La medida se produce poco después de que el Gobierno anunciase su intención de recurrir AGENCIASBUENOS AIRES 19/12/2008
La Cámara Nacional de Casación Penal de Argentina ha suspendido hoy la orden de excarcelación del excapitán de la Marina Alfredo Astiz y otros 16 represores de la última dictadura militar que había dictado ayer, según han informado fuentes judiciales. Todos están procesados por delitos de lesa humanidad que costaron la vida a miles de disidentes.
La medida ha sido adoptada por el máximo tribunal penal del país a partir de un planteamiento efectuado por el fiscal Raúl Plee, quien había solicitado la suspensión del fallo y tiene previsto presentar un recurso contra la liberación de los acusados.
La nueva resolución se ha conocido pocas horas después de que el Gobierno argentino anunciase su intención de apelar ante el Tribunal Supremo la orden de excarcelación e impulsar el juicio político de los magistrados que dictaron la polémica resolución.
Expiración del plazo de prisión preventiva
La Cámara de Casación Penal ordenó ayer liberar a los represores que actuaron en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), la principal cárcel clandestina de la dictadura (1976-1983), por haber expirado los plazos legales para mantener con prisión preventiva a una persona sin sentencia firme.
En la lista, además de Astiz, figuran Jorge Tigre Acosta, Juan Carlos Rolón, Raúl Scheller, Antonio Pernías, Jorge Rádice, Ernesto Weber, Víctor Cardo, Alberto González, Raúl González y Néstor Savio, entre otros. Todos han sido requeridos por la justicia de España.
El fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal había indignado hasta al Gobierno. La presidenta del Ejecutivo, Cristina Fernández, había afirmado que la resolución es "difícil de entender" y "producto de cierta perversidad" del sistema judicial. "Este fallo avergüenza a los argentinos, a la humanidad y a nuestro sistema judicial", había dicho.
Escándalo jurídico
En tanto, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, había asegurado que el Gobierno, querellante en la causa en la que la Cámara Nacional de Casación Penal dictó la resolución, iba a presentar "un recurso extraordinario" ante el máximo tribunal del país para "evitar un escándalo jurídico".
Si bien ha manifestado que el Ejecutivo "respeta las resoluciones" de la justicia, Duhalde ha sostenido que "continúan enquistados en el Poder Judicial hombres que fueron designados durante la dictadura por participar de la misma filosofía represora ilegal que caracterizó al régimen" militar.
La resolución judicial ha causado indignación en los organismos de derechos humanos, que han protestado hoy frente a la sede de los tribunales federales, en la zona norte de Buenos Aires.
Las numerosas críticas habían llevado al juez del Tribunal Supremo argentino Carlos Fayt a justificar la decisión judicial. "No es culpa nuestra, es culpa del Congreso, que no ha dictado las normas procesales necesarias que permitan avanzar con los 800 juicios que hay parados", había agregado el magistrado en declaraciones a Radio Mitre.
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