15 de enero de 2014

Estimada Mª José ... recuerda que aunque a veces hay malas experiencias, nunca debes retroceder ni rendirte, quien persevera alcanza.
Joan Busquets i Verges. Exmaqui libertario del Berguedá 28/12/2013
"Muero contento, porque equivocado o no, muero por una idea" Manuel Barreiro dos días antes de ser fusilado 12/3/1939


miércoles, 30 de marzo de 2011

Sobre votos y fosas

Para quienes aspiran a vivir de la política y perpetuarse en el poder, todo vale si de lo que se trata es de mantenerse visibles ante la ciudadanía

LAU HAIZETARA GOGOAN Kaos en la Red 29-3-2011
Para quienes aspiran a vivir de la política y perpetuarse en el poder, todo vale si de lo que se trata es de mantenerse visibles ante la ciudadanía. Incluso, si es necesario, se mercadea con el sufrimiento ajeno, aunque durante décadas lo hayan tratado de olvidar, esquivar y, por qué no decirlo, ocultar y negar.
Las elecciones están a las puertas y entramos en una alocada carrera de inauguraciones, estrenos y ofrendas florales. Todo bien medido y controlado, más si cabe, cuando se pisa el vidrioso y contradictorio terreno de la memoria histórica. Decimos vidrioso y contradictorio terreno, porque son éstas mismas personas y partidos quienes han aprobado las vergonzosas leyes de punto final sobre las que se han erigido los últimos 35 años de impunidad. No les importa utilizar el dolor ajeno para realizar una buena campaña de propaganda institucional y a la vez partidista. Está claro que también aquí quieren estar presentes. Pero pretenden hacerlo sin poner en evidencia su parte de responsabilidad en que se de continuidad a la impunidad. Tarea que les será harto difícil, pues los movimientos memorialistas no estamos por colaborar en esa labor.
Desde mediados de los 90 los agentes sociales nos hemos dirigido a las instituciones con el fin de abordar el problema desde los parámetros de la legalidad internacional. Nos han respondido con la arrogancia de quien se cree en posesión de una visión de Estado, aconsejándonos el olvido como remedio a una vulneración de derechos que aún continúa.
En este tiempo hemos seguido soportando las consecuencias de la impunidad, que condena al silencio y al olvido a miles de familiares de personas represaliadas. El siglo XXI traerá consigo una nueva orientación de la política institucional (a pesar de la nula voluntad de la clase política) que será consecuencia de la presión de los movimientos sociales contra la impunidad de los responsables de los crímenes de lesa humanidad y genocidio.
La primera exhumación realizada con técnicas arqueológicas y forenses de una fosa común con víctimas de la represión franquista fue promovida, en el año 2000, por familias de desaparecidos, y dio origen a una nueva generación del movimiento memorialista. Transcurrirían siete largos años hasta que se aprueba, en 2007, la conocida como “ley de memoria histórica”, que Amnistía Internacional no ha dudado en calificar como nueva "ley de punto final".
Entre 2008 y 2010 hemos presentado ante las instituciones forales y autonómicas sendos programas de intervención, perfectamente presupuestados y en consonancia con la legalidad internacional. Estos gobiernos y los partidos PNV, PSE y PP han rechazado todas las medidas propuestas. Patxi López, Idoia Mendia, Joseba Egibar, Rafaela Romero, Markel Olano..., así como todas las instituciones políticas y científicas relevantes en esta materia, tienen conocimiento de nuestras propuestas de trabajo.
Tal vez, el ejemplo más grave lo tenemos en Gipuzkoa, donde las principales instituciones (Juntas Generales, Diputación y Ayuntamiento de Donostia) han estado inmersas en una grotesca competición para acaparar minutos de pantalla. Plantar un árbol, inaugurar una placa o editar un libro panegírico..., cualquier cosa vale para estar presente en los medios. A las victimas y sus familiares, convidados de piedra, se les recuerda para volver a enterrarles, a condenarles al olvido. Victimas sin identidad personal, política, sindical, cultural… Se quiere pasar página sin hacer justicia ni reparar el daño causado.
La conclusión es clara: el objetivo de estos actos es mantener el estado de impunidad. Si no fuese así, ¿a qué esperan las instituciones para personarse como parte y financiar las denuncias interpuestas por los familiares de las personas desaparecidas, asesinadas, torturadas…? ¿A que esperan para exigir la anulación de las leyes de punto final aún en vigor? ¿A que esperan para exigir la destitución de todos los implicados en los crímenes o para definirse ante la trayectoria política del actual Jefe de Estado, del presidente honorífico del PP (Manuel Fraga Iribarne), de Martín Villa...? ¿A qué esperan para instar a la fiscalía y a la abogacía del Estado a que den inicio a procesos penales contra estos franquistas y sus herederos?
Las medidas mas urgentes se concretan en: (1) recogida de testimonios, siguiendo el protocolo propuesto desde 2002; (2) validación de estos testimonios como prueba judicial; (3) vaciado de toda la información documental actualmente en poder del Gobierno Vasco y su correspondiente cotejo y complementación con el resto de fuentes documentales (incluidos testimonios orales) depositadas en los archivos estatales y de otros países; (4) urgente realización de pruebas de ADN para poder identificar a los represaliados; (5) catalogación, conservación y custodia de toda esta documentación en aras del cumplimiento de los objetivos propuestos por la legalidad internacional; (6) creación de una oficina de asistencia integral a las victimas del franquismo y el terrorismo de Estado y consiguiente financiación de las demandas judiciales de las mismas.
Los representantes institucionales saben que no podrán seguir eludiendo sus responsabilidades, a riesgo de convertirse en cómplices conscientes y necesarios de la perpetuación de una impunidad tantas veces denunciada por el Comité de DDHH de las Naciones Unidas o el Consejo de Europa, que han instando al Estado español a que ponga fin a esta situación y proceda, de manera urgente, a la constitución de comisiones de investigación de la verdad, para hacer justicia y poner en marcha medidas de reparación.
Desde Lau Haizetara Gogoan, recogiendo las demandas históricas del movimiento memorialista, hemos presentado el documento “Oroimenaren Giltzarria”, con las condiciones mínimas exigibles para la implementación de políticas públicas de recuperación de la memoria histórica, que está destinado a convertirse en instrumento para medir la voluntad real de la clase política. De su aceptación y compromiso ante el mismo, podremos ver la verdadera implicación y deseos de partidos e instituciones de corregir una deuda mantenida en el tiempo con las víctimas del franquismo y el terrorismo de Estado.

ANTTON GOMEZ; GOTZON GARMENDIA; ANDONI TXASKO; IÑAKI ASTOREKA

domingo, 27 de marzo de 2011

Ex presos en el tiempo del túnel

El País edición impresa - CHARO NOGUEIRA - Segovia - 27/03/2011
"¡Recuento!". Los hombres dan un respingo al escuchar el grito. "Uf, el corazón me ha dado un vuelco", exclama uno. Es una broma que sobresalta a todos. Son seis y andan entre los cincuenta y muchos y los sesenta y tantos años. De un plumazo, se han quitado 33 de encima, los que llevan en libertad tras haber penado por ella.
-¿Ustedes quiénes son?
-Somos ex presos.
-No. Somos presos, porque no nos han borrado los antecedentes, ni han anulado nuestros procesos.

Estamos en la antigua cárcel de Segovia, de la que dos de los visitantes de hoy lograron huir en 1976, en una fuga rocambolesca -luego película de la mano de Imanol Uribe-. El viernes volvieron a reunirse con su pasado y con su ánimo combativo. Es la primera vez que se juntan los seis tras estos barrotes que desde hace años sirven de plató de cine. Se proponen recuperar la memoria histórica más reciente, la que va desde el fin de la posguerra a la amnistía de octubre de 1977 que les devolvió la libertad. Son Sabin Arana, Josu Ibargutxi, Enrique Guesalaga, Xabier Armendariz, Miguel Gómez y José María, Chato, Galante. Cuatro vascos, un zamorano y un madrileño. Dieron con sus huesos en esta prisión cuando militaban en ETA VI Asamblea -los cuatro primeros- y en la trotskista Liga Comunista Revolucionaria, organizaciones que acabarían fusionadas. Los periodistas de EL PAÍS los encuentran cuando recorren con la concejal de Cultura, Clara Luquero, la vieja cárcel especializadaen presos políticos y que debuta en dos pabellones externos como centro cultural.
"Te da un poco de taquicardia volver. Son muchos años", dice Arana. "Esto era una comuna", describe Galante. En este frío penal convivían 86 presos políticos y 10 o 12 comunes. "Había de todo, de ETA, del PCE. Hasta del FRAP...". Los hombres canosos hablan bajo el lucernario del que parten las cuatro galerías. En tres de ellas se alinean dos pisos de celdas vacías y polvorientas. Los visitantes son un libro vivo de la historia reciente que se resiste a pasar a los manuales. Y la relatan con avidez, con rápidos disparos a un pasado que no debe olvidarse. "Hicimos varias huelgas de hambre, una de ellas contra los fusilamientos de 1975. Franco vivía todavía". "¡Y dos intentos de fuga!". Lo dicen con orgullo y pasan a la acción rumbo a la planta baja.
Ibargutxi y Guesalaga hacen de cicerones. Son dos de los 29 presos políticos -de la V y la VI Asamblea de ETA, del Movimiento Ibérico de Liberación, y del Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico; sumaban más de 1.500 años de condena- que lograron fugarse de esta cárcel el 5 de abril de 1976. Se dirigen hacia las duchas donde los presos construyeron el túnel para el primer intento de huida. "Quitamos nueve azulejos, los colocamos en una placa y empezamos a excavar poco a poco un túnel hacia el alcantarillado. Cada día volvíamos a pegar los azulejos con crema de dientes. Íbamos a fugarnos 54", explican. Un chivatazo abortó esta evasión cuando todo estaba a punto, en agosto de 1975. Y volvieron a empezar. Esta vez, en un hueco condenado de los aseos del patio y con el mismo sistema de los azulejos. "Ya teníamos conocimiento de la red de alcantarillado, por la primera vez", puntualiza Guesalaga. "Salimos 29. Atravesamos Segovia por las alcantarillas, al menos un kilómetro arrastrándonos hasta llegar al colector grande. Nos recogió una furgoneta y luego viajamos escondidos en un camión de madera", relata Ibargutxi. Llegaron hasta la zona de Roncesvalles (Navarra). Debían cruzar a pie a Francia, pero la niebla se alió contra ellos. Solo cuatro lograron pasar la frontera tras ocultarse varios días en un chalé. El resto cayó en el cerco de la Guardia Civil. Uno de ellos, Oriol Solé, murió en el tiroteo. "¿Te acuerdas?". Y sí, todos se acuerdan de Solé mientras se hace el silencio.
Luego vuelve el ánimo combativo. "Esta tarde constituimos una asociación de presos de la dictadura, que se llamará La Comuna, para dar testimonio de lo que pasó. Queremos que se anulen todas las sentencias del Tribunal de Orden Público y las militares", explica Galante tras abandonar el sitio del túnel ya invisible. "Queremos tener derecho a pedir una reparación, aunque quizá no lo ejerzamos, y que la Ley de Amnistía deje de ser una ley de punto final para que se pueda juzgar al aparato represivo y judicial franquista. Los crímenes contra la humanidad no prescriben", añade con énfasis.
Rumbo a la salida, alguien cierra con cerrojazo la gruesa puerta de una celda. Otro sobresalto. "Eso es chapar. No hay otro ruido igual". Con el sonido vuelven los recuerdos: las galerías son "más pequeñas" que en la memoria. "He procurado barrer los archivos para vivir más tranquilo. Y ha funcionado", confiesa Guesalaga. "Mis nietos se quejan. Me dicen 'ya estamos con la chapa de la puta cárcel", añade. El túnel de la huida se ha convertido en el túnel del tiempo. Y en la vieja cárcel se acaban de rodar escenas de Torrente4.

sábado, 26 de marzo de 2011

III Jornadas sobre la represión franquista en Levante dedicadas a Juan Peset Aleixandre, médico, rector y político republicano

Valencia 26 de Marzo de 2011.

Estimada Señora y Estimado Señor:

L´Associació Joan Peset i Aleixandre se complace en invitarle a las III Jornadas sobre la represión franquista en Levante dedicadas a "JUAN PESET ALEIXANDRE, MÉDICO, RECTOR Y POLÍTICO REPUBLICANO". Las jornadas tendrán lugar los días 4, 5 y 6 de abril de 2011, en el Colegio Mayor Rector Peset (Plaza del Horno de San Nicolás 4. Valencia 46001). Hora de comienzo las 17,00 horas.

Se adjunta en archivo el programa completo de las jornadas y cartel anunciador. También se puede leer en
http://www.associaciojoanpeset.com/

La Universidad de Valencia otorga un certificado de asistencia de 20 horas (2 créditos) a quienes procedan a matricularse.

Le saluda muy atentamente,

Pablo Rodríguez Cortés.
Presidente.
Sede social. Calle Garrigues nº 3. Piso 6. Puerta C. Valencia 46001.
Teléfono: 963943772.

Programa

Durante los días 4, 5 y 6 de abril de 2011 tendrán lugar las "Terceras Jornadas sobre la Represión Franquista en Levante" en el Colegio Mayor Rector Peset de la Universidad de Valencia (Plaza del Horno de San Nicolás 4. Valencia 46001).

Las Jornadas están organizadas por l´Associació Joan Peset i Aleixandre y cuentan con la colaboración del Ministerio de la Presidencia del Gobierno de España.

Créditos. Certificado de asistencia de 20 horas.

Don Juan Peset Aleixandre, médico, rector de la Universidad de Valencia y político republicano (militante del partido Izquierda Republicana), fue fusilado en Paterna el día 24 de mayo de 1941, por lo que se da la circunstancia de que en el año 2011 se cumplen 70 años desde que la represión franquista terminara con su vida.

El título de estas terceras jornadas es: "JUAN PESET ALEIXANDRE, MÉDICO, RECTOR Y POLÍTICO REPUBLICANO". El programa previsto es el siguiente:

Lunes 4 de abril de 2011. Intervendrán:

A las 16,30 horas.

Inauguración de las Jornadas a cargo de D. Pablo Rodríguez Cortés (Profesor de Historia y Presidente de l´Associació Joan Peset i Aleixandre).

A las 17,00 horas.

D. Marc Baldó (Profesor del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia) con la ponencia titulada "El rectorado de Peset y la Universidad republicana".

A las 18,00 horas.

D. Salvador Albiñana (Profesor del Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Valencia) con la ponencia titulada "El proceso político y la represión contra Juan Peset".

A las 19,15 horas.

Debate de las ponencias.

Martes 5 de abril de 2011. Intervendrán:

A las 17,00 horas.

D. José Luís Peset. (Instituto de Historia.CSIC.Madrid) con la ponencia titulada "Juan Peset y la psiquiatría".

A las 18,00 horas.

D. Felip Martínez Montsó (Profesor del Departamento de Historia de la Ciencia y Documentación de la Universidad de Valencia) con la ponencia titulada "Juan Peset: un científico desconocido".

A las 19,15 horas.

Debate de las ponencias.

Miércoles 6 de abril de 2011. Intervendrán:

A las 17,00 horas.

D. Josep LLuís Barona (Profesor del Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero UVEG-CSIC) con la ponencia titulada "Los Peset y la sanidad experimental en Valencia".

A las 18,00 horas.

D. Josep Bernabeu-Mestre ( Profesor del Departamento de Salud comunitaria e Historia de la Ciencia de la Universidad de Alicante) con la ponencia titulada "El proyecto sanitario de la II República y las consecuencias de la represión franquista".

A las 19,15 horas.

Debate de las ponencias y Clausura.

Exposición.

"La Valencia de Juan Peset Aleixandre y la imposición franquista."

Más información en la sede de l´Associació Joan Peset i Aleixandre:

Calle Garrigues nº 3. Piso 6. Puerta C. Valencia 46001. Teléfono: 963943772. (Horario de atención los días martes y jueves de 17,00 a 21,00 horas).


viernes, 25 de marzo de 2011

Garzón acude a Estrasburgo para denunciar la causa abierta contra él


Considera que se ataca su independencia judicial y que se deja "indefensas a las víctimas" del franquismo
PÚBLICO.ES/EFE MADRID 25/03/2011
El juez Baltasar Garzón ha decidido acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo para defenderse de la causa que el Tribunal Supremo mantiene abierta contra él desde que se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo.
Garzón presentó este jueves una demanda contra el Supremo en la que pone en cuestión el procedimiento que tiene el Tribunal contra él por un supuesto delito de prevaricación. A su juicio, esta causa viola el principio de independencia judicial y ataca la libre de interpretación de la ley y al Estado de Derecho. Según Garzón, se está dejando "indefensas a las víctimas" del franquismo.
El juez, que fue suspendido provisionalmente de sus funciones en la Audiencia Nacional y que actualmente es consultor de la Fiscalía en la Corte Penal Internacional en La Haya, está representado por INTERIGHTS, una organización establecida en Londres y especializada en litigios internacionales sobre casos de derechos humanos. Según ha informado esta organización en un comunicado, la demanda fue presentada este jueves con el fin de "reivindicar el derecho del juez Garzón a desempeñar sus obligaciones sin miedo a la persecución judicial".
El juez Garzón alega, entre otras cuestiones, que el procedimiento que se sigue contra él por investigar los crímenes del franquismo viola varias de las obligaciones españolas según el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Entre éstas cita la obligación de proteger la independencia judicial y a los individuos de procedimientos penales sin fundamento.
"En concreto, el caso pone de manifiesto las violaciones de la obligación de no someter a los individuos a procesos penales injustos 'per se', de someter a personas a procesos sólo sobre la base de normas penales claras y estrictamente aplicadas y de respetar la vida personal y el desarrollo profesional de los individuos y sus derechos a expresar opiniones judiciales", señala.
Añade además que "la normativa internacional en materia de independencia judicial impide el enjuiciamiento de los jueces por sus decisiones judiciales a fin de preservar su independencia". Otro de los argumentos que esgrime en su demanda es que "la opinión de que las amnistías y la prescripción no se aplican a delitos graves en virtud del derecho internacional, incluidos los crímenes contra la humanidad, cuenta con un apoyo generalizado en todo el Derecho y la práctica internacionales".
Por lo tanto, agrega el texto, la interpretación del juez Garzón no se puede calificar de arbitraria o irrazonable, sino que "está avalada por muchos otros tribunales y organismos tanto en el ámbito nacional como en el internacional".
Según la directora del departamento de litigios de INTERIGHTS, Helen Duffy, Garzón "está siendo castigado por hacer efectivas las obligaciones internacionales de España de investigar crímenes graves y de honrar los derechos de las víctimas". En su opinión, "ahora él mismo es víctima de un procedimiento penal injustificable, que ha dejado una profunda huella en su vida".
El Supremo tiene paralizado este procedimiento hasta que se resuelvan las recusaciones que el juez ha promovido contra cinco de los siete magistrados del Alto Tribunal que le juzgarán, mientras que la fecha del juicio aún no ha sido señalada.

jueves, 24 de marzo de 2011

Hoy tuvo lugar la presentación del libro "Enrique Ruano. Memoria viva de la impunidad del franquismo"


En la noche del 17 de enero de 1969 cuatro jóvenes antifranquistas fueron detenidos en Madrid. Tres días después, uno de ellos, Enrique Ruano Casanova, estudiante de la Universidad Complutense y militante del Frente de Liberación Popular, perdería la vida durante el registro de un piso céntrico de la ciudad, mientras se encontraba custodiado por tres agentes de la policía política del Estado. La posterior trama de ocultación y tergiversación de pruebas, orquestada por diversos poderes de la dictadura con objeto de presentar aquel asesinato como un suicidio, resultó tan inverosímil que la familia Ruano optó, ya en democracia, por reabrir la investigación judicial del caso. La invención del suicidio quedó entonces desmentida en una sentencia que, no obstante, evidenciaba en sí misma la impunidad alcanzada por el franquismo.

Este libro cuenta la historia de Enrique Ruano y la historia en que se inscriben su vida, su muerte y su memoria. Y lo hace rescatando luchas y represiones de un tiempo de dictadura no tan lejano que, en democracia, no siempre han tenido su reflejo en las políticas públicas de memoria, limitando la construcción y transmisión de una memoria democrática que respete y garantice, en el seno de la sociedad, el conocimiento de la pluralidad de actitudes y proyectos coexistentes durante el franquismo, así como el reconocimiento de todos aquellos hombres y mujeres que se opusieron a la dictadura más larga de la contemporaneidad española.

ÍNDICE

Los autores

PRESENTACIÓN. Enrique Ruano, una memoria viva. Carlos Berzosa Alonso-Martínez

PREFACIO. Ana Domínguez Rama

QUÈ VOLEN AQUESTA GENT?.M.ª del Mar Bonet

Primera parte. La muerte de Enrique Ruano y sus entornos conflictivos

1. “A Enrique Ruano lo han asesinado”. Un oscuro episodio de represión franquista nunca esclarecido Ana Domínguez Rama

2. Los sesenta: el mundo pudo cambiar de base. Manuel Garí

3. La lucha por la libertad en España desde una perspectiva comparada(1962-1977). Ismael Saz

4. El movimiento estudiantil bajo la dictadura franquista en la Universidad de Madrid, 1965-1969. Jaime Pastor

5. Entre lo viejo y lo nuevo. La movilización social en España en la crisis del franquismo y la transición política a la democracia. Teresa María Ortega López

Segunda parte. El Frente de Liberación Popular (F.L.P.)

6. Aproximación a los primeros años de historia del Frente de Liberación Popular. Julio Antonio García Alcalá

7. Memoria del FLP 3 y su gente en Madrid, 1963-1967. José Luis de Zárraga

8. FLP III (1966-1969). Del encuentro a la encrucijada. Miguel Romero

Tercera parte. Los pilares de la represión franquista en el asesinato.

9. Una aproximación a la “policía política” del franquismo: la Sexta Brigada de Barcelona. Carlos Jiménez Villarejo

10. Prensa para un Régimen: la información en la España franquista. Enrique Bordería Ortiz

11. Franco como epónimo de la justicia española durante la dictadura. Represión e hipotrofi a de la jurisdicción ordinaria en el régimen franquista. Raúl C. Cancio Fernández

Cuarta parte. Impunidad, memoria democrática e historia vivida

12. Sobre víctimas y vacíos; ideologías y reconciliaciones; privatizaciones e impunidades. Ricard Vinyes

13. El caso Ruano: memoria histórica e historia de una infamia. José Manuel Gómez-Benítez

14. Hace cuarenta años. Francisco Pereña García

15. Cuarenta años después de la muerte de Enrique. Una conversación reanudada. Juan Ruiz Manero

16. Testimonio. María Dolores González Ruiz

17. En memoria de un militante por la democracia y un amigo. Álvaro Gil Robles

EPÍLOGO. Enrique Ruano fue un luchador que dio su vida por las libertades. Margot Ruano Casanova

Apéndices

Escrito censurado al diario Madrid (19-I-1970)

Sentencia n.º 154/70 del Tribunal de Orden Público (25-V-1970)

Sentencia n.º 308/96 de la Audiencia Provincial de Madrid (19-VII-1996)

Cronología del FLP y su época. José Luis de Zárraga

Huellas, evocaciones y relatos de una muerte. Fuentes y bibliografía. Ana Domínguez Rama

martes, 22 de marzo de 2011

Carta de La Associació Pro – Memoria asl Immolats per la Llibertat a Catalunya a diversas personalidades de la política española

No se puede ni debe esconder el pasado de un País o mirar hacia otro lado, la memoria histórica es el origen o la raíz de una sociedad civilizada y democrática. Nuestro país supuestamente democrático tiene el deber moral y de justicia rehabilitar a miles de familias que padecieron la persecución del franquismo, sin abrir más heridas, pero si cerrarlas definitivamente y no permitir que cada día que pasa sean más profundas o que se pretenda cerrarlas en falso como es el caso de España, con la Ley de la Memoria Histórica.
Debemos de recordarlo y tenerlo muy presente a la vista de los miles de hombres, mujeres y niños, que fueron vilmente perseguidos y asesinados entre los años 1936 y 1975, genocidio contra la humanidad provocado por el alzamiento militar del criminal de guerra el general Franco, con el apoyo incondicional de la Iglesia Católica, contra la Segunda República Española el 18 de julio de 1936, que ordenó la persecución y el exterminio de las familias españolas que no fuesen adictas al nuevo régimen y así se ejecutaron sus órdenes por los generales Queipo de Llano, Mola, Juan Yagüe Blanco, José Millán – Astral, José Enrique Varela, José Antonio Primo de Rivera fundador de la Falange Española, Tradicionalista y de las J.O.N.S y la extrema derecha.
Frases que no podemos olvidar: “Transformaremos Madrid en un vergel, Bilbao en una gran fábrica y Cataluña en un inmenso solar”, del general Queipo de Llano. “Hay que sembrar el terror, hay que dejar la sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros”, del general Emilio Mola Vidal. “Cataluña y el Pais Vsco, El país Vasco y Cataluña, son dos cáncers en el cuerpo de la nación. El Fascismo, remedio de España, viene a exterminarlos, cortando en la carne viva y sana como un frío bisturí”, de Jose´Millán – Astral.
No pueden ser olvidadas todas aquellas crueldades inhumanas que padeció una gran parte de la población española, como persecuciones, represiones, humillaciones, exilios, secuestros de niños, destierros de familias, cárceles y campos de concentración llenos millares de hombres y mujeres no por delincuentes, sino por estar clasificados como no adictos al nuevo régimen, impuesto por la fuerza bruta, las penas de muerte dictadas y ejecutas por aquellos tribunales militares ilegales, sin el derecho universal a poderse defender de las acusaciones falsas que se les imputaba, durante aquella larga, dura, agresiva, violenta, cruel y criminal dictadura militar, hoy todavía no condenada formalmente por la actual democracia, ni por la Iglesia, teniendo en cuenta la importancia vital que tuvo en la represión, cuando sus representantes si lo hubieran querido, podían haber salvado muchas vidas, su comportamiento fue inhumano, vengativo y rencoroso, por el hecho de haber perdido los privilegios que tenían con la instauración de la Segunda República, que les permitían tener al pueblo oprimido y sumiso, todo lo contrario de las enseñanzas de Jesús de Nazareth, que muestran un claro compromiso con los oprimidos y explotados, con las prácticas de la Iglesia Católica, que han sido siempre en España un pilar básico de las estructuras de poder y responsable de la enorme explotación y opresión de las clases populares.
Desde el primer momento la Iglesia fue la principal enemiga de la República, su objetivo fue dedicarse a desprestigiar las libertades democráticas y los nuevos derechos sociales que el pueblo había conseguido, olvidándose de evangelizar a sus fieles, como era su obligación, creando discordias e intrigas políticas entre los españoles, hasta conseguir el enfrentamiento del pueblo con una sangrienta guerra civil que duraría tres años y costaría la vida a más de un millón de personas inocentes.
Lamentablemente los incontrolados asesinaron a personas y en particular a obispos y sacerdotes, pero es público y notorio que en muchos casos estaban sobornados o inducidos por la extrema derecha, para fomentar el malestar entre los ciudadanos. Entre las personas que formaban parte de los incontrolados, los había de buena fe, se sentían agredidos por los representantes de la Iglesia y querían defender lo que tanto había costado conseguir, la democracia y los derechos sociales. Las circunstancias los arrastraron contra la opresión que habían padecido durante siglos y que no querían renunciar o perder.
Hay que resaltar que no solamente asesinaron sacerdotes y seglares católicos los incontrolados durante la guerra civil, pues, el gran defensor del catolicismo el criminal de guerra el general Franco, con el consentimiento de los representantes de la Iglesia, en el País Vasco en particular, ordenó el fusilamiento – asesinato de sacerdotes y seglares católicos por ser nacionalistas, y no han sido llamados para ser canonizados o beatificados, como el resto de sus compañeros, por el hecho de que no habían sido asesinados por los incontrolados de la República y son injustamente excluidos por la propia Iglesia. Además en aquella zona fue fusilado también el demócrata cristiano el catalán Manuel Carrasco i Formiguera. En Catalunya también hubo seglares católicos condenados a la pena de muerte por ser nacionalistas, incluso sacerdotes expulsados de su parroquia, desterrados y encarcelados en prisiones especiales por no ser adictos al nuevo régimen. Crímenes contra la humanidad, que nunca han sido reconocidos por las Jerarquías de la Iglesia Católica, posiblemente porque políticamente no coincidían con su ideología y por lo tanto, no han sido reconocidos como hijos de Díos.
No se puede admitir de ninguna manera la pretensión de algunos políticos, supuestamente democráticos, de querer imponer la igualdad entre las víctimas habidas de la represión de uno y otro lado, no es lo mismo la violencia planificada y llevada a término por la dictadura franquista y la Iglesia católica; que la violencia incontrolada que generó la guerra civil, provocada por el golpe de estado militar.
El 18 de julio de 1936 se inició una programada persecución contra los defensores de la República, que no cesó hasta la muerte del dictador. Pretender ahora igualar o comparar a las víctimas de ambos lados, es indigno de cualquier persona sensata y democrática. Además las personas muertas durante la revolución por los incontrolados, una vez terminada la guerra civil, fueron homenajeadas plenamente y sus familiares estuvieron imponiendo por la fuerza su verdad, ninguno reclamó que se reconocieran los derechos morales de los perdedores, sino todo lo contrario, aceptaron el hecho diferencial de que ellos eran los mártires y los otros los asesinos, y ahora en plena democracia se pretende incomprensiblemente equipararlos, la cual cosa es una insensatez, teniendo en cuenta de que los represaliados por el franquismo continúan estando clasificados como delincuentes, pues, la actual democracia les niega a ser rehabilitados jurídicamente.
La Iglesia Católica debería como mínimo disculparse por la complicidad y la responsabilidad que tuvo con la represión franquista, el cardenal Antonio Maria Rouco Varela y Presidente de la Conferencia Episcopal Española, con motivo de la visita del Papa Benedicto XVI a Galicia, fue invitado por la Asociación de familiares de víctimas de la guerra civil a tributarles un homenaje, su participación hubiera sido un acto de dignidad por su parte, hacia los que fueron asesinados por defender la democracia, pero se negó. Lo mismo ha sucedido con el cardenal - arzobispo de Barcelona Lluís Martínez Sistach i el arzobispo de Tarragona Jaume Pujol Balcells, ambos han sido invitados para tributar un homenaje a los republicanos asesinados, en los Cementerios de Barcelona y Tarragona, lugar donde están enterrados en fosas comunes como animales todos los hombres y mujeres víctimas del franquismo, como acto de contrición y se han negado a ello, ¿como?, no respondiendo e ignorando la invitación que se les hizo.
Recientemente el Cardenal – Arzobispo de Barcelona, ha abierto un expediente sancionador, para excomulgar al sacerdote de unos de los barrios más pobres de la ciudad de Barcelona, el padre Manuel Pousa, conocido entre sus feligreses como el padre Manel, por haber admitido públicamente haber participado en la interrupción del embarazo de una joven, por tratarse de un caso muy complicado y de extrema gravedad, accediendo a pagar el abortamiento como a mal menor, ya que a veces la dura realidad se impone a la ley. El hecho de cooperar en un abortamiento conlleva, en virtud del Derecho Canónigo, la pena de excomunión. Como siempre el comportamiento de la Iglesia Católica, es el de aplicar con el partidismo que nos tiene acostumbrados su implacable justicia.
La caridad no puede ser practicada por los representantes de la Iglesia que sean de buena fe, el que la practica corre el riesgo a ser excomulgado.
En el transcurso de los últimos setenta y cinco años, nos preguntamos: ¿Cuantos expedientes de excomunión se han abierto por parte de las jerarquías de la Iglesia Católica, a sacerdotes, obispos y otros representantes de la propia institución, por faltas graves o muy graves cometidas durante el franquismo, apropiación indebida de bienes privados y violación o abuso sexual de niños? Todos los actos delincuentes que cometen, son inmediatamente ocultados o difuminados en el transcurso del tiempo. Los últimos casos de pederastia que han salido a luz publica en estos últimos años, ¿como han acabado?, ¿se ha hecho público el veredicto de la Iglesia? NO, silencio absoluto.
El Papa Benedicto XVI, no estuvo muy acertado cuando se dirigió a los periodistas que lo acompañaban en el avión papal que lo traía de visita a España, atreviéndose a criticar la situación actual en que se encuentra el catolicismo español, haciendo unas declaraciones en las que comparaba el secularismo actual con el de los años de la Segunda República, ¿Cómo es posible que pronunciara estas palabras, contra la Segunda República, sin ningún pudor, cuando la propia Iglesia fue la responsable de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante la dictadura franquista? Su obligación moral como máximo mandatario de la Iglesia Católica, lo que debía de haber hecho es pedir perdón por la complicidad de sus representantes en España, durante la dictadura española. Aquellas palabras fueron desafiantes, ofensivas e indignas de la máxima jerarquía mundial de la Iglesia Católica, que estaba de visita en un país extranjero, pero el Gobierno español no se dio por enterado, sucedió todo lo contrario fue recibido con los brazos abiertos. ¿Como hubiera reaccionado Su Santidad, si el pueblo gallego y catalán, lo hubieran recibido con pancartas que denunciaran la actitud tolerante que ha tenido con los obispos y sacerdotes que han cometido abusos deshonestos contra los niños?
Cabe destacar algunos de los cardenales, arzobispos y obispos, que fomentaron el movimiento contra la Segunda República, colocándose al lado de los golpistas, antes, durante y después de la Guerra Civil, suscribiendo todos ellos con apasionada defensa del franquismo la Carta Colectiva del Episcopado Español, siendo los principales: Isidro Gomá y Tomás, Enrique Pla y Daniel, Gregorio Modrego Casasaus, Vicente Enrique y Tarancón, Manuel Irurita y Almándoz, Miguel de los Santos Díaz de Gómara y otros muchos más. Todos ellos se colocaron claramente en el bando de los sublevados, como pensadores ideológicos de la extrema derecha y el fascismo, excepto, el cardenal Vidal y Barraquer de Tarragona y Mateo Múgica arzobispo de Vitoria, que fueron de los pocos que se opusieron a la dictadura y a la Conferencia Episcopal Española.
Frases que tenemos que recordar pronunciadas por ilustres prelados de la Iglesia Católica: “La Guerra Civil fue el triunfo de Dios y la resurrección de España” del Cardenal Enrique Pla y Daniel. “La guerra de España no era una guerra civil, si no una lucha de los sin Dios, contra la verdadera España, contra la religión católica” del cardenal Isidro Gomá Tomás.
Monseñor Vidal y Barraquer, desde el primer momento respetó la voluntad del pueblo con la instauración de la República, era un nacionalista catalán y un gran defensor de las libertades democráticas, a pesar de ello, tuvo que marcharse a Roma para evitar que pudiera ser represaliado por los incontrolados, mediante un pasaporte que le facilitó el Presidente de la Generalitat Lluís Companys i Jover, pero al finalizar la guerra civil no pudo regresar porque el clero español y el gobierno franquista se lo prohibieron, por estar clasificado como no adicto al régimen, su conducta fue excepcional, actitud muy poco conocida y reconocida por los ciudadanos catalanes, si todos los representantes de la Iglesia Católica, hubiesen tenido la misma conducta democrática y ejemplar, muchas vidas hubieran podido ser salvadas de las garras del franquismo.
Quiero recordar también al obispo Fidel García Martínez, que fue represaliado y difamado por la dictadura del general Franco, defendió la libertad y la dignidad del hombre frente al Estado, con testigos falsos se le acusó de cliente frecuente de prostíbulos y cabarés, fue muy dura la campaña que tuvo de desprestigio, que culminó el 28 de agosto e 1952, con un informe policial reservadísimo de moralidad, entregado al arzobispo de Barcelona, quién lo llamó a comparecer para defenderse sobre las acusaciones, el obispo declinó y prefirió retirarse, terminando así con su vida civil, pública y eclesiástica, ante la indiferencia de toda la Iglesia española, en aquel momento toda ella sumisa ante el dictador.
La realidad es la de que en efecto continúa habiendo dos Españas, la de los vencedores y la de los vencidos, la España de la razón por la fuerza y la España de la fuerza de la razón. Vencieron los de la primera y continúan con todos los privilegios y malas conciencias, niegan la justicia universal y la reparación histórica, no son merecedores ni de la venganza, pero no podemos olvidar ni renunciar al derecho a continuar reclamando la rehabilitación jurídica de nuestros familiares.
Esperemos que todos aquellos hechos represivos nunca más puedan repetirse, por la violencia e intolerancia de unos militares españoles, con la colaboración de los ejércitos fascistas de Alemania e Italia, de la extrema derecha española y catalana y sobre todo de los representantes de la Iglesia Católica Española, pues, para ellos fue una Cruzada Santa.
Fueron crímenes contra la humanidad que se cometieron durante la dictadura franquista, que nunca prescriben de acuerdo con la Convención de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas del año 1966, que España suscribió el 27 de julio de 1977, pero nuestros gobernantes, supuestamente democráticos, están acomplejados y acobardados, les falta decisión, valentía y voluntad política para afrontarlo y cumplirlos.
Las Naciones Unidas a través del Comité de los Derechos Humanos, ha recomendado en diferentes ocasiones al Estado español, la abolición de la Ley de Amnistía aprobada por las Cortes Generales españolas el día 15 de octubre de 1977, por las graves violaciones de los derechos humanos que se cometieron durante la dictadura, por estar en contradicción con las disposiciones de la Convención de los Derechos Políticos y Civiles del año 1966, que fue ratificado por España unos meses antes de la aprobación de la Ley, y que adopte las medidas legislativas para garantizar la no aplicabilidad de las limitaciones legales a los crímenes contra la humanidad en su jurisdicción nacional.
Pero el Gobierno español a través de su embajador en las Naciones Unidas, actuó con una contundencia poco habitual en diplomacia, contestando a esta recomendación con un duro informe en el que se lamentaba de que el Comité se hubiese metido en un asunto que desconocía, afirmando que la Ley de Amnistía de 1977, nunca sería anulada, ya que fue uno de los pilares del proceso democratizador y el respaldo a la transición pacífica de España.

“POLÍTICAMENTE VERGONZOSO, HUMANAMENTE VEJATORIO Y HUMILLANTE PARA LOS REPRESALIADOS”.

La federación Internacional de los Derechos Humanos, con sede en París, el 24 de Noviembre de 2008, solicitó al Presidente del Gobierno español, que impulsara la abolición de la Ley de Amnistía de 1977 y la creación de una comisión de la verdad sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo, para cumplir las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos, puesto que pone a España en la vía de una clara violación de sus obligaciones internacionales, pero el Gobierno no hace ningún caso de esta recomendación.
Amnistía Internacional hizo público un manifiesto que decía. “España tiene el deber de poner fin a la prolongada injusticia, los crímenes contra la humanidad no son susceptibles de amnistía, indulto o prescripción y debe poner fin a la impunidad garantizando a las víctimas y a sus familiares su derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral”.
La reacción del Gobierno español, fue la de presentar un proyecto de Ley, siendo aprobado por las Cortes Generales Españolas el 26 de diciembre de 2007, la decepcionante, humillante e injusta Ley 52, conocida como la Ley de la Memoria Histórica, por todo los grupos parlamentarios, excepto, Esquerra Republicana de Catalunya y el Partido Popular, naturalmente por razones muy distintas, que declara los juicios sumarísimos militares como injustos e ilegítimos, pero no los declara nulos de pleno derecho por ilegales, negando la rehabilitación jurídica a los represaliados por el franquismo, continuando estando clasificados como delincuentes.
Hemos luchado con todos los medios a nuestro alcance contra la incomprensión política de la actual supuesta democracia, para conseguir la rehabilitación jurídica de todos los republicanos represaliados por defender la legalidad constitucional de la República, no ha servido para nada, puesto que a pesar de los años transcurridos se les continúa negando sus derechos, debido a la falta de personalidad de nuestros gobernantes y a la amnesia política a que fueron sometidos mentalmente todos los políticos, excepto, algunas minorías, mediante los vergonzosos pactos a la transición.
Los políticos han estado en general insensibles, no hemos encontrado la solidaridad ni la colaboración necesaria para dar más fuerza a nuestras peticiones, frente a la incomprensión de la mayoría de los que tienen la obligación moral de resolver el problema.
La Associació Pro – Memoria asl Immolats per la Llibertat a Catalunya y la Mesa de Catalunya d'Entitats Memorialistes, continúan trabajando incansablemente para conseguir la rehabilitación de todos los represaliados, pero no hemos sido correspondidos, en la mayoría de los casos solamente se han recibido buenas palabras, pero no hemos tenido el acogimiento que necesitábamos para hacer frente de una vez por todas al cierre de las heridas que continúan estando abiertas de las familias republicanas.
El comportamiento de los diferentes gobiernos españoles, que hemos tenido desde la instauración de la monarquía parlamentaria, supuestamente democrática, impuesta por el dictador y criminal de guerra el general Franco, y aceptada por todos los grupos parlamentarios que fueron legalizados en aquel momento, no han estado a la altura política de lo que se esperaba, y que merecían todos aquellos hombres, mujeres y niños que fueron asesinados en nombre de Dios, por defender la legalidad constitucional de la República, la historia los juzgará por su comportamiento inhumano, por no tener la valentía suficiente en resolver la deuda pendiente de la actual democracia, su rehabilitación jurídica, y muy en particular el gobierno socialista presidido por José Luís Rodríguez Zapatero y de su Ex – Vicepresidenta Maria Luisa Fernández de la Vega, por el incumplimiento de sus promesas públicas, así como la insensibilidad demostrada por el Jefe del Estado el Rey Juan Carlos I, que a pesar de que en el discurso de su coronación en las Cortes Españolas, se comprometió a ser el Rey de todos los españoles, sin excepción, no ha cumplido su juramento, ni tan si quiera se ha dignado a dar un paso frente a los diferentes gobiernos, para conseguir la tan esperada rehabilitación, admitiendo la existencia de dos clases de españoles. Sin embargo él ha estado concediendo títulos nobiliarios a unas cuarenta personalidades de la extrema derecha más intransigente, como reconocimiento a su adhesión al régimen franquista, en particular a la viuda del general Franco y a su hija Carmen Franco, como recompensa por haber sido nombrado heredero de la corona, sin contar para nada con el consentimiento y la renuncia de su padre Don Juan de Borbón, que era el heredero legítimo del reino de España. ¿Cuantas protestas ha habido por estas distinciones a personalidades franquistas responsables de los crímenes contra la humanidad? ¿Cómo debemos de interpretar la igualdad que proclaman, los que quieren asimilar a las víctimas de uno y otro lado?
Un punto y a parte se merece el Defensor del Pueblo el señor Enrique Múgica, que en reiteradas ocasiones se ha negado a colaborar con los familiares de los republicanos, negándose a recurrir la descafeinada Ley de la Memoria Histórica, a pesar de las reiteradas quejas formales que se le han hecho por escrito, por ser discriminatoria y admitir las sentencias como injustas por ilegítimas y no nulas de pleno derecho por ilegales, quedando las mismas automáticamente reconocidas como legales. Nos ha demostrado que de Defensor del Pueblo no tiene nada, sino todo lo contrario, que es el Defensor de las injusticias del Gobierno socialista, como buen militante de su partido. Su conducta hacia los familiares de las víctimas del franquismo ha sido vergonzosa e indignante, por el hecho de ostentar el cargo de Defensor del Pueblo e inhibirse de las responsabilidades y obligaciones de su cargo.
Cuando todavía no se había aprobado la mal nombrada Ley de la Memoria Histórica 52/2007 de 26 de diciembre, una representación de las asociaciones memorialistas que formamos la Mesa de Catalunya, visitamos a los diferentes grupos parlamentarios catalanes, menos el popular, para que desde el Parlamento de Catalunya, se instara al Gobierno español, para que fueran anulados todos los juicios sumarísimos militares, dictados por aquellos tribunales militares ilegales, unos nos contestaron de que ya nos darían la respuesta, pero nunca la tuvimos y otros que no querían hacer el ridículo. La triste realidad fue la de que solamente encontramos indiferencia y ninguna colaboración.
Después de varios años, concretamente el 2 de octubre de 2008, el pleno del Parlamento de Catalunya adoptó la resolución de reivindicar al Presidente Lluís Companys i Jover, instando al Gobierno de la Generaitat, para que hiciese lo que fuere necesario jurídicamente y políticamente para conseguir reparar su honor y la anulación de su juicio ilegal, teniendo en cuenta la ilegitimidad de los tribunales militares que lo juzgaron, tal como los declara la cobarde y vergonzante Ley de la Memoria Histórica, pero casualmente se olvidaron de incluir en la resolución al resto de los ciudadanos que también fueron represaliados y asesinados como el mismo Presidente. ¿Fue por olvido o deliberadamente?
El Gobierno de la Generalitat no tuvo ninguna prisa en cumplir el mandato del Parlamento y no reaccionó hasta transcurrido un año en poner en marcha la resolución, concretamente en la sesión del gobierno celebrada el día 15 de octubre de 2009, acordó instar al Fiscal General del Estado, mediante la intervención de la Fiscalía Superior de Catalunya, de plantear de oficio delante del Tribunal Supremo, un recurso de revisión para conseguir la anulación de la sentencia dictada por el Tribunal de Responsabilidades Políticas en Barcelona el día 14 de octubre de 1940, que condenaba a la pena de muerte al Presidente Lluís Companys i Jover y ejecutada el día 15 de octubre de 1940 en el Fosar de Santa Eulalia del Castillo de Montjuïc de Barcelona.
El Fiscal General del Estado el día 5 de abril de 2010, en respuesta al recurso presentado por la Genealitat de Catalunya, en el que se solicitaba la anulación del Consejo de Guerra que condenó a la pena de muerte al President Lluís Companys i Jover, resuelve no admitirlo a trámite, basándose en la Ley de la Memoria Histórica, interpretando que las sentencias son inexistentes y nulas de pleno derecho, al haber estado expulsadas del ordenamiento jurídico, resultando legalmente improcedente por falta de objeto la interposición del recurso ante el Tribunal Supremo, pero la sentencia continúa estando vigente, igual que las de los demás republicanos asesinados.
Así lo ratifica el Tribunal Militar Territorial Tercero de Barcelona, en su razonamiento jurídico de tres de noviembre de 2010, confirmando que son sentencias firmes, ya que la Ley de la Memoria Histórica, ni ningún Tribunal han dictado la nulidad de pleno derecho.
En el contexto de la resolución dictada por el Fiscal General del Estado, tiene la osadía de hacer un estudio de derecho comparado con otros países de nuestro entorno, como Alemania y Austria, que por ley aprobada por sus respectivos Parlamentos, anuló en bloque todas las sentencias dictadas durante la época nacionalsocialista, sin necesidad de un examen o revisión de cada caso concreto y la Fiscalía era el órgano de expedir la correspondiente certificación de nulidad, la cual cosa no sucede en España con la Ley de la Memoria Histórica, que no anula de pleno derecho los juicios sumarísimos militares dictados por aquellos criminales tribunales ilegales, solamente los declara injustos por ilegítimos y no nulos de pleno derecho por ilegales, y el Fiscal General del Estado no queda facultado para expedir ninguna certificación de anulación de pleno derecho, que tan irresponsablemente él asegura en su resolución.
La resolución dictada por el Fiscal General del Estado, es totalmente contraria a derecho, atreviéndose a compararla con otros países, la cual cosa se puede considerar como una verdadera falacia, una burla y un escarnio más para las personas que fueron represaliadas durante el franquismo, es vergonzoso que después de más de treinta y cinco años de la muerte del dictador y criminal de guerra el general Franco y treinta y tres de la instauración de la supuesta democracia se nos continúe negando la rehabilitación jurídica de nuestros familiares.
Por parte del Ministerio de Justicia, se le ha solicitado la certificación acreditativa de que las sentencias son nulas de pleno derecho, de acuerdo con la resolución del Fiscal General del Estado y pero por respuesta hemos tenido el silencio administrativo. Este es el trato indigno que nos dan a los familiares de los represaliados, cuando nos dirigimos a una institución pública reclamando nuestros derechos.
Después de la vergonzosa resolución dictada por el Fiscal General del Estado, negándose a admitir el recurso de revisión del Presidente Lluís Companys i Jover, nos dirigimos al Presidente de la Generalitat don José Montilla, preguntándole que medidas jurídicas y políticas se habían tomado o que se tomarían para reactivar el proceso de anulación del ilegal juicio, no se ha tenido tampoco ninguna respuesta, silencio total, por lo que parece el Gobierno Catalán estaba conforme con la decisión tomada por el Fiscal.
Esta es la deuda que tiene pendiente la actual y supuesta democracia con los represaliados del franquismo, siendo totalmente responsables todos los Gobiernos estatales que hemos tenido desde el año 1977, así como también los diferentes Gobiernos de la Generalitat de Catalunya, por su tolerancia y falta de sensibilidad demócrata y probada en el transcurso de todos estos años, constatando que no han tenido la voluntad política firme y ni ganas en querer resolver el problema.
Todos los políticos, salvo alguna pequeña excepción, desde el inicio de la nueva democracia han mostrado tener la voluntad expresa de querer pasar de aquella nefasta página de la historia española. Los familiares nos sentimos gravemente ofendidos, por estas ganas de querer ocultar y olvidar aquella represión, siendo injusto su proceder negativo hacia todas aquellas personas que padecieron aquella cruel represión, no quieren darse cuenta de que la supuesta paz y bienestar que disfrutamos es totalmente ficticia.
La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo recientemente ha notificado la sentencia que reconoce que la condena a muerte del poeta Miguel Hernández se produjo por motivos “políticos e ideológicos”, fue radicalmente injusta y carece en la actualidad de vigencia jurídica de acuerdo con la Ley de la Memoria Histórica. El fallo no establece la nulidad de la sentencia y a la vez no acepta la interposición del recurso de revisión, que es lo pretendían sus familiares. Un solo miembro del Tribunal ha formulado un voto particular en el que sostiene que se debió autorizar la interposición del recurso de revisión a la familia del poeta, ya que la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica, no permite la nulidad de la sentencia del consejo de guerra.
El Fiscal General del estado y los Tribunales Superiores de Justicia, actualmente se basan en la teoría de la Ley de la Memoria Histórica, para rechazar los recursos de revisión de los juicios militares dictados por aquellos tribunales militares ilegales, pero cabe tener presente que con anterioridad a esta Ley, también rechazaban la interposición de recursos de revisión, tengamos presentes los casos Joan Peiró i Belis, Salvador Puig i Antic y otros. Así funciona la justicia en este País, se adapta en cada momento o circunstancia, según convenga y nadie quiere tomar las medidas políticas necesarias para resolverlo.
Los republicanos que fueron asesinados por orden de aquellos tribunales militares ilegales, por defender la legalidad constitucional de la República, han estado juzgados y condenados dos veces. La primera, durante la sangrienta dictadura católica - fascista; i la segunda, por la olvidadiza actual democracia. Esta segunda es mucho más dura y dolorosa para los familiares que teníamos la esperanza de conseguir la rehabilitación jurídica, con la llegada de la nueva democracia, de sus padres, abuelos, hermanos o amigos.
Una vez acabada la Guerra Civil, el Caudillo de España Francisco Franco por la gracia de Dios, ordenó sin ningún escrúpulo, la anulación de todas las sentencias que fueron dictadas por los tribunales legales de la República, contra las personas que habían sido juzgadas por rebelión militar. En cambio los actuales políticos, los fiscales del estado, magistrados y jueces, supuestamente democráticos, niegan la anulación de los juicios dictados por aquellos tribunales militares ilegales.
Es sorprendente e irracional a nivel político y judicial, que el Tribunal Supremo haya admito a trámite la querella por prevaricación contra el juez Baltasar Garzón, presentada por Falange Española y Manos Limpias, por iniciar la investigación contra el franquismo.
¿Cómo puede existir en una democracia como la española, partidos o fundaciones de ideología fascista, que colaboraron directamente con los crímenes del franquismo y que no han condenado aquel régimen? ¿No deberían de ser ilegalizados, siguiendo el mismo procedimiento que se ha utilizado con Herri Batasuna, por no condenar los crímenes de ETA? ¿Es que las leyes solamente son aplicables para determinados casos y según de que ideología se trate?
Nuestras madres, las más olvidadas y sacrificadas, que fueron las que padecieron directamente la tiranía y la represión de aquel criminal de guerra y de todos sus colaboradores, muy en particular por la soberbia y la falta de caridad de las vengativas jerarquías de la Iglesia Católica, no han podido ver la rehabilitación jurídica de sus seres queridos.
Es una vergüenza política encontrarnos en esta situación de indiferencia, en un país que se autocalifica de demócrata y que condena las represiones que están padeciendo los pueblos de otros países, muy en particular los que están situados en el norte de África y Oriente Medio, consideramos de que es la burla y el escarnio más grave que se ha podido cometer en plena democracia, hacia todos aquellos españoles que se les arrebató la vida por defender las libertades democráticas y los derechos sociales, valores que hoy hipócritamente dicen que defienden la mayoría de los políticos españoles.
Reclamamos la rehabilitación jurídica de las personas que fueron ilegalmente juzgadas y asesinadas, pero los tribunales y los políticos supuestamente demócratas nos lo niegan.

ASSOCIACIÓ PRO – MEMÒRIA ALS IMMOLATS PER LA LLIBERTAT A CATALUNYA
Asociación inscrita el 11 de julio de 1980
Miembro de la Mesa de Catalunya d'Entitats Memorialistes

viernes, 18 de marzo de 2011

El listado de la Memoria Histórica incluirá 4 millones de casos documentados de represaliados por la dictadura franquista

Homenaje a Protasio Montalvo, “el último topo”

18 Marzo 2011 Pedro Echevarría ..El listado de la memoria histórica del Archivo Histórico Nacional contendrá hasta cuatro millones de casos de represión durante la dictadura franquista. Así lo afirmó ayer en Madrid el Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura, Rogelio Blanco, durante el acto de Homenaje a Protasio Blanco, “el último topo”, celebrado en la sede de ese organismo.

En la actualidad el listado recoge ya 700.000 casos, que se ampliará en las próximas semanas en otros 700.000 y, cuando se finalice el trabajo los trabajos, la lista llegará en los cuatro millones. “Son casos totalmente documentados” –ha respondido Rogelio Blanco a preguntas de Diario progresista- “con nombres y apellidos. El celo en que cada caso esté debidamente acreditado hará que el listado falten nombres como el de Federico García Lorca, de cuyo caso no existe documento alguno, por lo que no estará recogido por el Archivo Histórico Nacional”.

El acto celebrado en Madrid ha contado con la presencia de Isabel Pérez Montalvo, concejal de Ayuntamiento de Cercedilla y nieta de Protasio Montalvo, alcalde de esa localidad madrileña hasta la entrada de las fuerzas rebeldes en 1937. Montalvo permaneció escondido en su propia casa durante 38 años, hasta la llegada de la democracia, y sólo salió de su refugio secreto cuando miembros del partido socialista fueron hasta allí para hacerle entrega de su carné de un PSOE otra vez legalizado. En un discurso marcado por los recuerdos personales, Isabel Pérez Montalvo contó al auditorio cómo, siendo sólo una niña, tuvo que aprender a mantener el secreto del “topo” que vivía en su casa y las consecuencias que desvelarlo podía tener para su familia. Hasta el punto, ha confesado, de que pasó esos años de infancia soñando en repetidas ocasiones que su abuelo fallecía y en su familia no sabían qué hacer con el cadáver. Afortunadamente, tras casi 40 años, Montalvo pudo salir de la prisión en la que se había convertido su propia casa y disfrutar hasta sus últimos días de la restablecida democracia española.

En el acto, al que han asistido la delegada del Gobierno y Madrid, Amparo Valcarce, y el secretario general de PSM-PSOE y candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Tomás Gómez, entre otras personalidades de la política, ha intervenido también el escritor madrileño Benjamín Prado, que ha hecho un repaso a sus novelas, en las que la posguerra y la transición son protagonistas principales

lunes, 14 de marzo de 2011

14 de marzo 72º y 74º aniversario de los fusilamientos de Manuel Barreiro y Juan López de Gamarra


Hoy 14 de marzo es el 72º y el 74º aniversario de los fusilamientos de Manuel Barreiro Rey en el Arsenal Militar de Ferrol y Juan López de Gamarra Orozco en el cementerio de San Rafael de Málaga.

Por su memoria, cerca de la hora del alba...


Me llamo Manuel Barreiro Rey. Soy marino de la dotación del buque Cervera, en Ferrol. Auxiliar de Oficinas y Archivos de Intendencia de Marina.

En la sublevación militar en el Arsenal de Ferrol la dotación del Cervera resistimos durante tres días la entrega del buque a las fuerzas sublevadas en julio de 1936, hasta que fuimos bombardeados por la aviación procedente de Marín, desde la rendición del buque fui encarcelado y el único incomunicado de mis compañeros durante tres largos meses en la bodega del buque prisión Plus Ultra y después en el campo de concentración de la Escollera del Arsenal Militar, también estuve preso en el buque Contramaestre Casado, hasta el 20 de julio de 1938 fui juzgado junto a 63 compañeros más en un sumario de casi 3000 folios, llevaba dos años preso, por un consejo de guerra militar, acusado en solitario de promotor de la rebelión en mi buque, acusación en la que no cabia conmutación de pena, el consejo de guerra duro 5 días y la sentencia para 64 personas se dió a conocer el mismo día 25 de julio, por razones políticas e ideológicas en virtud de sentencia sin las debidas garantías ni derecho a defensa me condenaron a Pena de Muerte, en espera de ejecución de sentencia pase mis últimos 9 meses de vida, entré preso con 23 años y me fusilaron poco antes de cumplir los 26.

El 14 de marzo de 1939 fui fusilado en La Punta del Martillo el espigon del Arsenal Militar de Ferrol donde los tres años que pase encarcelado escuché como fusilaban a mis compañeros, unos paseados por las sacas nocturnas de cada noche y otros por los consejos de guerra que los militares facciosos realizaban. Mi padre pudo recuperar mi cuerpo y darme sepultura.

72 años después, mi familia siguen pidiendo justicia. ¿Hasta cuándo?


Me llamo Juan López de Gamarra Orozco. Soy sanitario del hospital de sangre de Málaga. Y fui Secretario del Comité Directivo de la Agrupación Socialista de Antequera donde residia con mi familia antes de ser movilizado en Málaga.

En la evacuación por la carretera de Málaga a Almeria el 7 de febrero de 1937 no conseguí pasar de Motril, fui detenido y juzgado por Consejo de Guerra Militar junto a 5 personas más, por razones políticas e ideológicas, en virtud de sentencia sin las debidas garantías ni derecho a defensa y condenado a Pena de Muerte.

El 14 de marzo de 1937 fui fusilado junto a 28 personas en las tapias del cementerio de San Rafael en Málaga, mi esposa pudo recuperar mi cuerpo sacandolo ella misma de la fosa donde yacian mis compañeros.

74 años después, mi familia siguen pidiendo justicia. ¿Hasta cuándo?

sábado, 12 de marzo de 2011

Memoria en el 'kilómetro cero'

Público.es-  ELENA HERRERA MADRID 11/03/2011
Víctimas del franquismo colocan una placa en la Casa de Correos de Madrid

"Era un lugar sórdido, con sótanos imposibles, de lo más retorcido que uno se pueda imaginar". José Galante hoy tiene 62 años, pero todavía recuerda, como el primer día, su paso por la Dirección General de Seguridad (DGS). Es el edificio más antiguo de la Puerta del Sol de Madrid, la antigua Casa de Correos, y el lugar en el que la Policía torturó a miles de personas durante el franquismo. Situado frente al kilómetro cero, el inmueble alberga ahora la sede del Gobierno de Madrid.

Más de un centenar de personas, convocadas por la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo, se reunieron ayer frente a la antigua DGS para colocar una placa simbólica en el edificio. El objetivo era recordar que "durante 40 años", en ese lugar, se "torturó a miles de españoles por defender la libertad, la democracia y la justicia social". El colectivo estima que, entre 1939 y 1979, por allí pasaron más de 100.000 personas.
Antonio Rebollo sufrió la represión y las torturas policiales. Fue detenido en 1969. Acusado de mandar dinero a unos mineros asturianos en huelga, pasó algo más de 20 días detenido. "Lo que pasaba allí [en la DGS] es muy difícil de contar", recuerda.

Durante poco más de 20 minutos, el tiempo que tardó uno de los guardias civiles que custodia el edificio en quitar el cartel, una improvisada "placa" adhesiva recordó ayer a hombres como Antonio, detenido por "defender la libertad y la democracia durante el franquismo".

Testimonio.

Nuestra memoria
30/12/2010
JESÚS RODRÍGUEZ BARRIO- VIENTO SURUna noche, del mes de abril de 1975, fui detenido por la policía. Un grupo de agentes de la brigada político-social me estaba esperando en la puerta de mi casa. En aquella época, los detenidos políticos en Madrid disfrutaban del dudoso privilegio de ser conducidos directamente a la Dirección General de Seguridad, principal centro de detención y tortura de la policía franquista, situada en la Puerta del Sol en el edificio que hoy acoge la sede del Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid y al cual los medios de comunicación se refieren actualmente, de forma habitual, con el pomposo nombre de Real Casa de Correos, tal vez con la intención de buscar en el pasado lejano una referencia que haga olvidar su siniestro papel en nuestra historia reciente.
Una vez allí, los detenidos eran recluidos en unas celdas situadas en los sótanos, alumbradas permanentemente por una pequeña bombilla y privados de cualquier referencia temporal que pudiera permitir saber el tiempo transcurrido o distinguir el día de la noche. La puerta solo se abría para recibir el alimento (por llamarlo de alguna manera) o para ser conducido a los interrogatorios, acompañados de las correspondientes palizas y torturas. En condiciones normales la detención duraba un máximo de tres días, pero el tiempo podía ser ampliado si la policía lo consideraba necesario. Después, el detenido era conducido a la sede del Tribunal de Orden Público y, uno o dos días después, ingresaba en la Cárcel de Carabanchel.
Paradójicamente, el ingreso en prisión era recibido como una liberación: significaba que, salvo casos excepcionales, el detenido no volvería a ser interrogado por la policía.
Debo decir que fui, en realidad, un afortunado: solo me pegaron lo normal. Con el paso del tiempo incluso he ido olvidando los detalles de aquellos interrogatorios. El peor recuerdo que me transmite la memoria de aquellos días (compartido con otros que pasaron por la misma situación) no es el sufrimiento debido al maltrato físico sino el sufrimiento moral y la sensación de angustia que producía el no saber cuándo y cómo terminaría aquella pesadilla.
Pero, curiosamente, hay un recuerdo que ha permanecido especialmente nítido en mi memoria: el pasillo que comunicaba las celdas tenía, en su parte superior, unas pequeñas ventanas, convenientemente enrejadas, que no dejaban entrar casi nada de luz pero permitían la entrada de aire en los sótanos. A través de esas ventanas entraba también el ruido ambiental de la calle. La Puerta del Sol ha sido siempre uno de los lugares más bulliciosos de Madrid y todo ese bullicio se introducía en los sótanos por esas aberturas. Se oía, principalmente, el ruido de los pasos de los caminantes, pero también sus voces y sus risas. Desde aquel inmundo agujero me parecía imposible que pudiera haber, unos pocos metros por encima, personas que hacían su vida normal y que incluso se divertían, ignorantes del horror que existía debajo de sus pies.
Siempre que transito por esa acera de la Puerta del Sol miro hacia esas ventanas, que desde la calle se ven a ras de suelo, y afluyen a mi mente estos recuerdos. Después, cuando paso por delante de la puerta principal, pienso siempre lo mismo: ¿cómo puede ser que ninguno de los sucesivos gobernantes que han ocupado ese edificio haya tenido la dignidad y la decencia de colocar una pequeña placa en la entrada, como memoria y reconocimiento hacia las personas que fueron detenidas y torturadas en ese lugar?. En este país, tan proclive últimamente a colocar recordatorios en memoria de las víctimas de la violencia terrorista, ninguna autoridad ha considerado conveniente poner en ese lugar un recordatorio en memoria de los ciudadanos que sufrieron la extrema violencia que allí se practicó en contra de los más elementales derechos de las personas.
Puede ser el olvido y el deseo de enterrar la memoria del franquismo. Pero, en mi opinión, el reciente debate que ha tenido lugar en España sobre la memoria histórica del franquismo ha sacado a relucir un motivo adicional, que hasta ahora había permanecido oculto pero que, sin duda, ha estado siempre presente: los poderes fácticos de este país han construido una historia de diseño para explicar la lucha antifranquista, el final del franquismo y la llamada transición democrática que no tiene nada que ver con lo que allí ocurrió. Todo lo que ayude a recordar lo que realmente fue la lucha antifranquista y la represión que practicó aquel régimen criminal resulta extremadamente molesto para este objetivo de reescribir la historia políticamente correcta de nuestro país.
El antifranquista de diseño construido por esta historia sería un personaje que luchó contra el franquismo con el único objetivo de implantar la democracia parlamentaria en España y que vio plenamente cumplido ese fin con el cambio político que tuvo lugar. Esos verdaderos demócratas fueron los que pusieron fin a la dictadura y trajeron la democracia a España. Solo ellos merecen ser honrados.
Lo que ocurrió en la Dirección General de Seguridad es otra historia: por aquellos calabozos no pasaron esos demócratas de diseño. Quienes allí estuvieron fueron comunistas de diversas tendencias, anarquistas, sindicalistas e izquierdistas en general. Todos teníamos un denominador común: no luchábamos solo contra el franquismo porque nos privaba de libertad sino también porque aquel sistema representaba los intereses de una oligarquía económica y social que aseguraba sus privilegios sobre la base de la opresión política y el abuso de poder. Luchábamos contra el franquismo como primer paso para construir una sociedad nueva. Es cierto: no éramos verdaderos demócratas.
Una de las mentiras que se ha repetido una y otra vez en el debate sobre la memoria histórica es que el movimiento para la recuperación de la memoria de lo que fue la represión franquista y para la reparación moral de las víctimas del franquismo se basa, exclusivamente, en el estudio y la investigación de los crímenes de la guerra y la postguerra: una historia demasiado antigua, cuyos protagonistas ya están todos muertos, y que, según dicen, nunca debería ser personalizada porque solo sirve para reabrir las heridas que ya parecían cerradas.
Pues bien, nosotros estamos vivos y no necesitamos buscar los cadáveres de nuestros antepasados para saber lo que fue aquel sistema basado en la injusticia y el crimen. Tampoco necesitamos consultar documentos ni que nadie nos cuente nada.
Nuestra memoria histórica del franquismo no es más que la memoria de un trozo de nuestra propia existencia, una memoria imposible de olvidar y que nos acompañará siempre mientras estemos vivos.

Por eso, solo cuando estemos muertos se atreverán, tal vez, a decir que aquello nunca existió.

Madrid, 30/8/2010

Jesús Rodríguez Barrio es, en la actualidad, profesor titular de análisis económico en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Es uno de los promotores de la Asociación de Represaliados Germán Rodríguez.

viernes, 11 de marzo de 2011

Recogida de firmas por la ilegalización de la Falange

La Falange se querellará por las exhumaciones de republicanos/as en el Valle de los Caídos.

Un nuevo intento por parte de la extrema derecha de frenar y entorpecer el desarrollo legitimo de la Ley de Memoria Histórica , con la única intención de paralizar el trabajo y la recuperación de los cuerpos de los asesinados por la dictadura franquista.

Cada vez es mas difícil debido a estos episodios de histeria fascista, encontrar una sa ...lida justa a este problema, desde los sectores de la derecha y los herederos de la dictadura, intentan una y otra vez negar la posibilidad de poder darle digna sepultura a los cuerpos de los republicanos y republicanas asesinados por el régimen franquista.

Un nuevo capitulo de la España cacique, autoritaria, fascista e intransigente, por intentar paralizar un proceso de justicia histórica , y como ya se produjo con el Caso del Juez Garzón, donde se pudo observar claramente, que tanto la extrema derecha como la propia derecha del PP, no tienen el mínimo interés en la reconciliación del pueblo español.

La falta total de respeto a millones de víctimas, que son pisoteadas a diario con estas actitudes, tanto por la derecha franquista o por miembros destacado del Partido Popular . La tan esperada " transición " , no devuelve la conciliación tan deseada.

Los Derechos Humanos y a Los Derechos Fundamentales, sin lo que será imposible construir nada, o el poder llevar a la practica , una Ley de Memoria Histórica con dignidad para las víctimas de la dictadura. Ya que en los diez años de su aprobación, el avance ha sido muy insuficiente, por no decir ridículo.

Estos hechos solo son comprensibles, en esta España presa aun de instituciones atrapadas en el miedo, de un estado que no afronta su responsabilidad y por tanto alude su deber de impartir justicia. Poderes del estado, algunos cautivos de un pasado de odio, donde ex-franquista y herederos de la dictadura, siguen hoy teniendo importantes cargos de responsabilidad; en la magistratura, la política, la economía, la religión o la cultura.

Por todo esto, el proceso de admitía fue un fraude y la constitución se cerro en falso, como se demuestra una y otra vez con la interrupción de la intransigencia y el fascismo en la vida democrática.

Destinatario: Congreso de los Diputados

Señores y señoras diputados/as

El próximo año 2011 - España podría ser miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, una excelente oportunidad de estar en autentica sintonía con este nombramiento: marcando un precedente en el respeto al pueblo español y al mundo entero, condenando y juzgando los crímenes del franquismo, reconociendo el verdadero alcance del genocidio cometido, y reparar todo el daño infligido sin limitaciones.

* Por una ley que regule la actividad de los grupos de ultraderechas, y excluya de una vez las practicas antidemocráticas. Contrarias al resto de la Europa democrática, donde seria imposible la apología a la dictadura o al genocidio.

* La ilegalización de los grupos de intransigentes de extrema derecha, que tengan conexiones con la dictadura , así como probada responsabilidad; el la muerte, la tortura, la desaparición, y la exclusión de millones de españoles/as.

* Y de una vez por todas, exigimos un pronunciamiento oficial por parte de todos los poderes del estado, instituciones políticas , así como de la casa real . Una condena implícita y unánime en contra de la dictadura y el franquismo, ya que la monarquía como máxima autoridad del estado, siguen sin dar ejemplo de verdadera democracia, al no condenar ella misma, la dictadura franquista.

Pues sin reparación y justicia , nunca habrá normalidad pacifica entre todos/as los españoles/as, y nunca podrá haber reconciliación ni verdadera democracia.

Atentamente,

Ahaztuak 1936-1977 y vecin@s de Zornotza defienden la permanencia de la Calle "Txiki y Otaegi"

Luchadores antifranquistas y victimas del franquismo. Eso es lo que Txiki y Otaegi fueron para las personas concentradas ayer en Zornotza en exigencia de la permanencia de la calle a ellos dedicada.

Ahaztuak 1936-1977-.  7-3-2011 Dos docenas de personas entre las que se encontraban miembros de la asociación de victimas del régimen franquista Ahaztuak 1936-1977 y vecinos de Amorebieta / Zornotza se han concentrado este medidodia tras una pancarta en la que podía leerse “Herriarenak direlako / Herri-Oroimena direlako. Txiki eta Otaegi kalea defenda dezagun!!” (en castellano “Porque son del Pueblo / Porque son Memoria del Pueblo. Defendamos la Calle Txiki y Otaegi”).

El motivo de la concentración era protestar por la resolución dictada por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Bilbao en la que obliga al Ayuntamiento de este municipio a retirar el nombre Txiki y Otaegi, de una calle del mismo. Como es sabido Jon Paredes Manot "Txiki" y Ángel Otaegi fueron fusilados el 27 de septiembre de 1975, apenas dos meses antes de la muerte del dictador Franco, junto a tres militantes del FRAP (Frente Revolucionario Antifranquista y Patriota) y en 1979 el pleno del Ayuntamiento de Amorebieta acordó dedicarles una calle.
Según Ahaztuak 1936-1977 esta resolución dictada ahora ataca de forma clara al derecho a la Verdad, a la Reparación y a la Justicia de estas personas “toda vez que les niega su carácter de luchadores antifascistas y de victimas del franquismo” por lo que a traves de esta concentración ha querido expresar “su más profundo rechazo a dicha resolución judicial y a las argumentaciones sobre las que se amapara la misma cuando dice que al dedicarles esa calle se vulnera el derecho fundamental al honor y la dignidad de las personas, "especialmente el de las víctimas del terrorismo y sus familiares". En opinión de esta asociación de victimas del régimen franquista es de todos conocido y asi esta socialmente aceptado “que esa calle esta dedicada a Txiki y Otaegi por su carácter de luchadores contra el régimen franquista, contra un régimen fascista, y por su carácter tambien de victimas de ese mismo régimen, al ser dos de los cinco ultimos fusilados por él”.
Ante las preguntas de algunos periodistas que han acudido a informar sobre esta concentración, desde la asociación convocante se ha señalado que lo que deberia de indignar de toda aquella persona que tenga verdadera conciencia democrática es “asistir al espectáculo de ver desde el estamento judicial se ordena quitar placas en memoria de luchadores antifranquistas y de victimas de ese régimen fascista, mientras ningun miembro de ese estamento da orden de quitar toda la simbologia glorificadora del regimen franquista que aún perive en calles, edificios e incluso en el interior de algunas instituciones, o da orden de investigar judicialmente ante cada exhumación de una fosa común que se de, hecho que como todos sabemos es un crimen de Lesa Humanidad que no prescribe…”. Eso, subrayan desde Ahaztuak 1936-1977 “es lo que deberia relamente escandalizarnos y preocuparnos: el ver como el modelo español de para con los crímenes del franquismo es tal y la connivencia de tantos políticos, jueces, fiscales, periodistas… tan profunda para con él, que una vez más hemos de ver como se escenifica la cruel realidad de que para ese modelo, consustancial a los niveles reales de esta democracia, sigue habiendo victimas de primera, de segunda y algunas a las que ni siquiera se les quiere ofrecer categoría alguna”.

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