Tributo a los canteros paseados

Piden al Juzgado de Porriño que investigue un fusilamiento de la Guerra Civil

G. PORTO / E. GONZÁLEZ - PORRIÑO 18 de marzo de 2009 La Asociación pola Recuperación da Memoria do 36 de Ponteareas presentará hoy en el Juzgado de Porriño la primera solicitud para que se investiguen cuatro fusilamientos de la Guerra Civil que se plantea en Galicia tras el auto de noviembre del juez Baltasar Garzón en el que se inhibía en favor de los juzgados territoriales.

Se trata de investigar, identificar y abrir una fosa en el cementerio de Budiño para recuperar los cuerpos de cuatro personas ajusticiadas por la represión franquista: Manuel Domínguez, Benito Antonio Cabaleiro, Gabriel Benito Rodríguez y Ángel Cabaleiro, canteros de A Picoña- Salceda de Caselas, fusilados en noviembre de 1936 en un camino y enterrados en el cementerio de Budiño.

La apertura de este proceso es posible con la colaboración de los alcaldes de Porriño y Salceda, Raúl Francés y Marcos Besada, y, sobre todo, con la colaboración de los familiares de las víctimas.Los hechos de los que se da cuenta ahora al Juzgado de Porriño ocurrieron en la madrugada del 21 de noviembre de 1936.

El alcalde de Salceda, Marcos Besada, informó de que los cuatro eran de la parroquia de A Picoña y se sabe que sus restos permanecen en el cementerio de la iglesia de San Salvador de Budiño. Describió el regidor que “este caso está incluido no sumario que instruía o xuíz Garzón, quen despois inhibiuse”. Forma parte del sumario al contarse con la mayoría de los datos referentes a las víctimas y familiares.

Se trata de recuperar así los restos de Manuel Domínguez, que tenía 28 años cuando lo ajusticiaron, Benito Antonio Cabaleiro (29 años), Gabriel Besteiro Rodríguez (38 años) y Ángel Cabaleiro (45 años). Se sabe que todos eran defensores de la República y tres ellos Benito, Gabriel y Ángel habían participado en un acto en Vigo por el que estaban siendo buscados y por el que se escondían en el monte.

El presidente de la Asociación de la Memoria Histórica do 36 de Ponteareas, Ángel Rodríguez Gallardo, será el responsable de presentar el escrito ante el juzgado que deberá autorizar a apertura de la fosa para sacar los restos.

Rodríguez Gallardo explicó que ésta sería la primera fosa exhumada en Galicia desde que el juez Garzón dictara un auto en este sentido. El magistrado se inhibió el pasado noviembre en favor de los juzgados territoriales El presidente de Memoria Histórica del 36 de Ponteareas reconoció que “habrá problemas en el juzgado”, porque los jueces de estas salas no han recibido notificación para aceptar las exhumaciones, pero indicó que la presentación de la denuncia pretende “agilizar el proceso”.

Notificación a la Xunta

Por otra parte, señaló que la asociación enviará una notificación de la denuncia a la Xunta, ya que tiene convenio con el Instituto de Medicina Legal, para que sean los técnicos de esta institución los que procedan a la exhumación, y pidió al PP –que gobernará Galicia los próximos cuatro años– que “se siga encargando” de estos procesos como hizo el bipartito.