JOSÉ YOLDI - Madrid - 08/01/2009
El juez Baltasar Garzón ha remitido a los juzgados decanos de Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Burgos, Málaga y Zaragoza, los datos relativos a los niños robados durante la Guerra Civil y primeros años del franquismo para que investiguen su paradero. El magistrado, en cumplimiento de la resolución de la Audiencia que declaró que no era competente para investigar los crímenes del franquismo, se ha inhibido en favor de 27 juzgados territoriales para que tramiten el caso de la memoria histórica.
En la resolución, Garzón insiste en que el objeto de la investigación es la existencia de un plan sistemático y preconcebido de eliminación de oponentes políticos a través de múltiples muertes, torturas, exilio y desapariciones forzadas (detenciones ilegales) de personas a partir de 1936, durante los años de Guerra Civil y los siguientes de la posguerra, producidos en diferentes puntos geográficos del territorio español.
El juez mantiene que la tipificación jurídica que corresponde a esos hechos es la de detención ilegal con desaparición forzada de personas en el contexto de crímenes contra la humanidad.
Sin embargo, serán los nuevos jueces a los que corresponda investigar los hechos, los que deberán decidir si aceptan la calificación jurídica realizada por Garzón o si por el contrario la modifican. También deberán decidir si continúan con el procedimiento o se declaran incompetentes. En ese caso, sería el Tribunal Supremo el que debería decidir sobre qué órgano es el competente para investigar los hechos....
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