La esperanza de los que llevan 72 años sufriendo las formas de los militares alzados y sus correligionarios se ha fulminado de la manera más cruel, más cínica y más chapucera posible Iván Aparicio (Asociación Soriana para el Recuerdo y la Dignidad, 3-12-2008) Iván Aparicio (miembro de la Asociación Soriana para el Recuerdo y la Dignidad)
En la denuncia que hemos interpuesto ante el Juzgado número 5 de Baltasar Garzón, esto es lo que ha pasado: `para empezar vamos a ver que los responsables están muertos´. `Vale, lo están. Gracias por participar. Adiós´. Nos han devuelto a las Audiencias Provinciales, de donde partió todo y donde tienen la orden de la Fiscalía de archivar los casos porque los ven como prescritos. Muchas asociaciones han encontrado en estos juzgados territoriales el desprecio y la humillación. La esperanza de los que llevan 72 años sufriendo las formas de los militares alzados y sus correligionarios se ha fulminado de la manera más cruel, más cínica y más chapucera posible, en contra de las obligaciones que el Estado y su sistema judicial tienen como parte de los pactos entre naciones mínimamente civilizadas.
Hace tiempo que sabíamos que este camino no era el correcto, pero no podíamos ni sospechar que se iban a quitar de encima esta verdad incómoda con esta falta de vergüenza. Básicamente, hay dos vías para afrontar el problema de la impunidad: la vía política y la judicial. La política se extinguió con la llamada Ley de la Memoria Histórica. Esta ley, que no es nada parecido a lo que se exige internacionalmente a países que han sufrido catástrofes similares, se limitaba a una reparación moral y una escasa reparación económica. Ahora acaba de salir la normativa que regula las ayudas económicas: tienes que demostrar que tu familiar murió defendiendo los derechos y libertades fundamentales contemplados en la sección primera del Capítulo II del Título Primero que adorna nuestra bonita e ineficaz Constitución. Por supuesto, vuelven a ser los familiares los que tienen que hacer la investigación, reunir las pruebas y otro penoso etcétera. ¿Y qué pruebas se supone que deben aportar aquellos familiares que lo único que saben es que se los llevaron los fascistas y no les volvieron a ver? ¿Y aquellos de cuyos familiares la administración no encuentra los sumarios de los consejos de guerra?
El Gobierno de PSOE tendrá que asumir la responsabilidad política de haber designado a un fiscal que se ha abstenido de instar a los fiscales de los juzgados territoriales a que se personen como acusación pública en las denuncias relacionadas con los asesinatos del Franquismo. En la práctica ha hecho todo lo contrario, instándoles a que se archiven.
Al cerrarnos el Gobierno la vía política y el poder judicial la suya, solo nos queda la opción de volver a la humillación de ver archivar las denuncias en los juzgados territoriales e ir recurriendo uno a uno cada archivo de cada denuncia hasta llegar dentro de diez años al Tribunal Supremo, o elegir la vía de interponer una denuncia colectiva ante el Tribunal Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo o ante el Comité de DD HH de la ONU.
No hay comentarios :
Publicar un comentario