Melchor Sáiz-Pardo / Colpisa Madrid 02/02/2009El Gobierno ha visto obligado a defender ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas el modelo español de transición a la democracia y, en concreto, la Ley de Amnistía aprobada por el Parlamento en 1977, cuya derogación solicitó el mencionado organismo internacional el pasado mes de octubre para que los tribunales pudiesen perseguir, sin impedimento legal, los crímenes del franquismo.
El Ejecutivo, con una contundencia poco habitual en diplomacia, contestó a esa recomendación con un duro informe en el que «lamenta» que el comité se haya metido en un asunto que «desconoce» y al que recuerda que la Ley de Amnistía, que no va a ser derogada, fue uno de los pilares del proceso democratizador.
La respuesta se cursó el pasado 8 de enero para rebatir el informe aprobado en la 94º reunión del comité que vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que daba un respaldo explícito a la Ley de la Memoria Histórica y a la investigación del juez Baltasar Garzón sobre las desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil y los primeros años de dictadura franquista, y que recomendaba «encarar la abolición» de la Ley de Amnistía porque en España hay todavía de desaparecidos y esa norma choca con la máxima internacional de que «los crímenes contra la humanidad (como los cometidos por la dictadura de Francisco Franco) son imprescriptibles»...
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