Por fin, España se enfrenta a la culpabilidad de Franco

Por Lisa Abend, Madrid, Viernes 17 de octubre, 2008

Alemania tuvo los juicios de Nuremberg. Italia se tomó la justicia por su mano ejecutando a Mussolini y colgándolo boca abajo en la Plaza Loreto de Milán. Francia procesó a los colaboradores de Vichy en una serie de juicios polémicos que se extendieron hasta la década de los 90. El 16 de octubre llegó finalmente el turno de España. El dictador Francisco Franco murió hace 33 años, pero ha sido sólo esta semana cuando el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón lo ha declarado a él y a sus compinches culpables de crímenes de lesa humanidad y ha autorizado una investigación, largamente esperada, de sus fechorías.

"Es un momento muy importante", dice Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que presentó la denuncia judicial en nombre de las víctimas del régimen. "En 30 años de democracia, ésta es la primera vez que el Estado ha condenado a la dictadura".

Tras la muerte de Franco en 1975, los españoles acordaron tácitamente un "pacto de silencio" que encubrió las heridas de la guerra civil de 1936-39 y la consiguiente dictadura, e incluso concedió una amnistía a aquellos que llevaron a cabo la represión franquista. Con su fallo, que autoriza a la Audiencia Nacional a investigar la desaparición y el asesinato de unas 114.000 víctimas del régimen entre los años 1936 y 1952, Garzón ha dictaminado que el silencio ha llegado oficialmente a su fin.

La decisión se basa en su propia conclusión de que Franco y 34 de sus generales y ministros fueron culpables de crímenes de lesa humanidad, por iniciar en 1936 una sublevación militar contra un gobierno democrático legalmente elegido, y posteriormente por tratar de eliminar sistemáticamente a supuestos enemigos políticos del régimen. Garzón también ha ordenado la exhumación de 19 fosas comunes, incluyendo, en particular, una que es dónde supuestamente descansan los restos del poeta Federico García Lorca.

En los últimos años, el gobierno socialista ha hecho algunos esfuerzos para reparar las reclamaciones de las víctimas del régimen y de sus familiares. La Ley de la Memoria Histórica, aprobada en 2007, establece pensiones para los soldados que lucharon en el ejército republicano e incluye una disposición que niega la legitimidad de los juicios políticos de Franco. Sin embargo, para alguien como Silva, cuyo abuelo, militante del partido progresista Izquierda Republicana, fue asesinado por falangistas en 1936, esa ley no es suficiente. "La política del Gobierno sigue negándose a reconocer públicamente a las víctimas de la represión", dice. "Y sigue negándose a castigar a los autores. Si la ley hubiera sido mejor, no hubiéramos tenido que acudir a los tribunales".

Julián Casanova, un historiador de la Universidad de Zaragoza, considera el fallo de Garzón como un punto de inflexión histórico. "Es verdad que recientemente hemos visto avances hacia una justicia retributiva [para las víctimas de Franco]", dice. "Pero esto abre el camino para la justicia punitiva que siempre he pensado que necesitábamos."

En un país donde algunos miembros del régimen franquista continuaron en el cargo mucho tiempo después de que terminara la dictadura, no todo el mundo apoya la decisión -incluyendo al fiscal de la Audiencia Nacional, que ha recurrido el fallo. El senador Agustín Conde, portavoz en asuntos judiciales del Partido Popular, ha lamentado que Garzón está "reabriendo heridas que estaban felizmente cicatrizadas", y un editorial de El Mundo, de centro-derecha, advirtió que "las políticas de la memoria son desagradables" y constituyen una "forma incruenta de venganza".
Sin embargo, Casanova y otros partidarios de la decisión de Garzón no están preocupados por la reacción. "Esto va a ser muy polémico", admite. "Pero una democracia no puede permitirse que se continúe ocultando la verdad".

http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1851334,00.html

Traducción de Vicente Muñiz para ABF