La negativa de un familiar hace peligrar la exhumación de los "ocho de Benagéber"

La sobrina del maquis Manuel Torres rechaza la excavación y dice que deben seguir juntos

12 de marzo de 2009 Rafel Montaner, Valencia. Sebastiana Ortega Torres, sobrina del guerrillero Manuel Torres Hervás, una de las ocho víctimas del franquismo enterradas en la fosa común del cementerio municipal de Benagéber rechaza que se exhumen los restos de esta tumba. La fosa guarda los cuerpos de tres maquis y cinco trabajadores de las obras del pantano que fueron asesinados por la Guardia Civil en una operación de castigo contra la guerrilla en marzo de 1947. Una agrupación de familiares, constituida por cuatro hijos de tres de los represaliados, acaba de solicitar al ayuntamiento que autorice la excavación para poder recuperar los restos de sus allegados en base a la Ley de Memoria Histórica. La sobrina de Torres, hija de la hermana de este maquis natural de Vilches (Jaén), esta representada por el Equipo Nizkor, una organización internacional de defensa de los Derechos Humanos. El equipo Nizkor ha enviado un escrito al alcalde de Benagéber en el que se opone "a que se realice cualquier desenterramiento o exhumación en la mencionada fosa".

Sebastiana, que vive en Madrid, explica por teléfono que piensa "igual que la sobrina de García Lorca -que también rechaza que se abra la fosa donde supuestamente esta enterrado el poeta-, y no quiero que lo saquen de donde lo enterraron: los mataron juntos y deben permanecer juntos".

La Ley de Memoria Histórica establece que las exhumaciones de desaparecidos se realizarán a instancia de los familiares directos, además de regular que las excavaciones se someterán a autorización administrativa por parte de la autoridad competente, en este caso el ayuntamiento al tratarse de un cementerio municipal. En esta autorización, añade la normativa, "deberá ponderarse la existencia de oposición por cualquiera de los descendientes directos de las personas cuyos restos deban ser trasladados".

Sebastiana, que afirma "respetar el sufrimiento de las otras familias", exige que si al final no puede impedir las exhumaciones, éstas "se hagan ante un juez que investigue un crimen que no ha prescrito". Gregorio Dionis, presidente de Nizkor, destaca que "las ejecuciones extrajudiciales cometidas por un régimen ilegal como fue el franquismo han sido calificadas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU como crímenes contra la Humanidad y por tanto se trata de un delito que no prescribe nunca".

Dionis señala que la Ley de Memoria, al tratar a los desaparecidos "como restos arqueológicos" y permitir que las exhumaciones se hagan sin la tutela judicial facilita "que se rompa la cadena de pruebas de los crímenes del franquismo". Así pues, Nizkor exige que la fosa se abra bajo una "investigación judicial que identifique a los responsables de estos asesinatos".