23/3/09. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha solicitado a la Fiscalía de este órgano que se pronuncie sobre la admisión o no a trámite de una querella interpuesta el pasado día 10 contra el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por una asociación cívica llamada Libertad e Identidad (LeI), que defiende que el juez prevaricó al asumir la investigación en torno a los desaparecidos durante la Guerra Civil. Una vez se conozca la opinión del fiscal, que no es vinculante, la Sala se pronunciará sobre su competencia para conocer de estos hechos y también decidirá si admite a trámite la investigación o bien archiva la querella.
El pasado miércoles, la Sala Segunda dictó una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se nombra ponente de esta causa al magistrado Joaquín Giménez y se pasan las actuaciones al Ministerio Público para informe. Se trata de la segunda sentencia que el Supremo tiene pendiente admitir o no contra Garzón, después de la interpuesta por el PP por su actuación en la denominada 'Operación Gürtel', respecto de la cual, según esta formación política, el magistrado también carece de competencia.
CONTENIDO QUERELLA
En el texto de la querella de LeI se acusa al juez de incurrir en fraude al "eludir por un lado las normas de prescripción de delitos, irretroactividad de la norma penal y por otro lado aplicar otras normas no procedentes como convenios internacionales y delitos de detención ilegal permanente y contra la forma de gobierno".
Asimismo, LeI defiende que "no había urgencia" para investigar las desapariciones de la Guerra Civil y que Garzón "nunca tuvo intención de concluir el proceso iniciado sino que sólo deseaba estar presente cuando se abriera la fosa donde descansa el cuerpo de Federico García Lorca". "
Además la asociación denuncia la "ilegalidad" del proceso que, a su entender "no ha respetado la Ley de Amnistía de 1977, que fuera establecida por las mismas Cortes Constituyentes que elaboraron la Constitución, y que supuso el perdón a todas las personas implicadas en posibles delitos en la Guerra Civil y posteriormente".
"Ha dictado las resoluciones a sabiendas de que son injustas", insiste la querella, que se refiera a los autos que el 16 de diciembre de 1998 y el 6 de marzo de 2000 dictó el juez para no admitir una querella contra Santiago Carrillo (para juzgar su responsabilidad en los crímenes en la Guerra Civil).
El Tribunal Supremo ya rechazó el pasado mes de noviembre aceptar a trámite otra denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias contra Garzón por los mismos motivos. El sindicato le acusó de haber cometido un delito de prevaricación y malversación de caudales públicos al declararse competente para investigar las desapariciones de la Guerra Civil y el Franquismo a sabiendas de que no es competente para ello.
La asociación LeI, creada en 2006 y afincada en Málaga se presentó ante los medios asegurando que busca "la regeneración de las instituciones, de la sociedad y de la familia".
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