El pleno del Senado rechaza la toma en consideración de una proposición de ley para modificar tres artículos de la Ley de Memoria HistóricaD. BARCALA / L. CALVO - Madrid - 11/03/2009
El Gobierno no está dispuesto a organizar y costear de manera directa y rápida la búsqueda e identificación de los restos de las víctimas del franquismo que permanecen en fosas comunes. Tampoco está por la labor de compensar económicamente a las familias republicanas a las que Franco expolió sus ahorros. Los diputados y senadores del PSOE y el PP rechazaron ayer de forma conjunta sendas propuestas en el Congreso y el Senado destinadas a ampliar derechos de víctimas del franquismo.
PSOE, PP y CiU se aliaron en el Senado para rechazar una proposición de ley del senador del grupo mixto, Pere Sampol, que instaba al Ejecutivo a devolver a las víctimas los restos de sus antepasados fusilados, tarea que actualmente desempeñan las asociaciones gracias a los voluntarios.
El senador Sampol, del Bloc per Mallorca i Psm-Verds, apeló a la "compasión" de sus compañeros de cámara para explicar que la exhumación de los restos de los familiares es una tarea "urgente" porque afecta a personas ancianas "que mueren cada día". "Les he pedido que se pongan en el lugar de un hijo que sabe en qué cuneta está enterrado su padre, pero no sabe a quién acudir para sacarlo de ahí, ni tiene medios para hacerlo", dijo. Su propuesta recibió sólo 11 votos a favor, por 233 en contra.
La senadora del PSOE Susana Sumelzo defendió su rechazo a la propuesta de modificar la Ley de Memoria Histórica por considerar que lo solicitado invade las competencias de las comunidades autónomas e ignora la labor de la Oficina para las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, creada el pasado diciembre por el Ministerio de Justicia. Según la senadora, la propuesta de Sampol "hace desaparecer el papel que pudieran desempeñar los descendientes de las víctimas". Sumelzo argumentó que los ayuntamientos y las autonomías son las que tienen competencias en "sanidad mortuoria" o en "cementerios y servicios funerarios".
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) no ocultó su indignación ante los argumentos de los socialistas. "Esa oficina no existe. Que me digan dónde está físicamente, a qué teléfono pueden llamar las familias, qué dinero otorga...", lamentó el presidente de la ARMH, Emilio Silva.
El PSOE señaló que la oficina ultima un mapa de localización de las fosas y un protocolo de arqueología forense para las exhumaciones. Además, destacaron que el Ministerio de Presidencia ha entregado casi diez millones de euros para "proyectos y actividades relacionados con las víctimas". La ARMH es una de las beneficiadas por esas subvenciones, que alcanzan los dos millones de euros anuales. Sin embargo, los proyectos que subvencionan van desde exhumaciones a exposiciones culturales.
El senador Sampol destacó la contradicción del Gobierno al otorgar pequeñas subvenciones para abrir fosas mientras se niega a recogerlo en la Ley de la Memoria Histórica.
"Cuando hablamos de enterrar de manera digna a los familiares sepultados en cunetas para satisfacer el deseo de las víctimas, el dinero es una minucia", denuncia Silva.
Reparación del expolio
PSOE y PP rechazaron también las reparaciones económicas que CiU propuso en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. El PSOE se apoyó en los conservadores para tumbar una iniciativa que pretendía devolver a miles de ciudadanos el dinero expoliado en época franquista. La prohibición de tener papel moneda "puesto en curso por el enemigo" obligó a muchas familias a depositar sus ahorros en los bancos. A cambio, sólo obtenían recibos que nunca pudieron cobrar. Desde entonces reivindican la devolución de sus bienes, que hoy, una vez actualizadas las cuentas, ascienden a unos 12 millones de euros.
Lo curioso es que, durante la semana, desde el grupo socialista se había transmitido al proponente, el diputado de CiU Jordi Xuclá, la intención de apoyar su petición. El cambio de postura llegó minutos antes de la comisión. El parlamentario catalán defendió la iniciativa consciente de la derrota y no ocultó su indignación. Ante la negativa socialista, CiU había ofrecido al PSOE posponer el pago y limitar el mandato a la creación de un censo oficial de perjudicados. Pero esta sugerencia también fue rechazada.
La indignación catalana creció con los argumentos del PSOE para defender su decisión. El diputado socialista Jesús Quijano alegó que la propuesta podría iniciar una cadena sin fin" de agravios comparativos. Como ejemplo, Quijano recordó que no todos los damnificados guardaron los recibos del dinero que les fue decomisado. También hay afectados a los que no se les incautaron billetes, sino otro tipo de activos, como las acciones al portador.
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