Declaración Pública por la memoria y contra la impunidad El Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado Colombiano (MOVICE) objeta y se opone a la continuidad de la política de Seguridad Democrática implementada en Colombia desde el año 2002. Durante los últimos ocho años, y a pesar del incremento en el gasto militar para la seguridad, persiste el carácter sistemático de las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, la criminalización y persecución de la oposición política, el exilio, el desplazamiento forzado y la imposición de un modelo económico que profundiza la pobreza, la destrucción de la biodiversidad y la posibilidad de garantías y satisfacción para los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral.
Los ocho años de implementación de la política de Seguridad Democrática se ha expresado en:
• Una política de perdón y olvido para los paramilitares. De los 35.353 paramilitares que se han desmovilizado, solo 698, o sea un 1.98%, están siendo procesados por los delitos cometidos y solo uno ha sido condenado. Condena que fue anulada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
• La implementación de acciones criminales en todas las esferas del gobierno colombiano. Hasta el momento, más de 133 congresistas y ex-congresistas han sido investigados por sus presuntos nexos con paramilitares. También son investigados por delitos graves como asesinatos y desapariciones forzadas 14 ex gobernadores, 7 ex diputados y 35 ex alcaldes, la gran mayoría de estos pertenecientes al partido político del actual presidente –Álvaro Uribe Vélez-1.
• El Director del Departamento de Seguridad (DAS) durante el periodo que va de 2002 a 2005, se encuentra detenido por nexos con paramilitares, interceptaciones ilegales de las comunicaciones y por la creación de un órgano ilegal que tenía como fin hacer seguimiento e intimidar a jueces, defensores de derechos humanos, periodistas y opositores políticos.
• Siguen operando más de 22 grupos paramilitares, que a finales de 2009 contaban con 11.000 miembros armados-2, el mismo número que reportaban para el año 2002.
• La extradición de 23 jefes paramilitares a los Estados Unidos como forma de evitar que las víctimas obtuvieran información sobre los beneficiarios y autores intelectuales de más de 30.000 crímenes de Lesa Humanidad.
(1 Verdad Abierta 13/05/2009 . 2 “El declive de la Seguridad Democrática” Corporación Nuevo Arco Iris Noviembre 2009)
• La Fiscalía General de la Nación está investigando más de 1200 casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Fuerza Pública entre los años 2002 a 2008.
• Un permanente incumplimiento a los principios del Derecho Internacional Humanitario con la utilización de la población civil en el conflicto armado bajo diferentes modalidades como “la red de informantes”, “soldados por un día”, “familias guardabosques”, “estudiantes informantes”, “taxistas informantes”, entre otros.
• La entrega de 7 bases militares al gobierno de los Estados Unidos, dejando por fuera del control nacional las acciones cometidas por estas fuerzas militares y otorgando fuero militar frente a los delitos que los estadounidenses puedan cometer en nuestro país.
• Una práctica sistemática de persecución y criminalización de la oposición política, con señalamientos detenciones masivas e individuales de líderes sociales, políticos y defensores de derechos humanos.
• Del 2002 al 2009 más de 430 sindicalistas han sido asesinados; tan sólo en el año 2008 fueron asesinados 49 sindicalistas-3.
• La falta de garantías para las víctimas, que se expresa en las más de 800 solicitudes de protección solicitadas a La Procuraduría General de la Nación en el año 2008.-4
• Las mujeres colombianas sufren una violación sistemática y generalizada de todos sus derechos humanos, son víctimas de feminicidios, han tenido que exiliarse, refugiarse o migrar para salvar y/o mejorar sus vidas y las de sus familias, son sometidas a violencia sexual, traficadas y explotadas.
• Se ha presentado un incremento en el desplazamiento forzado. Diariamente se desplazan un promedio de 1.250 personas y el 75% de ellas son mujeres y niños.
• Incremento del gasto en defensa y seguridad, desatendiendo la inversión social en salud, educación, empleo, vivienda.
• Incremento de la pobreza y de la desigualdad social, que se agrava con la implementación de un modelo económico que propenden por la firma de tratados de libre comercio que sólo benefician a empresas transnacionales.
• La aplicación de diversos mecanismos de impunidad que permiten la excarcelación de militares implicados en ejecuciones extrajudiciales y de políticos vinculados al paramilitarismo.
Por todo esto, el Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado Colombiano, y los colectivos y organizaciones que lo apoyan y firman esta declaración, rechazan la continuidad de la política de Seguridad Democrática y las políticas de impunidad implementadas en Colombia.
Por verdad, justicia, reparación integral, garantías de no repetición, y por un regreso digno y con garantías para los exiliados políticos.
(3 Confederación Sindical Internacional (CSI):Informe Anual sobre Violaciones de los Derechos Sindicales, Bruselas, junio de 2009 - 4 Revista Cambio en su edición del 29 de enero de 2009)
Firman:
-Movimiento de víctimas de crímenes del Estado Colombiano – Capítulo Catalunya - Intersindical –CSC Cooperacció
-Confederación Sindical Internacional (CSI):Informe Anual sobre Violaciones de los Derechos Sindicales, Bruselas, junio de 2009
-Revista Cambio en su edición del 29 de enero de 2009
-Entrepobles
-Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat
-Col·lectiu Maloka
-ACP
-Federació Catalana d'ONG per la Pau
-Colectiù Republicà Baix Llobregat
-LLiga dels Drets dels Pobles
-Comité Català de Solidaritat Internacionalista
6 de Marzo de 2010
Barcelona - Catalunya
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