fuera más. Esos internamientos eran posibles por una ley republicana -ya lo lamento-, llamada "Gandula" del 31 julio 1931 que permitía preventivamente ingresar a gente con mala imagen, proxenetas... Y que en 1956 se amplió a los homosexuales. "!Ley de Peligrosidad pública" se la acabó llamando y permitía ingresar a alguien con la mera denuncia de un tercero, un vecino por ejemplo. El responsable de la psiquiatría española entonces, Antonio Vallejo-Nájera (un nazi orgulloso de serlo, al lado del cual Franco era un trosko) estaba empeñado en encontrar el "gen de la degeneración roja".

 

¿Cómo se comportaban los internos no locos: se rebelaban, se resignaban?

En la década de los 60, el 80 por ciento de los ingresados en manicomios llevaba más de diez años, por lo que sufría una fuerte desconexión de la sociedad exterior. De modo que a los estudiantes nos contaban que les metieron allí por ser republicanos sin antecedentes ni cargos para ir a la cárcel, pero no se rebelaban, asumían las veces de celadores, basureros, higienistas y hasta desarrollaban cierto síndrome de Estocolmo.

 

¿Qué hicieron ustedes para denunciar su situación?

Los universitarios en prácticas, al ver la dura realidad del manicomio (donde se fumigaba a los pacientes o se les aislaba en sótanos llenos de excrementos), sentíamos -dicho sea con ironía- espíritu de Robin Hood, de querer ayudar y rechazar lo dantesco. Pero en la dictadura había miedo y costaba decidirse a poner el cascabel al gato. Dimos parte del tratamiento inadecuado de los internos a la Cátedra de Medicina y a la dirección del manicomio. Pero no actuaron. Entonces hicimos fotografías clandestinamente y las colgamos en el tablón de la facultad dando lugar a lo que se llamó "La movida de Miraflores".

 

Cuando en 1983 cambió la ley y los internos salieron a la calle, ¿se organizaron, hay asociaciones que reclamen los derechos de los maltratados esos años?

Existe una red muy potente de Asociaciones Estatales de Enfermos Mentales que lleva años trabajando por dignificar a estos enfermos y sacar a la luz también lo que ha pasado en este pasado cercano. Pero lo cierto es que están volcadas en problemas actuales porque, aunque se ha avanzado mucho, queda un gran camino.

 

¿Cuáles son esos grandes problemas actuales de los enfermos mentales?

De un lado, la estigmatización que es hoy menos evidente pero, porque se camufla, casi más potente que antes. Es casi imposible que uno vaya con esperanza a una entrevista de trabajo con antecedentes de esquizofrenia, bipolaridad o depresión crónica. Y eso por un prejuicio terrible muy extendido en la sociedad: la equiparación de enfermedad mental y violencia. Reforzado por los medios de comunicación en su tratamiento de casos como el de Anders Breivik en Noruega, José Bretón en España o Ariel Castro en EEUU. Y, de otro, yo estoy alertando personalmente a estas Asociaciones Estatales de Enfermos Mentales de que el Anteproyecto de reforma del Código Penal (aprobado por el Gobierno el 11 de octubre de 2012) es un peligroso retroceso porque es una norma no garantista sino preventivista. Es decir, que no actúa tras la comisión de un delito, sino que permite a la autoridad judicial decretar el internamiento por cinco años prorrogables en caso de que prevea la comisión de delito. Acerca al enfermo mental a la Ley de Peligrosidad que llenó los manicomios franquistas .

 

Su libro ¿es más homenaje a los enfermos mentales maltratados en el franquismo o denuncia de los psiquiatras que ejecutaron las órdenes a cambio de prebendas? 

Ambas cosas son necesarias. También denunciar a aquellas sagas de trepas, los Vallejo-Nájera (sobre todo el padre), los López Ibor, los Rojas Ballesteros que ascendieron a costa de hacer barbaridades a los enfermos. Todavía colea Aquilino Polaino que hace nueve años argumentaba en el Senado que la homosexualidad es una patología a tratar. Ya en mi época universitaria propuso una terapia conductista en la que hiciéramos ver al paciente imágenes sugerentes de mujeres e intercaladas de hombres haciendo que en ese instante sufrieran una descarga. Frente a ellos, Castilla del Pino, Ramón García, el Dr. Wulf, González Duro, González Infante, González Chaves, el psicólogo Jaime Sacristán o el Dr. Castrillón ejercían un trabajo modélico casi clandestino.

 

¿Que opina de que el cardenal español, Fernando Sebastián Aguilar, declarara esta semana que la homosexualidad es una deficiencia a tratar?

Demuestra que, a pesar del nuevo Papa, parte de la cúpula de la Iglesia sigue siendo muy reaccionaria.

 

La búsqueda de víctimas del franquismo en fosas ocultas, ¿es o no benéfica para los descendientes de éstas?

Según mi criterio no supone reavivar el odio sino, al contrario, dar un paso necesario para la pacificación emocional. Es justo y deseable que se encuentre a los asesinados y se dé a sus familias la oportunidad de homenajearles, despedirles y enterrarles con dignidad. Se trata de una buena terapia y catarsis superadora del pasado histórico. 

 

Desarrollando la mayor parte de su carrera en el País Vasco, ¿ha detectado evolución en patologías desde la época de terrorismo a la actual?

Euskadi como sociedad ha sufrido mucho. La violencia en primera línea y que, en el resto del país, confundieran la parte con el todo y nos rechazaran hasta a los que allí nos la jugábamos llamando asesinos y torturadores a los etarras. Eso duele. Pero en un plano individual, el miedo acorcha las conciencias y te acabas acostumbrando a mirar bajo el coche y convivir con esa anomalía. Personalmente yo no soy nacionalista sino internacionalista, y creo que el conflicto clave es el de clase: explotadores frente a explotados.

 

¿Se registran hoy patologías mentales consecuencia de la crisis?

Sin lugar a dudas. Hay ya abundante literatura científica que documenta el aumento de suicidios, depresiones... Y datos alarmantes como el de que un 25 por ciento de las población española (incluidos niños) sufre alguna patología mental. Medio millón, esquizofrenia. Y desde luego desarraigo, pobreza, miseria, falta de estímulos vitales son terreno abonado para que crezcan estas enfermedades.

 

Denuncia que, en el tratamiento, la balanza se inclina hacia los psicofármacos frente las psicoterapias. ¿A qué lo atribuye y qué ve de malo?

El descubrimiento en los años 50 de psicofármacos como el diazepam y clorpromazina es uno de los mayores inventos del siglo. Supuso una revolución psiquiátrica al paliar los síntomas más llamativos: agitación, delirios, alucinaciones... Los manicomios se silenciaron. Pero angustias y tristezas no caen del cielo, existen porque la estructura, el funcionamiento del sistema las hace posibles, si no las genera. Las psicoterapias, laboterapias son necesarias porque van al foco del problema emocional, buscan su origen en el entorno escolar, familiar, en definitiva social. Pero se aplican menos porque son más difíciles y caras. Requieren tiempo. ¿Qué menos que una hora por paciente? Cuando el médico tiene veinte pacientes al día, no puede permitírselo y tira de receta.

 

Superado el sistema de manicomios, persiste preocupación social y de familiares de enfermos agudos por la falta de un destino adecuado para ellos. ¿Entiende que sobreviva la más mínima añoranza de centros de reclusión?

Me consta que hay familias que no saben qué hacer con sus enfermos mentales. Pero hay dos opciones de centros: los de custodia del que estorba y los terapéuticos. Los que sirven, ayudan y mejoran son los segundos. Por eso, desde el 83, se desmantelaron los manicomios y se reemplazaron por una red de hospitales de día, salas psiquiátricas adosadas a hospitales para estancias breves de cinco días máximo, centros tutelados, talleres protegidos, centros de acogida... Instituciones en las que ayudar al enfermo a convivir y reeducarle en habilidades manuales e intelectuales. Si hoy la red es insuficiente es porque en los años de bonanza los gobernantes dieron prioridad a construir aeropuertos o AVE, que no hacían falta. Y así sale lo que sale: un churro de país.

La democracia mantiene el Ducado de Franco y otros títulos a 10 golpistas

Escudo del Ducado de Franco, título que ostenta la hija del dictador, Mª del Carmen Franco Polo. / Wikipedia

35º ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN

Luis Díez - Cuartopoder- 6/12/13

Cuando han transcurrido 35 años de la aprobación de la Constitución y 37 desde el final de la dictadura, siguen vigentes los títulos de nobleza que otorgó Franco a sus colaboradores en la matanza y persecución de demócratas, y el rey Juan Carlos a los herederos del dictador. Sería impensable un Marquesado de Mussolini, un Señorío de Hitler o un Ducado de Petaín en los países vecinos, pero aquí ni la ley de Memoria Histórica, de cuya aprobación se cumplirán seis años el próximo 26 de diciembre, ha permitido abolir esa arbitrariedad.

Distintas formaciones políticas, desde Izquierda Unida (IU) hasta los diputados ERC en el Congreso, pasando por el el PNV, el BNG y algunos diputados socialistas, vienen solicitando desde hace tiempo la anulación de esos títulos nobiliarios. El último ha sido el parlamentario del grupo mixto Jon Iñarritu. Una interpretación generosa del artículo 15 de la Ley de la Memoria Histórica, sobre la supresión de los símbolos del franquismo, permitiría anular los títulos.

Sin embargo, eso no se ha hecho porque, según los legisladores consultados no se ha querido revocar la decisión del rey Juan Carlos de Borbón de otorgar a los herederos del dictador los títulos del Señorío de Meiras con Grandeza de España (a la viuda), del Ducado de Franco (a la hija) y, entre otros, del Marquesado de Arias Navarro con Grandeza de España al último jefe de Gobierno de la dictadura, también conocido como “el carnicero de Málaga” por las matanzas de “rojos” que ordenó en esa provincia.

Además, dado que el artículo 62 de la Constitución atribuye al Rey el derecho a “conceder honores y distinciones”, la interpretación extensiva de la Ley de la Memoria Histórica, solicitada también por el Foro de la Memoria y por otras asociaciones de víctimas del franquismo, podría resultar inconstitucional. Ni siquiera el penúltimo ministro de Justicia de Rodríguez Zapatero y fiscal de carrera, Mariano Fernández Bermejo, se abstuvo de firmar la orden ministerial con la “real carta de sucesión” del título de Duque de Mola a favor de Emilio Mola Pérez de Laborda, nieto del “intelectual” golpista, conocido como “el director”. El actual ministro, Alberto Ruiz Gallardón, culminó el trámite, desbloqueando de hecho la sucesión de los nobles de Franco.

De este modo, según el registro del Ministerio de Justicia, mantienen su vigencia los títulos de Duque de Carrero Blanco (a los herederos del almirante y jefe de gobierno Luis Carrero Blanco), Duque de Mola (a los herederos del general Emilio Mola), Marqués de Dávila (al general y ministro del Ejército, Fidel Dávila Arredondo), Marqués de Kindelán (al jefe de la fuerza aérea franquista), Marqués de Queipo de Llano (al general golpista del mismo apellido, Gonzalo), Marqués de Saliquet (al también general sublevado Andrés Saliquet), Marqués de Varela de San Fernando (al militar golpista gaditano Enrique Varela), Marqués de San Leonardo de Yagüe (al general rebelde José Yagüe), Conde del Alcázar de Toledo (al general José Moscardó, a la sazón presidente del Comité Olímpico Español), Conde del Jarama (al aviador franquista Joaquín García Morato).

Junto a esos diez militares, el dictador concedió otros 29 títulos a distintos personajes del régimen, desde el carlista Estaban Bilbao, que presidió las Cortes franquistas a José Antonio Primo de Rivera, pasando por su hermana, Pilar, jefa de la Sección Femenina del Movimiento Nacional, a la que nombró Condesa del Castillo de La Mota, o por Ramiro de Maeztu, al que otorgó el título de conde, de igual modo que a Juan de la Cierva. El dictador no olvidó al nuncio del Vaticano e hizo recaer el título del Marqués de Santa María de la Almudena sobre el enviado de turno, a la sazón monseñor Tedeschini. Quizá su mayor felonía fue nombrar marqués, a título póstumo, al científico Santiago Ramón y Cajal.