MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -Esquerra Republicana quiere que la Fiscalía General del Estado apoye la revisión de los procesos de las condenas ilegítimas dictadas durante la Guerra Civil y la dictadura por motivos políticos en cuanto tenga conocimiento de ellas por parte familiares de condenados o de cualquier persona o entidad que ponga manifiesto los hechos.
Así lo plantean los independentistas catalanes en una proposición no de ley que han registrado en el Congreso de los Diputados, a la que ha tenido acceso Europa Press. Con esta iniciativa pretenden que la Cámara inste al Gobierno a realizar las reformas legislativas correspondientes para que se pueda proceder a la anulación de los procesos judiciales promovidos por motivos políticos o religiosos durante la contienda civil y el régimen franquista.
ERC, que ya hizo esta reivindicación sin éxito durante la tramitación de la conocida como Ley de Memoria Histórica, pretende que la Fiscalía General del Estado dé instrucciones a los fiscales de la Sala de lo Penal y de lo Militar del Tribunal Supremo para que se adhieran a las peticiones de revisiones de estos juicios que promuevan los familiares de las víctimas.
Asimismo, los republicanos reclaman que todas las delegaciones territoriales de la Fiscalía General del Estado cuenten con los medios humanos y materiales suficientes para facilitar información y acoger la documentación sobre estas "injustas condenas" que les entreguen los descendientes de los ajusticiados por el franquismo o las asociaciones de recuperación de la memoria.
DESARROLLO DE LA LEY DE MEMORIA
Paralelamente, IU e ICV, que comparten grupo parlamentario con ERC, tienen previsto interpelar al Gobierno en el Congreso para saber cuándo tiene previsto el Ejecutivo aprobar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de la Ley de Memoria.
IU e ICV también tienen pendiente de debate en la Cámara Baja una proposición no de ley con la que buscan que el Pleno inste al Gobierno a paralizar el derribo de la cárcel de Carabanchel en tanto se dirime la controversia entre Instituciones Penitenciarias y el Colegio de Arquitectos de Madrid, en cuanto a la viabilidad o no del mantenimiento de la cúpula para que forme parte del Centro de la Paz y la Memoria que estas formaciones quieren que albergue la antigua prisión madrileña.
El derribo de la cárcel comenzó el pasado 21 de octubre, entre las protestas de algunos colectivos, que se manifestaron para pedir que se conservara la cúpula de la prisión, que se vino abajo durante los trabajos de demolición. La semana pasada, la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, ya explicó que los técnicos de su departamento consideraron imposible conservar alguna parte de la vieja cárcel.
No hay comentarios :
Publicar un comentario