ÁNGEL DEL RÍO SÁNCHEZLas providencias dictadas por el juez Garzón y su enorme repercusión mediática han disparado el número de personas que desean saber el paradero de sus seres queridos desaparecidos en los años de la Guerra Civil. Se cuentan por miles las personas que en las últimas semanas han manifestado este deseo, especialmente a las asociaciones memorialistas y a los ayuntamientos. Conviene aclarar, para no crear falsas expectativas entre los familiares, que la localización de los desaparecidos y su recuperación no siempre, ni siquiera en una proporción alta, es posible. Por diversas razones. Porque, llegado el caso hipotético de conocer de manera rigurosa el número y la identidad de las víctimas asesinadas, es muy difícil que se esclarezca el lugar donde fueron enterradas. Además, muchas de las fosas donde yacen sus restos, después de más de setenta años de abandono, han sufrido todo tipo de inclemencias que las han llevado a su destrucción parcial o definitiva.
Buena parte de las fosas existentes se originan en el período comprendido entre julio de 1936 y febrero de 1937, en el que el instrumento principal de la represión son los bandos de guerra que instaban al asesinato sin procedimiento alguno. Este hecho provoca que apenas existan fuentes documentales sobre los desaparecidos y las fosas. En los libros de defunciones de los registros civiles, sólo hay inscritos una parte, a veces ínfima, de los asesinados y sólo en algunos casos se especifica el lugar de enterramiento. Apenas si se encuentran libros de registros de los cementerios en la mayoría de las localidades y la información de los archivos locales, militares y estatales, salvo excepciones, es escasa. De este modo, la historia oral es, todavía, la herramienta más útil para ubicar las fosas e identificar a las víctimas. No en vano, la inmensa mayoría de las 170 que se han abierto en los últimos años ha sido posible gracias a los testimonios de personas que fueron testigos de la represión.
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