martes, 25 de noviembre de 2008Antonio Doñate, magistrado jubilado y fundador de Justicia Democrática.-
“A veces me pregunto qué hago yo aquí. ...” cantaba José Antonio Labordeta reflexionando sobre su quehacer como profesor de Historia. También ahora me pregunto qué hago yo aquí...
Todo empezó a desencadenarse cuando, tras mi jubilación como profesor de la Escuela Judicial, se me ocurrió adentrarme en saber qué pasó con el Juez de Instrucción de Calamocha(Teruel) Vicente Martínez Alhambra, que “lo fusilaron sin juicio los nacionales, por rojo” a principios de Septiembre de 1936. A esto se unía mi experiencia, como observador internacional, especialmente en Chile, para valorar la viabilidad de los procedimientos penales abiertos en ese país, al dictador Pinochet, preso en esos momentos en Londres. Como buen alumno del dictador Franco, (no puede olvidarse que fue el único Jefe de Estado extranjero presente en su funeral) pude comprobar que Pinochet también lo dejó todo “atado y bien atado”. Y luego, también en Chile, durante el procedimiento de Extradición del ex-presidente Fujimori, y como asistente en Lima a algunas de las sesiones del todavía inacabado juicio al mismo por los asesinatos de La Cantuta y Barrios Altos. Habría que añadir la recurrente pregunta que se me hacía en esos ambientes de América Latina: “¿y en vuestro país, qué?”
Por ello, cuando tras la publicación de la ley 52/2007, de 26 de Diciembre, comprobé el desentendimiento casi total del arco parlamentario de un abordaje serio y completo de la solución al problema de las víctimas de la dictadura franquista, al optar dicha ley por la vía casi exclusiva de la beneficencia “del pedid -con pruebas- y se os dará”, empecé a preguntarme si realmente estaba agotada o no la vía de la justicia, más allá de la aplicabilidad o no ( o en qué condiciones) del Derecho Penal Internacional en nuestro país, por los “reparos gravemente formalistas” (hoy por hoy) del principio de legalidad penal.
Encontré enseguida, jurídicamente hablando, dos losas importantes: la leyes de Amnistía y la prescripción, utilizadas en las respuestas que la mayoría de los Jueces de Instrucción y Audiencias Provinciales venían dando desde hacía pocos años a las “peticiones-denuncias” que algunos familiares de víctimas formulaban ante ellos, para la recuperación de los restos de sus familiares desaparecidos a partir del 17 de Julio de 1936. Debatí estos temas con otros amigos juristas, leí, analicé y llegué, entre otras, a la siguiente conclusión: que una vez más el colectivo judicial estaba incumpliendo su función de garante de los derechos de los ciudadanos fijada por la Constitución de 1978....
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