El Tribunal Supremo de Uruguay falla contra la ley de impunidad

21/10/2009 SENTENCIA HISTÓRICA EN EL CONO SUR LATINOAMERICANO

• Los jueces declaran inconstitucional la legislación que protegía a los militares

• La sentencia solo es aplicable en un caso pero sentará jurisprudencia

ABEL GILBERT BUENOS AIRES
Lo que parecía tiempo atrás imposible se hizo ayer realidad. El Tribunal Supremo uruguayo consideró inconstitucional la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, con la cual los militares se blindaron contra cualquier proceso judicial cuando, en 1985, y después de 12 años de dictadura, dirigieron la transición democrática.

El dictamen se produjo en vísperas de una consulta popular sobre la anulación o continuidad de la polémica norma, que se celebrará el domingo junto con la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Según las últimas encuestas, un 48% se muestra a favor de terminar con la impunidad, un 38% sigue defendiéndola y un 18% está indeciso. Se necesitan la mitad más uno de los votos válidos emitidos para que Uruguay dé una vuelta de página en esta oscuro pasado.

PRECEDENTE / El Supremo utilizó 59 páginas y 11.332 palabras para fundamentar su posición y dar luz verde al juez Rolando Vomero para que reinicie las investigaciones que permitan juzgar a los responsables del asesinato de una maestra comunista, perpetrado en un cuartel, en 1974. Y si bien el fallo es aplicable solo a ese episodio en particular, sienta un claro precedente judicial frente a otros casos pendientes. En Uruguay desaparecieron 231 personas y miles de opositores políticos sufrieron torturas, prisión y exilio.

Como era de esperar, el fallo del máximo tribunal fue muy bien acogido por los abogados de las víctimas de la represión. «Es el momento histórico para que Uruguay recupere su dignidad colectiva», dijo el letrado Oscar López Goldaracena.

Uruguay recuperó sus instituciones en 1985 después de que las Fuerzas Armadas lograran imponer la agenda política de la posdictadura. Los partidos entonces mayoritarios aceptaron no juzgar a los responsables de delitos aberrantes. La ley de caducidad fue votada en diciembre de 1986 y obligaba a los jueces a consultar al presidente qué casos concretos de violaciones de los derechos humanos podían ser revisados. En la práctica, el poder ejecutivo bloqueó toda tentativa de verdad y justicia. La norma fue ratificada en 1989 en un plebiscito.

NUEVA REALIDAD REGIONAL / El arresto del dictador chileno Augusto Pinochet en Londres, en 1998, y la anulación de las leyes de impunidad en Argentina, cinco años más tarde, comenzaron a dar cuenta de una nueva realidad regional favorable a la apertura de los juicios. El efecto también se hizo sentir en el Uruguay gobernado por primera vez por un presidente de centroizquierda (el Frente Amplio), Tabaré Vázquez. Durante su mandato fueron condenados ocho exmilitares y policías a penas de entre 20 y 25 años de prisión. Además, quedaron bajo proceso los exdictadores Juan Bordaberry (1973-1976) y Gregorio Alvarez (1981-1985).

Los organismos defensores de los derechos humanos y el Frente Amplio lograron reunir las 250.000 firmas exigidas para que se convocara una nueva consulta sobre la ley. «Llamamos al pueblo a informarse y votar el domingo de manera responsable. Es nuestra oportunidad de dejar atrás el pasado», dijo el sindicalista y portavoz de la Campaña por la Nulidad, Luis Puig. Miles de personas salieron ayer a la calle para respaldar esa iniciativa bajo la consigna de el último día 20 con impunidad. Según los especialistas, si triunfa esa propuesta se abrirá un escenario de intensa discusión jurídica porque la Constitución de Uruguay no contempla la posibilidad de anular leyes y, por lo tanto, la única alternativa sería reformar dicha Constitución.