El Ejecutivo inicia el desarrollo de la Ley de Memoria, aprobada en enero CARLOS E. CUÉ - Madrid - 04/10/2008
La polémica ley de memoria, que pese a entrar en vigor en enero apenas ha tenido repercusión real en las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, empezó a convertirse ayer en una realidad. El Gobierno, tres semanas después de que el juez Baltasar Garzón reavivara la polémica, decidió enviar al Consejo de Estado cuatro reales decretos que desarrollan la norma.
Entre ellos destaca el que regula la declaración de reparación oficial de las víctimas. El Ejecutivo, que rechazó de plano la anulación de las sentencias franquistas que pedían las asociaciones de víctimas, establece así las condiciones para obtener un documento oficial, expedido por el Ministerio de Justicia, en el que la democracia reconoce oficialmente la condición de víctima, rehabilita públicamente a los afectados y sentencia que los actos de represión cometidos por motivos políticos fueron una injusticia.
La declaración, que sirve también para quienes sufrieron el terror en zona republicana, sobre todo en los primeros meses de la guerra, la pueden pedir no sólo las víctimas -los supervivientes son cada vez menos- sino sus familiares e incluso instituciones a las que estuvieron ligadas -por ejemplo, un ayuntamiento si la víctima fue su alcalde-.
Julián Casanova, un historiador especializado en este asunto, calcula que hay más de un millón de personas que podrían considerarse víctimas de la represión. Por tanto, sus familiares, si quisieran, podrían reclamar esta declaración oficial al Ministerio de Justicia. Aunque tendrán que esperar a que el decreto sea informado por el Consejo de Estado y vuelva al Consejo de Ministros para que éste lo apruebe y lo mande a las Cortes....
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