La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que no admita a trámite la querella que una nieta del presidente del Gobierno de la II República Juan Negrín interpuso por prevaricación contra los jueces de la Audiencia Nacional que acordaron paralizar la exhumación de desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo.En su escrito, el fiscal considera que "no existe vulneración de norma jurídica alguna", ya que el auto en el que se acordaba esa medida, dictado por la sala de lo penal de la Audiencia el pasado 7 de noviembre, es "una decisión judicial elaborada, seria y razonada" basada en criterios "que han de ser calificados, en el peor de los casos, de absolutamente respetables".
La querellante había alegado que los querellados "han tergiversado los hechos de la causa y se han apartado gravemente de la ley, causando daño a las víctimas".
Los magistrados querellados eran Javier Gómez Bermúdez, Alfonso Guevara, Fernando García Nicolás, Ángela Murillo, Guillermo Ruiz Polanco, Ángel Hurtado, Paloma González, Julio de Diego, Juan Francisco Martel y Nicolás Poveda.
La querella también se dirigía contra el fiscal que presentó la petición de paralizar las exhumaciones, del que el representante del Ministerio Público en el Tribunal Supremo dice que "no es necesario constatar que (...) no ha dictado ninguna sentencia o resolución", por lo que "difícilmente" se le puede acusar de prevaricación.
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