15 de enero de 2014

Estimada Mª José ... recuerda que aunque a veces hay malas experiencias, nunca debes retroceder ni rendirte, quien persevera alcanza.
Joan Busquets i Verges. Exmaqui libertario del Berguedá 28/12/2013
"Muero contento, porque equivocado o no, muero por una idea" Manuel Barreiro dos días antes de ser fusilado 12/3/1939


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domingo, 18 de diciembre de 2016

The New York Times avergüenza a España por la impunidad del franquismo


  • Un artículo de opinión del periodista Dan Hancox reprocha a España la existencia todavía de 114.000 desaparecidos forzosos del franquismo
  • "El olvido no va a ser posible mucho más tiempo", sentencia el texto
El Diario 9/12/16
"En España, los muertos están más vivos que en cualquier otro país del mundo". La frase, del poeta granadino Federico García Lorca, es la apertura de un artículo de opinión del New York Times que recuerda que en España hay todavía 114.000 desaparecidos del franquismo sin identificar ni exhumar. Son "los fantasmas que España intenta ignorar".

El texto, firmado por Dan Hancox, periodista y autor del libro The Village Against the World sobre el pueblo de Marinaleda, defiende que en los últimos años el "clamor" por conocer y conmemorar estos fantasmas ha crecido, promovido por la sociedad civil. A partir de las palabras pronunciadas por Rajoy en 2008, cuando pidió a los españoles "mirar al futuro" y no generar "tensión ni división", Hancox argumenta que "aunque pueda sonar como un sentimiento noble", es, en realidad, "engañoso": "Los vencedores de la guerra civil no sólo pasaron 36 años escribiendo la historia de su victoria, enseñándola en las escuelas e instaurándola en la cultura popular, sino que también dejaron los mismos monumentos solemnes a su muerte que han sido negados a los 114.000 desaparecidos". El mayor ejemplo es el Valle de los Caídos, explica.

Parece una sorpresa que en España no exista un equivalente al Frente Nacional, continúa Hancox, pero este hecho responde a que "el Partido Popular absorbió parte de la maquinaria política del franquismo". El fundador de Alianza Popular, Manuel Fraga, fue ministro durante la dictadura. "Este es uno de los motivos por los que Mariano Rajoy preferiría mirar al futuro", argumenta.

Durante la Transición española "no hubo reconocimiento" ni una iniciativa similar a la desnazificación alemana de las fuerzas de seguridad o de la justicia. En 1977 se aprobó una Ley de Amnistía que no permite "procedimientos legales para los crímenes cometidos durante la guerra civil y la dictadura", criticada por la ONU por "obstruir" las investigaciones.

Tras la reelección de Rajoy como presidente, pero con un Gobierno en minoría, para Hancox es el momento de que Podemos y el Partido Socialista "fuercen" al Gobierno a "restablecer el presupuesto para un proyecto por la memoria histórica" para 2017. El olvido no va a ser posible mucho más tiempo, sentencia.

sábado, 18 de julio de 2015

Propuesta de Ley de Memoria Democrática


 
La Asociación Archivo Guerra y Exilio (AGE), en su Asamblea Anual de Socios de 20 de junio de 2015, ha aprobado dirigir un llamamiento a todas las instituciones de ámbito local, autonómico y estatal, a los partidos políticos, grupos parlamentarios, sindicatos y entidades sociales, a las entidades de memoria histórica democrática, y a quienes corresponda, para que insten al Gobierno español, como poder ejecutivo del Estado, a la aprobación de una Ley de Memoria Histórica Democrática en el Congreso de los Diputados, que cancele definitivamente con justicia, equidad y reparación las secuelas de la dictadura franquista.
 
Para ello aportamos las propuestas que a continuación se mencionan, utilizando los canales de información que quieran colaborar, organizando conferencias, charlas, coloquios para la difusión y debate de los contenidos, y promoviendo encuentros directos de nuestros socios y colaboradores con las instituciones, entidades partidos políticos y asociaciones democráticas.
Estas medidas harían viable la reconciliación genuina y verdadera de los españoles en un estado de derecho y de igualdad ante la ley.
 
Para ello sería imprescindible que la Ley de Memoria Histórica Democrática recogiera las siguientes propuestas:
 
1. Declarar por Ley la nulidad de todas las acciones legales del régimen franquista, haciendo mención expresa a las Resoluciones de las Naciones Unidas adoptadas por unanimidad por la Asamblea General de la ONU el 9 de febrero y el 12 de diciembre de 1946, y a su carácter criminal según las normas de derecho internacional. Condenar jurídicamente la dictadura franquista.

2. Reconocimiento político, jurídico y social de cuantos defendieron la legalidad Republicana desde 1931 a 1977. Reconocimiento jurídico de la condición de víctima del franquismo, de la condición de excombatientes por la libertad a los guerrilleros antifranquistas, a los combatientes republicanos en las filas de los aliados en la II GM, y a las víctimas republicanas de la persecución nazi.

3. Nulidad  de todos los juicios penales y militares sumarísimos y reconstrucción de los archivos penales y judiciales afectados.

4. Rehabilitación jurídica y política de los ciudadanos asesinados (considerados por algunos como “desaparecidos”).

5. Localización de todas las fosas comunes, garantizando jurídicamente las  exhumaciones por parte del Estado de acuerdo con sus familiares. Señalando los espacios del crimen (referente para la historia de España) como lugares de memoria, mediante monumentos, placas y paneles expositores que expliquen los hechos que tuvieron lugar.

6. Condena de los actos de exaltación franquista y de negacionismo histórico así como retirada de símbolos franquistas en los espacios públicos, aplicándose la legislación mediante la aplicación de procedimientos acordes con el derecho internacional de derechos humanos como norma de convivencia ciudadana.

7. Anulación de la Ley de Amnistía de 1977 que blinda la impunidad de los responsables de los crímenes franquistas y aplicación de la legislación internacional de derechos humanos sobre crímenes contra la humanidad.

8. Desclasificación y catalogación, de forma científica y democrática, de todos los archivos policiales, diplomáticos, militares, penales, judiciales, carcelarios, municipales, militares de inteligencia y de la represión en general, hasta la instauración del sistema democrático.

9. Comprobación y subsanación de contenidos en los libros de texto sobre historia, contemplándolos desde la objetividad y la transparencia, en pro de un plan pedagógico que ayude a conocer los hechos en beneficio de una armonía ciudadana  sin negacionismos ni revisionismos.

Esperanza Martinez, Presidenta de AGE 
y Dolores Cabra, Secretaria General de AGE

domingo, 31 de mayo de 2015

Por fin se abre el portal víctimas de la dictadura.es en Castilla-La Mancha

www.victimasdeladictadura.es
 
entarancon.es - Redacción 23/05/2015
Hemos sido la última comunidad autónoma en contar con esta herramienta. Un proyecto en el que participa la Universidad de Castilla_La Mancha y en el que ha colaborado la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMHCUENCA). Máximo Molina nos da más datos y explicaciones sobre este portal.
 
El pasado 15 de mayo vio la luz el portal www.victimasdeladictadura.es dentro del proyecto de investigación "Represión de Guerra y Postguerra en Castilla la Mancha", dirigido por Manuel Ortiz Heras, de la UCLM. Proyecto este necesario, pues permitirá a familiares, investigadores o personas que sientan simplemente curiosidad, indagar sobre los represaliados del franquismo en CLM, se estima rondarán los 125.000, en un click. Necesario por que huye del oscurantismo, de la manipulación. Simplifica un proceso que para las familias es un autentico laberinto, ya que las fuentes documentales los son, por su variedad y dispersión, así como por su no necesariamente fácil acceso. Aún hay funcionarios que en su sectarismo pretenden ocultar información, hechos con mil estratagemas y argucias, alegales si no ilegales las más de las veces. deshace la dificultad de transitar por el laberinto del minotauro de la documentación del régimen fascista español. Congratulémonos pues que los hechos empiecen a ser accesibles a cualquiera.
 
ARMHCUENCA colabora en este proyecto aportando todos los datos que ha acumulado sobre la provincia de Cuenca durante una década. Fruto de una labor de investigación rigurosa en Registros civiles, archivos carcelarios, militares y municipales, amén de las decenas de entrevistas realizadas a víctimas del franquismo por esta asociación.
 
Este portal sale a la luz en mayo de 2015. Castilla la Mancha es la última comunidad autónoma que pone a disposición de los ciudadanos una herramienta como está. Tristemente el gobierno socialista de nuestra región no tuvo una actitud pro-activa al respecto, decidiéndose demasiado tarde a tomar cartas en este asunto. Tras la victoria de los populares en 2011, el proyecto durmió el sueño de los justos, hasta que el diciembre pasado, no sin prisas, el gobierno regional se decidió a liberar los fondos para llevarlo a cabo. Mayo de 2015, 68 años después de que se publicara el martirologio del arzobispado de Cuenca que analizaba la represión republicana, parece que ya era hora.
 
Con todo a pesar del tiempo transcurrido, de la evidente desigualdad y desequilibrio en la memoria de la represión, todavía hay quien considera que debe ser solo el martirologio de cuenca, uno de tantos instrumentos de la propaganda franquista, lo que debe marcar nuestra historia. Buen ejemplo es el saliente portavoz del PP en Tarancón, que pretende, más allá de los hechos y de las leyes vigentes, que sea solo la memoria de las víctimas de la represión republicana la que exista en nuestro cementerio. Peculiar que sea el gobierno del PP el que financie este proyecto, mientras él muestra actitudes contra derecho y plenamente en línea con la propaganda de la dictadura. La verdad es que esta paradoja, esta bipolaridad es intrínseca al Partido Popular, ciertamente del liberalismo conservador al profranquismo hay un  largo trecho.
 
España necesita una memoria histórica común, democrática y aceptada por todos y esta ha de estar basada en los hechos, no en su negación.
 
Fdo. Máximo Molina Gutiérrez
 

domingo, 14 de diciembre de 2014

¿Está engañando Baltasar Garzón a la familia Alcorisa?

Garzón en una cacería de ciervos
organizada por un concejal del Partido Popular de su pueblo en 2009
a la que acudió también el ex ministro de justicia del PSOE, Mariano Fernández Bermejo
El exjuez español ha apelado al Tribunal Constitucional español (equivalente a la Corte Suprema) para que ampare la exhumación de los restos de Teófilo Alcorisa, una víctima republicana enterrada en una fosa común. Pero, ¿tuvo él esa oportunidad cuando tramitaba la llamada "causa contra el franquismo"?

 Por Diego Herchhoren, abogado.

Tal y como han reproducido numerosos medios españoles, el exmagistrado ha presentado sendos escritos ante el mencionado tribunal y ante el Consejo de la Magistratura ibérico reclamando, además del amparo, el fin del abandono en el que se encuentran la mayoría de víctimas del franquismo en España.

En particular, el despacho dirigido por Garzón pide al Tribunal Constitucional que se haga lugar a las solicitudes de exhumación de la fosa común donde probablemente se encuentre el guerrillero antifranquista Teófilo Alcorisa, ya que el Juzgado de Instrucción valenciano que se hizo cargo del asunto, así como la Audiencia Provincial de esta demarcación archivaron la causa iniciada por sus familiares.

Alcorisa fue víctima de desaparición forzada el 16 de abril de 1947. Desde el año 2005 hasta el 2010, mediante sucesivas investigaciones, sus hijos consiguieron situar la localización de sus restos y a partir de ahí emprendieron acciones judiciales sin conseguir que la exhumación fuera autorizada.

Sin embargo, la indefensión alegada por Garzón, que es completamente cierta, olvida en cambio que ésta se produce como consecuencia inmediata y directamente conectada con la Resolución del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional de 18 de noviembre de 2008...firmada por el propio Baltasar Garzón. Dicha resolución ("Auto", en la terminología jurídica española) ponía un dramático fin a la denuncia realizada por dos abogadas mallorquinas que demandaban ante la Audiencia Nacional la localización del paradero y una investigación oficial sobre los crímenes del franquismo que determinara responsabilidades civiles y/o penales de la dictadura.

En el año 2008, Baltasar Garzón se declaró competente en la mal llamada "causa contra el franquismo", mediante una resolución que redujo los crímenes de la dictadura a los cometidos entre 1937 a 1951 (dejando impunes los 20 años restantes), y que terminaría dos meses después mediante una resolución inhibitoria en favor de los jueces territoriales, lo que en la práctica obligaba a los familiares de víctimas a recorrer de nuevo un tortuoso camino procesal que, por su complejidad y tras haber creído en la posibilidad de que Garzón llevara adelante un auténtico proceso penal contra el franquismo, desincentivó a decenas de miles de familiares a realizarlo. "Incredulidad", era la palabra que repetían los representantes de las entidades impulsoras de esta causa.

Si bien es cierto que la Audiencia Nacional no era competente para tramitar una denuncia de este tipo*, y que Garzón al admitirla a trámite debería haber sabido que ese camino procesal condenaría en la práctica a las víctimas del genocidio franquista a un nuevo golpe, el exjuez tuvo en sus manos la posibilidad de hacer que el Tribunal Supremo designara a un juez especial para la investigación de lo demandado por los familiares de víctimas, readecuando al camino correcto un procedimiento judicial que había nacido viciado y que de no haberse corregido a tiempo dejaría en manos de los sectores más conservadores del poder judicial la resolución del fondo del asunto.

Y es que el 20 de noviembre de 2008, diversas organizaciones memorialistas españolas de alta relevancia, conscientes de que el camino procesal adoptado por Garzón podría terminar reforzando la impunidad de los crímenes franquistas, recordaron al titular del entonces Juzgado Central de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional que debería haber aplicado lo dispuesto en el art. 304 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal española, que dispone la opción del Juez de elevar en casos de excepcional relevancia o gravedad al Tribunal Supremo las causas que por su interés y complejidad requieran la intervención del máximo órgano judicial español, nombrando para ello un juez especial encargado de la instrucción.

Para las organizaciones de víctimas del franquismo, "no existen abogados con formación suficiente en derecho internacional para hacer frente a una avalancha procesal como la dispuesta por el Juez titular del Juzgado de Instrucción Núm. 5 [Baltasar Garzón], ni jueces que tengan conocimientos de derecho penal internacional para substanciar los casos respetando el debido proceso y el derecho penal europeo e internacional."

El camino solicitado por las entidades memorialistas nunca fue estimado por Garzón ni tampoco por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, facilitando así la desmembración de una causa que terminaría en vía muerta y que establecería lo que éstas han denominado "el modelo español de impunidad". Es llamativo por tanto que Garzón solicite ahora lo que negó cuando él era juez a los familiares años atrás, utilizando el deseo de justicia, los recuerdos y la memoria de la familia Alcorisa como pantalla de una impunidad que él mismo contribuyó a reforzar y que probablemente, vuelva a repetirse de no cambiar radicalmente la estrategia judicial de esta familia de afectados y de muchos otros colectivos de víctimas.

 *-La Audiencia Nacional española sólo tiene competencia para conocer de los delitos contra la Corona, terrorismo, tráfico de drogas, delitos monetarios, delitos contra la seguridad del tráfico mercantil cuando afectan a más de una Provincia, y crímenes graves contra los derechos humanos cometidos fuera del territorio español si existe nexo con intereses españoles.

lunes, 1 de septiembre de 2014

TVE "olvida" a los 114.000 desaparecidos durante la dictadura franquista

 
*La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica estudia acciones legales por no mencionar a los desaparecidos españoles en una pieza del Telediario
 
*Se emitió una información coincidiendo con el Día Internacional de los Desaparecidos en la que se hablaba de los casos de los Balcanes o Colombia

 
La Asociación considera que no mencionar las desapariciones españolas supone "una forma de negacionismo y maltrato" hacia las víctimas del "peor delito que puede cometerse contra un ser humano". y por ello, además de estudiar medidas legales, remitirá quejas a la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE, la dirección del grupo, la Defensora del Espectador y el Consejo de Informativos de la televisión pública.
 

"Una televisión pública, que tiene el deber de informar con rigor y pluralidad, no puede hacer desaparecer a esos 114.226 desaparecidos, porque es una grave ocultación de nuestra historia reciente y un agravio", afirma la organización, que también informará de la omisión al Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada de la ONU.
 
La ONU, que es mencionada en varias ocasiones en la información emitida en el Telediario, ha hecho públicos en el último mes dos informes en los que se alerta de la situación de los desaparecidos españoles y se insta al Gobierno a presentar un plan de búsqueda en un plazo de 90 días.

domingo, 31 de agosto de 2014

Tercer varapalo internacional a España en materia de Memoria Histórica


El informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la justicia, reparación y no repetición tras su visita a España recalca el valor fundamental del reconocimiento de los hechos y responsabilidades y la presentación de disculpas oficiales que vayan más allá de un reconocimiento genérico.

Rights International Spain 28/8/14
El informe completo puede consultarse en:
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session27/Pages/ListReports.aspx
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Con este, ya son tres los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, independientes y especializados en el tema de las desapariciones forzadas y la justicia transicional, que han emitido en los últimos meses informes tremendamente críticos con la respuesta del Estado español a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y los 40 años de dictadura.

El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias visitó España en septiembre de 2013, el Comité contra la Desaparición Forzada revisó el primer informe periódico de España en noviembre de 2013, y el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición visitó España en enero 2014. Rights International Spain (RIS) ha tenido la ocasión de transmitir sus preocupaciones a los tres mecanismos,

Informe muy crítico con el Poder Judicial. Según el Relator, “es en el ámbito de la justicia donde se observan mayores déficits en el tratamiento de los legados de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo”. El Relator afirma que el Poder Judicial “es la esfera del Estado que ha acusado menos reformas estructurales desde la transición”.

Falta de investigaciones judiciales. El Relator apunta al “excesivo formalismo” y a las interpretaciones “restrictivas” de algunas normas del ordenamiento jurídico español por parte de los tribunales de justicia, lo que tiene como efecto “[negar] el acceso a la justicia” e “[impedir] cualquier tipo de investigación”. “No abrir investigaciones o archivarlas sin que los jueces siquiera conozcan los hechos” contradice las obligaciones internacionales de España en materia de derecho a la justicia y vulnera el derecho a la verdad. Asimismo, “[e]l modelo de privatización de las exhumaciones alimenta la indiferencia de las instituciones estatales, incluidas las autoridades judiciales”.

La Ley de Amnistía. El Relator “reitera las recomendaciones formuladas por varios mecanismos internacionales sobre la incompatibilidad de los efectos de la ley de amnistía con las obligaciones internacionales adquiridas por España”. Además, destaca que “no habría impedimentos en el sistema judicial para revisar o anular las disposiciones de la Ley 46/1977 [de amnistía] que fueran incompatibles con las obligaciones internacionales” y que “nada en la ley vigente impide expresamente el desarrollo de investigaciones”. El Relator recalca que “sólo podrá aplicarse la amnistía cuando las autoridades judiciales hayan primero determinado si los presuntos responsables eran funcionarios y agentes del orden público, o no, y si los delitos fueron cometidos en las circunstancias descritas [contra el ejercicio de los derechos de las personas]. Esto no puede presuponerse, sólo puede establecerse a través de investigaciones, aunque sean preliminares, que cuenten con la oficialidad, el rigor y metodología que caracteriza las investigaciones judiciales”.

Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de febrero de 2012 (caso Garzón). El Relator expresa su preocupación por el contenido de tal decisión, ya que la misma “habría solidificado la tendencia de los jueces a archivar casos similares que les son presentados”.

Anulación de sentencias. El Relator “lamenta que las autoridades judiciales invoquen el principio de seguridad jurídica por encima de los derechos de las víctimas, el derecho a la justicia y los principios del debido proceso” en los recursos de revisión. Asimismo, “lamenta que el Gobierno y el Poder Legislativo no hayan aún prestado suficiente atención a esta cuestión”.

Jurisdicción universal y pedidos de extradición de la justicia argentina. El Relator reitera su “preocupación por las sucesivas reformas de 2009 y 2012 de la Ley Orgánica 6/1985 que limitan significativamente la posibilidad de que los juzgados españoles puedan ejercer su jurisdicción sobre crímenes internacionales graves, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra”. El Relator recuerda “la obligación internacional del Estado de extraditar o juzgar y que sólo podrá denegarse la extradición de los acusados si la justicia española inicia las investigaciones y juzga a los responsables”.

Formación en materia de derechos humanos para jueces. Al Relator le preocupa que los programas de formación de jueces no incluyan temas específicos de derechos humanos. Le sorprende que los “programas de formación no hagan referencia a las obligaciones del Estado en materia de persecución penal de delitos internacionales”, como lo son el genocidio, los crímenes de guerra, y de lesa humanidad. “La formación inicial no sería suficiente, ni estaría diseñada para proporcionar una formación de calidad en materia de Derechos Humanos.”

Desde RIS esperamos que por fin el Gobierno cumpla con sus obligaciones internacionales y cese en los comportamientos que ignoran deliberadamente y de forma continuada los derechos de las víctimas a la justicia, verdad y reparación. España tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para aplicar completamente las recomendaciones de los tres mecanismos internacionales.

Véase también:

El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas ha dado 90 días al Estado español para presentar un “cronograma en el que se indiquen las medidas que se llevarán a cabo para implementar las recomendaciones del Grupo de Trabajo, las fechas previstas para aplicar cada una de estas medidas y las fechas en las que se tenga previsto concluir con el cumplimiento a las recomendaciones”.

De conformidad con las observaciones finales del Comité contra la Desaparición Forzada, España debe igualmente suministrar información a más tardar el 15 de noviembre de 2014 sobre la implementación de las siguientes recomendaciones:

•    Asegurar que todas las desapariciones forzadas son investigadas de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de las mismasy aun cuando no se haya presentado ninguna denuncia formal; adoptar las medidas necesarias, legislativas o judiciales, con miras a superar los obstáculos jurídicos de orden interno que puedan impedir tales investigaciones, en particular la interpretación que se ha dado a la ley de amnistía; que los presuntos autores sean enjuiciados y, de ser declarados culpables, sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos; y que las víctimas reciban reparación adecuada que incluya los medios para su rehabilitación y sea sensible a cuestiones de género.

•    Adoptar las medidas legislativas y de otra índole necesarias para asegurar que todas las personas, independientemente del delito por el que se las acuse, gocen de todas las salvaguardas previstas en la Convención, en particular en el artículo 17 [privación de libertad], y en otros instrumentos internacionales de derechos humanos relevantes. Asimismo, lo exhorta a asegurarse de que en el texto que surja de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no se incluya ninguna limitación a los derechos del detenido, aun bajo régimen discrecional, que pueda infringir lo dispuesto en el artículo 17, párrafo 2, de la Convención.

•    Adoptar todas las medidas necesarias, incluyendo la asignación de los recursos de personal, técnicos y financieros suficientes, para la búsqueda y esclarecimiento de la suerte de las personas desaparecidas. Al respecto, el Estado parte debería considerar la posibilidad de establecer un órgano específico encargado de la búsqueda de las personas sometidas a desaparición forzada, que posea facultades y recursos suficientes para llevar adelante sus funciones de manera efectiva.

viernes, 30 de mayo de 2014

Relator ONU: Pedimos a España más justicia universal y responde anulándola

Ariel Dulitzky
Rafael Martínez - Madrid, 25 may (EFE).- 
Ariel Dulitzky saltó a la fama en España cuando reclamó al Gobierno más compromiso con las víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo. En su informe preliminar, el relato de la ONU pidió también más justicia universal, lo que no esperaba era la respuesta del Gobierno: "Ahora es prácticamente nula"

En entrevista con Efe, el presidente-relator del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias se sorprende cuando habla de lo que ha pasado con la justicia universal en España ya que fue "un país pionero en aplicar este principio".

Al término de su visita de trabajo a España el pasado septiembre, el Grupo de Trabajo de la ONU pidió al Gobierno que regresara a la aplicación de este principio. "En cambio, unos meses después la jurisdicción universal en España es prácticamente nula", señala Dulitzky, que esta semana ha participado en Madrid en el "I Congreso de Jurisdicción Universal en el Siglo XXI".

"Pedimos que no se produjeran nuevas modificaciones legislativas que restringieran aun más la justicia universal", explica al recordar la reforma de 2009 impulsada por el anterior ejecutivo socialista. "Pero no ha sido así", dice.

Dulitzky se resiste a especular sobre los motivos del Gobierno para impulsar la reforma pero sí sobre sus resultados. "La reforma no ha frenado a los jueces y las instrucciones sigue adelante", explica, lo que demuestra que las instituciones del Estado "están respondiendo de forma diferente" sobre este asunto.

El relator no comparte "en absoluto" los argumentos del Ejecutivo a la hora de justificar la reforma. "La justicia universal sí produce resultados muy positivos y los tribunales españoles han sido testigos de ello", asegura.

Y las enumera. Permite a las víctimas que no tienen otro sistema judicial donde acudir un ámbito donde los jueces las escuchen, es decir, "son tratados como seres humanos con derechos", comenta. También se han producido condenas y detenciones como la del dictador chileno Augusto Pinochet, recuerda.

Continúa, pero ahora alabando el rol de los tribunales españoles. "Hay evidencias que se produjeron aquí que hoy están siendo utilizadas en tribunales de otros países", asevera Dulitzky. Y además, agrega, la apertura misma de casos de justicia universal en España "ha facilitado que los procesos se reactiven en los países donde se cometieron".

En su opinión, "hay una correlación muy directa entre la justicia universal ejercida en España y el desarrollo que se vio en Chile, Argentina y Guatemala".

Pese a todo, pronostica que el debate y la polémica sobre la justicia universal no ha hecho más que comenzar. "Tendremos muchas idas y vueltas, hay que esperar".

En cambio, el tiempo apremia cuando reflexiona sobre los más de 114.000 desaparecidos y 30.960 niños secuestrados o robados en la Guerra Civil y el Franquismo, el tema sobre el que pivota la investigación que dirige en Naciones Unidas.

Un número "extremadamente alto", asegura, si bien recuerda que son cifras del Juzgado de Instrucción Penal número 5 de la Audiencia Nacional. "No es un dato definitivo porque nunca ha existido una investigación oficial del Estado ni un registro oficial", lamenta.

A la espera de su informe final, que será presentado el próximo septiembre en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el experto fija su atención en el Tribunal Constitucional, al pedir que se pronuncie sobre la prescripción de los crímenes y la Ley de Amnistía: "No puede estar al margen".

Explica que una doctrina constitucional sobre estos asuntos ofrecería la oportunidad de modificar la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

"Habría que permitir al Constitucional que se pueda pronunciar sobre la prescripción, la aplicación de la ley de amnistía y la comisión de verdad de las víctimas", propone el jurista argentino.

Con todo, Dulitzky defiende que los crímenes cometidos en la Guerra Civil y el Franquismo constituyen crímenes internacionales que ya existían con esa tipificación cuando se cometieron. "Por lo tanto son imprescriptibles", añade.

Pero en su objeto de análisis, es aun más rotundo. "Con las desapariciones forzadas el crimen es continuado hasta que no se establece el paradero de la persona". Por ello, explica, "lo que está haciendo España es claramente contrario a sus obligaciones internacionales".

sábado, 17 de mayo de 2014

Sobre la exposición del "América 66" 250 años; menos 3 años de guerra y 40 de represión"

Entrega de firmas, en la actualidad van por 25.000
 Firma la petición para frenar la exposición

Texto cedido por la autora
Maru Mangado* 17/5/14
Hay una serie de motivos por los que estamos totalmente en contra de ésta exposición, algunos de ellos son los que paso a relatar.

Vemos claramente que las leyes de la memoria histórica se las están saltando.

El nombre de dicha exposición no se adecua a una realidad sangrante que todavía tiene muchas heridas abiertas. Referirse a la historia del Regimiento America66 con la frase “HISTORIA DE 250 AÑOS DE SERVICIO A ESPAÑA”, supone  avalar una participación activa en el golpe de estado de 1936, un destacado papel durante la guerra civil española y un sostenimiento de una dictadura militar considerándolos como un “servicio a España”, cuando lo que ocurrió realmente fue un acto forzoso hacia una población empujada al enfrentamiento y produciendo más de 3.500 asesinados en Navarra, donde no hubo frente de guerra.

Creemos que tanto el nombre como el sitio y el contenido de la exposición están violando las diferentes leyes vigentes de memoria histórica y símbolos ya que éstas instan expresamente a las instituciones a retirar cualquier simbología franquista como insignias, placas, nombramientos, títulos, honores, etcétera...

No olvidemos que dicho regimiento luce en su escudo 2 cruces laureadas y 8 medallas militares colectivas obtenidas durante una guerra precisamente causada por las unidades militares sublevadas contra un régimen democrático que obtuvo el poder el 14 de abril de 1931 hasta su derrota el 1 de abril de 1939.

Se ha hablado mucho sobre los sucesos de Valdediós, sin embargo éste es sólo uno de los motivos por los que estamos en contra de esta exposición. Se ha escrito en la Gaceta que esos testimonios son de terceras personas, siendo un hijo de una de las trabajadoras el que cuenta la historia porque estuvo allí.

Se nos está acusando de mentirosas, entre otras cosas, cuando los sucesos de Valdediós están documentados y una de las fosas exhumada. Hay listas de los trabajadores, de los desaparecidos y de los identificados exhumados de la fosa que allí apareció.

Decir también que hay un testimonio de un sobrino nieto de un trabajador que estuvo en Valdediós el día de los asesinatos y que por llevar una medalla de la Virgen de la Cueva, que le había regalado su mujer para que le protegiese, al vérsela uno de los militares le “perdono” la vida. No murió aquella madrugada terrible del 27 de octubre de 1937 en Valdediós, pero presenció, con otros supervivientes, todo el horror de la masacre: la borrachera y la fiesta siniestra de la soldadesca bailando con las enfermeras, antes de violarlas y hacerles cavar su propia fosa, con sus compañeros de infortunio.

El hombre que se había librado de la muerte se convirtió en un muerto en vida. Era una persona aterrorizada... y así murió, mandando callar a los suyos si hablaban de Franco o de cualquier otra cosa comprometida y temiendo por su vida por si a última hora aún llegaba una contraorden que anulase la decisión del oficial que había condonado su pena en Valdediós.

Éste testimonio intentamos hacérselo llegar a José Javier Corpas Mauleón, porque es él quien ha iniciado una campaña en favor de la exposición, cosa que no sé si habrá llegado a leer.

También están los sucesos de la plaza de toros de Quintuelles, que encerraron allí a muchos civiles y militares, cuando les venía en gana entraban con palos a pegarles, todos estos sucesos después de que el ejército nacional venciese en Asturias.

Como se ve no solo pedimos la retirada de la exposición por los sucesos de Valdediós, que, insistimos, solo es uno de los motivos.

Decir que las que hemos iniciado esta campaña de firmas somos dos personas civiles y de a pie, que no pertenecemos a ningún partido político.

Sí que es verdad que hay partidos políticos, I.E, BILDU, PSNE, que nos están apoyando y se han hecho eco de nuestra campaña, al igual que asociaciones de memoria histórica de distintas provincias, actores, escritores, músicos y muchos personajes públicos.

Y que quede claro que esto es una campaña ciudadana que está demostrando como miles de personas se pueden unir para luchar contra lo que consideran una injusticia.

Por lo tanto, seguimos diciendo NO a la citada exposición.

Maru Mangado
*Una de las impulsoras de las firmas en contra de la exposicion del América 66

jueves, 30 de enero de 2014

La exposición de Yagüe llega a la Defensora del Pueblo

Foto de la represión en Badajoz obra de Yagüe,
El carnicero de Badajoz
 
Diario de Burgo - C.M.-P.C.P. / Burgos - 29 de enero de 2014
La polémica por la celebración en el Monasterio de San Juan de Burgos de una exposición sobre el general Yagüe, organizada por la fundación que preside su hija María Eugenia, ha llegado ya a la Defensora del Pueblo. La queja presentada por la Coordinadora para la Recuperación de la Memoria Histórica de Burgos ha sido admitida a trámite, según confirmó ayer la historiadora María del Mar Ramírez, por la institución, que ahora le dará el curso correspondiente.  

Además de relatar los hechos,  reclama que se requiera al Ayuntamiento de Burgos para que no ceda ni ese ni ningún otro edificio público para la celebración de lo que consideran «un acto de exaltación y homenaje» a uno de los responsables de alguna de las «grandes matanzas» de la Guerra Civil que entienden incumple la Ley 52/2007 de la Memoria Histórica. «Como hija podemos entender que la organice, pero que lo haga en un recinto privado».

Ramírez sostiene que su celebración sería «un auténtico insulto para las personas que aún no han logrado dar sepultura» a los familiares fallecidos durante el conflicto bélico, ya que aún se cuentan por miles los cadáveres que aún permanecen en fosas comunes, en las que se realizan exhumaciones gracias únicamente a las aportaciones de los socios, puesto que «desde la llegada del Gobierno de Rajoy hemos perdido las subvenciones», apostilla la historiadora y concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos.

En la web change.org la Federación Estatal de Foros por la Memoria promueve una recogida de firmas para que se cancele el evento, con casi 6.000 adhesiones.

El Instituto Municipal de Cultura, que cedió el espacio, ha solicitado a la Fundación  Yagüe que presente los contenidos exactos de la exposición, prevista para el 22 de abril. «Nosotros ni organizamos el evento, que por lo que se nos ha transmitido no se plantea como un homenaje, ni opinamos, tenemos que atenernos al marco legal establecido. Si cumplen la ley, no tenemos nada que objetar, porque se trata de una entidad legalmente constituida», apuntó el concejal Fernando Gómez, que espera tener la documentación en 10 o 15 días.  
 

martes, 28 de enero de 2014

Fallo de Memoria en el PSOE

 
¿Qué credibilidad puede tener ahora el PSOE cuando habla de cualquier tema relacionado con la MH? La respuesta es que ninguna, por parte de nadie. Y es que cuando han estado en el Gobierno se han negado a afrontar el asunto y se han limitado a intervenir puntualmente en los temas más visibles, sin que en ningún momento hayan tomado las resoluciones necesarias para avanzar de una buena vez en un asunto que no va a desaparecer de la vida de nuestro país simplemente porque se le ignore.
 

miércoles, 11 de diciembre de 2013

“Los jueces de la dictadura franquista continuaron en democracia”

El funcionario de la ONU estuvo en España para entrevistar a distintas autoridades por la causa sobre las desapariciones durante la dictadura franquista. “Hay fiscales y jueces que comparten lo actuado por Baltasar Garzón, pero están muy aislados”, afirma.

 
Página /12 - Adrián Pérez 9/12/13
–Durante la visita a España, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Naciones Unidas, integrado por usted y Jasminka Dzumhur, se reunió con un amplio abanico de funcionarios, desde representantes del Poder Judicial hasta secretarios de Estado del gobierno de Mariano Rajoy. ¿Qué impresión se llevó de esos encuentros?

–Lo más interesante fue observar cierta apertura al diálogo en el sentido de responder a todas nuestras preguntas con información. No percibí una intención de ocultar o tener que atacar lo que nosotros íbamos a hacer. Es importante si se compara con la reacción de autoridades de otros países que asumen un tono mucho más defensivo, donde no se da información o simplemente se cuestionan las preguntas de los miembros del grupo. Hubo menos apertura en los encuentros con autoridades del Poder Judicial. La posición de los magistrados con los que nos reunimos fue mucho más categórica que las autoridades del gobierno.


–Esa apertura al diálogo, sin embargo, no se traduce en políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

–Lo que percibimos en las reuniones y la actitud de las autoridades en relación con nosotros no necesariamente representa un compromiso con las desapariciones forzadas. Tenemos muy claro que una cosa es el diálogo que podamos trabar con las autoridades y otra la evaluación que podemos hacer de las políticas públicas y las omisiones del gobierno. No lo vemos como una contradicción, sino como una de las formas en que el gobierno se relaciona con un organismo de Naciones Unidas, como nuestro grupo de trabajo.


–El panorama que describe muestra una actitud corporativa del Poder Judicial...

–Evidentemente, es una de las áreas donde mayores problemas hay para avanzar en el tema de desapariciones forzadas: dificultades con decisiones que están tomando en muchos aspectos; también la pasividad con que reaccionan ante casos de desapariciones forzadas de la Guerra Civil. Por un lado, está la manera en la que actúan en esos casos y, por otra parte, las teorías jurídicas que utilizan en sus decisiones.


–Ambas reacciones son problemáticas. ¿A qué responden?

–Una de las explicaciones que nos dieron es que, a diferencia de otros países que pasaron de dictadura a democracia, en España no hubo un quiebre en la conformación del Poder Judicial. Los jueces que vinieron de la dictadura franquista continuaron en la época democrática. Muchos de los que hoy son magistrados en los tribunales más altos de España ingresaron en la carrera judicial en la época del franquismo. De modo que hay una suerte de continuidad en la composición del Poder Judicial. Hay un hecho que nosotros vemos con preocupación. A Baltasar Garzón, el único juez que se animó a realizar una investigación seria y demostrar de manera sistémica que hubo violaciones gravísimas a los derechos humanos durante la Guerra Civil y la dictadura, no sólo se le revocó la decisión judicial, que hubiera sido suficiente para corregir los eventuales errores, sino que se lo juzgó por prevaricato, el peor delito que un magistrado puede cometer como juez.


–Aun cuando fue absuelto, el proceso judicial contra Garzón sentó un precedente negativo para la investigación de los crímenes del franquismo.

–Los jueces del Tribunal Supremo utilizaron el juicio para decir “estos son los principios que se tienen que aplicar” y señalar que no se pueden abrir investigaciones judiciales por las personas desaparecidas en el franquismo. Porque esos crímenes están prescriptos y los responsables están muertos; porque aplicaría la Ley de Amnistía; porque la desaparición forzada no es un delito continuado; porque no hay crímenes internacionales en el momento en que ocurren estas desapariciones. Esto es básicamente lo que dice el Tribunal, en una decisión donde no está convocada a expedirse sobre la causa judicial sino sobre la conducta del juez. Pero sienta esta jurisprudencia. Los jueces españoles pueden tomar la resolución del Tribunal Supremo, copiarla y cerrar todas las causas judiciales abiertas.


–Entonces la decisión del Tribunal Supremo produjo un efecto intimidatorio hacia el resto de los jueces.

–Al juez Garzón el Tribunal le dice que actuó erróneamente y ahora todos los demás jueces saben cuál es el error que cometió. De modo que si otro magistrado hoy reabre una causa judicial con la misma teoría que aplica Garzón, no sería una equivocación, sino que estaría actuando dolosamente, porque ya le dijeron cómo tenía que hacerlo. Mientras Garzón tenía abierta la causa, varios fiscales habían empezado a tomar las mismas teorías para impulsar investigaciones paralelas. Cuando el Tribunal Supremo dice esto, todas las causas se cierran. Garzón se declaró incompetente y transfirió la causa a setenta juzgados en todo el país para que continúen las investigaciones individualizadas. Todas, salvo dos, fueron archivadas copiando los argumentos del Tribunal Supremo. Desde entonces, ningún fiscal se animó a impulsar una investigación. Hoy quedan dos causas abiertas, que están congeladas sin que haya avances. Lo que se hizo, a través de esta decisión del Tribunal Supremo, fue establecer un cerrojo judicial para que no haya nuevas investigaciones en materia de desapariciones forzadas.


–Su grupo de trabajo propuso revisar la resolución del Tribunal Supremo y actuar en consecuencia.

–Nuestra esperanza es que el Tribunal Supremo revise su jurisprudencia o que existan jueces dispuestos a abrir espacios. Creemos posible que los magistrados tomen nuestras teorías y encuentren respaldo en el derecho internacional. Ese fue parte del objetivo que utilizamos al hacer nuestro informe preliminar.


–¿Por qué algunos jueces españoles podrían ser receptivos a las sugerencias del grupo de trabajo de la ONU? ¿Dónde observó gestos de apertura?

–En encuentros que mantuvimos fuera de las reuniones oficiales. Nos vimos con jueces y fiscales, de manera individual, que nos han pedido reuniones. No damos los nombres de las personas con las que nos vimos, pero sabemos que existe cierta voluntad de algunos jueces y fiscales.


–¿Qué inquietudes le manifestaron?

–Es necesario crear algún espacio de resguardo. Jueces y fiscales dispuestos a avanzar en estas investigaciones, que no acuerdan con las decisiones del Tribunal Supremo y coinciden, en líneas generales, con lo hecho por Garzón, se sienten aislados y con temor al potencial futuro de su carrera en el Poder Judicial o en la Procuración de Justicia.


–Además de Madrid, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias visitó Andalucía, Cataluña y el País Vasco. ¿Cuáles fueron los principales reclamos de las asociaciones de memoria histórica y de las víctimas del franquismo en esas comunidades autónomas?

–Quieren saber qué pasó con sus padres, abuelos, tíos. En todas partes, el reclamo fundamental tiene que ver con la verdad. Luego viene el pedido de justicia. La familiar de un desaparecido nos dijo: “El único juez que se animó a investigar terminó siendo procesado. Y a nosotros, que pedíamos la investigación de las desapariciones forzadas, nos archivaron todos los expedientes”. El tercer reclamo se relaciona con la reivindicación de la memoria. Necesitan que las fosas comunes sean preservadas. Eso se ve claramente en la política pública que están realizando en Cataluña, donde el gobierno ha puesto mucho énfasis en el proceso de dignificación de la memoria. Verdad Memoria y Justicia son los principales reclamos. Diría que el principal es Verdad.


–La jueza María Servini de Cubría ordenó la detención internacional de cuatro ex policías de la dictadura franquista. En su última visita a la Argentina, el abogado Carlos Slepoy pidió que las órdenes de detención alcancen a tres ex ministros de Franco y dos ex jueces. ¿Es posible llevar a cabo esta medida judicial en el contexto político de España? ¿Cuáles son los pasos que debe cumplir el Estado español en ese sentido?

–Si se aplican las teorías que el Tribunal Supremo sentó en el juzgamiento de Garzón habrá dificultades judiciales. Y, al mismo tiempo, el proceso de extradición en España requiere que la decisión final sea del Poder Ejecutivo y no del Poder Judicial. De modo que primero tiene que dar el visto bueno el Poder Judicial español. Una vez que autoriza la extradición, el Consejo de Ministros del Gobierno da el visto bueno final. El proceso va a ser sumamente complejo.


–¿Qué pasa si España rechaza las extradiciones?

–Si eso sucede, desde el punto de vista del derecho internacional España tiene la obligación de juzgarlos. Si no hace lugar a las extradiciones pero reabre las causas judiciales y prosigue con las investigaciones causaría un efecto muy bienvenido.


–Soledad Luque Delgado también viajó a Buenos Aires, donde presentó una querella por el robo de bebés en España. ¿Cómo analiza esos crímenes?

–Hay un espacio de apertura donde estamos viendo qué va a suceder y tiene que ver con la investigación de lo que en España llaman niños robados. Este proceso empezó en el contexto de la Guerra Civil y la dictadura pero parece que se mantuvo hasta bien entrada la democracia, en los ’80 y ’90. De acuerdo con la Fiscalía General, ninguno de estos casos ha prescripto; todos estos crímenes de sustitución de identidad son delitos que continúan cometiéndose en el tiempo. Estas dos teorías, si siguen avanzando, permitiría utilizar los mismos argumentos para investigar desapariciones forzadas. Si estas causas por robo de bebés prosperan, podría abrirse una brecha en ese cerrojo judicial.


–¿Por qué es necesaria la creación de una institución estatal independiente sobre personas desaparecidas en España?

–Porque es primordial darle visibilidad al tema y demostrar que el Estado asume su compromiso. La sola existencia de esta institución sería importantísima. A nivel nacional, en el gobierno español no hay un organismo que hable de desaparición, memoria y víctimas. La única entidad que existía, la oficina de atención a las víctimas, fue cerrada y absorbida dentro de la División de Derechos de Gracias y Otros Derechos del Ministerio de Justicia. No sólo se le quitó visibilidad: en los últimos dos años no tuvo presupuesto.


–¿Y cuáles serían los objetivos de esta institución estatal?

–Debería ser el espacio donde se compile toda la información que existe en materia de desaparición forzada en España. Hay innumerables estudios pero ningún organismo estatal los está sistematizando para analizar los patrones de represión o víctimas. Otro rol importante es coordinar con todas las iniciativas que se dan a nivel de las comunidades autónomas. Hemos visto, durante nuestro viaje, que en muchísimas comunidades se está avanzando, pero de manera descoordinada. Y también asumir la responsabilidad en el desarrollo y ejecución de un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas.


–¿Cuáles son las líneas de acción que debe atender este plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas?

–A nivel estatal, deben crearse equipos multidisciplinarios de búsqueda con arqueólogos, antropólogos, psicólogos, historiadores y abogados para llevar adelante los procesos de exhumación. En segundo lugar, este programa nacional tendría que centralizar información de lugares donde potencialmente pueda haber desaparecidos. En España existe un mapa con unas tres mil fosas comunes identificadas. No todas las comunidades autónomas han elaborado ese mapa de fosas. En tercer lugar, tendría que generar un proceso de apertura de todos los archivos que pueda haber a nivel estatal, de las comunidades autónomas y en poder de la Iglesia Católica. En cuarto lugar, es necesario crear planes de trabajo en coordinación y con la participación de las víctimas y las asociaciones de memoria. En quinto lugar, habría que hacer una revisión muy seria de los archivos sobre el Valle de los Caídos. En ese lugar hay 35 mil personas enterradas, tanto del bando nacional franquista como republicano, de las cuales doce mil están sin identificar.


–¿Qué otras recomendaciones hizo el grupo de trabajo?

–Es fundamental elaborar dos bases de datos que no existen: una base de datos genéticos de todas las personas que buscan a sus seres queridos y otra de datos genéticos de las exhumaciones que se realizan, con restos que al día de hoy no han sido identificados. El plan nacional, además, debe contar con recursos suficientes. Hoy no hay asignado un solo centavo por parte del Estado español para las exhumaciones.


–El paso del tiempo conspira para que esta iniciativa prospere.

–Este plan tiene que realizarse de manera urgente. Los últimos testigos o familiares que vieron con vida a las personas desaparecidas entre 1936 y 1939, período en el que se produjo el mayor número de esos crímenes, hoy tienen ochenta o noventa años. En una etapa prioritaria, el plan nacional debe obtener un registro oral y escrito de todas estas personas que tendrían algún tipo de información.


–Según usted, hasta la fecha fueron identificadas tres mil fosas. Pero podría haber más. ¿Cuántas se calculan en todo el territorio español en total?

–Nadie nos dio ese dato.


–Una demanda relacionada con la memoria tiene que ver con el Valle de los Caídos, monumento cuya construcción fue ordenada por el dictador Francisco Franco.

–Muchas de las víctimas de la dictadura consideran que éste no es un memorial donde sus seres queridos estén debidamente representados y tratados. Y mucho menos, en el mismo lugar donde está enterrado Franco. Otro tema paralelo en memoria se vincula con la quita de todos los símbolos y apologías de la época franquista: desde el cambio en el nombre de calles hasta la remoción de monumentos y placas recordatorias. Esto último ya se comenzó a realizar.


–¿Cómo interviene el Poder Judicial ante la existencia de fosas comunes? ¿Qué sucede en los ayuntamientos y comunidades autónomas?

–Hoy, si se realizan exhumaciones, los jueces no participan. Si se abre una fosa donde supuestamente hay una persona desaparecida, el fiscal no se apersona para proteger la escena del crimen. Muchas veces ni la policía está presente. Hay una renuencia total a cualquier intención de investigar. Algunas veces, los ayuntamientos prohíben realizar las exhumaciones, dependiendo del signo político que gobierne. El plan nacional debe tener un establecimiento claro de las responsabilidades institucionales y obligaciones para permitir las exhumaciones y excavaciones.


–Son las asociaciones de memoria, junto a los familiares, quienes mayormente llevan adelante excavaciones y exhumaciones. Pero, sin un protocolo que surja del mismo Estado, estas prácticas pueden perjudicar la identificación de los desaparecidos.

–La información que hemos recibido es que hay una capacidad profesional importante que se ha desarrollado sin ningún tipo de apoyo sistémico del Estado y sin un marco jurídico claro. Gran parte de las exhumaciones se hicieron con distinto grado de profesionalismo.


–En los procesos de exhumación que se practican en España no interviene, como sucede en la Argentina, una entidad con la expertise del Equipo Argentino de Antropología Forense.

–Lo más parecido que hay es una entidad científica del País Vasco: (Sociedad de Ciencias) Aranzadi. No hay nada como el Equipo Argentino de Antropología Forense.


–La experiencia del Equipo Argentino de Antropología, que llevó su colaboración a Irak, Guatemala, Libia y México, entre otros países, podría ser un importante aporte en la búsqueda de desaparecidos en España.

–Cualquier apoyo internacional que haya para mejorar la forma en que se realizan las exhumaciones es bienvenido.


–No son pocas las dificultades que enfrentan quienes buscan justicia. El alcance de La Ley de Memoria Histórica es limitado, la vigencia de la Ley de Amnistía sigue siendo un freno, no está tipificada la desaparición forzada en el ordenamiento judicial, España carece de una ley de acceso a la información y no se desclasifican los archivos de la dictadura. ¿Cómo pueden vencerse esas barreras?

–Esos obstáculos individuales tendrían que superarse a través de las acciones del Poder Judicial. Resolverlos de manera integral, en cambio, requiere una conjunción de los tres poderes del Estado. La tipificación del delito de desaparición forzada, de manera autónoma, demanda una intervención del Congreso, que también debería establecerlo como un delito continuado e imprescriptible. El Consejo de Ministros debe autorizar la desclasificación de archivos. La gran mayoría de los obstáculos podría ser superada, en principio, con un Poder Judicial mucho más activo que utilice, de manera más consistente, las normas internacionales en materia de derechos humanos. En países como Chile hubo importantísimos procesos judiciales y se logró condenar a muchas personas por desapariciones forzadas, aun cuando se mantiene la vigencia de la Ley de Amnistía y no hay un delito autónomo de desapariciones forzadas. Es posible juzgar si hay voluntad del Poder Judicial, a pesar de las limitaciones que imponen los Estados. El punto fundamental es qué actitud asumen los jueces frente a estos obstáculos.

lunes, 30 de septiembre de 2013

La ONU insta a España a juzgar la desapariciones del franquismo sin ampararse en la Ley de Amnistía

Urge al Gobierno a colaborar con la justicia Argentina y a dotar a la Ley de Memoria de fondos adecuados para su eficacia 
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas de Naciones Unidas, que ha visitado España durante la última semana y se ha reunido con distintas autoridades y con asociaciones de víctimas del franquismo, ha instado al Estado español a juzgar las desapariciones que tuvieron lugar durante la Guerra Civil y la Dictadura, así como a emprender las reformas necesarias para que éstas no se consideren crímenes sujetos a la Ley de Amnistía de 1977.

Así consta en el informe preliminar aprobado por los dos miembros de este grupo de trabajo -Jasminka Dzumhur y Ariel Dulitzky- que han mantenido contactos con representantes del Gobierno central y de varias comunidades autónomas, el Poder Judicial, el Defensor del Pueblo y la sociedad civil. 

El objetivo de su visita, que tiene su base en una invitación del Gobierno, era examinar las principales iniciativas y políticas emprendidas por el Estado español sobre cuestiones relativas a las desapariciones forzadas o involuntarias, en particular los aspectos concernientes a la justicia, la verdad, la reparación y la memoria para las víctimas de estos crímenes. 

En su primer informe, al que ha tenido acceso Europa Press, el grupo de trabajo constata que en España no se tiene en cuenta "el carácter de delito de lesa humanidad" en el caso de las desapariciones cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura. "Esta interpretación es contraria a las obligaciones internacionales de España y se recomienda su modificación", reza el texto.

Delitos imprescriptibles

En concreto, instan "al Estado español a juzgar las desapariciones forzadas a la luz de estas obligaciones internacionales y a establecer legislativamente la imprescriptibilidad de las desapariciones forzadas o la determinación de que la prescripción solo puede comenzar a computarse a partir del cese de la desaparición forzada".

En paralelo, solicitan la puesta en marcha de medidas legislativas y judiciales, para asegurar que las desapariciones forzadas "no sean crímenes sujetos a amnistía, en particular privando de todo efecto la Ley de Amnistía de 1977", como, según recalcan, ya han recomendado distintos organismos internacionales.

Asimismo, constatan que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2009 restringió "manera considerable la competencia de los tribunales españoles y la aplicación del principio de jurisdicción universal", en contraste con la legislación anterior.

De hecho, subraya que antes de esa reforma España había realizado "importantísimas contribuciones al desarrollo de la jurisdicción universal" mediante por ejemplo la investigación de crímenes de las dictaduras latinoamericanas", lo que demuestra "la capacidad de la judicatura española de investigar seria y sancionar cabalmente las graves violaciones a los derechos humanos, incluidas las desapariciones forzadas".

El tiempo apremia

Por ello, el grupo de trabajo llama a los tribunales españoles a asegurar que aquella reforma de 2009 "no obstaculice el ejercicio de su jurisdicción universal sobre actos de desaparición forzada". También anima a España a ratificar la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad y a incluir en el nuevo Código Penal como delito autónomo la "desaparición forzada".

En su informe también remarcan que, ante la "situación de impunidad de los responsables de desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y la dictadura", las víctimas españolas han "solicitado a los tribunales de Argentina ejercer la jurisdicción universal" y emplaza al Gobierno a "prestar todo el auxilio judicial en lo que respecta a cualquier procedimiento penal relativo a delitos de desaparición forzada que se lleve a cabo en cualquier país por casos de desapariciones forzadas en España".

Para los expertos de la ONU, la avanzada edad de muchos de los familiares y testigos que vieron por última vez con vida a personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura hace necesario que el Estado actúe "urgencia y celeridad" en esta materia.

La labor del juzgado de Garzón

El grupo de trabajo también llama al Estado a proporcionar los fondos adecuados para que la Ley de Memoria Histórica pueda aplicarse eficazmente, a abrir un proceso regular de consulta con los familiares y las asociaciones así como a proporcionarles un mayor apoyo institucional y financiero.

Además, abogan por la creación de una entidad estatal "con pleno apoyo institucional" que se encargue de todas las cuestiones relativas a las desapariciones forzadas, incluyendo el establecimiento y la gestión de una base de datos central sobre las desapariciones con los datos que ya tienen distintas asociaciones y expertos.
En este punto, defienden que la base de datos elaborada por el Juzgado de Instrucción Penal número cinco --que en su momento ocupó el juez Baltasar Garzón que inició una investigación sobre los crímenes del franquismo-- contiene información sobre más de 114.000 victimas, "debería ponerse a disposición del publico de manera inmediata".

También demandan desde la ONU un "plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas", que garantice la coordinación de las actividades de exhumación e identificación y actualización de los Mapas de fosas desarrollados de acuerdo a Ley de Memoria Histórica. Recomiendan, asimismo, que responsables de la administración y la Justicia "se personen en el momento de las realizaciones de las exhumaciones y luego analicen y actúen sobre los resultados que las mismas arrojan".

"El Estado Español debería asumir el liderazgo y comprometerse de manera más activa y urgente para atender la demanda de miles de familiares que buscan conocer la suerte o el paradero de sus seres queridos desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura. Todas las iniciativas relativas a la búsqueda de desaparecidos tienen que ser parte de una política de Estado comprensiva, coherente, permanente, cooperativa y colaborativa", reza el informe preliminar.

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