N. JUNQUERA - Madrid
EL PAÍS - España - 03-09-2008
Con su petición de datos para realizar un censo de desaparecidos y muertos por la Guerra Civil, el juez Baltasar Garzón revolucionó ayer a asociaciones, investigadores e instituciones públicas de casi toda España. La Xunta de Galicia y la Generalitat de Cataluña, que han fiananciado sendas investigaciones sobre la Guerra Civil y el franquismo y cuentan ya con un censo de desaparecidos (3.588 en Galicia y 2.351 en Cataluña), pusieron los documentos a disposición del juez, aunque éste no se los había pedido. No hay ningún organismo público que tenga un censo de desaparecidos a nivel nacional.Cataluña fue una de las primeras comunidades en aprobar una ley de memoria histórica y otra sobre fosas comunes, normas que abrieron el camino para que las familias catalanas reclamaran al Gobierno que investigara el paradero de sus desaparecidos.
El consejero de Interior y Relaciones Institucionales, Joan Saura, de ICV, aplaudió la decisión tomada de Garzón pues "reafirma las actuaciones que se están haciendo a nivel legislativo para recuperar la memoria histórica y dignificar a las víctimas". La Junta de Andalucía también ha llevado a cabo otro proyecto, Todos los nombres, que ha localizado a cerca de 10.000 víctimas en 300 enterramientos. También los ayuntamientos de Sevilla, Córdoba y Granada ofrecieron inmediatamente su colaboración...
EL PAÍS - España - 03-09-2008
Con su petición de datos para realizar un censo de desaparecidos y muertos por la Guerra Civil, el juez Baltasar Garzón revolucionó ayer a asociaciones, investigadores e instituciones públicas de casi toda España. La Xunta de Galicia y la Generalitat de Cataluña, que han fiananciado sendas investigaciones sobre la Guerra Civil y el franquismo y cuentan ya con un censo de desaparecidos (3.588 en Galicia y 2.351 en Cataluña), pusieron los documentos a disposición del juez, aunque éste no se los había pedido. No hay ningún organismo público que tenga un censo de desaparecidos a nivel nacional.Cataluña fue una de las primeras comunidades en aprobar una ley de memoria histórica y otra sobre fosas comunes, normas que abrieron el camino para que las familias catalanas reclamaran al Gobierno que investigara el paradero de sus desaparecidos.
El consejero de Interior y Relaciones Institucionales, Joan Saura, de ICV, aplaudió la decisión tomada de Garzón pues "reafirma las actuaciones que se están haciendo a nivel legislativo para recuperar la memoria histórica y dignificar a las víctimas". La Junta de Andalucía también ha llevado a cabo otro proyecto, Todos los nombres, que ha localizado a cerca de 10.000 víctimas en 300 enterramientos. También los ayuntamientos de Sevilla, Córdoba y Granada ofrecieron inmediatamente su colaboración...