Arantza Prádanos, 24/12/2008 La restitución a Cataluña de los llamados papeles de Salamanca, 507 cajas de legajos incautados entre 1936 y 1939 por las tropas nacionales en esa comunidad, se hizo con todas las bendiciones legales. La Audiencia Nacional lo confirmó ayer al desestimar el recurso del ayuntamiento de la ciudad, sede del Archivo General de la Guerra Civil. El tribunal no aprecia indicio alguno de inconstitucionalidad en el traslado de los documentos, pero sí una clara discriminación. La ley del 2005 limita la devolución a las instituciones y particulares catalanes, y la Audiencia Nacional insta ahora al Gobierno a abrir el archivo a los ciudadanos de otras comunidades. La contestación de la Sala de la Contencioso-Administrativo al consistorio del PP es una más de los tribunales contra la resistencia que opuso a la marcha de los papeles. La única puerta que permanece abierta es el recurso planteado ante el Tribunal Constitucional por la Junta de Castilla y León.
La segunda de las sentencias sobre estos papeles, difundida ayer, responde al recurso interpuesto ante la Audiencia Nacional por los descendientes de Ángel Ossorio y Gallardo, ministro de Fomento en 1917, que se exilió al término de la guerra. El bando vencedor requisó de su despacho «documentos personales, profesionales y políticos».
En el 2005, su familia pidió información sobre su paradero al Ministerio de Cultura, que hizo oídos sordos, y la Audiencia resolvió ahora que la familia tiene derecho a saber dónde está ese legado. Máxime cuando el ministerio confirmó al tribunal que está en el Archivo de la Guerra Civil.
Cambio en la legislación
Los jueces deniegan en cambio su devolución, porque la actual legislación no lo contempla. La norma del 2005 se ciñe a Cataluña, y la Ley de la Memoria Histórica del 2007 no ha ido más allá. Con la ley y la Constitución en la mano, los documentos expoliados por el franquismo son «bienes integrantes del patrimonio histórico español», dice la Audiencia, y por tanto su devolución «requerirá del oportuno acto del poder legislativo que autorice su devolución, como ha sucedido con la restitución a Cataluña».
En otras palabras, los magistrados animan a los poderes Ejecutivo y legislativo a extender a todos los españoles «a la mayor brevedad posible» el derecho reconocido a los catalanes y reparar un olvido que sufren otros muchos ciudadanos. Estiman que documentos «de la índole de los incautados constituyen la memoria de las personas a quienes pertenecieron y son elementos integradores de su dignidad», reza el fallo.
El tribunal considera que los documentos requisados en el contexto de la guerra son «patrimonio de su intimidad» y si lo desean los interesados, sus familiares o sucesores «debieran volver a ese ámbito íntimo del que fueron arrancados».
Están en juego, según recuerdan los magistrados, dos derechos fundamentales: a la intimidad y a la igualdad de todos los españoles, ambos reconocidos en el artículo 14 de la Carta Magna.
No hay comentarios :
Publicar un comentario