Las asociaciones alegan ante Garzón la elevada edad de los testigos que perdieron a sus hijos o ayudaron en partos en la cárcel. Sólo la urgencia justifica que se ocupe la Audiencia NacionalÁNGELES VÁZQUEZ - MADRID - 09/01/2009 08:00
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica volvió ayer a la Audiencia Nacional. Pretende, alegando el fallecimiento de dos mujeres que trataban de localizar a una hija y a una hermana, que se practiquen con urgencia las declaraciones judiciales y las pruebas de ADN necesarias para esclarecer algunos de los casos de los niños perdidos del franquismo.
La forma más rápida de proceder sería que las ordenara el juez Baltasar Garzón, que se ha inhibido a favor de los juzgados de siete ciudades para que investiguen esta parte de la primera causa penal abierta por los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo.
La asociación, representada por el abogado Fernando Magán, argumenta que el último auto de la Sala de lo Penal que declaró que Garzón no es competente para investigar estos crímenes contra la humanidad dejó abierta la puerta a la realización de pruebas urgentes o necesarias para la averiguación del delito. Y para demostrar dicha urgencia recuerda en su escrito a Emilia Girón y Marina Álvarez. La primera, que murió el año pasado a los 96 años, buscaba a su hijo. Álvarez también murió en 2008, pero antes de hacerlo se hizo pruebas de ADN para intentar localizar a su hermana menor.
Ellas ya han muerto, pero la asociación intenta evitar que ocurra lo mismo en otros tres casos. Son los de Agustina Gómez, de 100 años, que busca a un hijo suyo robado en 1945; Julia Manzanal, de 93; y los hermanos José y María Setefilla Sánchez Iglesias, de 75 y 73 años, respectivamente....
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