15 de enero de 2014

Estimada Mª José ... recuerda que aunque a veces hay malas experiencias, nunca debes retroceder ni rendirte, quien persevera alcanza.
Joan Busquets i Verges. Exmaqui libertario del Berguedá 28/12/2013
"Muero contento, porque equivocado o no, muero por una idea" Manuel Barreiro dos días antes de ser fusilado 12/3/1939


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domingo, 18 de diciembre de 2016

The New York Times avergüenza a España por la impunidad del franquismo


  • Un artículo de opinión del periodista Dan Hancox reprocha a España la existencia todavía de 114.000 desaparecidos forzosos del franquismo
  • "El olvido no va a ser posible mucho más tiempo", sentencia el texto
El Diario 9/12/16
"En España, los muertos están más vivos que en cualquier otro país del mundo". La frase, del poeta granadino Federico García Lorca, es la apertura de un artículo de opinión del New York Times que recuerda que en España hay todavía 114.000 desaparecidos del franquismo sin identificar ni exhumar. Son "los fantasmas que España intenta ignorar".

El texto, firmado por Dan Hancox, periodista y autor del libro The Village Against the World sobre el pueblo de Marinaleda, defiende que en los últimos años el "clamor" por conocer y conmemorar estos fantasmas ha crecido, promovido por la sociedad civil. A partir de las palabras pronunciadas por Rajoy en 2008, cuando pidió a los españoles "mirar al futuro" y no generar "tensión ni división", Hancox argumenta que "aunque pueda sonar como un sentimiento noble", es, en realidad, "engañoso": "Los vencedores de la guerra civil no sólo pasaron 36 años escribiendo la historia de su victoria, enseñándola en las escuelas e instaurándola en la cultura popular, sino que también dejaron los mismos monumentos solemnes a su muerte que han sido negados a los 114.000 desaparecidos". El mayor ejemplo es el Valle de los Caídos, explica.

Parece una sorpresa que en España no exista un equivalente al Frente Nacional, continúa Hancox, pero este hecho responde a que "el Partido Popular absorbió parte de la maquinaria política del franquismo". El fundador de Alianza Popular, Manuel Fraga, fue ministro durante la dictadura. "Este es uno de los motivos por los que Mariano Rajoy preferiría mirar al futuro", argumenta.

Durante la Transición española "no hubo reconocimiento" ni una iniciativa similar a la desnazificación alemana de las fuerzas de seguridad o de la justicia. En 1977 se aprobó una Ley de Amnistía que no permite "procedimientos legales para los crímenes cometidos durante la guerra civil y la dictadura", criticada por la ONU por "obstruir" las investigaciones.

Tras la reelección de Rajoy como presidente, pero con un Gobierno en minoría, para Hancox es el momento de que Podemos y el Partido Socialista "fuercen" al Gobierno a "restablecer el presupuesto para un proyecto por la memoria histórica" para 2017. El olvido no va a ser posible mucho más tiempo, sentencia.

lunes, 15 de febrero de 2016

La Constitución del 78 concebida para la continuidad del franquismo con apariencias democráticas

Versión original de 1978


La Constitución de 1978 fue concebida para asegurar la continuidad del franquismo, con apariencias democráticas

Joan Busquet - enero 2016
Ante los excesos y escándalos de corrupción de la casa real, se comenta desde un tiempo a esta parte de reformar o cambiar algunos artículos de la Constitución o incluso de suprimirla enteramente. Sabemos que Juan Carlos I juró, en Cortes, en presencia de Franco, lealtad a los principios fundamentales del movimiento, reconociendo la legitimidad política al golpe militar fascista del 18 de julio de 1936. Con esta premisa quedó sin equívocos desde el principio la posición política del monarca.

Los partidarios deseosos de suprimir la Constitución, se basa, que quienes la proyectaron eran fascistas, empezando por Manuel Fraga Iribarne, Adolfo Suárez, Calvo Sotelo y otros individuos de su misma ralea, encargaron al duque Torcuato Fernández Miranda, jurista de formación, de redactar la Constitución española de 1978, y detrás de estos fascistas estaba el Rey, Juan Carlos I, que dio el visto bueno al documento.

Actualmente, los fascistas quieren modificar el artículo 168, relativo a la Corona para arropar el nuevo Rey (Felipe VI, ya que detrás de él no hay ningún varón para relevarlo, la preferencia de ser varón sigue primando para ser rey. Por consiguiente, a falta de varones se impone un cambio, aunque -una reforma constitucional- obliga a que cualquier revisión de la Carta Magna total o parcial que afecte a cuestiones de la Corona, los derechos humanos o la unidad de la nación se tenga que aprobar por mayoría de dos tercios de cada Cámara y la posterior disolución inmediata de las Cortes. Finalmente, la reforma constitucional debe ser aprobada en referéndum. Lo cual no es de extrañar que el PP y otros sean refractarios de hacer cambios por miedo de perder el chollo del bienestar que disfrutan actualmente. Protegidos por una constitución hecha a su medida, tanto en el aspecto político, económico y social.

Los privilegios desmesurados otorgados al Rey es una prueba que España no es democrática como quieren darnos a entender. Dado que el Rey cuenta con una inmunidad penal ante cualquier acto delictivo que pudiera cometer y sobreprotegido por los medios de comunicación convencionales como si fuera un semidios intocable. Son muy pocas cosas que se han publicado de su persona y sobre sus afirmaciones políticas con un mínimo de objetividad… En el artículo 490.3 del Código

“Juan Carlos I cuenta con una protección constitucional que le otorgaba el artículo 56.3 de la Carta Magna, un derecho que le está reservado desde 1978”, actualmente es Felipe VI que beneficia de esta prerrogativa.

No obstante, hay voces que reclaman una consulta popular sobre si seguir con la monarquía parlamentaria. Creo que ha llegado el momento de desembarazarse lo que dejó Franco tan minuciosamente “atado y bien atado”, en primer lugar habría que deshacerse de la constitución fascista que está repleta de contradicciones y a continuación el pueblo que elija libremente en un referéndum “Monarquía o República”.

Una España Republicana sería un paso fundamental que concordaría mejor a las normas democráticas.

Joan Busquets

domingo, 18 de octubre de 2015

Los acuerdos entre España y el Vaticano de 1979: o la pervivencia de privilegios anacrónicos

Firma del acuerdo entre España y el Vaticano en 1979.

La Iglesia Católica ha mantenido una serie de prerrogativas y privilegios económicos que, a fecha de hoy, resultan tan anacrónicos como inaceptables.

Nueva Tribuna - José Ramón Villanueva Herrero 08 de Octubre de 2015
Cuando el pasado 28 de septiembre los votos de los concejales del PP, PSOE y CHA en el Ayuntamiento de Zaragoza impidieron la propuesta de modificación del Reglamento de protocolo, ceremonial y distinciones de la corporación de la capital aragonesa planteada por Zaragoza en Común (ZeC), grupo al que pertenece el alcalde Pedro Santisteve y, de este modo, se mantenía en dicho Reglamento la obligatoriedad de los concejales de asistir a los actos religiosos católicos relevantes en la ciudad de Zaragoza, volvía a ponerse sobre la mesa el tema de la necesaria y nunca alcanzada laicidad de las instituciones públicas en España, una cuestión pendiente, todavía, en nuestra democracia aconfesional. Y es que no sólo carecemos de un Estatuto de Laicidad, sino que, por el contrario, la Iglesia Católica ha mantenido una serie de prerrogativas y privilegios económicos que, a fecha de hoy, resultan tan anacrónicos como inaceptables.

Uno de los más transcendentales acuerdos de la recién renacida democracia española fueron los firmados con el Vaticano el 3 de enero de 1979, los cuales se desglosaban en 4 apartados: asuntos jurídicos; enseñanza y asuntos culturales; asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y al servicio militar de clérigos y religiosos y, finalmente, los acuerdos sobre asuntos económicos, siendo estos últimos los que, desde entonces, más polémica y debate social han generado.

Vistos en perspectiva, dichos acuerdos resulta obvio que son excesivamente complacientes y generosos con la Iglesia Católica a pesar del indudable peso histórico e implantación social de la misma en España.  Temerosos del poder fáctico que tanto la Iglesia como el Ejército representaban, temerosos de la actitud de ambos ante la joven democracia, el entonces Gobierno de la UCD de Suarez los  intentó contentar de muy diversas maneras para evitar su posible hostilidad hacia las instituciones surgidas de la Constitución de 1978. Y es que todavía se recordaba la estrecha connivencia de la Iglesia con el régimen franquista, los atronadores alegatos Guerra Campos, el obispo ultramontano de Cuenca  en la TVE del régimen, o la poderosa influencia de Cantero Cuadrado en las instituciones de la dictadura, en las Cortes franquista o el Consejo del Reino.

Ahora, 36 años después, parece obvio que dichos acuerdos resultan anacrónicos en una democracia asentada y madura y, en consecuencia, requieren, cuando menos, una profunda revisión si no su completa derogación, aunque esto último resulta harto improbable puesto que el PP nunca lo hará y el PSOE sólo lo plantea cuando se halla en la oposición pero ha sido incapaz de dar pasos en este sentido durante los 21 años que ha detentado el poder España con los Gobiernos de Felipe González primero y de Rodríguez Zapatero después.

En el caso concreto de los acuerdos económicos, “los más subterráneos y desconocidos por la sociedad civil” según Luis Manglano, que al igual que los anteriores fueron firmados en la Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979 por el entonces ministro Marcelino Oreja Aguirre y por el cardenal Giovanni Villot, reemplazaban al vetusto Concordato de 1953 y los componen tan sólo 7 artículos y un Protocolo Adicional. Posteriormente, tras su aprobación por las Cortes Generales, sería ratificado por el rey Juan Carlos I el 4 de diciembre de 1979.

De entrada, se señala que  “la revisión del sistema de aportación económica del Estado español a la Iglesia Católica resulta de especial importancia” hasta el punto de instar a que “El Estado no puede ni desconocer ni prolongar indefinidamente obligaciones contraídas en el pasado”.  De este modo, en artículos sucesivos, quedará patente el generoso trato de favor que, desde 1979, recibiría la Iglesia Católica en la nueva legalidad constitucional.

Especial interés tiene el artículo 2, relativo a la financiación eclesiástica, se señala que “El Estado se compromete a colaborar con la Iglesia Católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico”. Para ello, transcurridos tres ejercicios completos desde la firma, se indica que el Estado “podrá asignar a la Iglesia Católica un porcentaje del rendimiento de la imposición sobre la renta o el patrimonio neto y otra de carácter personal, por el procedimiento técnicamente más adecuado”. No obstante, hasta que se aplique este nuevo sistema, basado en la manifestación expresa de los contribuyentes en asignar a la Iglesia la aportación correspondiente consignada en su IRPF, el Estado se compromete a consignar en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) “la adecuada dotación” a la Iglesia, la cual tendrá “carácter global y único, que será actualizada anualmente”. Observemos el trato de favor que se concede a la Iglesia: hasta que ésta no logre su autofinanciación vía consignación voluntaria de los ciudadanos en su declaración del IRPF, se garantiza, por parte del Estado, una “adecuada dotación”, en consecuencia sin recortes, en los PGE, cantidad, que, se garantiza, será actualizada anualmente y que, por ello, estará exenta de recortes independientemente de cuál sea la situación de las arcas públicas, una garantía que nunca se ha aplicado a la salvaguardia de los servicios públicos ( educación, sanidad, asistencia social y pensiones) en estos aciagos tiempos de crisis económica.

En consecuencia, a pesar de indicarse que el propósito de la Iglesia es “lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades”, esto es, su autofinanciación, ésta, a fecha de hoy, sigue sin lograrse y, por ello, corre en buena parte a cuenta de los PGE que, en este aspecto, como hemos dicho, está exento de recortes presupuestarios pues cuenta con la garantía de su actualización anual. Por ello, 36 años después, seguimos sin lograr la deseable autofinanciación de la Iglesia Católica, como ocurre en otros países democráticos de nuestro entorno como es el caso de Francia, donde su Constitución de 1958 la define como una “República, indivisible, laica, democrática y social”, y en donde la Iglesia se autofinancia desde hace 110 años, desde que la Ley de 9 de diciembre de 1905 dejó claro que “El Estado no reconoce, ni paga ni subvenciona ningún culto”. Por ello, y lejos de toda animadversión hacia el espíritu y las prácticas religiosas, en relación a este tema, recuerdo el hermoso texto que leí en un monumento de la ciudad francesa de Vendôme y que decía: “La laicidad: no se ha inventado nada mejor para vivir juntos”.

Pero volvamos a España. Además de la financiación a cargo de los fondos públicos, los Acuerdos de 1979 conceden a la Iglesia toda una serie de exenciones tributarias, recogidas sobre todo en el artículo 4, como es el caso de la “exención total y permanente” de la Contribución Territorial Urbana, el actual IBI, de sus edificios, exención que se hace extensiva a los impuestos reales o de producto sobre la renta y sobre el patrimonio. Igualmente, se le concede la exención total de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y Transmisiones patrimoniales en aquellos de sus bienes que se dediquen al culto, al sustento del clero, al “sagrado apostolado” y al “ejercicio de la caridad”. Finalmente, se le reconoce a la Iglesia la exención de contribuciones especiales y de la tasa de equivalencia.

A todas las exenciones fiscales anteriores, en el artículo 5 se contemplan también beneficios fiscales para las asociaciones y entidades religiosas no comprendidas en el artículo anterior que se dediquen a actividades religiosas, benéfico-docentes, médico-hospitalarias o de asistencia social.
Además de lo dicho, el Protocolo Adicional vuelve a incidir en que la asignación presupuestaria será una dotación global fijada anualmente en los PGE y señala, también, que se fijarán de común acuerdo los conceptos tributarios en los que se concretan las exenciones. Y, a modo de garantía, se deja constancia de que, “Siempre que se modifique sustancialmente el ordenamiento jurídico-tributario español, ambas partes concretarán los beneficios fiscales y los supuestos de no sujeción que resulten aplicables de conformidad con los principios de este Acuerdo”. Por si alguna duda quedaba del trato de favor que impregna todo el texto de los Acuerdos del 3 de enero de 1979.

A este cúmulo de privilegios y exenciones tributarias, se sumaría, años más tarde, durante el Gobierno Aznar, la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen fiscal de las entidades sin fines de lucro y de los incentivos fiscales al mecenazgo, que hacía extensiva a la Iglesia Católica todos los beneficios aplicables a este tipo de entidades sociales y ONGs. De este modo, como si de un auténtico regalo de Navidad se tratara, dicha ley completaba el círculo de las exenciones tributarias de las cuales disfrutaba la Iglesia Católica, la cual, en la práctica, parece disfrutar, al margen de su labor espiritual y social, de un un auténtico paraíso (fiscal) en la tierra.

Así las cosas, varias reflexiones debemos de tener en cuenta. En primer lugar, una cuestión esencial: la democracia española debe defender el principio de laicidad, el cual se sustenta en la libertad de conciencia de sus ciudadanos y en la neutralidad del Estado en materia religiosa. En este sentido, resulta muy acertado el análisis de Dionisio Llamazares, catedrático de Derecho Eclesiástico,  quien recientemente señalaba que, en España, “hemos convertido, a través de los Acuerdos, a la Iglesia Católica en co-legisladora” y, ejemplo reciente de ello fue la campaña eclesiástica lanzada durante el Gobierno Zapatero contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía o la más reciente imposición por parte de la Conferencia Episcopal de la materia de religión en el currículo de Bachillerato con el servil asentimiento del ministro Wert. Ello es otro ejemplo de que“El Estado español ha renunciado a su soberanía legislativa sobre la regulación de derechos fundamentales, por ejemplo la libertad de conciencia”.  Por ello, según Llamazares resulta necesaria una modificación  sustancial, tal vez una derogación de los Acuerdos de 1979 puesto que ningún Estado democrático puede enajenar su soberanía en materia de derechos fundamentales a favor de una comunidad religiosa. En consecuencia, resulta acertada su propuesta de que la nueva función de los Acuerdos se reduciría a la consulta por parte del Estado cuando éste fuera a legislar en asuntos religiosos.

Entre los numerosos déficits democráticos de los que adolece nuestra sociedad, se halla la ausencia de un Estatuto de Laicidad, algo que debió de ser tarea y deber del PSOE durante sus años de Gobierno, pero que nunca tuvo el coraje político de impulsar. Habían olvidado el Dictamen de la Ponencia encargada de elaborar, en el congreso extraordinario del PSOE de 1931, el programa que los diputados socialistas deberían llevar a las Cortes Constituyentes de la II República y que, en su Apartado Sexto decía textualmente que los socialistas debían: “Afirmar la independencia confesional del Estado, la libertad de todos los cultos y la imprescindible necesidad de que, en el plazo más breve posible, los fieles sostengan económicamente sus respectivas iglesias”, además de reafirmar el “sometimiento de las comunidades y órdenes religiosas al derecho político, civil del Estado”. En consecuencia, defender la identidad laica de la democracia española no supone, ni debe interpretarse, como una actitud antirreligiosa sino como el deseo de lograr una necesaria y plena separación de la Iglesia y del Estado, lo cual supone, en definitiva, seguir el mensaje evangélico de “dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios”.

Constatado que el pensamiento laicista parece claramente deficitario en la sociedad española, otra cuestión esencial cuando se trata el espinoso tema de los asuntos económicos de la Iglesia española. Bien acertado iba Cervantes cuando puso en la boca de Don Quijote aquella frase de “Con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho”. Y seguimos topando pues en esta materia, en este auténtico paraíso fiscal en donde parece instalada, el magistrado Luis Manglano recordaba algo tan obvio como que “no hay Estado social de derecho sin solidaridad tributaria” y ello resulta especialmente grave en esta época de crisis, recortes y austeridad en la cual, la Iglesia, pese a su innegable labor social y asistencial, dadas las exenciones de que disfruta, no ha contribuido en materia fiscal, más aún, sigue recibiendo unos ingresos anuales garantizados por parte del Estado, algo que el resto de los servicios públicos estatales no tienen tan seguro.

Esta falta de solidaridad fiscal queda patente en el caso de las ingentes pérdidas de recaudación del IBI de los municipios españoles ante la exención que disfruta la Iglesia con relación a este impuesto que, en el caso de los inmuebles que dedica a actividades lucrativas, resulta legal y socialmente inaceptable. Como tampoco resulta de recibo que, tras invertir el Estado o las Comunidades Autónomas ingentes cantidades de dinero en la restauración de edificios religiosos, cuando éstos se abren al público, la Iglesia cobre una entrada, se quede con unos ingresos por los que no tributa y, por ello, el ciudadano ha pagado por partida doble: primero, con sus impuestos, luego con la entrada. Ahí tenemos el ejemplo de la catedral de la Seo de Zaragoza que, tras 20 años de restauración, tras una tan costosa como brillante restauración, sólo se puede visitar previo pago, al igual que otros muchos edificios religiosos de toda España.

Como decía el añorado Luis Gómez Llorente, la revisión de los acuerdos con el Vaticano era “absolutamente imprescindible”, como lo era la defensa del laicismo, tanto en cuanto ello significaba la auténtica libertad de conciencia y autonomía moral. Y añadía: para que todos los ciudadanos seamos iguales, no debe haber confesionalidad y ello no significa hostilidad hacia la religión, aunque se critique (justificadamente) al alto clero.

Por todo lo dicho, los Acuerdos de 1979 son anacrónicos, atentatorios contra la soberanía legislativa de cualquier Estado democrático moderno e insolidarios fiscalmente.

domingo, 20 de septiembre de 2015

'No olvidaremos jamás a Carrero Blanco; de nuestra boca no saldrá una crítica contra el almirante'

  • La rotunda frase es... de Felipe González

  • Su agradecimiento al papel jugado en favor del PSOE frente al histórico de los exiliados

  • Lo cuenta en un libro el militar a quien FG hizo la confesión

El Mundo 28/9/14
La clave estaría en el suegro. El padre de Carmen Romero, la ex esposa de Felipe González. El buen hombre, Vicente Romero, comandante médico del Ejército del Aire, fue también concejal del Ayuntamiento de Sevilla cuando el endocrinólogo y médico personal de Carrero Blanco (Juan Fernández) era alcalde en la capital hispalense... 

Y por eso, en el libro El sueño de la Transición, que son las memorias del general Manuel Fernández-Monzón -trabajó de enlace con los servicios de inteligencia de la CIA en España- hay un capítulo con título rotundo: El almirante eligió a Felipe González: de Toulouse a Suresnes. 

Y por eso también la frase con la que se titula este texto. Se la dijo González a Fernández-Monzón: «No se preocupen ustedes, que no olvidaremos nunca a Carrero Blanco. Soy perfectamente consciente de ello» [que Carrero intermedió para que el marido de Carmen Romero fuera el futuro líder del PSOE en detrimento del PSOE histórico de Llopis].

Las memorias del general Fernández-Monzón quieren ser un homenaje a «los militares y los servicios de inteligencia que la hicieron posible» [la Transición], y con los que él trabajó desde el servicio de inteligencia de la Presidencia del Gobierno. A las órdenes del almirante Carrero, según Monzón, y mediante el diálogo con los opositores, consiguieron que aceptaran la reforma los partidarios de la ruptura o del inmovilismo, mayoritarios. Diálogos como el que sigue explican cómo hasta Carrero aceptó que no todo, en contra de lo que decía Franco, estaba «atado y bien atado».

-Están ustedes enredando mucho con todo esto de la democracia y de los partidos.
-Desengáñese, almirante, que no hay más democracia conocida en el mundo que la democracia liberal de partidos. Esto así no se le puede dar al rey.

Tanto como había sido valiente la actitud de mi compañero -relata Monzón-, fue simbólica la del almirante, al arrojarle a la cabeza el ejemplar de las Leyes Fundamentales que tenía para su uso personal, gritando:

-¡Eso no lo pone aquí!
«Salimos corriendo y el libro pegó en el quicio de la puerta. El día que murió Carrero cogí aquel libro descuadernado y me lo llevé como recuerdo. El almirante reaccionaba con violencia, pero comprendió que había que ir a un sistema de partidos». Quizá no haya mejor símbolo de cómo se impulsó, desde dentro de las instituciones franquistas y por alguno de sus principales responsables, aunque a regañadientes, el diseño de la Transición.

Para redactar estas memorias el historiador Santiago Mata ha cotejado los recuerdos del octogenario militar con la documentación que conserva. Lo que sigue es el relato sobre la influencia de Carrero en la elección de González al frente del PSOE. El capítulo De Toulouse a Suresnes: Carrero «eligió» a F. González: 

«En el comité nacional del PSOE reunido en Bayona en el verano de 1969 comenzó la amistad de Nicolás Redondo y Enrique Múgica con Felipe González y la colaboración entre vascos y andaluces del PSOE. En el congreso de agosto de 1970 en Toulouse, González defendería la renovación basada en los socialistas del interior, ganando la votación. El congreso de 1972, también en Toulouse, registró ya el enfrentamiento con Rodolfo Llopis -representante de los 'históricos', herederos del PSOE de la República-, adoptándose las resoluciones renovadoras, aunque la dirección quedara en manos de un colectivo donde Nicolás Redondo era primus inter pares. Entre estos dos congresos tiene lugar la intervención de Carrero a favor de González.

El apoyo extranjero del PSOE, y por tanto de Felipe, dependía entonces de Willy Brandt, quien ya en 1974 sería acusado de ser agente de la CIA precisamente por un exagente, llamado Víctor Marchetti, en un libro que tituló La CIA y el culto de la inteligencia.

Brandt actuaba como presidente de la Internacional Socialista, y el PSOE sería también apoyado por Gustav Heinemann, uno de los fundadores de la CDU democristiana que se pasó al SPD, socialdemócrata, fue ministro de Justicia y desde 1969 a 1974 presidente de la República Federal de Alemania.

Felipe González sabía muy bien que cuando se planteó la dicotomía entre el PSOE histórico de Llopis, en el exilio, y el PSOE renovado, Carrero fue definitivo al decirle a Heinemann que por favor rogara a Willy Brandt que aceptara como partido socialista (español en la Internacional) al renovado. Esto es tan cierto que, cuando yo se lo recordé a Felipe González el primer día que hablé con él, en un restaurante de la calle Santa Engracia, me dijo: 'No se preocupen ustedes, que no olvidaremos nunca a Carrero Blanco. Soy perfectamente consciente de ello, de nuestra boca no saldrá jamás una crítica contra el almirante'.

Y lo han cumplido. Ha sido como si se respetara esa consigna. El contacto de Carrero con Gustav Heinemann se debía a que habían sido ministros de la Presidencia al mismo tiempo, y cuando Carrero le insinuó que había que favorecer a los de dentro, los del sector renovado en el caso del PSOE, Heinemann se lo comentó a Brandt. A mí esto me lo dijo el propio Carrero. Y Felipe González estaba al cabo de la calle, no sé si porque a él se lo diría Willy Brandt.

La protección siguió después del asesinato de Carrero. El asunto de Isidoro -nombre 'de guerra' de González- es uno de los más divertidos. Casi un año después de la muerte de Carrero, pudo viajar a Suresnes porque, a la ida, nadie le pidió el pasaporte, que tenía requisado, y a la vuelta sólo fue retenido unas horas. Y cuando al regreso de Suresnes lo detienen en Sevilla, el gobernador civil, Hermenegildo Altozano, recibe la orden tajante de la Presidencia del Gobierno de ponerlo en libertad inmediatamente. El policía sevillano, que estaba encantado de haber detenido al secretario general del PSOE clandestino, asombrado, lo liberó, sin entender bien lo que estaba pasando. ¿Lo explicaría que su entonces novia, Carmen Romero, era hija de Vicente Romero, coronel médico del Ejército del Aire y concejal en el Ayuntamiento de Sevilla, siendo alcalde el médico personal de Carrero, Juan Fernández Rodríguez García del Busto?

González llegó al poder en el congreso de Suresnes (11 al 13 de octubre de 1974). Por cierto, en nada mostraba su adhesión a los principios de una Transición reformista: de él saldría una resolución abogando por la ruptura democrática y otra por el derecho a la autodeterminación de las 'nacionalidades y regiones' que configuran el Estado español. Las contradicciones de Felipe y del PSOE en Suresnes permanecen hasta hoy».

La izquierda, después de que Carrero le hizo al PSOE el enorme servicio de reconocer al sector de Felipe González, que provocó su agradecimiento in aeternum, se encontró de golpe con la mayor unidad de la historia, y, enfrente, nada, porque no se podía reconstruir la CEDA. González es el que mejor lo entendió, en beneficio de su partido, del país y suyo como líder. No le avergonzó que quien le proporcionara la legalidad y el liderazgo socialista fuera Carrero.

En la calle, el enfrentamiento del PSOE contra la UCD parecía una lucha agria. Pero una cosa son las palabras y otra los hechos de fondo. González sabía que desde 1972, cuando entró en la Comisión Ejecutiva del PSOE, hasta 1974, cuando se le nombró secretario general, estaba siendo apoyado. Por eso al presentármelo en 1974 Enrique Múgica, me dijo esa frase ya anotada y que estoy dispuesto a escribir mil veces: «Usted verá que jamás saldrá de labios de un socialista una palabra contra el almirante Carrero Blanco...».

Carrero no eligió a Felipe, pero ayudó, a través del ministro de Justicia y presidente alemán, Gustav Heinemann, para que Willy Brandt, presidente de la Internacional Socialista, diera al sector renovado del PSOE la patente socialista. Después fue cosa de los socialistas del interior elegir a Felipe.

viernes, 10 de julio de 2015

FIESTA, los Sanfermines del 78

 
En Fiesta, un documental realizado para ETB, recordamos cómo fueron aquellos Sanfermines en los que Germán Rodríguez murió abatido por la policía y eso supuso la suspensión de las fiestas. Además, recuperamos las grabaciones que José Antonio Urbiola realizó de la emisora de la policía en la tarde del 8 de julio de 1978.

lunes, 1 de junio de 2015

“Jardines de Yolanda González Martín”

 
Blog Yolanda Gonzalez 31/5/15
El Pleno de febrero de la Junta Municipal de Distrito de Latina aprobó por unanimidad la propuesta de asignación del nombre de ‘Jardines de Yolanda González Martín’ al parque municipal ubicado a la altura del número 90 de la calle Escalona (Aluche), en homenaje a la líder estudiantil y vecina del barrio de Aluche asesinada en 1980 por miembros de extrema derecha.

La joven fue secuestrada a última hora de la tarde del día 1 de febrero de 1980 en su domicilio, Calle Tembleque, cuando se hallaba sola (convivía en un “piso de estudiantes” con su novio y con otra compañera del Partido Socialista de los Trabajadores-PST), y al que los secuestradores accedieron engañando a Yolanda, mostrando carnés falsos de autoridades policiales.
A Yolanda González Martín la asesinaron asesinada por los miembros de Fuerza Nueva, Emilio Hellín Moro e Ignacio Abad Velázquez.

domingo, 5 de abril de 2015

Felipe González: la impudicia de un político indecente


TeleSUR - 28 marzo 2015
Por: Marcos Roitman Rosenmann       
   
Felipe González tiene en su debe político urdir parte del proceso desestabilizador que culminó en el fallido golpe de Estado del 23-F en España, para crear un gobierno cívico-militar. 
 
Para muchos, Felipe González es un ícono de la democracia española. Sin embargo, nada más alejado de la realidad. Su pasado es otro. Hoy se presenta al mundo como el abogado defensor de Leopoldo López, dirigente del partido Voluntad Popular, y del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, elegido por la Mesa de Unidad Democrática (MUD). Ambos políticos venezolanos, imputados por participar y urdir la trama de golpe de Estado para derrocar al gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro.
                                                                              
Felipe González tiene una cara oculta. Tiene en su debe político urdir parte del proceso desestabilizador que culminó en el fallido golpe de Estado del 23-F en España, para crear un gobierno cívico-militar. También gestar la guerra sucia contra la izquierda abertzale y ETA. Siendo presidente de gobierno, entre 1983 y 1985 dio luz verde a la actuación de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). El resultado: 27 personas asesinadas y cientos de damnificados colaterales.
                                                                    
La historia de Felipe González está ligada indisolublemente a la evolución del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) desde los años 70 del siglo XX. La modernización política había desplazado a los viejos camisas azules y una generación de nuevos políticos tecnócratas asaltaban el poder. En este contexto, Franco nombraría en 1969 a su sucesor. El régimen tendría continuidad bajo la restauración monárquica. El elegido no sería el hijo de Alfonso XIII, don Juan, sino su nieto, Juan Carlos, saltándose la cadena sucesoria. El 20 de noviembre de 1975, Franco, tras 40 años de dictadura, moría en la cama. Su régimen sobrevivía. El 22 de noviembre de 1975 Juan Carlos I es coronado rey. En noviembre de 1976 las cortes franquistas aprueban convocar un referendo para la reforma política, a celebrarse el 15 de diciembre. Los actores de la modernización están en el poder. Adolfo Suárez preside el gobierno y una oposición tolerada se legitima. En febrero de 1977 se legaliza al PSOE y en abril del mismo año el Partido Comunista. Los interlocutores se reconocían, pero el itinerario había sido diseñado con el caudillo en vida. El objetivo, encontrar una salida negociada, redactar una ley de amnistía y punto final para salvaguardar a los dirigentes del régimen.
                                                                    
Estados Unidos, Alemania y Gran Bretaña, valedores de Franco, agradecidos por su papel en la lucha anticomunista, requerían una organización opositora fiable, capaz de negociar una vez muerto el dictador. Sus ojos se ponen en el PSOE. Partido con poca actividad durante la dictadura y considerado pro occidental. En esta estrategia, el Departamento de Estado estadunidense entra en contacto con un hombre oscuro, abogado laboralista y militante del partido: Felipe González. En poco tiempo pasaría a transformarse en una figura destacada de la transición. La operación contó con fondos y aval de los países señalados y la socialdemocracia internacional. Previamente, Felipe González y su equipo debía tomar las riendas del PSOE, en manos de la vieja guardia desde 1944. El momento idóneo, el 26 congreso, a celebrarse en la localidad francesa de Suresnes, en 1974. En dicho evento, Felipe González será nombrado secretario general, desplazando a Rodolfo Llopis. Dos años más tarde, en diciembre de 1976, el PSOE celebrará, en la clandestinidad, su 27 congreso en Madrid; radiado y televisado nadie será detenido. En ese instante, Felipe González, aclamado por el partido, se convierte en el hombre de Estados Unidos en España y el interlocutor de la socialdemocracia europea para América Latina. En 1982 su partido obtendrá mayoría absoluta, siendo elegido presidente de gobierno. Allí se quita su careta. En medio de la guerra contrainsurgente en Centroamérica, declara: Habría que ayudar a Estados Unidos a encontrar la dimensión positiva de su liderazgo en América Latina. Y de paso no sorprender nunca a la administración Reagan en las decisiones que tomara el Ejecutivo.
                                                                    
Su periplo por América Latina no tiene desperdicio. En su currículum debemos destacar la relación con el entonces miembro de la Junta Militar Argentina, almirante Eduardo Massera, para crear el Partido Democracia Social, integrado a la Internacional Socialista. Maniobra que fracasó estrepitosamente, no sin antes González presentar a Massera como socialdemócrata. Dichos datos salieron a la luz en la causa instruida por el juez Garzón contra la dictadura Argentina. Publicitados por el equipo Nizkor y el periódico argentino La Nación. Durante la dictadura de Videla, Felipe González condecoró a varios militares. Entre otros, al almirante Rubén Franco, condenado posteriormente a 25 años de cárcel por participar en el secuestro y apropiación de hijos de desaparecidos, con la Gran Cruz de la orden del merito aeronáutico. Asimismo, no tuvo escrúpulos en convertirse en fiador para la venta de armas a las dictaduras latinoamericanas. Sólo en el Chile de Pinochet, entre morteros, lanzacohetes, ametralladoras, aviones de entrenamiento, helicópteros, en el año 1983, los beneficios superaron los 80 millones de dólares. No es de extrañar que pidiera la libertad de Pinochet con tanto ahínco tras su detención en Londres, sin olvidar que en los años 80 recomendó a Ricardo Lagos que fuese Pinochet el timonel de la transición. La visita de ministros de Pinochet a España para asesorar las privatizaciones, la reforma laboral y abrir las puertas a Telefónica, Iberdrola, Endesa, Repsol, Santander, BBVA, en Chile fue una constante. Financió la contra nicaragüense, apoyó el informe Kissinger y negó apoyo al FDR-FMLN en El Salvador. Tras su salida de la política se transformó en asesor de lobbys y empresas trasnacionales españolas, estadunidenses y europeas, entre otras de venta de armamento, obteniendo pingües beneficios. Además de asesorar empresarios latinoamericanos para esquilmar sus riquezas, entre los que destaca Carlos Slim.
                                                                    
Ahora se presenta como un demócrata comprometido con las libertades en América Latina. Nunca lo estuvo ni lo estará. Mientras cultiva su hobby, comprar y diseñar joyas, alienta la desestabilización de golpistas. No puede ser de otra forma. Siempre revoloteó en su nido. Estados Unidos se lo agradece. Su impudicia no tiene límite.     
    
Casos de Corrupción Financiera
Asesinatos políticos y terrorismo de Estado
 

lunes, 23 de febrero de 2015

23-F. El rey fue uno de los responsables

Carros de combate. Algunos de los 54 tanques ´M-47´ que Milans del Bosch
desplegó en Valencia el 23-F. Archivo Levante-EMV

Victor Arrogante - nuevatribuna.es | 23 Febrero 2015 
El 23 de febrero de 1981, hace treinta y cuatro años, las fuerzas antidemocráticas, altos mandos de las fuerzas armadas, fieles al «testamento» de Franco, con la ayuda de otros afines al régimen, también quienes querían reconducir la situación política del momento y fortalecer al rey y la monarquía, se confabularon y dieron un golpe de Estado; que fracasó, pero que tuvo consecuencias políticas, algunas de ellas siguen aquejándonos.
 
El golpe estaba previsto para marzo. La dimisión de Suárez y el pleno de investidura de Calvo-Sotelo lo aceleraron todo. Lo tengo grabado en mi memoria. Vi entrar al teniente coronel Tejero, que con tricornio y pistola en mano tomó el Congreso: «¡Quieto todo el mundo!», dio la orden de «¡todos al suelo!» y efectuó un disparo al aire, seguido por ráfagas de ametralladora de los guardias asaltantes. Todos presentimos lo peor. Todavía me estremezco. El gobierno y el parlamento quedaban secuestrados, produciéndose el «Supuesto Anticonstitucional Máximo», que permitiría otra acción antidemocrática, para volver a la normalidad democrática, que no hubiera podido serlo nunca.
 
Desde el mes de diciembre, distintos militares venían manteniendo reuniones, tiempo en el que suceden distintos acontecimientos políticos y militares. El diario El Alcázar publicó una serie de artículos firmados por el colectivo Almendros, bajo el que se ocultaban un grupo de civiles y militares de extrema derecha. El primero de los artículos (17 de diciembre), titulado «Análisis político del momento militar», hacía alusión a un «vino español» que anualmente ofrecía el director de la Escuela de Estado Mayor, acto que había permitido reunir a más de seiscientos generales, jefes y oficiales «Los más de seiscientos asistentes habituales menguaron hasta menos del centenar, y aun éstos, en su mayor parte, permanecieron poco tiempo. Tal vez el imprescindible para advertir las razones auténticas de la excepcionalidad y desangelada situación».
 
El día 22 de enero Almendros publica su segundo artículo bajo el título «la hora de las otras instituciones». El presidente Suárez, días después, presentó al rey su dimisión. El último de la serie se publicó el 1 de febrero con el título «La decisión del mando supremo», en el que se señalaba: «Estamos en el punto crítico, se inicia la cuenta atrás». Días más tarde, el general De Santiago, muy próximo a los golpistas, publicó en El Alcázar un artículo claramente provocador: Situación límite. UCD celebraba su Congreso en Mallorca. Durante todo este tiempo, el grupo de oficiales golpistas próximos a Milans del Bosch ultima los preparativos. La contraseña establecida era «Duque de Ahumada» (fundador de la Guardia Civil), y el día escogido el 23 de febrero; antes de que se eligiera un nuevo presidente del gobierno.
 
Franco en su testamento político, dejaba todo «atado y bien atado» en manos del rey, la banca, la alta burguesía, los altos mandos de la administración, el ejército y la Iglesia. Pedía perseverancia en la unidad y en «la paz», así como lealtad al futuro rey de España, que él mismo había elegido. Seis años después de su desaparición, su espíritu seguía vivo y el aparato de la dictadura intacto. Los fieles al «régimen» no podían consentir que se otorgase la soberanía al pueblo, se legalizaran los partidos políticos, especialmente el PCE, se desmontara el estado totalitario y se reconociese el derecho al autogobierno de nacionalidades y regiones. Había otros intereses de poder que pretendían reconducir la situación, ante la política de Suárez que llevaba al abismo.
 
Las elecciones generales de 1979, dieron la mayoría a la UCD de Suárez. Sus políticas, agravadas por la situación internacional, provocaron una gravísima crisis social, económica y política; la inflación se disparó, se elevaron los precios y el desempleo aumentó vertiginosamente. Junto a esto, el terrorismo más cruento. Con cada atentado, la democracia se debilitaba, el Sistema perdía credibilidad y cundió el «desencanto». La democracia tan anhelada, había dejado de ser la panacea de toda solución política, económica y social. Para el rey, Suárez había dejado de ser útil. Un mes antes de aquel 23-F, El Alcázar anunciaba que «los almendros florecen en primavera», clave de alerta a las fuerzas golpistas que estaban en el conocimiento.
 
El 17 de marzo de 1981, el Congreso de los Diputados celebró un pleno monográfico sobre el 23-F a puerta cerrada —algo sin precedentes—, sin cámaras de televisión, fotógrafos ni invitados. El ministro de Defensa, Alberto Oliart, presentó la primera explicación oficial. El informe Oliart, según la revista Tiempo, precisaba que el golpe, sufrió un adelanto forzado, ante la inesperada dimisión de Adolfo Suárez y cogió a los golpistas con el pie cambiado. Como los autores del golpe primaron la seguridad, la conjura «no fue detectada a tiempo por los servicios de información». No obstante se percibieron indicios de una conspiración, «por los artículos publicados en el diario ultraderechista El Alcázar bajo el nombre en clave de Almendros». Blanco y en botella.
 
El ministro de Defensa hizo hincapié, según la revista, en que los responsables de la sublevación «partieron de la convicción gratuita» de que se produciría una «reacción en cadena» en las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad del Estado. En la tesis del ministro estaba presente la defensa del rey, cuando dice que los golpistas no contaron con la «enérgica e inequívoca» actitud del rey, quien «destruyó» el efecto causado en un primer momento por los golpistas por la utilización del nombre del monarca. Hay otras tesis más actuales que implican al rey directamente, como conocedor de los sucesos. Iñaqui Anasagasti recuerda una conversación con Sabino Fernández Campo —entonces secretario general de la Casa del Rey—, sobre los primeros momentos transcurridos en la Zarzuela y lo que el secretario escuchó decir al rey, en su conversación con el general Armada, después del tiroteo en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo: «¡Qué coño es eso de intimidación! ¡Eso no estaba previsto! ¡Quiero saber urgentemente lo que está pasando ahora mismo allí».
 
Según Iñaqui Anasagasti, Sabino Fernández Campo le contó: «Al quedarme sólo me di cuenta que mi cabeza era un volcán y cien preguntas me surgieron como centellas. ¿Qué significaba lo de «no estaba previsto»? ¿Por qué el Rey aparentaba estar tranquilo conmigo y no con Armada?», se preguntaba Fernández Campo, Secretario General de la Casa del Rey (Iñaki Anasagasti id.). «¿Era la acción individual del loco Tejero? ¿Era un golpe de Estado? ¿Era la cabeza de puente de otra cosa mucho más seria? ¡Y las dudas inundaron mi cabeza! Así que cogí el teléfono y llamé a mi hombre de confianza destacado en el Congreso y me confirmó que Tejero había dicho que aquello lo hacía ¡¡en nombre del Rey!! Eso me nubló hasta la vista y hasta mi corazón empezó a latir peligrosamente. ¿En nombre del Rey? ¿Qué está pasando aquí? Entonces llamé a mi amigo Lacaci, el Capitán General de Madrid, y comprobé que estaba tan desorientado y desconcertado como yo, intentando saber con exactitud lo que estaba pasando en la Brunete, era fundamental saber lo que iba a hacer la Acorazada».
 
Sabino volvió al despacho del rey, que hablaba por teléfono con el general Armada:
«Alfonso, si es verdad que ese loco ha entrado en el Congreso en nombre del Rey hay que desmentirlo urgentemente y quiero saber con urgencia por qué ha dicho Tejero semejante cosa. Y sin más colgó el teléfono. Yo me acerqué y sin sentarme, de pie (allí sentada seguía la Reina) le dije: Señor, veo que ya lo sabe. Eso es muy grave.
 
—Sí, Sabino, la cosa es grave. Creo que debemos autorizar a Armada a que venga a la Zarzuela y nos explique detalladamente lo que está pasando, porque creo que aquí están pasando cosas que no estaban previstas— ¿Cosas que no estaban previstas? ¿A qué se refiere Su Majestad? —Bueno, es un decir (pero, por primera vez noté cierto nerviosismo en el Rey, como si quisiera ocultarme algo)».
 
El rey apareció en televisión, después de conocer que todos los capitanes generales cumplirían la orden de interrumpir la operación, y anunció la continuidad democrática. Javier Cercas en Anatomía de un instante, dice que todo implica al rey, en una operación para fortalecer a la monarquía, restaurar el prestigio de España, consolidar la democracia y retirar a Suárez de la presidencia del gobierno, con el apoyo de ciertos renombres de la política en el gobierno y la oposición. La conducta del rey antes del golpe no fue en absoluto ejemplar, cometió errores, frivolidades e irresponsabilidades.
 
El rey, dice la periodista Pilar Urbano, no nos salvó del golpe; «el rey nos salvó in extremis de un golpe que él mismo había puesto en marcha», que el había alentado. 
 
Armada, segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, secretario general de la Casa del Rey durante 17 años, estuvo en el Congreso, pero Tejero no le permitió dirigirse a los diputados, para proponer un gobierno de salvación dirigido por él y con representantes de todos los partidos políticos. Tejero, que quería una junta militar presidida por Milans, se sintió traicionado e impidió que Armada asumiera la presidencia del gobierno a las «órdenes del rey». El suyo era un golpe duro, de involución, y desmanteló el golpe blando de Armada. «El Rey nos ha engañado; nosotros hemos avanzado y él se ha echado atrás» clamaba Milans (Iñaki Anasagasti. Una monarquía protegida).
 
Mientras los diputados y el gobierno legítimo permanecían secuestrados por las armas, el «gobierno de salvación nacional» que el general Armada presentó a Tejero, lo formaban: Presidente, general Alfonso Armada; Vicepresidente Asuntos Políticos, Felipe González Márquez; Vicepresidente Asuntos Económicos, J. M. López de Letona (Banca). Ministros UCD: Hacienda, Pío Cabanillas; Obras Públicas, José Luis Álvarez; Educación y Ciencia, Miguel Herrero de Miñón; Industria, Agustín Rodríguez Sahagún. Ministros PSOE: Justicia, Gregorio Peces-Barba; Transportes y Comunicaciones, Javier Solana; y Sanidad, Enrique Múgica. Ministros PCE: Trabajo, Jordi Solé Tura; y Economía, Ramón Tamames. Otros partidos e instancias: Asuntos Exteriores, José María de Areilza (Coalición Democrática); Defensa, Manuel Fraga (Alianza Popular); Comercio, Carlos Ferrer Salat (presidente CEOE); Cultura, Antonio Garrigues Walker (empresario); Información, Luis María Anson (presidente agencia Efe). Militares: Interior, general Manuel Saavedra; y Autonomías y Regiones, general José A. Sáenz de Santamaría. ¿Eran conocedores de lo que se proponía?
 
Cuando Armada llega al hotel Palace, conoció el contenido del mensaje del monarca y se pone irremediablemente del lado de los golpistas: «el Rey se ha equivocado» y con su alocución «ha comprometido a la Corona, divorciándose de las Fuerzas Armadas». En otras palabras, venía a decir, que el rey había traicionado a sus compañeros de armas y a la operación que conocía desde el principio y sobre la que estaba de acuerdo. El ministro Oliart informó de la investigación que se estaba siguiendo, veintiún días después del golpe: «114 personas aparecían citadas en conversaciones grabadas por Francisco Laína, a las que se sumaban 127 miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y 23 civiles». En el posterior juicio de Campamento solo se enjuició a 33 responsables. Fue una «verdadera farsa de la Transición», dice Anasagasti en su nuevo libro Una monarquía nada ejemplar; «por lo pronto no se investigó la trama civil».
 
En otro momento de la conversación de Anasagasti con Fernández Campo, cuenta que después de hablar con el general Juste, que preguntaba por Armada, al que le respondió «ni está ni se le espera», con la intuición a flor de piel, «con todas las moscas detrás de la oreja», se dirigió de nuevo al despacho del rey: «Cuando entré me llevé la sorpresa de mi vida. Allí se estaba brindando. Y eso me nubló la mente y me enfureció. Así que, ya sin protocolos, me dirigí a su majestad y sin pensarlo le dije mirándole de frente: ¡señor! ¿Está usted loco? Estamos al borde del precipicio y usted brindando con champán. Y casi grité ¿no se da cuenta de que la monarquía está en peligro? ¿Qué puede ser el final de su reinado? ¡Recuerde lo que le pasó a su abuelo! Entonces la cara del rey cambió de color y vi como sus manos le empezaron a temblar y en voz casi inaudible mandó salir a los allí presentes. Todos salieron menos la reina, que tenía cara de póquer. Su majestad se vino hacia mí y tembloroso, casi llorando, me tomó de las manos y en tono suplicante me dijo: ¡Sabino, por favor sálvame! ¡Salva a la monarquía, ahora mismo no sé lo que hago ni qué decir!». Se había dado cuenta de las consecuencias de su borboneo.
 
La atmósfera en los meses anteriores al golpe era de desestabilización: atentados, crisis económica, agitación social, intoxicación desde los medios de la ultra derecha, división interna en la UCD y dura confrontación política. El ex director de Seguridad del Estado, Francisco Laina, jefe de la Comisión Permanente de secretarios de Estado y de subsecretarios —un gobierno de facto que asumió las funciones del ejecutivo secuestrado en las Cortes—, guarda en su memoria dos escenas relevantes. La primera transcurre en el funeral por una de las víctimas de ETA, en el que también estaba el teniente coronel Antonio Tejero —que ya había sido condenado a siete meses de cárcel por la Operación Galaxia—, sin mando y en situación de disponible, «Me quedé pensando que aunque no tuviera mando, disponía de 24 horas al día para conspirar. Dejarle en Madrid libre de vigilancia fue un error de los servicios de información».
 
La segunda escena que recuerda, fue cuando entregó al presidente Adolfo Suárez un informe confidencial elaborado por los servicios de información policiales, que indicaba que el rey no se recataba en criticar duramente al presidente Suárez en conversaciones con personas y ambientes muy diversos. Se añadía que el monarca expresaba abiertamente su disconformidad con decisiones adoptadas por Suárez y planteaba la conveniencia de un posible relevo del presidente. También se informaba de una comida que el general Alfonso Armada —entonces gobernador militar de Lleida—, había mantenido con el responsable de asuntos de defensa del PSOE Enrique Múgica, en la casa del alcalde Antoni Siurana. Suárez, después de leer el citado informe, «guardó un momento de silencio y luego me dijo: No me cuentas nada nuevo».
 
Los golpistas querían establecer un gobierno «militar por supuesto», recuperar los principios del «movimiento nacional» y el espíritu del 18 de julio. Si nos atenemos a las palabras que el rey dedicó al embajador alemán Lothar Lahn en marzo de1981, los sublevados sólo «habían querido lo mejor para España». Para el rey «los cabecillas sólo pretendían lo que todos deseábamos: el restablecimiento de la disciplina, el orden, la seguridad y la tranquilidad»; la defensa de la unidad de España, la bandera y la corona. El monarca entendía que el responsable último del pronunciamiento era Adolfo Suárez, por no tener «en cuenta las peticiones de los militares». El rey estaba al corriente de la trama golpista y conforme, antes, durante y después del golpe que traicionó.
 
Fue un golpe de estado en toda regla: perpetrado por mandos militares, guardias civiles y una trama ideológica de la derecha reaccionaria sin identificar y que no fue investigada. Fue un golpe de estado promovido desde las instancias del poder para reconducir la «situación política a la deriva». Al menos dos conspiraciones coincidieron en el tiempo. La violenta de Tejero, que con sus disparos, asustó al rey y el de Armada, en el que estaba el CESID que recondujo acciones e indujo otras para llevarle a la presidencia del gobierno, con la connivencia de algunos políticos y partidos en la oposición que jugaron un papel determinante. El general Armada, no fue el mayor traidor, sino el traicionado. Había sido el hombre leal y disciplinado, muy valorado por todas las fuerzas políticas, que estuvo en todo momento a las órdenes del rey, quien «ayudó a crear un ambiente golpista previo al 23-F» e hizo todo lo posible para que Suárez dimitiera. La irrupción de Tejero estropea el plan a Armada, «y el rey, con quien había conspirado, se hizo el loco». Armada era el «elefante blanco» que se iba a hacer con el poder en nombre del rey» (Anasagasti).
 
Se hizo todo en nombre del rey, aunque insistió «¡A mi dádmelo hecho!» (El Rey y su secreto, Jesús Palacios). Estaba previsto que a la llegada de Armada, varios diputados lo avalaran, entre ellos Fraga, Sánchez Terán, Herrero de Miñón, Enrique Múgica, Peces Barba y José Luis Álvarez. En la historia de España, la monarquía siempre se ha restaurado o instaurado mediante golpe de Estado; la actual, por el de Franco. Ahora sin triunfar, se consiguió lo que pretendía: el rey y la monarquía se consolidaron; la democracia se fortaleció, aun sometida al miedo de la involución; el desarrollo del estado autonómico se paralizó y ahí sigue; y la grave situación política e institucional, achacada a la política de Suárez, se recondujo hasta hoy. Cayo Lara ha exigido que se desclasifiquen todos los documentos del 23-F y a la Casa Real «que desmienta, si se puede, con explicaciones claras y concretas», el papel del rey en el golpe. Quedan pendientes algunas respuestas de otras tantas preguntas posibles.. El tiempo las responderá o no.

El 23-F fue un episodio vergonzante, que se cerró con rapidez, sin investigar y con desaparición de pruebas. Quienes participaron, ocultaron y desvirtuaron la realidad; quienes algo conocían lo taparon por su seguridad y lealtades mal entendidas. Demasiadas instituciones y representantes públicos estuvieron implicados de espaldas al pueblo. Unos se han llevado su secreto a la tumba, otros todavía viven de sus réditos. Termino con León Felipe en Sé todos los cuentos: «Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan sólo lo que he visto...», lo que he oído, lo que he vivido y lo que pienso.

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