JULIÁN CASANOVA 01/02/2009 El 26 de enero de 1939 las tropas de general Franco entraron en Barcelona. Unos días después, el 9 de febrero, "próxima la total liberación de España", Franco firmó en Burgos la Ley de Responsabilidades Políticas, el primer asalto de la violencia vengadora sobre la que se asentó la Dictadura. La ley declaraba "la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como físicas" que, desde el 1 de octubre de 1934, "contribuyeron a crear o agravar la subversión de todo orden de que se hizo víctima a España", y las que, a partir del 18 de julio de 1936, "se hayan opuesto o se opongan al Movimiento Nacional con actos concretos o con pasividad grave".Todos los partidos que habían integrado el Frente Popular, y sus "aliados, las organizaciones separatistas", quedaban "fuera de la Ley" y sufrirían "la pérdida absoluta de sus derechos de toda clase y la pérdida de todos sus bienes", que pasarían "íntegramente a ser propiedad del Estado".
La puesta en marcha de ese engranaje represivo y confiscador causó estragos entre los rojos y los vencidos, abriendo la veda para una persecución arbitraria y extrajudicial que en la vida cotidiana desembocó muy a menudo en el saqueo y en el pillaje. Hasta octubre de 1941 se habían abierto 125.286 expedientes y unas 200.000 personas más sufrieron la "fuerza de la justicia" de esa ley en los años siguientes. La ley quedó derogada el 13 de abril de 1945, pero las decenas de expedientes en trámite siguieron su curso hasta el 10 de noviembre de 1966.
Las sanciones que la ley preveía eran durísimas y podían ser, según el artículo 8, de tres tipos: "restrictivas de la actividad", con la inhabilitación absoluta y especial para el ejercicio de profesiones; "limitativas de la libertad de residencia", que conllevaba el extrañamiento, la "relegación a nuestras posesiones africanas", el confinamiento o el destierro; y "económicas", con pérdida total o parcial de los bienes y pagos de multas. Ilustres republicanos, autoridades políticas y dirigentes sindicales cayeron bajo el peso de esa ley, que castigó a miles de personas ya asesinadas, desterradas, exiliadas, presas o "en paradero desconocido". Los afectados y sus familiares, condenados por los tribunales y señalados por los vecinos, quedaban hundidos en la más absoluta miseria...
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