PEDRO GUERRERO RUIZ 23/11/2008Hace 33 años que murió el militar golpista Francisco Franco, quien, después del levantamiento armado contra la legítima República española, se autoproclamó generalísimo e impuso, desde la fuerza de las armas, una dictadura fascista. Un régimen represor y cruel que duró mientras vivió el dictador. Su muerte y la posterior restauración democrática forman parte de la memoria del pueblo y la historia hace que jamás pueda olvidarse.
Esto es cierto, tanto por la certeza de los acontecimientos bélicos como por las secuelas de los crímenes que se cometieron para eliminar a quienes defendían la República. Crímenes y secuestros que todavía perduran: miles de asesinados y niños y niñas arrancados de sus familias, educados contra la ideología de sus padres y entregados a un destino lejano al de su origen familiar. Esta terrible agresión a los derechos humanos y a las leyes se conoce como genocidio, que es tanto como decir "exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivos políticos".
No soy jurista, ni falta que me hace, para entender que la pertenencia a cualquier grupo fascista o la alabanza del franquismo, sea cual sea la forma adoptada, debe ser prohibida y castigada por las leyes. En este sentido, una revisión de la Ley de la Memoria Histórica vendría a condenar no solamente los crímenes contra la humanidad del franquista sino también a los grupos o personas que fuesen favorables a esta ideología criminal. Un paso definitivo para la total restauración democrática sería, por tanto, la prohibición de estas organizaciones así como las opiniones fascistas, declarándoseles también actos de terrorismo contra dichos grupos o personas que pudieran defender el genocidio franquista.
Digo lo anterior, sabiendo que la guerra española y sus secuelas han dejado tanta tristeza, tanta crueldad y tanta sangre en España que conviene que se conozca la veracidad de los hechos y se devuelva la dignidad a esas personas asesinadas, muchos de ellos sin enterramiento desde que se cometieron los crímenes. En este sentido no se puede entender que el Gobierno y los grupos políticos democráticos no hayan determinado ya el juicio a Franco y su dictadura, para que no sólo el Parlamento español sino la Justicia condenen aquel golpe de Estado fascista, y prohibiendo radicalmente su negra mitología manifestada en los símbolos de aquella dictadura. En este sentido, los que aún quedan en iglesias y calles deben ser retirados por los poderes públicos correspondientes (Estado, Comunidades Autónomas o Ayuntamientos). Y si esto no fuese así, el Poder Judicial deberá obligar al cumplimiento de la ley, sobre todo cuando sabemos que, en muchas ocasiones, la derecha es reacia a cumplir con estos preceptos legales.
Todo lo demás, es darle vueltas a una idea cada vez más desafortunada: la de la no abrir viejas heridas, que es tanto como dejar sangrando en estado latente las que nos dejó el largo periodo del franquismo. Sólo con leyes que se cumplan y con actos que devuelvan la dignidad a los derrotados, que nunca vencidos, fuesen represaliados, secuestrados o asesinados, se podrá acabar con este ya largo juicio social de la historia más negra de España, y sobre todo para que la razón ideológica pase a enmarcarse a la legalidad constitucional en relación con estos crímenes contra la humanidad del genocidio franquista.
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