Ocho meses después de su aprobación, el Gobierno sigue sin desarrollar la Ley de Memoria10 de agosto.
Agencias / EP
Izquierda Unida (IU) e Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), quieren saber qué medidas ha tomado el Gobierno para garantizar que la fundación gestora del Valle de los Caídos cumpla la conocida como Ley de Memoria Histórica que, entre otras cosas, prevé que en "ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo", es decir, que no podrá albergar concentraciones ’ultras’ como las que tradicionalmente tienen lugar cada 20 de noviembre para conmemorar la muerte de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera.
Además, el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, y el diputado de ICV en el Congreso, Joan Herrera, se interesan por las gestiones realizadas por el Ejecutivo para que la citada fundación incluya entre sus objetivos "honrar y rehabilitar la memoria de todas las personas fallecidas" a consecuencia de la Guerra Civil y la dictadura, tal y como prevé una de las disposiciones adicionales de la ley.
Estas son algunas de las preguntas que Llamazares y Herrera han dirigido al Gobierno en varios escritos en los que denuncian que, ocho meses después de su aprobación, el Gobierno sigue sin desarrollar la ley por las que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, que fue definitivamente aprobada por el Congreso en diciembre de 2007.
En sus preguntas, a las que ha tenido acceso Europa Press, Llamazares recuerda que el Gobierno se ampara en que aún está elaborando el desarrollo reglamentario necesario para la aplicación de la ley y que, en otros casos, "se escuda" en que para hacerla efectiva es necesario articular las cooperación entre administraciones públicas.
En una reciente respuesta parlamentaria a Llamazares, el Gobierno admitía que el Ministerio de Justicia ya había recibido algunas peticiones para la concesión de la declaración de reparación y reconocimiento personal a las víctimas y que había acusado recibo de las mismas a los posibles beneficiarios. Sin embargo, no especificaba cuántas personas habían solicitado este reconocimiento ni ponía fecha a la aprobación del decreto que regulará este procedimiento...
Agencias / EP
Izquierda Unida (IU) e Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), quieren saber qué medidas ha tomado el Gobierno para garantizar que la fundación gestora del Valle de los Caídos cumpla la conocida como Ley de Memoria Histórica que, entre otras cosas, prevé que en "ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo", es decir, que no podrá albergar concentraciones ’ultras’ como las que tradicionalmente tienen lugar cada 20 de noviembre para conmemorar la muerte de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera.
Además, el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, y el diputado de ICV en el Congreso, Joan Herrera, se interesan por las gestiones realizadas por el Ejecutivo para que la citada fundación incluya entre sus objetivos "honrar y rehabilitar la memoria de todas las personas fallecidas" a consecuencia de la Guerra Civil y la dictadura, tal y como prevé una de las disposiciones adicionales de la ley.
Estas son algunas de las preguntas que Llamazares y Herrera han dirigido al Gobierno en varios escritos en los que denuncian que, ocho meses después de su aprobación, el Gobierno sigue sin desarrollar la ley por las que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, que fue definitivamente aprobada por el Congreso en diciembre de 2007.
En sus preguntas, a las que ha tenido acceso Europa Press, Llamazares recuerda que el Gobierno se ampara en que aún está elaborando el desarrollo reglamentario necesario para la aplicación de la ley y que, en otros casos, "se escuda" en que para hacerla efectiva es necesario articular las cooperación entre administraciones públicas.
En una reciente respuesta parlamentaria a Llamazares, el Gobierno admitía que el Ministerio de Justicia ya había recibido algunas peticiones para la concesión de la declaración de reparación y reconocimiento personal a las víctimas y que había acusado recibo de las mismas a los posibles beneficiarios. Sin embargo, no especificaba cuántas personas habían solicitado este reconocimiento ni ponía fecha a la aprobación del decreto que regulará este procedimiento...
