BENJAMÍN PRADO 16/01/2009 Cuando en el año 2006 publiqué mi novela Mala gente que camina, cuyo tema central es el de los niños robados por la dictadura a los vencidos de la Guerra Civil, muchos pensaron que la historia que contaba era inventada, o al menos que había exagerado las dimensiones de aquella tragedia. Ahora, la causa contra el franquismo iniciada por el juez Baltasar Garzón y abatida por el fuego amigo y enemigo del Gobierno y de los magistrados conservadores de la Audiencia Nacional les ha puesto un número a esos secuestros, al hablar de más de 30.000 niños segregados de sus familias y dados en adopción a personas afectas al Régimen o internados en centros del Auxilio Social, hospicios, conventos o seminarios, en donde se los reeducaba según los ideales del fantasmagórico Movimiento Nacional.Como se ve, lo que se contaba en aquel libro era una recreación de la verdad, no un invento, ni mucho menos una suposición, pero esa certeza nos lleva a una pregunta que hoy día, tras más de 30 años de democracia, resulta hiriente: ¿cómo es posible que un drama de semejantes dimensiones se haya mantenido oculto tanto tiempo y que, aún hoy, se dificulte o prohíba su investigación desde las alturas del Estado de derecho? Tal vez sea porque esas alturas siempre están cubiertas por la nieve incontestable de la Transición, que con tanta eficacia decora, idealiza y cubre todo lo que está debajo de ella.
Garzón, que ha intentado salvar parte de su proceso inhibiéndose de él en favor de las salas de instrucción territoriales de toda España, ha remitido también la investigación sobre los niños perdidos a los juzgados decanos de Barcelona, Burgos, Valencia, Vizcaya, Madrid, Málaga y Zaragoza, que tendrán que decidir si los delitos que se pretende perseguir, y que el auto califica de "desapariciones legalizadas", son crímenes contra la humanidad, lo cual impediría que pudiesen prescribir. El juez sabe bien lo que dice y cómo decirlo, porque esa palabra, "legalizadas", es el centro del problema.
Los golpistas de 1936 no sólo pretendían exterminar a sus rivales, como demuestran las más de 150.000 personas enterradas en las fosas comunes que el Tribunal Supremo le impide abrir a Garzón, sino también erradicar su ideología. Para conseguirlo, pensaron en quitarles a los republicanos sus hijos para poder sembrar en ellos la doctrina nacionalsindicalista y el odio a las ideas de sus familiares....
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