18 Marzo 2010 Un estado de derecho como se alardea es España, está obligado a respetar y cumplir el ordenamiento jurídico internacional
Un estado de derecho como se alardea es España, está obligado a respetar y cumplir el ordenamiento jurídico internacional, en lo referente a los tratados internacionales que el estado español tiene suscritos y ratificados. Estos tratados, según contempla la Constitución de 1978, forman parte del “corpus” jurídico español y obligan a su cumplimiento, tanto como el código de la circulación, el penal o la ley hipotecaria.
La ilegalización jurídica del franquismo, de sus tribunales represesores, y la nulidad radical de sus sentencias, es un mandato de las leyes de la ONU contra la impunidad, emanadas del Título IV del Estatuto de Nüremberg, que declara el tipo penal de los crímenes franquistas como delito de “crímenes contra la humanidad”, de aplicación retroactiva e imprescriptibles, de rango superior al tramposo art. 607.bis del CP, al que invalida para estos casos; leyes que han permitido sentar ante el TEDH a asesinos como Slovodan Milosevic, o Radovan Karadzic, y que llevaron a su día a Garzón a procesar a Agusto Pinochet, al capitán Alfredo Scilingo, o al comandante Menéndez, destacados ejecutores de las dictaduras chilena y argentina.
España, para no merecer la calificación de estado bananero, tendrá que hacer lo mismo que ha hecho Perú para procesar a Fujimori: anular la ley de amnistía. La máquina represiva franquista no murió con Franco. Muchos jueces y fiscales del Tribunal de Orden Público, altos mandos e intermedios, del Ejército, de la Guardia Civil, de la Policía, comisarios, responsables de prisiones, gobernadores civiles, etc., vivitos y coleando, son responsables de torturas y complicidades con los fusilamientos del último período de la dictadura, y tienen sobre sí el cargo de estos delitos que, según las leyes citadas, NO PUEDEN QUEDAR IMPUNES.
El franquismo está condenado por la ONU desde 1946, y aquella califición de “aliado” del nazismo y del fascismo, así como sus efectos, no ha sido anulada ni derogada. Alemania, Francia e incluso la Italia de Berlusconi, sigue persiguiendo y encausando a los criminales nazis; Chile, Argentina y Perú, anulan las leyes de autoamnistía que los asesinos se concedieron. España no puede ser una vergonzosa “excepción” en el cumplimiento de un Derecho Internacional, que forma ya parte de nuestro ordenamiento jurídico.
El documento “LA CUESTION DE LA IMPUNIDAD EN ESPAÑA Y LOS CRÍMENES FRANQUISTAS” redactado por el Equipo Nizkor y suscrito por más de treinta asociaciones, denuncia públicamente la ilegalidad flagrante en la que el estado español, con su gobierno “socialista” a la cabeza, viene incurriendo desde 1975, año en que se extingió el dictador
Floren Dimas
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