Setenta y dos años después

Setenta y dos años después del comienzo de la Guerra Civil española, las víctimas de los crímenes contra el derecho internacional y crímenes contra la humanidad cometidos durante esa contienda y durante la represión posterior del régimen franquista siguen a la espera de una respuesta que reconozca sus derechos a conocer la verdad, obtener justicia y ser reparados por los daños sufridos.

Los restos de decenas de miles de personas asesinadas impunemente permanecen en fosas clandestinas sin haber sido identificados o en lugares desconocidos por sus allegados que aún les siguen buscando.

Los familiares de quienes fueron condenados a muerte y ejecutados tras juicios injustos no han podido hasta ahora conseguir la anulación de tales sentencias. La información oficial que pudiera establecer la verdad de lo sucedido, contenida en los numerosos archivos repartidos por todo el Estado español, sigue siendo de difícil acceso y, en algunos casos, corre verdadero riesgo de desaparecer.

El inexistente compromiso personal de nuestros lideres políticos, unido a una ausencia total de compromiso político a lo largo de todo el tiempo trascurrido, no han hecho otra cosa sino ralentizar y aplazar la puesta en marcha de medidas urgentes y eficaces que complementen la reparación, devuelvan la dignidad y hagan justicia de una vez por todas con las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo mas atroz.

Medidas que a pesar de su carencia, aún siguen generando expectativas validas entre quienes han sufrido décadas de silencio y olvido, suscitando esperanzas amparadas casi siempre en la certeza de que los crímenes contra la humanidad nunca podrán ser borrados por el olvido.

En este sentido, se hace necesario, hoy más que nunca dictaminar de una vez la legislación y las normas necesarias para las actuaciones en materia de localización de fosas, exhumaciones, identificación de restos y restitución de los mismos a las familias para su inhumación de acuerdo a su propia voluntad.

Pero legislar esta serie de cuestiones no significa legislar para trasladar … y legislar para hacer responsables a los propios particulares o a las Asociaciones, o a los colectivos de familiares, delegando en ellos las obligaciones que competen necesariamente al Estado en virtud del derecho internacional y los organismos internacionales de derechos humanos.

Por que así ha sido hasta hoy, han sido las asociaciones de victimas y sus familiares, los encargados de asumir la responsabilidad de localización de las fosas, y los restos de las victimas, sin apenas apoyo de las instituciones públicas y en muchísimas ocasiones solventando las negativas de las autoridades judiciales.

Esta situación, insostenible ya desde cualquier punto de vista, debe de cambiar, por que de no ser así, no podremos restaurar la verdad histórica, secuestrada durante tanto tiempo. Pero vuelvo a insistir para que sea posible ha de mediar la voluntad política.

Por que envilece denunciar aún, que a pesar del tiempo trascurrido, nadie, ningún, político, ni el propio estado, ha movido ni un solo dedo para que los desaparecidos victimas del franquismo por fin dejen de serlo.

A día de hoy, siguen legalmente siendo desaparecidos. Por que para ellos, y aún a pesar de la oficialmente restauración de las libertades y los derechos; el derecho principal , el de la memoria, no ha sido reconocido todavía.

Víctimas de la locura y el fanatismo del franquismo, desaparecidos. Desaparecidos en un tiempo que estuvo repleto de crímenes , vejaciones y violaciones de los derechos humanos más fundamentales, llegando a hacer desaparecer a un numero indeterminado de personas, que yacen en fosas comunes clandestinas, que dolorosamente salpican el suelo de este país y que hoy reclaman, más que nunca su derecho a que la tierra les devuelva la memoria perdida.

Rafael Espino Navarro.-

Presidente de AREMEHISA (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera (Córdoba).-