Felipe Villegas. Foto: Juan Carlos Cazalla. 10/02/2009“El funcionario al que usted alude, que falleció en septiembre de 2007, pudo llevarse más de 12.000 euros ofreciendo de tapadillo copias digitalizadas de expedientes a los usuarios, que fueron los que alimentaron a esa bestia”. Así justifican el mercadeo que, a cuenta del interés por la Memoria Histórica, había orquestado uno de los suyos.
Lo admiten a regañadientes, pero han acabado dando más detalles incluso que los propios historiadores y familiares de víctimas estafados por el funcionario militar que, hasta septiembre de 2007, controlaba las consultas, las búsquedas y las entregas de documentación en el Archivo Histórico del Tribunal Militar Territorial Segundo, el mayor sobre la represión de Andalucía. “Ese señor se aprovechó de que el manejo de los fondos sigue siendo algo caótico, y de que la ordenación es incluso peor. Francamente, vivimos en la locura y no tenemos medios suficientes;esperamos, no obstante, que cuando el archivo se traslade a uno de los pabellones de enfrente que estamos rehabilitando, la situación pueda cambiar”, informan fuentes de Defensa, las mismas que, de todos modos, pretenden restar importancia a lo sucedido: “En ese archivo se ha metido mucho la mano en todas las décadas. No es algo nuevo. Lo que ocurre es que queremos ponernos serios en un momento en que la voracidad del querer saber es mucho mayor”.
De esa voracidad se nutrió el referido funcionario, quien de tapadillo fraguó un sistema redondo para sacarse un sobresueldo: localizaba los grupos de expedientes que les pedían los usuarios y, en vez de servírselos tal cual, les ofrecía la posibilidad de obtener una copia digitalizada. Todo ello a 10 céntimos la página. La oferta era tan tentadora que la lista de pedidos creció y creció, y como pasó que el promotor falleció de forma repentina en septiembre de 2007, dejó a muchos colgados con los ingresos hechos pero sin la información recibida. Y así hasta hoy.
“El problema es que esa gente alimentó a la bestia, cuando también ellos han sido culpables por consentir ese chanchullo”. Sólo que había gente que llegó a creer que lo de las copias era un servicio más del archivo, lógico porque en los que suelen estar en condiciones sí es así.
La otra pregunta clave es si no había ningún mando militar que se oliese lo que pasaba. En efecto, el archivo funciona con la figura del secretario relator, y en el tiempo durante el que funcionó el negocio del funcionario, este cargo lo ostentaba un comandante, que además pasaba bastante tiempo en el lugar porque se afanó en darle cierto orden. Según la versión oficial, “ese responsable sólo se percató de lo que estaba pasando en el verano de 2007”, es decir, apenas dos meses antes de que el funcionario muriese.
“De hecho, ese comandante fue el que denunció al funcionario al comprobar que faltaban legajos”. El asunto ya era clamoroso. “A raíz de aquello, se abrió una investigación y se tenía previsto trasladar de lugar al funcionario, e incluso podría haberse ido más allá, pero como murió, se zanjó el asunto”.
En el maletero. Eso sí, trascendieron los detalles de su chiringuito: “Metía el coche aquí y cargaba el maletero con los legajos que les pedían; se los llevaba a casa, donde su hijo los digitalizaba. Cuando se destapó el asunto, este hijo suyo nos vino con más de 200 procedimientos, y quién sabe si no habrán vendido más de uno...”, relatan estas fuentes, que estiman que, a la luz del negocio, “pudieron sacarse más de 12.000 euros”. “De hecho, prácticamente todos los expedientes de las sierras de Córdoba y Jaén, los más demandados, pasaron por sus manos”. “Lástima que no hubiese, al menos, ofrecido copias de cada documento que digitalizaba al archivo”, comentan los historiadores que lo frecuentan y que conocen su “estado tan lamentable, impropio de una democracia con una Ley de Memoria Histórica y muchas respuestas en esos fondos”.
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