15 de enero de 2014

Estimada Mª José ... recuerda que aunque a veces hay malas experiencias, nunca debes retroceder ni rendirte, quien persevera alcanza.
Joan Busquets i Verges. Exmaqui libertario del Berguedá 28/12/2013
"Muero contento, porque equivocado o no, muero por una idea" Manuel Barreiro dos días antes de ser fusilado 12/3/1939


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jueves, 30 de octubre de 2014

Justicia Universal: quince colaboradores del régimen franquista ¡a declarar!

El Fiscal Federal Ramiro González
Redacción/Agencias. LQSomos. Octubre 2014
La “Querella Argentina” avanza día a día, el fiscal Ramiro González pide que se cite a indagatoria a 15 ex funcionarios de la dictadura franquista, entre ellos figuran cinco ex ministros del dictador.
 
El fiscal federal Ramiro González pidió citar a declaración indagatoria a 15 ex funcionarios del gobierno del dictador y genocida Francisco Franco, en la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en el estado español y que lleva adelante la juez federal María Servini de Cubría en base al principio de “justicia universal”. González sugirió también a la jueza evaluar “la viabilidad” de abrir una investigación para que se aplique el protocolo con que se investiga la apropiación de niños durante el terrorismo de Estado en la Argentina para los casos que eventualmente existieran en España.
 
El fiscal también impulsa que se pidan medidas de prueba referidas al rol de la Iglesia española en el franquismo. Además, pidió librar orden de detención y extradición para tomar declaración indagatoria a Abelardo García Balaguer, por el caso de una de las víctimas, María Flor de Lis Díaz Carrasco.
 
La jueza deberá decidir si hace lugar a las medidas pedidas por la fiscalía. González solicitó a la magistrada librar un exhorto a España para que se remita “copia autenticada de toda la documentación, tanto los archivos oficiales como los reservados, existentes respecto de la detención, tortura y fusilamiento” del ex Presidente del gobierno catalán Lluís Companys i Jover, entre otras medidas de prueba sobre lo ocurrido con la víctima.
 
Las medidas fueron sugeridas en un extenso dictamen elaborado tras una visita a España junto con la jueza, donde se tomaron declaraciones testimoniales y se recopiló información. “Los acontecimientos materia de investigación consisten en hechos atroces de lesa humanidad/genocidio entre los que se encuentran torturas, homicidios, desapariciones forzadas de personas y sustracción de menores, privación ilegal de la libertad calificada por la imposición de torturas y demás ilícitos que se desprenden de las presentaciones efectuadas habrían tenido ocasión, de manera aproximada, durante el período comprendido entre el 17 de julio de 1936 y 15 de junio de 1977″, sostuvo González.
 
El 15 de junio de 1977 fueron las primeras elecciones parlamentarias libres y pluralistas en España desde el 16 de febrero de 1936, recordó el fiscal. González pidió la declaración indagatoria por existir “estado de sospecha” del ex ministro de la Presidencia del franquismo Antonio Carro Martínez, del ex vicepresidente Licinio de la Fuente, del ex ministro de Hacienda Antonio Barrera de Irimo y del ex de Justicia José María Sánchez-Ventura Pascual. También del ex ministro de la Presidencia Alfonso Osorio García, del ex integrante del Consejo de Guerra Carlos Rey González, del capitán de Policía Jesús Quintana Saracíbar, del ex juez Antonio Troncoso de Castro y de siete policías más: Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Pascual Honroado de la Fuente, Jesús Martínez Torres, Benjamín Solsona Cortés y Atilano del Valle Oter.
 
Además, estimó que “se debería determinar la existencia de procesos en el Reino de España donde se investiguen los hechos por sustracción, retención y ocultación de menores” denunciados en la causa.
 
“Habría que solicitar al Vaticano que remita toda la información que obre en sus registros respecto de la participación de la Iglesia Española en la creación de la cárcel de Zamora”, consideró el fiscal entre otras medidas de prueba pedidas.
 
Pidió además que se ordenen exhumaciones en fosas comunes de cementerios españoles en busca de familiares de querellantes en la causa. Y concurrir en persona junto a la jueza al Castillo de Montjuic, en Barcelona, para “conocer el lugar donde se llevaron a cabo parte de los hechos de los que fuera víctima” el ex presidente catalán Lluis Companys I Jover “junto a miles de personas” y obtener “información al respecto”.
 
Algunas “perlas” de estos nuevos imputados:
 
Antonio Carro Martínez (Lugo, 1923)
Firmó la sentencia de muerte que ejecutó por garrote vil al anarquista Salvador Puig Antich el 2 de marzo de 1974. Doctor en derecho, fue el último ministro de la Presidencia que tuvo el Gobierno de la dictadura (cargo que mantuvo de enero de 1974 a diciembre de 1976). Como tal, firmó también las últimas condenas de muerte que ordenó el régimen, y que ejecutaron por fusilamiento, el 27 de septiembre de 1975 en Madrid, Barcelona y Burgos, a José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui Etxebarria.
 
También ha sido profesor en la Universidad de Madrid y letrado en el Consejo de Estado. Se mantuvo en política como diputado en la Legislatura Constituyente de España (1977-1979) y a lo largo de cuatro legislaturas más como diputado electo del PP en la provincia de Lugo. Algunas de las víctimas del franquismo que se han querellado contra él son Merçona Puig Antich; María Vitoria Sánchez Bravo Xolla; Flor Baena Alonso, Manuel Blanco Chivite, Vladimiro Fernández Tovar, Pablo Mayoral Rueda y Fernando Sierra Marco.
 
- Licinio de la Fuente ( Noez, Toledo, 1923)
Al igual que Carro Martínez, firmó la sentencia de muerte de Puig Antich mientras era vicepresidente del Gobierno de Carlos Arias Navarro, puesto que tuvo entre 1974 y 1975. De 1969 a 1975 fue también ministro de Trabajo. Después se convertiría en uno de los fundadores de Alianza Popular y del Partido Popular (PP), antes de desembarcar en el ámbito privado y convertirse en consejero de hasta siete empresas (Dragados y Construcciones, Banco Central Hispano Hipotecario, Banco Gallego, Banco de Granada, Banco Internacional del Comercio, Española del Zinc, Ibermutua). Merçona Puig Antich se querella contra él.
 
- Antonio Barrera de Irimo (Ribadeo, Lugo, 1929)
Antes de dimitir como vicepresidente segundo del Gobierno franquista en 1974, firmó la sentencia a muerte de Salvador Puig Antich. Un año antes se desempeñó como ministro de Hacienda, siempre con Carlos Arias Navarro como presidente. Se licenció en Derecho y Economía. Su trabajo en la esfera privada comenzó a desarrollarse antes de llegar al Gobierno. Fue presidente de Telefónica de 1964 a 1973. En la actualidad, es vicepresidente de Unión Fenosa, consejero de Bull S.A, y presidente de Autogrill España. Su nombre figura en la querella presentada por Merçona Puig Antich.
 
- José María Sánchez-Ventura Pascual (Zaragoza, 1922)
A los cuatro meses de ser nombrado ministro de Justicia, en marzo de 1975, firmó la sentencia de muerte de los últimos cinco fusilados del franquismo, ejecutados el 27 de septiembre de 1975 (mencionados arriba). Licenciado en Derecho, ocupó varios puestos de relevancia antes de llegar al Ejecutivo franquista. De 1958 a 1961 dirigió el Colegio Mayor Universitario San Pablo, de Madrid. Entre 1966 y 1970 fue Delegado del Gobierno en el Canal de Isabel II de Madrid. En 1967, además, estuvo al frente del Consejo de Administración del periódico Informaciones. Está inculpado en los testimonios de Flor Baena Alonso. María Victoria Sánchez Bravo, Manuel Blanco Chivite, Pablo Mayoral Rueda, entre otros.
 
- Alfonso Osorio García (Santander, 1923)
Fundador de la UDE y diputado de la UCD, fue Ministro de la Presidencia durante el primer Gobierno de la monarquía, (diciembre de 1975-julio de 1976, con Arias Navarro). Licenciado en Derecho, y tras ser Subsecretario de comercio en 1965 y presidente de RENFE en 1968, fue vicepresidente de la petrolera British Petroleum en España. Los años que no estuvo en el Gobierno, entre 1965 y 1990, fue presidente de PETROMED. Se lo considera responsable, junto con otros, de la matanza de Vitoria del 3 de septiembre de 1976, que terminó con la vida de cinco personas. Está imputado en las querellas de Andoni Txasco y José Luis Martínez Ocio.
 
- Antonio Troncoso de Castro (Vitoria, 1941)
Diplomado en Derecho Penal Militar, fue Coronel Auditor del Cuerpo Jurídico Militar, Ex fiscal del Tribunal Supremo, Ex vocal del Tribunal Marítimo Central y abogado del Ilustre Colegio de Madrid. Durante la dictadura, fue vocal ponente del Consejo de Guerra Sumarísimo 31/69 que se aplicó contra 16 miembros de ETA acusados del asesinato de tres personas, en lo que se conoció como el Proceso de Burgos, en diciembre de 1970. Además participó en varios consejos de guerra y causas militares que enjuiciaron a opositores antifranquistas entre 1963 hasta el fin del régimen.
 
Como vocal ponente de los consejos de guerra, estaba encargado de asesorar jurídicamente al Tribunal y de redactar la sentencia. Ante el Proceso de Burgos, sentenció con dos condenas de muerte a Eduardo Uriarte Romero, Jokin Gorostidi Artola y Xabier Izko de la Iglesia; Mario Onaindia Natxiondo, Xabier Larena Martínez y Unai Dorronsoro Ceberio fueron sentenciados a una pena de muerte; y Jon Etxabe Garitacelaya y Enrique Guesalaga Larreta, a 50 años cada uno. Estos dos últimos son los que contra él se querellan.
 
También figura en las querellas de Ignacio García Arramberri y Jon Arrizabalaga Basterretxea, que fueron juzgados en el proceso 28/69 que sentenció a muerte al hermano de este último, Andoni, y de Alberto Gabikagogeaskoa Mentxaka, Josu Naberan Naberan y Javier Amuriza Zarraonoindia, enjuiciados a su vez en el proceso 66/69 (el llamado proceso a los curas vascos).
 
- Carlos Rey González
Como vocal del Consejo de Guerra que juzgó a Puig Antich, fue el único redactor de la sentencia a muerte por garrote vil que sentenció al antifranquista. Hoy es abogado en Barcelona, y ha representado a la presidenta del PP en Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, en el caso de espionaje político de la agencia Método 3, ya archivado. Contra él ha testimoniado Merçona Puig Antich.
 

miércoles, 18 de septiembre de 2013

Izquierda Plural pide que el nuevo Código Penal tipifique como delito la "apología del franquismo"

El grupo parlamentario de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha registrado una iniciativa en el Congreso para instar al Gobierno a incluir el nuevo Código Penal la tipificación como delito la "apología del franquismo"
Tercera Información 16-09-2013 
La iniciativa, ha sido promovida por el portavoz de la Izquierda Plural en la Comisión de Justicia del Congreso, Gaspar Llamazares, después de algunos episodios relacionados con la muestra de símbolos nazis o franquistas que han tenido lugar este verano. A raíz de estos hechos también el PSOE propuso una reforma legislativa para que la exhibición de simbología nazi, fascista y franquista tenga una "respuesta penal".

En su proposición no de ley Llamazares recuerda algunos de estos incidentes. Así, menciona la exhibición de una cruz gamada y de una pancarta con el lema ’Adolf Hitler tenía razón’ durante una corrida de todos financiada por el Ayuntamiento de Pinto (Madrid), gobernado por el PP, y la publicación de fotografías de dirigentes de Nuevas Generaciones del Partido Popular con banderas preconstitucionales o realizando saludos fascistas.

Asimismo, recoge el episodio protagonizado por el alcalde de Baralla (Lugo), el también ’popular’ Manuel José González Capón, quien el pasado mes de agosto afirmó en un pleno que "los que fueron condenados a muerte" durante el franquismo que "será que lo merecían". El primer edil pidió después disculpas, aseguró que su partido se las había aceptado y sigue en su puesto.

Para la Izquierda Plural, "estos actos de apología de la dictadura franquista y del fascismo son intolerables e injustificables desde cualquier punto de vista". A su juicio, es preciso estar "alerta y activos" ante estos sucesos, no sólo condenándolos "públicamente de forma ejemplarizante", sino también adoptando medidas que permitan combatir "la apología de la dictadura franquista y el fascismo, de forma más eficaz".

ADEMÁS DE LA TRIVIALIZACIÓN DEL HOLOCAUSTO
Llamazares recuerda que el propio ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, anunció hace unos meses su intención de incluir en el Código Penal que la negación o trivialización del Holocausto sea considerada delito. En su opinión, "resultaría incomprensible regular la negación del Holocausto e ignorar la exaltación de la dictadura franquista o del fascismo".

Por todo ello, insta al Gobierno a incluir la tipificación en el Código Penal de aquellos actos de enaltecimiento de la dictadura franquista y el fascismo, "de forma clara y precisa", además, de hacer lo mismo con la negación del Holocausto. También demanda que se mejoren y aceleren "los protocolos de actuación en estos casos ante este tipo de delitos".

Asimismo, aprovecha para pedir que el Gobierno cumpla y desarrolle la Ley de Memoria Histórica y también busca que el Congreso muestre su "máxima repulsa" y condene "rotundamente" la "exhibición de símbolos y actos de cualquier tipo de apología de la dictadura franquista y del fascismo, absolutamente contrarios a los valores constitucionales, los principios democráticos, y la recuperación de una memoria democrática".

COMO EL ENALTECIMIENTO DEL TERRORISMO
Llamazares ha incluido este último punto en su iniciativa porque considera que reacción del PP ante los sucesos protagonizados por miembros de este partido el pasado verano ha sido "tardía y tibia", ya que cree que muchos casos ha "llegado a justificarlos" o a "excusarlos" mediante el "discurso de la equidistancia para evitar la mínima condena de la dictadura franquista".

Desde el PSOE, su portavoz parlamentaria Soraya Rodríguez también ha propuesto una reforma legislativa para que la exhibición de símbolos nazis, fascistas y franquistas tenga una "respuesta penal" y algunos de cargos locales del partido han defendido que el enaltecimiento del franquismo reciba el mismo tratamiento penal que el enaltecimiento del terrorismo.

La dirigente socialista recordó, en una entrevista con Europa Press, que las dictaduras implican una represión de las "libertades y de los derechos de los ciudadanos", de manera que debe penarse no sólo la apología del nazismo, sino también el régimen de Franco: "La dictadura franquista fue una dictadura como una casa, una dictadura que duró 40 años", apostilló. A su juicio, la necesaria reforma penal en esta materia debe incluir también el castigo para la exhibición de símbolos fascistas.

REFORMA DE GALLARDÓN
La última reforma del Código Penal propuesta por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, modifica el artículo 510 para castigar con penas de prisión fomentar el odio o la violencia por motivos racistas, antisemitas, ideológicos o de creencias, así como basada en el sexo, la orientación sexual, situación familiar o enfermedad.

También pena la elaboración y difusión de material que incite a este tipo de odio. El enaltecimiento o justificación de estos delitos estará penado con penas de seis meses a dos años de prisión y multa de seis a doce meses.

La misma pena recibirán quienes "nieguen, hagan apología, o trivialicen gravemente" los delitos de genocidio, de lesa humanidad o los delitos contra personas y bienes cometidos en conflictos armados contra un grupo de personas por motivos racistas, antisemitas, de ideología, religión, sexo u orientación sexual o discapacidad o enfermedad, pero sólo se refiere a delitos hayan sido declarados "probados por los Tribunales de Nüremberg, por la Corte Penal Internacional o por otros Tribunales Internacionales".

*Con información de EP.

sábado, 10 de abril de 2010

Las víctimas de Franco apelan a la justicia argentina

Los denunciantes pedirán la declaración de los franquistas vivos. La querella califica los crímenes de genocidio
DIEGO BARCALA - MADRID - 09/04/2010Las víctimas de los crímenes del franquismo acudirán el próximo miércoles a los juzgados federales de Argentina (equivalentes a la Audiencia Nacional) a presentar una querella por el genocidio que el general Francisco Franco cometió en España entre 1936 y 1977. La denuncia apela a que la constitución argentina reconoce los principios de la jurisdicción universal para juzgar a los culpables de los delitos lesa humanidad.
"Si no nos dejan aquí, tendrá que ser un juez de fuera el que lo haga", advirtieron las asociaciones de víctimas cuando el caso abierto por Baltasar Garzón fue taponado en la Audiencia Nacional. Esa amenaza se hará realidad el próximo 14 de abril. Las asociaciones presentarán pruebas de las desapariciones forzosas que los generales golpistas llevaron a cabo desde el 18 de julio de 1936.
"El objetivo es evitar que esos crímenes queden impunes", explica Carlos Slepoy, abogado argentino que representará a los colectivos de familiares de los 113.000 desaparecidos registrados en España. Los denunciantes partirán del caso concreto de Severino Rivas, alcalde socialista fusiliado en 1936 en Lugo, para defender que el franquismo ejecutó un plan sistemático que puede ser definido como genocidio "político, social y cultural".
Ministros de Franco vivos
Slepoy confía en que el juez solicite por vía diplomática al Gobierno de España las pruebas de los crímenes. "Pediremos un listado con los ministros, altos cargos de las fuerzas armadas y de la Guardia Civil que participaron en aquellos sucesos, que aún están vivos y que deben prestar declaración", asegura. El letrado prevé que la petición se extienda a otros países donde hay documentación que serviría para demostrar todos los delitos.
Si el proceso avanza hasta ese extremo, la justicia argentina podría llegar a citar, por ejemplo, a Manuel Fraga por su condición de ex ministro de una dictadura fascista. En ese caso se abrirán dos posibilidades: que el ex ministro de Información acuda a Buenos Aires a explicar su participación o que se niegue.
En caso de que Fraga desobedezca la petición del juez, el Gobierno argentino dictará una orden internacional de detención. Ese caso es el que llevó al banquillo al dictador Augusto Pinochet, gracias a la iniciativa en España del juez Baltasar Garzón. El dictador acabó enfrentándose a la justicia chilena por las desapariciones forzosas que muchos historiadores creen inspiradas en las que practicaron los franquistas tras el golpe de Estado.
Los demandantes pedirán al Gobierno español una relación de las fosas que el franquismo utilizó para hacer desaparecer a sus víctimas, un listado del número de desaparecidos y sus identificaciones, pruebas de las torturas infringidas por la policía franquista e incluso abordarán la investigación de los niños dados en adopción ilegalmente por el régimen desde las cárceles de mujeres o desde clínicas durante la dictadura.
El 14 de abril, aniversario de la llegada de la II República, acudirá a presentar la querella Darío Rivas, hijo del alcalde fusilado en Lugo que presentará las pruebas que determinan su caso familiar como el prototipo de una desaparición forzosa. Darío ya vivía en Argentina cuando su padre murió en 1936 fusilado a manos de pistoleros de Falange Española. Desde entonces, siempre ha luchado porque se conozcan las circunstancias de la muerte de su padre y en 2005 consiguió exhumar sus restos.
Las asociaciones de víctimas presentarán este caso concreto porque representa fielmente las características de los desaparecidos en España. Reprentante político, detenido ilegalmente, dejado a la custodia de Falange y que acaba bajo tierra fusilado sin juicio previo junto a la tapia de una iglesia.
Slepoy confía en esquivar las trabas judiciales que Garzón encontró en España. "Demostraremos que la jurisdicción universal no es un arma colonialista de países poderosos. En nuestro caso, un Estado como Argentina, ex colonia española, juzgará los crímenes de España como ese país ya hizo con las dictaduras del cono sur", razona.
Los denunciantes han convocado una concentración el miércoles en Buenos Aires para protestar también por el proceso abierto a Garzón.

miércoles, 18 de noviembre de 2009

Las fosas no se abren

Ningún juzgado gallego acata la orden de Garzón de abrirlas. Los familiares amenazan con llegar al Constitucional

18 de noviembre de 2009. R. PRIETO - A CORUÑA La Justicia gallega ignora las fosas de la Guerra Civil. Ningún juzgado de la comunidad ha acatado la orden dictada por el juez Baltasar Garzón hace ya un año sobre la investigación de los crímenes del franquismo. Los seis tribunales territoriales a los que el magistrado trasladó la denuncia de los familiares de las víctimas –Aranga (A Coruña), Mondoñedo y Portomarín (Lugo), Baiona-O Rosal, O Porriño y San Andrés de Xeve (Pontevedra)– han dado carpetazo al asunto o lo han ignorado. Son los seis casos documentados por la Comisión de la Memoria Histórica del 36 de Ponteareas ante el juez Garzón a raíz de la querella que presentó en diciembre de 2006 en la Audiencia Nacional para investigar las desapariciones de la dictadura. Salvo en el caso de San Andrés de Xeve, que aún está pendiente de resolución, los otros cinco juzgados gallegos que debían dirimir sobre los enterramientos del franquismo han desestimado la petición de los familiares y del colectivo Memoria Histórica del 36 de Ponteareas –la única asociación gallega que se querelló ante la Audiencia Nacional por las desapariciones de la dictadura–. Argumentos como que no se declara competente para ordenar la apertura de una fosa, que ya han transcurrido muchos años para investigar los crímenes o que el volumen de trabajo del juzgado no permite llevar el caso mantienen bajo tierra las tumbas de Franco.
Pero ni las familias ni los historiadores se dan por vencidos y ya han recurrido el rechazo de los jueces a exhumar las fosas de la Guerra Civil y la postguerra. El "desamparo" judicial ha provocado que los familiares de las víctimas hayan recurrido por la vía administrativa para proceder a la exhumación de los restos de los parientes que yacen en las cunetas, los montes o las tapias de los cementerios. Buscan por su cuenta a los suyos y exhuman sus restos con la ayuda de miles de voluntarios. Desde 2003, en Galicia se han abierto 11 fosas, ninguna de ellas con intervención judicial. Y como en Galicia, en casi todo el Estado, a excepción de dos fosas de Santa María de Tera en Zamora, exhumadas con el visto bueno de la juez de Benavente, Tania M. Chico.
El portavoz de la Comisión de la Memoria Histórica del 36, Ángel Rodríguez Gallardo, da por hecho que ningún juzgado gallego acatará la orden de Garzón sobre las fosas del franquismo porque, según denuncia, "no les interesa". Pero avisa de que no tirarán la toalla y que tras agotar todas las vías recurrirán al Constitucional o algún tribunal internacional para que resuelva.

martes, 8 de septiembre de 2009

Publicación de "VERMELLAS: Chamábanlles “rojas”: borradas da historia"

Ven de publicarse o catálogo de exposición Vermellas: Chamábanlles “rojas”: Borradas da historia, editado pola Universidade de Santiago de Compostela como colofón á mostra documental que baixo o mesmo título inaugurouse o pasado mes de marzo na Sala Isaac Díaz Pardo da Facultade de Veterinaria de Lugo. Esta mostra, auspiciada polo concello de Lugo e a Vicerreitoría de Cultura da USC, estivo dedicada ás mulleres que sufriron a represión franquista tras o golpe de estado de 1936, polo tanto, as protagonistas desta publicación son as mulleres que por distintas condicións socio-culturais e políticas sufriron continuas humillacións e vexacións, en moitos casos pasando por penas de cárcere e noutros de forma dramática atopando a morte.
Na elaboración do volume participou o equipo de traballo formado polos profesores Claudio Rodriguez-Fer e Carmen Blanco xunto aos investigadores do Proxecto de Investigación dirixido por Lourenzo Fernández Prieto, “Nomes e Voces”: Andrés Domínguez Almansa, Gustavo Hervella García, Chus Martínez Domínguez e Antonio Somoza Cayado. Todos eles aportaron a súa experiencia entorno á cuestión da muller na represión; Rodriguez Fer e Blanco desde a escrita e o equipo “Nomes e Voces” desde a perspectiva histórica, tendo en conta que o estudo da muller no proceso represivo é unha das liñas principais das súas pescudas no marco do traballo de investigación que están a desenvolver ao redor da guerra civil e a represión franquista a partires de 1936.
O libro consta de catro capítulos: marco histórico, paneis, gravados de Sara Lamas e gráficas, que recollen o heteroxéneo contido da mostra. Por unha banda as imaxes e os documentos que foron presentados en sala mediante diferentes paneis temáticos que recolleron as historias vitais destas mulleres contextualizadas pola súa condición política, social e laboral. Así, intelectuais como Juana Capevielle, mestras como Concepción González Mosquera e María Vázquez Suárez, proletarias como Amalia Fraguela, Amelia Varela Bouza e Carmen Pesqueira Domínguez, campesiñas como Carolina Regueiras, exiliadas como Mercedes Núñez e Mercedes Pimentel ou guerrilleiras como Manuela Sánchez e María Blázquez entre outras moitas, conforman unha longa listaxe de vítimas femininas que directa ou colateralmente experimentaron a inxustiza e o terror da represión.
Parte da documentación foi proporcionada polos fondos de “Nomes e Voces”, que cedeu numeroso material gráfico e audiovisual, ademais de colaborar como asesor histórico do programa expositivo, facilitando datos relativos á represión exercida sobre a muller entre 1936 e 1939: tipoloxías e cuantificación da represión, a muller nas causas militares e o perfil social da muller represaliada. Toda esta información foi completada con gráficas e un mapa que ofrece os datos relativos á represión por concellos e con resultado de morte.
Ademais do apartado dedicado á fotografía, o catálogo enriquécese co apoio literario de textos de diversa índole. Por unha banda un ensaio histórico asinado polos investigadores do Proxecto “Nomes e Voces” baixo o titulo: “Da visualización social da muller á inmersión no terror: 1936. Golpe de Estado, vítimas e memoria”, que aborda o protagonismo da muller no contexto represivo e analiza pormenorizadamente o proceso represivo da muller e a transmisión do acontecido. Por outra parte inclúense fragmentos literarios de varios autores como Claudio Rodríguez Fer, Carmen Blanco e María Lopo, así como citas textuais de represaliados e familiares de vítimas extraidas das cerca de cincocentas entrevistas que o Proxecto “Nomes e Voces” ten realizado.
Deste xeito, a poética e o documento histórico apóianse nunha soa filosofía: a de seguir investigando e afondando na realidade da muller durante o proceso represivo.

jueves, 6 de agosto de 2009

Monumento ás vítimas de Lugo

Dende o ano 2006, a Asociación para a Dignificación das Vítimas do Fascismo está intentando promover en Lugo un monumento dedicado á memoria dos centos de asasinados e represaliados polo franquismo en tal cidade, que levaría o nome de “Paz para sempre” e que foi deseñado polo artista pacifista Isaac Díaz Pardo, figura principal da cultura galega e fillo do pintor Camilo Díaz Baliño, un dos asasinados en 1936.


Mais, entre outras dificultades para realizalo, á indecisión das autoridades, psicoloxicamente sometidas aínda aos poderes emanados do fascismo, cómpre sumar tamén a reacción da Reacción, a miúdo composta por descendentes dos represores fascistas e por antigos servidores do aparato represivo franquista, que desatou unha belicista campaña de ataque e descrédito contra a proposta da Asociación promotora, que tivo que ser respondida na prensa (ver adxuntos).



No plano económico, malia as vagas promesas institucionais, só contamos de momento co apoio dos membros da Asociación e demais simpatizantes desta iniciativa, polo que agradeceriamos calquera axuda solidaria na seguinte conta corrente de Caixa Galicia:
Asociación para a Dignificación das Vítimas do Fascismo
2091 – 0152 – 29 – 3040084427
Saúde e memoria contra o dominio da desmemoria.

lunes, 16 de marzo de 2009

Conferencia da profesora Carmen Blanco sobre "Juana Capdevielle" nos encontros de "Vermellas" 16/03/2009

A escritora e profesora de literatura galega na USC, Carmen Blanco, impartirá unha conferencia sobre a represaliada Juana Capdevielle o vindeiro luns, 16 de marzo ás 19.00 h, na Facultade de Veterinaria de Lugo. A conferencia, titulada "Vida e morte da bibliotecaria Juana Capdevielle", está incluída nos encontros enmarcados no programa expositivo Vermellas.
Chamábanlles "rojas", organizada pola Vicerreitoría de Cultura da USC e na que colabora como asesor documental e histórico o Proxecto de Investigación "Nomes e Voces" dirixido polo I.P. Lourenzo Fernández Prieto, na que se analiza a represión de xénero en Galicia tras o Golpe de Estado en 1936.
Esta conferencia forma parte do estudo desenvolto por Carmen Blanco acerca da muller, tema que centra os seus numerosos ensaios e poemas publicados na seguinte selección de libros: Literatura galega da muller (Xerais, 1991), Escritoras galegas (Compostela, 1992), Libros de mulleres (Do Cumio, 1994), O contradiscurso das mulleres (Nigra, 1995), Nais, damas, prostitutas e feirantas (Xerais, 1995), Mulleres e independencia (Do Castro, 1995), El contradiscurso de las mujeres (Nigra, 1997, versión actualizada da obra homónima traducida ao castelán por Olga Novo), Luz Pozo Garza: a ave do norte (Linteo, 2002), Alba de mulleres (Xerais, 2003), Sexo e lugar (Xerais, 2006), María Mariño. Vida e obra (Xerais, 2007), e Casas anarquistas de mulleres libertarias (CNT, 2007). Xunto ao poeta Claudio Rodríguez Fer, coordina a publicación intercultural y libertaria Unión Libre. Cadernos de vida e culturas desde 1996.
A súa exposición ocuparase da figura de Juana Capdevielle San Martín (Madrid, 1905), definida por unha traxectoria vital e profesional como muller culta e progresista, casa polo civil en Madrid no ano 1936 con Francisco Pérez Carballo, brillante profesor universitario e político de Izquierda Republicana. Cando o seu home foi nomeado gobernador civil da Coruña, o matrimonio trasladouse a Galicia, e tras o levantamento militar en 1936, foi asasinado o gobernador e, con posterioridade Juana Capdevielle foi detida e encarcerada na Coruña, aparecendo morta no Km. 526 da estrada Madrid-A Coruña, no Monte da Gándara, ás aforas de Rábade (Lugo).
Fonte:Carmen Blanco
Nota ABF: Na foto co seu marido Francisco Pérez Carballo gobernador da Coruña asasinado igual que o Xeneral (detras deles) Rogelio Caridad Pita fusilado no Castelo de S. Felipe.

martes, 3 de marzo de 2009

Exposición "Vermellas. Chamábanlles “rojas” en Lugo


Estimados/as amigos/as,

Desde o Proxecto de Investigación Interuniversitario "As vítimas, os nomes, as voces e os lugares, queremos informarvos da nosa participación no programa expositivo:


Vermellas. Chamabánlles "rojas"

que inaugurará o vindeiro venres día 6 de marzo ás 20.00 h na Sala Isaac Díaz Pardo da Facultade de Veterinaria de Lugo.

Adxuntamos a nota de prensa e documentación relacionada co evento.
Agardando que a nova sexa da vosa interese e agradecendo de antemán a súa difusión,

Recibide un cordial saúdo,

Chus Martínez

Proxecto de Investigación, Nomes, Voces e Lugares

Edificio Monte da Condesa, s/n 2º andar Campus Sur

15782-Santiago de Compostela

Teléfono: 981 563100 Ext. 13598

Organización Vicerreitoría de Cultura da Universidade de Santiago de Compostela

Grupos de traballo:

Claudio Rodríguez Fer, Carmen Blanco, Andrés Domínguez Almansa, Gustavo Hervella García, Chus Martínez Domínguez, Antonio Somoza Cayado, Proxecto de Investigación Interuniversitario "As vítimas, as voces, os nomes e os lugares"

Base histórica e documental Proxecto de Investigación Interuniversitario "As vítimas, as voces, os nomes e os lugares"

O vindeiro venres, día 6 de marzo ás 20.00 h, inaugurarase a exposición Vermellas. Chamábanlles “rojas” na Sala Isaac Díaz Pardo da Facultade de Veterinaria de Lugo. A mostra, organizada pola Vicerreitoría de Cultura da Universidade de Santiago de Compostela, está dedicada ás mulleres que foron represalidas en Galicia tralo golpe de estado de 1936, permanecendo aberta ao público até o 6 de maio de 2009.

A represión á muller e as súas diferentes tipoloxías serán expostas a través das súas protagonistas, mulleres que por distintas condicións socioculturais e políticas sufriron humillacións e vexacións, perdendo a seres queridos, en moitos casos cumprindo penas de cárcere e noutros de forma dramática atopando a morte.

A responsabilidade do proxecto expositivo recae no grupo de traballo formado por: Claudio Rodríguez Fer, Carmen Blanco, Andrés Domínguez Almansa, Gustavo Hervella García, Chus Martínez Domínguez, Antonio Somoza Cayado e o Proxecto de Investigación Interuniversitario "As vítimas, as voces, os nomes e os lugares".

A mostra articúlase en diferentes paneis que debuxan a represión de xénero en Galicia desde unha lectura artística e literaria, e que se complementan con outros que se ocupan do marco histórico, responsabilidade do Proxecto de Investigación Interuniversitario "As vítimas, as voces, os nomes e os lugares", dirixido polo catedrático en Historia Contemporánea na USC Lourenzo Fernández Prieto e financiado pola Consellaría de Cultura e Deporte da Xunta de Galicia. Para esta sección histórica da exposición, o Proxecto aportou diferentes gráficas e un mapa nos que poder pescudar a represión exercida ás mulleres durante a represión franquista. Así mesmo, oProxecto proporcionou unha listaxe de nomes das vítimas da bisbarra de Lugo procedentes dos resultados da investigación que o equipo leva desenvolvendo desde o 2006. Varias fotografías procedentes dos fondos do Proxecto poñen cara ao terror sufrido por moitas mulleres tralo Golpe de Estado de 1936. Ademais, o visitante poderá achegarse á fonte oral da represión a través dunha selección de entrevistas cedidas polo proxecto, e que forman parte do seu fondo oral composto por 403 entrevistas. Xunto a este material, tamén cedeu un interesante vídeo que recolle a visita doPresidente da República, Alcalá Zamora, á Coruña en 1934.

Ademais da mostra en sala, o programa “Vermellas” contará con diferentes encontros relacionados coa temática da represión, celebrando diferentes conferencias nas que participarán a profesora de Historia Contemporánea e coordinadora do Proxecto de Investigación “As vítimas, os nomes, as voces e os lugares” Chus Souto, a profesora de literatura galega Carmen Blanco e os investigadores Antonio Somoza Cayado e Gustavo Hervella García, que presentarán os resultados do estudo, atendendo de xeito especial á represión de xénero tralo Golpe de Estado. Outro acto programado será o recitado e presentación do poemario “Ámote vermella” de Claudio Rodríguez Fer.

Completa a mostra un catálogo con diferentes ensaios ilustrados polo material gráfico presente na sala, e que permitirá aproximarse ao contexto da represión a través da memoria co texto titulado “Da visualización social da muller á inmersión no terror: 1936. Golpe de Estado, vítimas e memoria”, cuxa autoría recae en Andrés Domínguez Almansa, Gustavo Hervella García, Chus Martínez Domínguez e Antonio Somoza Cayado, membros do equipo de traballo do Proxecto.
Fonte @ABF

sábado, 10 de enero de 2009

El PSOE de Lugo apoyará una moción del BNG para retirar a Franco todas sus distinciones

El PP estudiará la propuesta "en detalle" y adoptará la postura que estime "oportuna"

ELPLURAL.COM / EUROPA PRESS 10/01/2009
El PSOE en la provincia de Lugo apoyará en el próximo Pleno de la Diputación de Lugo una moción que presentará su socio de Gobierno del BNG, en la que solicita que le sean retiradas a Franco y a otras personalidades y organizaciones vinculadas al régimen dictatorial todas las distinciones otorgadas por la institución provincial.

Así lo anunció el portavoz socialista en la Diputación lucense, Antonio Gato, quien rechazó tener "ningún inconveniente" para apoyar esta propuesta, pese a que aclaró que en la Diputación ya se tramita "un expediente en este sentido". En cualquier caso, recordó que la moción del BNG se apoya en la Ley de la Memoria Histórica, promovida por el PSOE en el Congreso de los Diputados, informa Europa Press.

"Poco que hacer"

Mientras, el portavoz adjunto del PP provincial, José María González Barcia, acusó al BNG de "tener poco que hacer" al presentar esta propuesta y de "tener poca preocupación por los problemas de esta provincia".

A la espera

No obstante, explicó que su grupo estudiará la moción "en detalle" y adoptarán la postura que estimen "oportuna". "Nosotros no estamos cerrados a aprobar esa moción, lo que sí entendemos es que hay que dedicarse a lo que hay que dedicarse, que es trabajar por la provincia y dejarse de estas historias", concluyó.

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