La ley obliga a la alcaldesa a autorizar la petición de exhumaciones Rafel Montaner, Valencia, 16 de enero de 2009 . Las familias de cualquier difunto enterrado en alguno de los siete cementerios de Valencia que quieren trasladar los restos de su ser querido a otra tumba o camposanto sólo tienen que solicitarlo al Negociado de Cementerios del Ayuntamiento de Valencia. El traslado de restos cadavéricos es una práctica frecuente. Sin embargo, la cosa cambia si dicha petición a hacen los hijos de dos víctimas del franquismo sepultadas en la fosa común del antigua necrópolis civil del Cementerio General de Valencia, ya que la alcaldesa Rita Barberá ha anunciado que les obligará a acudir a los juzgados.
Esta diferente vara de medir de Barberá, que obvia que la propia Ordenanza de Cementerios y Servicios Funerarios Municipales del Ayuntamiento de Valencia y el Reglamento autonómica de policía sanitaria mortuoria obligan a la alcaldía a autorizar los traslados, fue expresada por la alcaldesa el miércoles. Al ser preguntada por las peticiones de los hijos de dos víctimas de la dictadura de exhumar los restos de sus padres enterrados en la fosa común de la Sección 4ª Izquierda del Cementerio General, respondió: "puede pedir todo el mundo lo que quiera, ya dirá el juez".
Trato discriminatorio
Este trato discriminatorio de la alcaldesa para con las víctimas de la dictadura ha sorprendido al forense Manuel Polo, director del grupo Paleolab, el único equipo especializado en arqueología funeraria de la Comunitat y al que las familias de represaliados han encargado que acometa la recuperación de los restos. Polo, que no conoce ningún caso en que los familiares hayan tenido que ir a un juzgado para pedir un traslado de restos, señala que lo "único que conseguirá la alcaldesa será dilatar las cosas".
El antiguo maquis Pedro Alcorisa, de 88 años, y su hermana Pilar quieren llevarse los restos de su padre, Teófilo Alcorisa, a un nicho del cementerio de Burjassot donde yace su madre. Los descendientes de Joaquín Alcorisa, quieren saber si el hombre no identificado que hay en la misma fosa es el de su familiar. Todo coincide, tanto la edad del finado, como la fecha de la anónima inhumación, que concuerda con la de la desaparición de Joaquín cuando estaba detenido Arrancapins. Si las pruebas de ADN para las que han pedido la financiación del Gobierno logran identifica dichos restos como los de su padre, quieren trasladarlos al cementerio de Higueruelas. Ambas familias solicitan 25.000 euros de las ayudas de la Ley de Memoria Histórica para la búsqueda de desaparecidos.
El único requisito que establece la ordenanza municipal para las fosas es que si se tienen que exhumar varios cadáveres para trasladar uno de ellos, el solicitante del servicio "deberá reponer las cajas de aquellos que lo precisen". Polo, añade que al tratarse de una fosa la intervención debe hacerla un equipo especializado como el suyo "puesto que sólo las técnicas arqueológicas y de recuperación estratigráfica garantizan la separación de los diferentes cadáveres". Los lugares en los que yacen ambas víctimas están identificados en el Libro de Registro, uno tiene dos cuerpos encima y el otro tres.
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