¿Está engañando Baltasar Garzón a la familia Alcorisa?

Garzón en una cacería de ciervos
organizada por un concejal del Partido Popular de su pueblo en 2009
a la que acudió también el ex ministro de justicia del PSOE, Mariano Fernández Bermejo

noagarzon.org - Garzón en Argentina

El exjuez español ha apelado al Tribunal Constitucional español (equivalente a la Corte Suprema) para que ampare la exhumación de los restos de Teófilo Alcorisa, una víctima republicana enterrada en una fosa común. Pero, ¿tuvo él esa oportunidad cuando tramitaba la llamada "causa contra el franquismo"?

 Por Diego Herchhoren, abogado.

Tal y como han reproducido numerosos medios españoles, el exmagistrado ha presentado sendos escritos ante el mencionado tribunal y ante el Consejo de la Magistratura ibérico reclamando, además del amparo, el fin del abandono en el que se encuentran la mayoría de víctimas del franquismo en España.

En particular, el despacho dirigido por Garzón pide al Tribunal Constitucional que se haga lugar a las solicitudes de exhumación de la fosa común donde probablemente se encuentre el guerrillero antifranquista Teófilo Alcorisa, ya que el Juzgado de Instrucción valenciano que se hizo cargo del asunto, así como la Audiencia Provincial de esta demarcación archivaron la causa iniciada por sus familiares.

Alcorisa fue víctima de desaparición forzada el 16 de abril de 1947. Desde el año 2005 hasta el 2010, mediante sucesivas investigaciones, sus hijos consiguieron situar la localización de sus restos y a partir de ahí emprendieron acciones judiciales sin conseguir que la exhumación fuera autorizada.

Sin embargo, la indefensión alegada por Garzón, que es completamente cierta, olvida en cambio que ésta se produce como consecuencia inmediata y directamente conectada con la Resolución del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional de 18 de noviembre de 2008...firmada por el propio Baltasar Garzón. Dicha resolución ("Auto", en la terminología jurídica española) ponía un dramático fin a la denuncia realizada por dos abogadas mallorquinas que demandaban ante la Audiencia Nacional la localización del paradero y una investigación oficial sobre los crímenes del franquismo que determinara responsabilidades civiles y/o penales de la dictadura.

En el año 2008, Baltasar Garzón se declaró competente en la mal llamada "causa contra el franquismo", mediante una resolución que redujo los crímenes de la dictadura a los cometidos entre 1937 a 1951 (dejando impunes los 20 años restantes), y que terminaría dos meses después mediante una resolución inhibitoria en favor de los jueces territoriales, lo que en la práctica obligaba a los familiares de víctimas a recorrer de nuevo un tortuoso camino procesal que, por su complejidad y tras haber creído en la posibilidad de que Garzón llevara adelante un auténtico proceso penal contra el franquismo, desincentivó a decenas de miles de familiares a realizarlo. "Incredulidad", era la palabra que repetían los representantes de las entidades impulsoras de esta causa.

Si bien es cierto que la Audiencia Nacional no era competente para tramitar una denuncia de este tipo*, y que Garzón al admitirla a trámite debería haber sabido que ese camino procesal condenaría en la práctica a las víctimas del genocidio franquista a un nuevo golpe, el exjuez tuvo en sus manos la posibilidad de hacer que el Tribunal Supremo designara a un juez especial para la investigación de lo demandado por los familiares de víctimas, readecuando al camino correcto un procedimiento judicial que había nacido viciado y que de no haberse corregido a tiempo dejaría en manos de los sectores más conservadores del poder judicial la resolución del fondo del asunto.

Y es que el 20 de noviembre de 2008, diversas organizaciones memorialistas españolas de alta relevancia, conscientes de que el camino procesal adoptado por Garzón podría terminar reforzando la impunidad de los crímenes franquistas, recordaron al titular del entonces Juzgado Central de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional que debería haber aplicado lo dispuesto en el art. 304 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal española, que dispone la opción del Juez de elevar en casos de excepcional relevancia o gravedad al Tribunal Supremo las causas que por su interés y complejidad requieran la intervención del máximo órgano judicial español, nombrando para ello un juez especial encargado de la instrucción.

Para las organizaciones de víctimas del franquismo, "no existen abogados con formación suficiente en derecho internacional para hacer frente a una avalancha procesal como la dispuesta por el Juez titular del Juzgado de Instrucción Núm. 5 [Baltasar Garzón], ni jueces que tengan conocimientos de derecho penal internacional para substanciar los casos respetando el debido proceso y el derecho penal europeo e internacional."

El camino solicitado por las entidades memorialistas nunca fue estimado por Garzón ni tampoco por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, facilitando así la desmembración de una causa que terminaría en vía muerta y que establecería lo que éstas han denominado "el modelo español de impunidad". Es llamativo por tanto que Garzón solicite ahora lo que negó cuando él era juez a los familiares años atrás, utilizando el deseo de justicia, los recuerdos y la memoria de la familia Alcorisa como pantalla de una impunidad que él mismo contribuyó a reforzar y que probablemente, vuelva a repetirse de no cambiar radicalmente la estrategia judicial de esta familia de afectados y de muchos otros colectivos de víctimas.

 *-La Audiencia Nacional española sólo tiene competencia para conocer de los delitos contra la Corona, terrorismo, tráfico de drogas, delitos monetarios, delitos contra la seguridad del tráfico mercantil cuando afectan a más de una Provincia, y crímenes graves contra los derechos humanos cometidos fuera del territorio español si existe nexo con intereses españoles.

Tercer varapalo internacional a España en materia de Memoria Histórica

El informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la justicia, reparación y no repetición tras su visita a España recalca el valor fundamental del reconocimiento de los hechos y responsabilidades y la presentación de disculpas oficiales que vayan más allá de un reconocimiento genérico.

Rights International Spain 28/8/14

El informe completo puede consultarse en:
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session27/Pages/ListReports.aspx

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Con este, ya son tres los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, independientes y especializados en el tema de las desapariciones forzadas y la justicia transicional, que han emitido en los últimos meses informes tremendamente críticos con la respuesta del Estado español a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y los 40 años de dictadura.

El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias visitó España en septiembre de 2013, el Comité contra la Desaparición Forzada revisó el primer informe periódico de España en noviembre de 2013, y el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición visitó España en enero 2014. Rights International Spain (RIS) ha tenido la ocasión de transmitir sus preocupaciones a los tres mecanismos,

Informe muy crítico con el Poder Judicial. Según el Relator, “es en el ámbito de la justicia donde se observan mayores déficits en el tratamiento de los legados de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo”. El Relator afirma que el Poder Judicial “es la esfera del Estado que ha acusado menos reformas estructurales desde la transición”.

Falta de investigaciones judiciales. El Relator apunta al “excesivo formalismo” y a las interpretaciones “restrictivas” de algunas normas del ordenamiento jurídico español por parte de los tribunales de justicia, lo que tiene como efecto “[negar] el acceso a la justicia” e “[impedir] cualquier tipo de investigación”. “No abrir investigaciones o archivarlas sin que los jueces siquiera conozcan los hechos” contradice las obligaciones internacionales de España en materia de derecho a la justicia y vulnera el derecho a la verdad. Asimismo, “[e]l modelo de privatización de las exhumaciones alimenta la indiferencia de las instituciones estatales, incluidas las autoridades judiciales”.

La Ley de Amnistía. El Relator “reitera las recomendaciones formuladas por varios mecanismos internacionales sobre la incompatibilidad de los efectos de la ley de amnistía con las obligaciones internacionales adquiridas por España”. Además, destaca que “no habría impedimentos en el sistema judicial para revisar o anular las disposiciones de la Ley 46/1977 [de amnistía] que fueran incompatibles con las obligaciones internacionales” y que “nada en la ley vigente impide expresamente el desarrollo de investigaciones”. El Relator recalca que “sólo podrá aplicarse la amnistía cuando las autoridades judiciales hayan primero determinado si los presuntos responsables eran funcionarios y agentes del orden público, o no, y si los delitos fueron cometidos en las circunstancias descritas [contra el ejercicio de los derechos de las personas]. Esto no puede presuponerse, sólo puede establecerse a través de investigaciones, aunque sean preliminares, que cuenten con la oficialidad, el rigor y metodología que caracteriza las investigaciones judiciales”.

Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de febrero de 2012 (caso Garzón). El Relator expresa su preocupación por el contenido de tal decisión, ya que la misma “habría solidificado la tendencia de los jueces a archivar casos similares que les son presentados”.

Anulación de sentencias. El Relator “lamenta que las autoridades judiciales invoquen el principio de seguridad jurídica por encima de los derechos de las víctimas, el derecho a la justicia y los principios del debido proceso” en los recursos de revisión. Asimismo, “lamenta que el Gobierno y el Poder Legislativo no hayan aún prestado suficiente atención a esta cuestión”.

Jurisdicción universal y pedidos de extradición de la justicia argentina. El Relator reitera su “preocupación por las sucesivas reformas de 2009 y 2012 de la Ley Orgánica 6/1985 que limitan significativamente la posibilidad de que los juzgados españoles puedan ejercer su jurisdicción sobre crímenes internacionales graves, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra”. El Relator recuerda “la obligación internacional del Estado de extraditar o juzgar y que sólo podrá denegarse la extradición de los acusados si la justicia española inicia las investigaciones y juzga a los responsables”.

Formación en materia de derechos humanos para jueces. Al Relator le preocupa que los programas de formación de jueces no incluyan temas específicos de derechos humanos. Le sorprende que los “programas de formación no hagan referencia a las obligaciones del Estado en materia de persecución penal de delitos internacionales”, como lo son el genocidio, los crímenes de guerra, y de lesa humanidad. “La formación inicial no sería suficiente, ni estaría diseñada para proporcionar una formación de calidad en materia de Derechos Humanos.”

Desde RIS esperamos que por fin el Gobierno cumpla con sus obligaciones internacionales y cese en los comportamientos que ignoran deliberadamente y de forma continuada los derechos de las víctimas a la justicia, verdad y reparación. España tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para aplicar completamente las recomendaciones de los tres mecanismos internacionales.

Véase también:

El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas ha dado 90 días al Estado español para presentar un “cronograma en el que se indiquen las medidas que se llevarán a cabo para implementar las recomendaciones del Grupo de Trabajo, las fechas previstas para aplicar cada una de estas medidas y las fechas en las que se tenga previsto concluir con el cumplimiento a las recomendaciones”.

De conformidad con las observaciones finales del Comité contra la Desaparición Forzada, España debe igualmente suministrar información a más tardar el 15 de noviembre de 2014 sobre la implementación de las siguientes recomendaciones:

•    Asegurar que todas las desapariciones forzadas son investigadas de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de las mismasy aun cuando no se haya presentado ninguna denuncia formal; adoptar las medidas necesarias, legislativas o judiciales, con miras a superar los obstáculos jurídicos de orden interno que puedan impedir tales investigaciones, en particular la interpretación que se ha dado a la ley de amnistía; que los presuntos autores sean enjuiciados y, de ser declarados culpables, sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos; y que las víctimas reciban reparación adecuada que incluya los medios para su rehabilitación y sea sensible a cuestiones de género.

•    Adoptar las medidas legislativas y de otra índole necesarias para asegurar que todas las personas, independientemente del delito por el que se las acuse, gocen de todas las salvaguardas previstas en la Convención, en particular en el artículo 17 [privación de libertad], y en otros instrumentos internacionales de derechos humanos relevantes. Asimismo, lo exhorta a asegurarse de que en el texto que surja de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no se incluya ninguna limitación a los derechos del detenido, aun bajo régimen discrecional, que pueda infringir lo dispuesto en el artículo 17, párrafo 2, de la Convención.

•    Adoptar todas las medidas necesarias, incluyendo la asignación de los recursos de personal, técnicos y financieros suficientes, para la búsqueda y esclarecimiento de la suerte de las personas desaparecidas. Al respecto, el Estado parte debería considerar la posibilidad de establecer un órgano específico encargado de la búsqueda de las personas sometidas a desaparición forzada, que posea facultades y recursos suficientes para llevar adelante sus funciones de manera efectiva.

“Los jueces de la dictadura franquista continuaron en democracia”

El funcionario de la ONU estuvo en España para entrevistar a distintas autoridades por la causa sobre las desapariciones durante la dictadura franquista. “Hay fiscales y jueces que comparten lo actuado por Baltasar Garzón, pero están muy aislados”, afirma.

 

Página /12 - Adrián Pérez 9/12/13

–Durante la visita a España, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Naciones Unidas, integrado por usted y Jasminka Dzumhur, se reunió con un amplio abanico de funcionarios, desde representantes del Poder Judicial hasta secretarios de Estado del gobierno de Mariano Rajoy. ¿Qué impresión se llevó de esos encuentros?

–Lo más interesante fue observar cierta apertura al diálogo en el sentido de responder a todas nuestras preguntas con información. No percibí una intención de ocultar o tener que atacar lo que nosotros íbamos a hacer. Es importante si se compara con la reacción de autoridades de otros países que asumen un tono mucho más defensivo, donde no se da información o simplemente se cuestionan las preguntas de los miembros del grupo. Hubo menos apertura en los encuentros con autoridades del Poder Judicial. La posición de los magistrados con los que nos reunimos fue mucho más categórica que las autoridades del gobierno.


–Esa apertura al diálogo, sin embargo, no se traduce en políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

–Lo que percibimos en las reuniones y la actitud de las autoridades en relación con nosotros no necesariamente representa un compromiso con las desapariciones forzadas. Tenemos muy claro que una cosa es el diálogo que podamos trabar con las autoridades y otra la evaluación que podemos hacer de las políticas públicas y las omisiones del gobierno. No lo vemos como una contradicción, sino como una de las formas en que el gobierno se relaciona con un organismo de Naciones Unidas, como nuestro grupo de trabajo.


–El panorama que describe muestra una actitud corporativa del Poder Judicial...

–Evidentemente, es una de las áreas donde mayores problemas hay para avanzar en el tema de desapariciones forzadas: dificultades con decisiones que están tomando en muchos aspectos; también la pasividad con que reaccionan ante casos de desapariciones forzadas de la Guerra Civil. Por un lado, está la manera en la que actúan en esos casos y, por otra parte, las teorías jurídicas que utilizan en sus decisiones.


–Ambas reacciones son problemáticas. ¿A qué responden?

–Una de las explicaciones que nos dieron es que, a diferencia de otros países que pasaron de dictadura a democracia, en España no hubo un quiebre en la conformación del Poder Judicial. Los jueces que vinieron de la dictadura franquista continuaron en la época democrática. Muchos de los que hoy son magistrados en los tribunales más altos de España ingresaron en la carrera judicial en la época del franquismo. De modo que hay una suerte de continuidad en la composición del Poder Judicial. Hay un hecho que nosotros vemos con preocupación. A Baltasar Garzón, el único juez que se animó a realizar una investigación seria y demostrar de manera sistémica que hubo violaciones gravísimas a los derechos humanos durante la Guerra Civil y la dictadura, no sólo se le revocó la decisión judicial, que hubiera sido suficiente para corregir los eventuales errores, sino que se lo juzgó por prevaricato, el peor delito que un magistrado puede cometer como juez.


–Aun cuando fue absuelto, el proceso judicial contra Garzón sentó un precedente negativo para la investigación de los crímenes del franquismo.

–Los jueces del Tribunal Supremo utilizaron el juicio para decir “estos son los principios que se tienen que aplicar” y señalar que no se pueden abrir investigaciones judiciales por las personas desaparecidas en el franquismo. Porque esos crímenes están prescriptos y los responsables están muertos; porque aplicaría la Ley de Amnistía; porque la desaparición forzada no es un delito continuado; porque no hay crímenes internacionales en el momento en que ocurren estas desapariciones. Esto es básicamente lo que dice el Tribunal, en una decisión donde no está convocada a expedirse sobre la causa judicial sino sobre la conducta del juez. Pero sienta esta jurisprudencia. Los jueces españoles pueden tomar la resolución del Tribunal Supremo, copiarla y cerrar todas las causas judiciales abiertas.


–Entonces la decisión del Tribunal Supremo produjo un efecto intimidatorio hacia el resto de los jueces.

–Al juez Garzón el Tribunal le dice que actuó erróneamente y ahora todos los demás jueces saben cuál es el error que cometió. De modo que si otro magistrado hoy reabre una causa judicial con la misma teoría que aplica Garzón, no sería una equivocación, sino que estaría actuando dolosamente, porque ya le dijeron cómo tenía que hacerlo. Mientras Garzón tenía abierta la causa, varios fiscales habían empezado a tomar las mismas teorías para impulsar investigaciones paralelas. Cuando el Tribunal Supremo dice esto, todas las causas se cierran. Garzón se declaró incompetente y transfirió la causa a setenta juzgados en todo el país para que continúen las investigaciones individualizadas. Todas, salvo dos, fueron archivadas copiando los argumentos del Tribunal Supremo. Desde entonces, ningún fiscal se animó a impulsar una investigación. Hoy quedan dos causas abiertas, que están congeladas sin que haya avances. Lo que se hizo, a través de esta decisión del Tribunal Supremo, fue establecer un cerrojo judicial para que no haya nuevas investigaciones en materia de desapariciones forzadas.


–Su grupo de trabajo propuso revisar la resolución del Tribunal Supremo y actuar en consecuencia.

–Nuestra esperanza es que el Tribunal Supremo revise su jurisprudencia o que existan jueces dispuestos a abrir espacios. Creemos posible que los magistrados tomen nuestras teorías y encuentren respaldo en el derecho internacional. Ese fue parte del objetivo que utilizamos al hacer nuestro informe preliminar.


–¿Por qué algunos jueces españoles podrían ser receptivos a las sugerencias del grupo de trabajo de la ONU? ¿Dónde observó gestos de apertura?

–En encuentros que mantuvimos fuera de las reuniones oficiales. Nos vimos con jueces y fiscales, de manera individual, que nos han pedido reuniones. No damos los nombres de las personas con las que nos vimos, pero sabemos que existe cierta voluntad de algunos jueces y fiscales.


–¿Qué inquietudes le manifestaron?

–Es necesario crear algún espacio de resguardo. Jueces y fiscales dispuestos a avanzar en estas investigaciones, que no acuerdan con las decisiones del Tribunal Supremo y coinciden, en líneas generales, con lo hecho por Garzón, se sienten aislados y con temor al potencial futuro de su carrera en el Poder Judicial o en la Procuración de Justicia.


–Además de Madrid, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias visitó Andalucía, Cataluña y el País Vasco. ¿Cuáles fueron los principales reclamos de las asociaciones de memoria histórica y de las víctimas del franquismo en esas comunidades autónomas?

–Quieren saber qué pasó con sus padres, abuelos, tíos. En todas partes, el reclamo fundamental tiene que ver con la verdad. Luego viene el pedido de justicia. La familiar de un desaparecido nos dijo: “El único juez que se animó a investigar terminó siendo procesado. Y a nosotros, que pedíamos la investigación de las desapariciones forzadas, nos archivaron todos los expedientes”. El tercer reclamo se relaciona con la reivindicación de la memoria. Necesitan que las fosas comunes sean preservadas. Eso se ve claramente en la política pública que están realizando en Cataluña, donde el gobierno ha puesto mucho énfasis en el proceso de dignificación de la memoria. Verdad Memoria y Justicia son los principales reclamos. Diría que el principal es Verdad.


–La jueza María Servini de Cubría ordenó la detención internacional de cuatro ex policías de la dictadura franquista. En su última visita a la Argentina, el abogado Carlos Slepoy pidió que las órdenes de detención alcancen a tres ex ministros de Franco y dos ex jueces. ¿Es posible llevar a cabo esta medida judicial en el contexto político de España? ¿Cuáles son los pasos que debe cumplir el Estado español en ese sentido?

–Si se aplican las teorías que el Tribunal Supremo sentó en el juzgamiento de Garzón habrá dificultades judiciales. Y, al mismo tiempo, el proceso de extradición en España requiere que la decisión final sea del Poder Ejecutivo y no del Poder Judicial. De modo que primero tiene que dar el visto bueno el Poder Judicial español. Una vez que autoriza la extradición, el Consejo de Ministros del Gobierno da el visto bueno final. El proceso va a ser sumamente complejo.


–¿Qué pasa si España rechaza las extradiciones?

–Si eso sucede, desde el punto de vista del derecho internacional España tiene la obligación de juzgarlos. Si no hace lugar a las extradiciones pero reabre las causas judiciales y prosigue con las investigaciones causaría un efecto muy bienvenido.


–Soledad Luque Delgado también viajó a Buenos Aires, donde presentó una querella por el robo de bebés en España. ¿Cómo analiza esos crímenes?

–Hay un espacio de apertura donde estamos viendo qué va a suceder y tiene que ver con la investigación de lo que en España llaman niños robados. Este proceso empezó en el contexto de la Guerra Civil y la dictadura pero parece que se mantuvo hasta bien entrada la democracia, en los ’80 y ’90. De acuerdo con la Fiscalía General, ninguno de estos casos ha prescripto; todos estos crímenes de sustitución de identidad son delitos que continúan cometiéndose en el tiempo. Estas dos teorías, si siguen avanzando, permitiría utilizar los mismos argumentos para investigar desapariciones forzadas. Si estas causas por robo de bebés prosperan, podría abrirse una brecha en ese cerrojo judicial.


–¿Por qué es necesaria la creación de una institución estatal independiente sobre personas desaparecidas en España?

–Porque es primordial darle visibilidad al tema y demostrar que el Estado asume su compromiso. La sola existencia de esta institución sería importantísima. A nivel nacional, en el gobierno español no hay un organismo que hable de desaparición, memoria y víctimas. La única entidad que existía, la oficina de atención a las víctimas, fue cerrada y absorbida dentro de la División de Derechos de Gracias y Otros Derechos del Ministerio de Justicia. No sólo se le quitó visibilidad: en los últimos dos años no tuvo presupuesto.


–¿Y cuáles serían los objetivos de esta institución estatal?

–Debería ser el espacio donde se compile toda la información que existe en materia de desaparición forzada en España. Hay innumerables estudios pero ningún organismo estatal los está sistematizando para analizar los patrones de represión o víctimas. Otro rol importante es coordinar con todas las iniciativas que se dan a nivel de las comunidades autónomas. Hemos visto, durante nuestro viaje, que en muchísimas comunidades se está avanzando, pero de manera descoordinada. Y también asumir la responsabilidad en el desarrollo y ejecución de un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas.


–¿Cuáles son las líneas de acción que debe atender este plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas?

–A nivel estatal, deben crearse equipos multidisciplinarios de búsqueda con arqueólogos, antropólogos, psicólogos, historiadores y abogados para llevar adelante los procesos de exhumación. En segundo lugar, este programa nacional tendría que centralizar información de lugares donde potencialmente pueda haber desaparecidos. En España existe un mapa con unas tres mil fosas comunes identificadas. No todas las comunidades autónomas han elaborado ese mapa de fosas. En tercer lugar, tendría que generar un proceso de apertura de todos los archivos que pueda haber a nivel estatal, de las comunidades autónomas y en poder de la Iglesia Católica. En cuarto lugar, es necesario crear planes de trabajo en coordinación y con la participación de las víctimas y las asociaciones de memoria. En quinto lugar, habría que hacer una revisión muy seria de los archivos sobre el Valle de los Caídos. En ese lugar hay 35 mil personas enterradas, tanto del bando nacional franquista como republicano, de las cuales doce mil están sin identificar.


–¿Qué otras recomendaciones hizo el grupo de trabajo?

–Es fundamental elaborar dos bases de datos que no existen: una base de datos genéticos de todas las personas que buscan a sus seres queridos y otra de datos genéticos de las exhumaciones que se realizan, con restos que al día de hoy no han sido identificados. El plan nacional, además, debe contar con recursos suficientes. Hoy no hay asignado un solo centavo por parte del Estado español para las exhumaciones.


–El paso del tiempo conspira para que esta iniciativa prospere.

–Este plan tiene que realizarse de manera urgente. Los últimos testigos o familiares que vieron con vida a las personas desaparecidas entre 1936 y 1939, período en el que se produjo el mayor número de esos crímenes, hoy tienen ochenta o noventa años. En una etapa prioritaria, el plan nacional debe obtener un registro oral y escrito de todas estas personas que tendrían algún tipo de información.


–Según usted, hasta la fecha fueron identificadas tres mil fosas. Pero podría haber más. ¿Cuántas se calculan en todo el territorio español en total?

–Nadie nos dio ese dato.


–Una demanda relacionada con la memoria tiene que ver con el Valle de los Caídos, monumento cuya construcción fue ordenada por el dictador Francisco Franco.

–Muchas de las víctimas de la dictadura consideran que éste no es un memorial donde sus seres queridos estén debidamente representados y tratados. Y mucho menos, en el mismo lugar donde está enterrado Franco. Otro tema paralelo en memoria se vincula con la quita de todos los símbolos y apologías de la época franquista: desde el cambio en el nombre de calles hasta la remoción de monumentos y placas recordatorias. Esto último ya se comenzó a realizar.


–¿Cómo interviene el Poder Judicial ante la existencia de fosas comunes? ¿Qué sucede en los ayuntamientos y comunidades autónomas?

–Hoy, si se realizan exhumaciones, los jueces no participan. Si se abre una fosa donde supuestamente hay una persona desaparecida, el fiscal no se apersona para proteger la escena del crimen. Muchas veces ni la policía está presente. Hay una renuencia total a cualquier intención de investigar. Algunas veces, los ayuntamientos prohíben realizar las exhumaciones, dependiendo del signo político que gobierne. El plan nacional debe tener un establecimiento claro de las responsabilidades institucionales y obligaciones para permitir las exhumaciones y excavaciones.


–Son las asociaciones de memoria, junto a los familiares, quienes mayormente llevan adelante excavaciones y exhumaciones. Pero, sin un protocolo que surja del mismo Estado, estas prácticas pueden perjudicar la identificación de los desaparecidos.

–La información que hemos recibido es que hay una capacidad profesional importante que se ha desarrollado sin ningún tipo de apoyo sistémico del Estado y sin un marco jurídico claro. Gran parte de las exhumaciones se hicieron con distinto grado de profesionalismo.


–En los procesos de exhumación que se practican en España no interviene, como sucede en la Argentina, una entidad con la expertise del Equipo Argentino de Antropología Forense.

–Lo más parecido que hay es una entidad científica del País Vasco: (Sociedad de Ciencias) Aranzadi. No hay nada como el Equipo Argentino de Antropología Forense.


–La experiencia del Equipo Argentino de Antropología, que llevó su colaboración a Irak, Guatemala, Libia y México, entre otros países, podría ser un importante aporte en la búsqueda de desaparecidos en España.

–Cualquier apoyo internacional que haya para mejorar la forma en que se realizan las exhumaciones es bienvenido.


–No son pocas las dificultades que enfrentan quienes buscan justicia. El alcance de La Ley de Memoria Histórica es limitado, la vigencia de la Ley de Amnistía sigue siendo un freno, no está tipificada la desaparición forzada en el ordenamiento judicial, España carece de una ley de acceso a la información y no se desclasifican los archivos de la dictadura. ¿Cómo pueden vencerse esas barreras?

–Esos obstáculos individuales tendrían que superarse a través de las acciones del Poder Judicial. Resolverlos de manera integral, en cambio, requiere una conjunción de los tres poderes del Estado. La tipificación del delito de desaparición forzada, de manera autónoma, demanda una intervención del Congreso, que también debería establecerlo como un delito continuado e imprescriptible. El Consejo de Ministros debe autorizar la desclasificación de archivos. La gran mayoría de los obstáculos podría ser superada, en principio, con un Poder Judicial mucho más activo que utilice, de manera más consistente, las normas internacionales en materia de derechos humanos. En países como Chile hubo importantísimos procesos judiciales y se logró condenar a muchas personas por desapariciones forzadas, aun cuando se mantiene la vigencia de la Ley de Amnistía y no hay un delito autónomo de desapariciones forzadas. Es posible juzgar si hay voluntad del Poder Judicial, a pesar de las limitaciones que imponen los Estados. El punto fundamental es qué actitud asumen los jueces frente a estos obstáculos.

Mundo del revés: Garzón cerró medios y avaló torturas a periodistas, en Argentina le dan un Premio sobre `Libertad de expresión´

Insurgente.org 

Por Iniciativa “Garzón en Argentina”: Este miércoles, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, organismo surgido a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que sustituye al COMFER de la dictadura, dará a Baltasar Garzón el llamado "Premio AFSCA".

Insólita decisión que encubre los cierres de medios de comunicación que el ex juez español ordenó en España, con demostrados hechos de torturas a los empleados de varios de ellos.

Diario EGIN, la Radio Egin Irratia, la revista Ardi Beltza (Oveja Negra, en lengua vasca), la revista Kale Gorria (Calle Roja), Revista Solidaridad (Revista de la ilegalizada por Garzón Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos, cercana al movimiento antifascista)...

No son los únicos casos de esta particular relación de Garzón con la prensa de izquierdas.

 Durante la llamada "Operación Garzón contra el independentismo catalán", llevada a cabo en 1992 para garantizar la "paz olímpica" previa a los Juegos Olímpicos de Barcelona, fueron torturados durante el operativo de la Guardia Civil, los periodistas Oriol Malló y Eduard López, ambos trabajadores de los semanarios catalanes El Temp y El Punt respectivamente.

Suerte parecida corrió el periodista gallego Pepe Rei, autor del libro Garzón, la otra cara, un reportaje de investigación que ha servido de fuente para muchos reportes de esta iniciativa; también denunció los vínculos de las fuerzas de seguridad españolas en el aumento de la circulación de droga entre los barrios populares del País Vasco y Galicia.

Y la historia no termina aquí. La periodista catalana Teresa Toda, subdirectora de Egin, fue encarcelada por Garzón acusada de colaborar con la organización armada vasca ETA, categoría a la que han ingresado centenares de presos políticos en España gracias a la teoría del "todo es ETA", impulsada por Garzón.

La misma situación vivieron el propio director de la revista, Jabier Salutregi y los miembros del Consejo de Administración Isidro Murga, Patxo Murga, Karlos Trenor, Xabier Alegria, Joxean Etxeberria, Pablo Gorostiaga, Jexux Mari Zalakain, Manu Intxauspe, y José Luis Elkoro.

Tampoco está de más recordar el caso de Tayseer Alouni, reportero sirio de la cadena árabe Al Jazeera, que fue detenido por Garzón tras haber sido el único periodista que consiguió hacer una entrevista al líder de Al Qaeda Osama Bin Laden.

Esta detención se hizo en el marco de la participación española en la guerra de Irak y donde Garzón, si bien se presentó como orador en una manifestación anti Guerra, detuvo a Alouni en función de la lógica que EEUU y el Gobierno español estaba desarrollando contra ciudadanos de origen árabe. Hubo numerosas protestas de trabajadores de prensa de todo el mundo.

En el marco de la misma operación que Garzón ordena para cerrar Egin, el compañero de Garzón en la Audiencia Nacional, el juez Juan del Olmo, ordenó cerrar el único diario en lengua vasca en esa época Euskaldunon Egunkaria, operación donde fueron torturados cinco de sus trabajadores, entre ellos su director, Martxelo Otamendi.

Este último caso terminó con los imputados absueltos, y en el caso de Egin, nunca se pudo comprobar las acusaciones de Garzón, pero se consiguió llevar a la empresa a la ruina económica.

Son solo una lista, no exhaustiva, del aprecio que tuvo Garzón por la libertad de prensa cuando era juez en la Audiencia Nacional.

AMNESIA: Hebe de Bonafini que en su momento denunció a Garzón por avalar las torturas de militantes vascos terminó sucumbiendo a la amnesia general y ahora es una de sus grandes defensoras, amén de entregarle el pañuelo de las Madres a otro que bien baila, Aníbal Fernández, el mismo funcionario que convalidó el asesinato de los piqueteros Maximiliano Kostecky y Darío Santillán.  

El apoyo al golpismo y sus medios en Venezuela

La beligerancia de Garzón con los medios de comunicación populares en España contrasta con la amistad y causa común que llevó adelante con el canal de televisión de Venezuela RCTV, que fue afectado en 2007 por una no renovación de su licencia administrativa de emisión analógica (pero que no afectaba a su emisión por satélite).

La decisión, adoptada por el gobierno del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez, estaba motivada por la abusiva concesión que había tenido el canal bajo gobiernos anteriores y que afectaba a la equitativa distribución del espacio radioeléctrico.

Hay que recordar que RCTV fue uno de los canales de TV que falsificó las pruebas audiovisuales de la llamada "Masacre de Puente Llaguno", donde los medios opositores distorsionaron las imágenes para hacer creer a los espectadores que los militantes chavistas disparaban a multitudes opositoras.(1)

Garzón acudió a Venezuela a dar apoyo a la dirección de RCTV junto a los empresarios de CONINDUSTRIA, que en ese momento llevaba una fuerte campaña de boicot y sabotaje económico contra el gobierno de Chávez.(2)

Llegados al absurdo de la amistad de Garzón con la prensa "libre", no está de más recordar la agresión de sus custodios a un periodista que lo fotografió tropezándose en el acceso principal de la Audiencia Nacional, al que ordenó arrebatarle la cámara en 1995.(3)

Sin embargo en nuestro país, le dan el premio que se otorga a los paladines de la libertad de expresión. Todo un premio a su trayectoria.

Los que conformamos esta Iniciativa recordamos con ternura a una Hebe de Bonafini y a Hebe de Mascia, que allá por 1999 mandaba palabras de aliento a los que en diferentes puntos del territorio ibérico eran perseguidos por el ahora adulado ex juez: "El que encarcela a la gente por lo que piensa es un Estado terrorista".(4)

1-http://videotecaalternativa.net/puente-llaguno-clave-de-una-masacre
2-http://www.cubainformacion.tv/index.php/otros-especiales/quitando-mascaras/1133-el-juez-garzon-en-venezuela-la-paja-en-el-ojo-ajeno
3-http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1995/03/28/011.html
4-http://lahaine.org/paisvasco/hebeelqueencarcela.htm

TESTIMONIO DE UN PERIODISTA AL QUE GARZÓN DEJÓ SIN TRABAJO

Garzón no cerrará más periódicos

Por Joxerra Bustillo ( periodista del diario Egin, clausurado por Garzón)

(este artículo fue escrito en febrero 2012, cuando a Garzón lo dieron de baja por simular investigar los crímenes del franquismo)

He seguido desde la distancia la peripecia judicial del juez de instrucción Baltasar Garzón. Desde que ordenó la clausura del diario "Egin" y la emisora "Egin Irratia", allá por julio de 1998, no es santo de mi devocion, por razones obvias. Para quien no lo sepa, fui uno de los periodistas damnificados por aquel cierre y varios compañeros de trabajo y amigos permanecen hoy en la cárcel con motivo de aquella operación made in Garzón.

La sentencia que se ha conocido hoy, por la que se inhabilita y separa de la carrera judicial a este hombre, supone un gran alivio. Ya no ordenará el cierre de más periódicos. Ya no ordenará más escuchas a abogados de presos. Ya no seguirá haciendo lo que le venga en gana, como ha hecho hasta ahora.  Incluida su cínica postura ante las innumerables denuncias de tortura realizadas cara a cara por presos vascos.

No soy ingenuo. Sé perfectamente que quienes lo han denunciado son una cuadrilla de sinvergüenzas relacionados con tramas de corrupción, pero si el axioma de que el fin no justifica los medios debe prevalecer, Garzón también debe cumplirlo. En el caso de los abogados de presos vascos siempre se ha saltado ese principio. Se han grabado las conversaciones de los abogados con sus defendidos como norma habitual. Garzón, y otros jueces de instrucción como él, han actuado a su antojo, amparados en la razón de Estado.

Policías encapuchados clausuran el periódico Egin, obedeciendo órdenes de Garzón

El paradigma ha cambiado cuando esa práctica ilegal y antidemocrática les ha sido aplicada a abogados de detenidos de alto estanding, implicados en la trama Gürtel. Garzón se pasó de listo y pinchó en hueso. Se creía, como el Borbón, intocable, cuando se había labrado una interminable lista de enemigos. Y se ha quedado fuera de su querida Audiencia Nacional, para siempre.

En el caso de las víctimas de la Guerra Civil, guiado por su megalomanía enfermiza, ha intentado abrir una Causa General contra el franquismo. Un loable afán, si no fuera porque se ha acordado tarde de las víctimas y se ha saltado a la torera los pactos que los antecesores de quienes ahora le jalean -léase el PCE y el PSOE- suscribieron a escondidas con los franquistas reciclados, encabezados por Suárez y Fraga. Esa Causa General debió ser abierta a instancias de un primer gobierno democrático tras la muerte de Franco, incluyendo entre los acusados a su sucesor en la Jefatura del Estado, pero nunca se hizo, y de aquellos polvos estos lodos.

Por otra parte, da lástima esa "izquierda garzoniana", que olvida todos los atropellos protagonizados por este juez estrella, y se agarra como clavo ardiendo a su paripé contra Pinochet y su guiño judicial a los que reclaman, con dignidad, la memoria histórica de los derrotados. Una "izquierda" patética, incapaz de plantar cara a una Constitución monárquica infumable, verdadero obstáculo para una verdadera regeneración democrática del Estado español. Siempre les quedará la opción de auparlo de líder carismático cara a las próximas contiendas electorales.

Pero más allá de esas miserias políticas, lo significativo, lo que tiene verdadero relieve, es que un juez de instrucción que ha protagonizado a lo largo de su carrera en la Audiencia Nacional incontables irregularidades, ha sido, por fin, puesto en su sitio por sus compañeros del Tribunal Supremo y además por unanimidad. Seguro que en la sentencia han podido influir prejuicios personales y políticos contra él, pero esa circunstancia es el pan nuestro de cada día en esas instancias.

Retirado de la primera línea de combate en defensa del Estado, por su propia prepotencia, el juez que elaboró la teoría del "todo es ETA" acaba su carrera profesional, saliendo por la puerta de atrás. Ahora lo único que deseo es que su reciclaje profesional no tenga nada que ver con Euskal Herria y sus gentes. Viviremos más tranquilos.

El Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona cierra la puerta a Garzón

Como cada año, Barcelona acoge esta primavera el Festival de Cine y Derechos Humanos. Una edición que este año, según la programación inicial, debería haber presentado Baltasar Garzón. Sin embargo, ante las insistentes quejas de entidades como la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, la organización decidió dar marcha atrás y vetar la participación del exjuez de la Audiencia Nacional.

 

Carta de la Coordinadora per la Prevenció i Denúncia de la Tortura a la organitzación del Festival de Cinema i Drets Humans de Barcelona 

 

naiz: Barcelona |2013/05/21

Hace ya unas semanas, el Festival de Cine y Derechos Humanos, que cada año se celebra entre Barcelona, Nueva York y París, anunció que la inauguración de la edición de 2013 correría a cargo del exjuez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón. Un hecho que provocó la queja y el enfado de numerosos colectivos catalanes, que no entendieron cómo un festival de este prestigio –es un referente reconocido por la UNESCO– podía dar cabida a una persona con un historial como el de Garzón. 

Y es que tampoco en Catalunya se le tiene especial estima a este juez, a quien se le recuerda sobre todo por operaciones como la de 1992 contra militantes independentistas –también llamada ‘Operación Garzón’– o la persecución, detención y tortura de los jóvenes de Torà, en 2003. Así lo corrobora el libro ‘Te presento al juez Garzón’, publicado recientemente en Barcelona.

Razones por la que numerosos colectivos como la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) se dirigiesen a la organización del Festival por carta para pedir explicaciones y demandar la retirada de Garzón como presentador del evento, al considerar inadecuada su presencia en un certamen que tiene como eje los derechos humanos.

La presión y los argumentos de los demandantes fueron escuchados por la organización, que unos días antes del inicio del festival anunció que Garzón no estaría presente en la edición de 2013; así como tampoco un documental centrado en su figura y en el caso de las víctimas del franquismo. Una rectificación que permite mantener el prestigio de este festival –iniciado el pasado miércoles–, que este año tiene como protagonistas, entre otros, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y al colectivo Stop Bales de Goma.

Algunos quieren convertir la querella contra el franquismo en un circo

No en nuestro nombre

Garzón podría declarar, contra nuestra voluntad, en el caso contra el franquismo en Argentina.
De hecho, nosotrxs esperamos que el propio Garzón, algún día acabe en el banquillo, tras sus actuaciones y paso por la A.N española, heredera del Tribunal político y especial... de Orden público (TOP)

19 mayo 13 - Sare Antifaxista * Madrid
El abogado argentino que lleva la querella presentada en este país contra los crímenes del franquismo, Carlos Slepoy, afirmó que es posible que el juez estrellado Baltasar Garzón, declare a finales de este mes ante la togada argentina María Servini, que investiga la causa.
En declaraciones a la prensa antes de intervenir en un acto organizado por la Red Ciudadana de Apoyo a la Querella Argentina, Slepoy afirmó que preven que en junio viajen a este país querellantes, denunciantes, legisladores y alcaldes para declarar ante la juez.
Están previsto además, que declaren varias víctimas del franquismo por videoconferencia.

Algunos quieren convertir la querella contra el franquismo en un circo.
Garzón podría declarar, contra nuestra voluntad, en el caso contra el franquismo en Argentina.
De hecho, nosotrxs esperamos que el propio Garzón, algún día acabe en el banquillo, tras sus actuaciones y paso por la Audiencia Nacional española heredera del Tribunal político y especial... de Orden público (TOP).
Si alguien desde la RED AQUA pretende rehabilitar, promocionar o encumbrar al juez estrellado Baltasar Garzón, utilizando bastardamente, la querella contra el franquismo, que con nosotrxs no cuente.
Y si esto fuera asi, en una politica cobarde de hechos consumados, la participacion de la 'Frankismoaren Aurkako Kereilaren Euskal Plataforma' en todo esto, no tendría ningún sentido y la alternativa seria la de seguir nuestro propio camino en solitario (mejor solos que mal acompañadxs). 

Garzón en Argentina: en nuestro nombre, no

Nizkor 03nov12

Realmente sorprende la persistente desmemoria que sufren algunos funcionarios e integrantes de organismos de derechos humanos argentinos. En la última semana, Garzón fue recibido con todos los honores por el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabbatella, luego, el ministro del Interior Florencio Randazzo, le entregó la residencia argentina y un DNI para que se sienta como un connacional más y siga con sus tareas de asesor de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados de la Nación, y por último, el ex juez fue invitado de honor en el Senado bonaerense, de una actividad en la que hizo de anfitrión el vicegobernador Gabriel Mariotto.

En todos estos escenarios, Garzón se lució ponderando la Ley de Medios, agradeciendo el ser residente argentino con plenos derechos y se jactó de todo lo que él ha hecho por los derechos humanos.

Sólo en "el mundo del revés", al decir de Eduardo Galeano, un ex juez que tiene sobre sus espaldas la pesada mochila de haber clausurado varios medios de comunicación en el País Vasco, puede jactarse de hablar, sin ruborizarse, de la Ley de medios, que aquí fue forjada con la movilización popular.

Baltasar Garzón, al que tanto se alaba por estas tierras, no sólo cerró "Egin, uno de los diarios de mayor circulación (más de 70 mil ejemplares) en el País Vasco y el Estado español, sino también una de las radios más escuchadas: "Egin irratia". Y lo hizo con violencia, ordenando la detención de varios de sus periodistas, entre ellos su director Xabier Salutregi y su vicedirectora, Teresa Toda. Ambos, después de 12 años de palizas, traslados, dispersión y todo tipo de atropellos, aún continúan en la cárcel.

¿Cuál fue su delito? Muy simple: defender la libertad de expresión y ejercer el periodismo de una manera similar a la que se refiere la Ley de Medios argentina que ahora el ex juez tanto elogia.

Pero hay más: las instalaciones del matutino fueron ocupadas por 300 agentes de la policía española, que haciendo uso de la impunidad concedida por Garzón, destrozaron el mobiliario, y robaron parte del voluminoso archivo, en el que se encontraba importante material sobre las andaduras de jefes policiales y cargos políticos vinculados al narcotráfico y los escuadrones de la muerte, que tanto aterrorizaron al pueblo vasco. Gobernaba España en esos momentos, nada menos que el ultraderechista José María Aznar, quien al ser informado sobre el cierre y atropello policial contra "Egin", declaró: "¿Creían que no nos íbamos a atrever?".

Garzón se caracterizó siempre por armar sumarios que luego con el tiempo son desechados por incorrectos o farsescos. Así fue como hizo ejecutar la clausura de Egin en 1998 , y años después, en 2009 los Tribunales resolvieron contrariamente a la anterior resolución, declarando que la actividad del diario no era ilícita, pero claro, debido al tiempo transcurrido no fue posible volver a reabrir ni el periódico ni la radio.

No contento con ello, tiempo después el juez la emprendió contra dos revistas de información general y amplia difusión en todo el Estado español. Se trata de "Ardi Beltza" (Oveja Negra), a la que clausuró, y "Kale Gorría" (Calle Roja), a la que acorraló de tal forma, que tuvo que cerrar. Las dos publicaciones estuvieron dirigidas por un excelente periodista, al que los latinoamericanos que tuvieron la suerte de compartir con él esas redacciones, denominaban "el Rodolfo Walsh" del País Vasco. Se trata de Pepe Rei, quien, inculcó a las nuevas generaciones de periodistas vascos la idea de investigar y contrastar la información, y que logró reconocida fama por descubrir mil y un chanchullos de funcionarios corruptos, cargos policiales dedicados a armar grupos ilegales (tipo la Triple A), redes de prostitución y de trata, y desaparición de ciudadanos. Además, denunció valientemente las maniobras de la derecha de Aznar y compañía, contra los pueblos rebeldes latinoamericanos.

El colega Pepe Rei fue perseguido hasta el hartazgo por Garzón, quien lo envió a la cárcel en varias oportunidades, y allí sufrió el habitual maltrato al que eran sometidos la totalidad de los presos y presas vascas condenados por Garzón. Pepe Rei, además de periodista es escritor, y el autor de un libro que debería ser de consulta para aquellos que hoy le canta loas al juez represor: "Garzón, la otra cara" (de Editorial Txalaparta).

Garzón es un hombre que ha hecho del show mediático casi un oficio, y evidentemente le da buenos frutos. Lo paradójico es que quienes hoy lo elogian en Argentina, muchos de ellos militantes del campo popular, parecen no querer enterarse (porque a esta altura de la tecnología informática, sólo bastaría con poner su nombre en cualquier buscador) que es el mismo personaje que asesoró al ex presidente colombiano Alvaro Uribe Vélez y hoy lo hace con el presidente Santos. Sobre su relación con el primero, basta leer lo que declararon en febrero de este año numerosas comunidades indígenas del Cauca: "Nos duele que haya sido Baltasar Garzón quién haya avalado en un primer momento el proceso de reingeniería paramilitar, llamado desmovilización, por la seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez, afirmando que era un modelo de justicia". (ver declaración completa en: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/bgarzon1.html)

Garzón también fue duramente criticado por el diario mexicano La Jornada (en un artículo editorial de su directora Cármen Lira) tras haber intentado interrogar ilegalmente en una cárcel del DF a deportados vascos. Es la misma persona al que los revolucionarios venezolanos que apoyan al presidente Hugo Chávez, acusaron de injerencista por haber viajado en varias oportunidades a ese país para apoyar a la oposición. No son pocas las fotos y artículos de diarios fascistoides venezolanos en el que se ve a Garzón en amable tertulia con los ultra opositores Marcel Granier, cuando fungía de director de RCTV y Alberto Federico Ravell, ejecutivo del canal Globovisión.

Tanto metió sus narices Garzón en Venezuela bolivariana, haciendo campaña contra la no renovación de licencia al canal gorila RCTV ("Cerrar un medio de comunicación no es el mejor sistema para garantizar la libertad de expresión", declaró en su momento), que el ex vicepresidente chavista, Jorge Rodríguez le contestó que era un "payaso que nada tenía que hacer en la política soberana venezolana", mientras que el ministro de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, declaró que el juez era un "cobarde y mentiroso", que parecía obedecer instrucciones del gobierno español que apoyó el golpe de Estado en Venezuela en 2002.

No, Garzón no puede hablar de libertad de expresión, cuando durante toda su gestión lo que hizo fue entorpecerla y acosar policialmente a quienes la practicaban.

No, Garzón no puede hablar de derechos humanos, cuando es el culpable de que cientos de presos vascos estén pudriéndose en las cárceles españolas y francesas, a pesar de denunciar, ante el propio Juez, cuando ejercía de amo y señor del tribunal franquista denominado Audiencia Nacional, que habían sido brutalmente torturados, con métodos que no tienen nada que envidiarle a los que practicaron los militares argentinos en la ESMA o en cualquiera de los campos de exterminio.

El juez escuchó una y otra vez, sin inmutarse, o lo que es peor apelando a un comportamiento altanero y megalómano, cómo decenas de jóvenes vascos, destruidos por la tortura, relataban ante él las inocultables sevicias a las que los habían sometido los policías y la Guardia Civil española. Quien esto escribe nunca va a olvidar, mientras cubría periodísticamente uno de los tantos juicios montados por Garzón contra la militancia vasca, el rostro desencajado de una jovencita que relataba ante el juez cómo la había violado con un palo de escoba. Garzón, como respuesta, bostezó y le dijo, "no invente más y declare lo que se le está preguntando".

Ayer mismo, una militante política vasca, Aurore Martín, fue detenida y trasladada por la policía a la Audiencia Nacional, para cumplir con una antigua instrucción del "derecho y humano" Garzón. Incluso destituído y acusado judicialmente, el ex juez sigue enviando jóvenes de la disidencia vasca a la cárcel.

No, Garzón no puede hablar de víctimas del Terrorismo de Estado, cuando él se constituyó en el mascarón de proa de la política represora aplicada por los gobiernos del PSOE y el PP, contra cualquier ciudadano o ciudadana del Estado español, pero sobre todo de Cataluña y el País Vasco, que ejerciera su derecho a la protesta y la rebeldía. Allí están para testimoniarlo los cientos de criminalizados, judicializados y encarcelados de organizaciones legales de la izquierda catalana, vasca, gallega y hasta madrileña, que han pasado por prisión. Allí está como documento audiovisual incontestable, la película "Operació Garzón. Contra l'independentisme catalá", que relata la razia represiva ordenada por el juez contra decenas de militantes catalanes durante las Olimpíadas de Barcelona en 1992. O las denuncias (perfectamente documentadas) de las luchadora valenciana por los derechos humanos, Empar Salvador, quien investigó junto con otros integrantes del Forum per la Memoria del País Valenciá, la existencia de miles de cadáveres de asesinados por el franquismo y enterrados en fosas comunes en Valencia. Empar acusa al juez Garzón de haber "cajoneado" y archivado las denuncias que le presentaron, y de esta manera provocar la paralización de lo que podría haberse convertido en un mega-juicio contra el genocidio franquista.

Se sabe que en esta campaña de ir desenmascarando a quien no es lo que dice ser, hay muchos ciudadanos del mundo que no aceptan el discurso y el show mediático al que permanentemente apela Garzón para situarse en la cresta de la ola y desde allí "blanquear" su pasado represor e impartir doctrina de hombre bueno y sabio. Sin embargo, es doloroso observar a gente que se dice progresista hacer de claque al discurso sinuoso y poco consistente de Garzón.

Todos ellos saben la verdad, incluso algunos, como Hebe de Bonafini que hoy abraza y reivindica al ex juez, visitó las cárceles vascas y escuchó a los presos relatar sobre las barbaridades judiciales impuestas por Garzón, y en varios diarios de Euskal Herria, ella misma denunció al juez como represor. Hoy, parece que muchos y muchas han perdido la memoria, precisamente en un país donde se pelea por ella a cada instante.

No es menor lo que está ocurriendo. En aras de estrechar vínculos con una figura que se ha construido una "nueva personalidad" y que tiene amplia cobertura mediática internacional, se perdonan atrocidades cometidas contra militantes que no son distintos a nuestros 30.000, se desinforma constantemente y se aplaude lo que hasta ayer hubiera sido tipificado como colaboracionismo con el Terrorismo estatal .

Allá ellos y ellas con su conciencia. Quienes defendemos la causa del pueblo vasco y reivindicamos la libertad de expresión allí donde nos paremos, los que condenamos la persecución y encarcelamiento a periodistas vascos por expresar opinión contraria a los intereses del fascismo español, los que nunca le hemos sacado el cuerpo a la lucha del pueblo argentino por llevar a la cárcel a los genocidas de la dictadura cívico-militar, no nos callamos, y repudiamos el papel nefasto que ha jugado Baltasar Garzón, a quien ahora se otorga la residencia argentina, como si fuera un héroe de la Patria.

Pueden hacerlo alegremente y seguir colgando medallas en el pecho de quien no las merece, pero no en nuestro nombre.

[Fuente: Por Carlos Aznárez, Resumen Latinoamericano, Bs As, 03nov12]

La Sentencia absolutoria de las actuaciones del Juez Garzón condena a las víctimas republicanas a la desigualdad jurídica - 14abr12

4º aniversario... nada que celebrar y mucho a seguir trabajando

Españistan  23 julio 2012

Hoy, como estos años atrás, le dedico unas palabras a este espacio de difusión que sigue cumpliendo su cometido, no a la velocidad vertiginosa de los primeros años pero si compartiendo faena con las páginas locales que la acompañan. Estas páginas aún siendo más recientes (cuatro de ellas tienen dos años en la red y la última un año y medio), forman junto con esta, el alma máter (como yo la llamo) un trabajo conjunto.

Podría abarcar muchas más cosas, más información, más documentación, bibliografía, actualidad, pero es el trabajo de una sola persona, la cual (miedo me da decirlo) ... trabajo, tengo familia, una vida privada y una militancia en la vida real. "Todo no es Internet", ni debe serlo, la Red es un medio de comunicación no un espacio que cuando apago el aparato nuestra vida transcurre ajena a ella como dos mundos paralelos que nunca confluyen.

En cuanto al titulo de tan poco festivo 4º aniversario, solo tengo que decir que no esta el patio para festivales...

Que os voy a decir que ya no sepamos, si a alguien le quedaba un atisbo de duda en cuanto este país nunca ha sido una democracia, poco les queda ya de aquel espejismo.

La brutalidad policial no es que haya vuelto es que nunca ha cesado, la diferencia radica en la pasividad y en el pasotismo de la población, en cuanto la gente se quiere manifestar... ¡¡ZAS!! porra y fusiles de pelotazos indiscriminados a la población, el derecho de reunión... dejarme que me sonría, nunca existió, y aquí tenéis la prueba de ello, cuando queréis libremente reuniros... fusiles de pelotazos, cabezas de gente sangrando, detenciones indiscriminadas, y algo que os sorprenderá y todavía no he visto que nadie lo mencionase... los cargos judiciales y las penas por atentado y resistencia a la autoridad que muchos van a tener que digerir.

Si amiguitxs, en este país si se tortura, si siguen existiendo las hostias como método represivo, la difamación al ciudadano indefenso ante la palabra del funcionario represor, cuando su palabra vale más que la nuestra... Un ejemplo vergonzante como todos los casos que se están dando... En una grabación en la que entrevistan a la mujer detenida en la calle Ferraz en Madrid en estos días pasados, le pregunta el periodista de que la acusan y ella contesta que un funcionario represor (estas son palabras mías) le dijo que ella le había hecho sangre en la boca con la pancarta que llevaba... La pancarta de esta señora que seguro dio la vuelta al mundo, sin duda lo sabemos, era un pequeño y blandengue cartón... pobrecito madero, le dió en la boca y le hizo sangre... ¡¡vaya, vaya!!, creo que me voy hacer un master de medicina forense... un madero con casco, con protección en la mandíbula y va la mujer y le hace sangre en la boca... ¿existirá parte de lesiones?, ¿habrá vida en el universo?, quién sabe, por aquí desde luego no creo que paren a nada, es más probable que pasen de largo. Ni como alimento... se envenenarían de tanta ignominia...

Podría seguir con el veranito de sobresaltos que nos llevan dando... "dejate robar y calla", este es su mensaje, se han acostumbrado durante la sangrienta transición a seguir aplicando la ley del embudo, ley franquista que como muchas más cosas nunca fue abolida, y nos la quieren seguir aplicando.

Una de la últimas burradas gubernamentales es la prohibición del aborto por malformaciones, el Estado, un partido en el gobierno se cree con derecho a obligar ya no a unos padres a pasar por esto, si no al propio nacido... supongo que entonces apesar de sus recortes en dependencia, recursos sociales y sanitarios, pensiones y educación, estas personas que van a nacer obligadas por el PP pasaran a ser responsabilidad, judicialmente hablando del ministro que la firme, ósea, Gallardón se deberá hacer cargo de su manutención, educación, y demás necesidades de por vida, ya que él, es el que decide que vengan a este mundo a decorar las calles cual pasado medieval, pidiendo a las puertas de sus sacro-santas iglesias, que por cierto ya sabéis, son los más necesitados y no les recortan en nada... ni siquiera sus cepillos pasan por el rasero del IVA ni de Hacienda que somos todos menos ellos.

En fin... nada ha cambiado, solo que la población es más consciente y los robos y estafas más visibles, la corrupción ya no cabe debajo de la alfombra.

A todo esto quiero sumar ya que la función de este espacio es la difusión; el 20 aniversario de la celebración de la olimpiadas de Barcelona... y como no, difundir la miseria de semejante evento deportivo... lo que callan y quieren ocultar.

20 años de la Barcelona olímpica... nada que celebrar... hoy sugiero que veáis un documental que a los que tengáis edad para ello os hará recordar ciertos sucesos "olímpicos de esta falsa democracia" el doble rasero de cierto siniestro personaje que en unos países es un verdadero ángel benefactor de la lucha por los Derechos Humanos...pero como dice el refrán en casa del herrero cuchillo de palo. Aquí en el Estado español la continuación de métodos anteriores y posteriores a 1978 era normal y habitual.

El documental al que me refiero es "Operació Garzón contra l'independentisme català", en tres idiomas que podéis encontrar en el mercado. Los que hayáis visto "Septiembre del 75" no lo podéis dejar de ver y los demás tampoco por supuesto... habrá, lo sé, quien se rasgue las vestiduras solamente por nombrar al "santo sanctórum" pero la culpa de esto es sin lugar a dudas de esas negras manos que santificaron y orquestaron todo una operación de marketing en las que las plazas de nuestras ciudades se llenaban por este señor, cuando las concentraciones por las víctimas siguen siendo minoritarias y olvidadas por este partido tan republicano y tan de izquierdas, que aquí en Barcelona, cuando ellos gobernaron, pegaron a los estudiantes con saña, nos persiguieron como quien dice hace dos días por las protestas por la llegada del papa de Roma... esa izquierda aburguesada en sus despachos y su decadente ecología...

Este año tampoco hay humor para aquel pase fotográfico que recordaba algunos de los eventos del año.

Hoy toca recordar y no olvidar estas otras imagenes que están sucediendo y van aseguir produciéndose, para que nos vamos a engañar.

Por último deciros que mis más intimas esperanzas, las tengo depositadas en la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo, aquí es imposible juzgar nada, ni tan siquiera son capaces de juzgar a quienes nos roban a cara descubierta. Por algo será...

Ciñera tomada por los antidisturbios

Ciñera: Antidisturbios asaltan domicilios particulares, y agreden ciudadanos #ResistenciaMinera

Entrevista con la señora retenida en Ferraz

Dos años como mínimo por convocar protestas a través de Internet

Podéis ver en Internet, muchos más vídeos y fotos de la brutalidad policial en estos días, esto es solo una pequeña muestra

Gracias por acompañarme en esta travesia y suerte para todxs

Garzon y la memoria historica

Diario Córdoba 6 de marzo de 2012- LUIS G. 06/03/2012

En reciente sentencia, el Tribunal Supremo absuelve y al mismo tiempo reprueba las actuaciones judiciales de Baltasar Garzón, en relación con el ejercicio del derecho a la justicia y la verdad de las víctimas de la dictadura franquista y sus descendientes. A partir de un habilidoso ejercicio jurídico y argumentativo, la sentencia consigue paralizar el intento de implicar a los juzgados ordinarios en la persecución de posibles delitos de desapariciones forzosas de miles de víctimas, y al mismo tiempo desactivar --mediante la absolución-- la previsible y potente respuesta social en apoyo al juez, con lo que ésta significaría de reforzamiento de la lucha por el conocimiento y reparación de los crímenes del franquismo.

Bajo un elaborado discurso de carácter técnico-jurídico, a lo largo de la sentencia late una visión profundamente conservadora de la historia social del periodo 1936-1952, que es el que se acota en la iniciativa judicial de Garzón. Así, se habla reiteradamente de "bandos" enfrentados, sin hacer una sola mención a la existencia de un Estado republicano democrático, previa al intento de golpe de Estado que acabó convirtiéndose en guerra civil, ni al fundamental hecho de que muchos de los 114.266 desaparecidos (cifra que ni siquiera aparece en la sentencia) lo fueron cuando ya no existía más que un solo "bando" con las armas en la mano, el vencedor. Desde el punto de vista historiográfico, la afirmación de que los "hechos" de la guerra civil y la "consiguiente posguerra" (se elude el uso del término dictadura) son "poliédricos" e interpretables, nos sitúa de nuevo en esa posición de equidistancia y reparto de culpas, que tan mal se compagina con las últimas y rigurosas investigaciones sobre el periodo. Claro que el relato histórico es interpretable, pero eso no quiere decir que toda afirmación sobre el pasado sea discutible.

En el caso de la guerra civil y la dictadura existe un amplísimo consenso entre los especialistas del periodo, desde historiadores liberales como Hugh Tomas o Anthony Beevor, hasta posiciones más críticas, representadas entre otros muchos por autores como Angel Viñas o Julio Aróstegui, en torno a tres afirmaciones básicas:

1) La guerra civil no fue un hecho histórico inevitable, sino la consecuencia de un golpe de Estado por parte de un sector del ejército español.

2) Desde un punto de vista cuantitativo, la violencia ejercida por los sublevados superó con creces a la llevada a cabo en la España republicana, y se extendió durante décadas tras el fin de la guerra.

3) Desde el punto de vista cualitativo, y en líneas generales, el sentido de la violencia también fue distinto en ambas zonas: de un lado, revistió un carácter sistemático y promovido por el poder militar franquista, mientras que fue la consecuencia en el otro de la quiebra del Estado republicano.

Para terminar, el argumento más utilizado a lo largo de la sentencia para desestimar la vía judicial como forma de esclarecer lo que ocurrió con esas 114.226 víctimas, es la vigencia de la Ley de Amnistía de octubre de 1977, que el Supremo cita como el ordenamiento legal que impide cualquier exigencia de responsabilidad penal con anterioridad a dicha fecha. Sin embargo, el apartado c) artículo 1 de dicha Ley limita la aplicación de la amnistía a aquellos actos que "no hayan supuesto violencia grave contra la vida e integridad de las personas". No se contempla por tanto una amnistía general, sino que se aplicará en cada caso en función de que los hechos enjuiciados sean susceptibles de amnistía, lo que no ocurre cuando hablamos de delitos contra la humanidad o simplemente contra la vida de las personas.

Desde el Foro por la Memoria Histórica de Córdoba planteamos que las exigencias de verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo no pueden depender de la voluntad y el trabajo de un juez, por muy admirable que sea su compromiso, sino que requieren de la existencia de un marco legal que excluya definitivamente los crímenes de la dictadura de la Ley de Amnistía y establezca la figura de una Fiscalía de la Memoria.

unto a esto, es necesaria la intervención directa del Estado democrático en la exhumación de las 1.204 fosas comunes repartidas por toda España y en el reconocimiento del papel histórico que desempeñaron víctimas y verdugos. En ello estamos y en ello seguiremos.

*Vicepresidente del Foro por la Memoria Histórica de Córdoba

Impunidad española: caso Garzón

Pese a lo que muchos auguraban, el desarrollo del proceso no ha deparado sorpresa alguna. El Equipo Nizkor predijo con impecable exactitud, lo que finalmente ha sucedido. La sentencia y las posteriores declaraciones del CGPJ, han certificado el modelo español de impunidad. Tal como lo ha venido vaticinado el Equipo Nizkor. Véase al respecto este comunicado de 2010:

http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/garzon47.html

Análisis del estado de la cuestión en estos momentos

El lunes pasado, el Consejo General del Poder Judicial, ha hecho público una declaración en donde, al tiempo que comenta su conformidad con la sentencia absolutoria, señala literalmente a la Ley de la Memoria Histórica (LMH) como el marco jurídico, en donde resolver las reparaciones derivadas de los crímenes franquistas, los desaparecidos y las exhumaciones de las fosas comunes; es decir, que excluye la vía judicial como resolver los crímenes franquistas.

¿Qué quiere decir esto? Sencillamente, que no se pueden perseguir los crímenes del franquismo, en ninguna instancia judicial española. Ni más ni menos.

De forma clara y sin ningún resquicio de duda, la sentencia y el propio CGPJ, declara a la Ley de la Memoria Histórica, como una ley subsidiaria de la Ley de Amnistía de 1977, de tal forma, que el bonomio jurídico representando por ambas leyes, constituye un muro fortificado de impunidad. Dicha estrategia de impunidad, fue creada por el gobierno del PP (al verse obligado a introducir en el Código Penal el art. 607.bis -calificación y penalización de los crímenes de lesa humanidad-, pero sin otorgarle a su aplicación efectos retroactivos), y por el posterior gobieno socialista, al promulgar la Ley de la Memoria Histórica.

El propio Consejo Supremo del Poder Judicial, ha sido finalmente el que acaba de reconocer públicamente, que la Ley de la Memoria agota todas las vías reivindicativas de justicia, en relación con los crímenes franquistas, consagrándola como una ley de impunidad y de punto final. Absténganse por tanto, quienes barajan todavía recurrir al Tribunal Supremo o el Constitucional.

Lo decíamos, antes incluso, de que se aprobase la LMH: la batalla hay que librarla ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo. Los destinatarios más veteranos de mis mensajes lo recordarán.

Floren Dimas.

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http://memoriayrepublica.org/